Mes: junio 2013
Surrealismo y traducción
El Juicio del Siglo ofreció, en sus más recientes sesiones, elementos surrealistas que han atizado la atención de quienes lo siguen. En él se exhibe la calidad de la justicia boliviana y de sus jueces, jurados, fiscales y abogados de la defensa. Pocas veces la acusación ha tenido que empeñarse tanto así como raras veces un proceso ha reunido a tantos penalistas, ni la defensa ha esgrimido tanto su capacidad argumental para convencer al jurado de que el juicio carece de fundamentación sólida y que, en algún momento, los actuales jurados o instancias superiores a las que se llegue podrán a ver la verdad de lo que ocurrió en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009.
Las dos últimas sesiones renovaron la sensación de que puede haber algo desagradable aún por ser descubierto detrás de las acusaciones de que en Santa Cruz había un plan para descuartizar Bolivia, asesinar a su presidente y otras autoridades y sembrar terrorismo.
La tesis del gobierno fue jaqueada el 19 y 20 de junio por el testimonio de uno de los sobrevivientes, el húngaro rumano Elöd Tóásó. El eje de la tesis gubernamental es que el grupo instalado en el Hotel Las Américas, supuestamente atacó la residencia del Cardenal Terrazas y un día después, en la madrugada del 16 de abril de 2009, disparó al cuerpo policial UTARC venido desde La Paz. Y éste reaccionó acribillando a tiros a tres.
Fue la primera vez que Tóásó se dirigió al tribunal en la fase que se lleva a cabo en Santa Cruz desde febrero pasado.
El acusado (33 años), que en la prisión conoció a una joven boliviana con la que acabó casándose, dijo que no podían ni él ni sus compañeros haber disparado sobre la veintena de hombres armados desde el cuarto piso del hotel, con habitaciones con una terraza desde la que la puerta principal de ingreso no se ve.
“No se puede disparar a quien no se ve. Es una mentira”, dijo al afirmar que no hubo ataque del quinteto alojado en el hotel sobre los hombres de la UTARC. Aún más, afirmó: No se puede disparar sobre blancos que habrían estado en la puerta de acceso que desde las habitaciones tampoco se ve y que, de todos modos, debía estar asegurada con cadenas, como les dijeron cuando se alojaron. Hay que imaginar que los administradores del hotel podrán corroborar esta afirmación.
Reiteró que el grupo dormía y estaba en paños menores, una condición inapropiada para lanzar un ataque sorpresa sobre un grupo policial entrenado para operaciones especiales. Del lado gubernamental, no ha habido explicación para esta rareza.
Los fiscales del gobierno, encabezados por el jurista Sergio Céspedes, ahora piedra angular de la acusación tras la salida de Marcelo Soza, tendrán la pelota de su lado cuando les toque interrogar al acusado al acabar su presentación, a partir del reinicio de la audiencia el 29 de julio. Fue interrumpida el jueves 20 por la vacación judicial y cuando se reinicie habrán pasado 52 meses y 15 días desde que Tóásó y el boliviano croata Mario Tádic están presos. Se espera que la acusación descubra las pruebas que incriminarían a los acusados de una manera que elimine todas las dudas sobre el caso.
El húngaro-rumano dijo que sospechaba que hubo sobrevivientes. Cuando menos uno, y que a Magyarosi la policía lo dejó morir. ¿“Por qué?”, preguntó. ¿Por qué utilizaron fuerza policiales y no judiciales?”
El húngaro destacó un punto que refrescó la memoria reciente de la audiencia: una grabación en la que una voz, supuestamente del fiscal Soza, destaca que el cuerpo policial ingresó a las habitaciones y, “pum, pum, pum”, ejecutó a Dwyer y Magyarosi. “Es verdad”, dijo. Y agregó: “Sembraron pruebas” para que la versión oficial pudiera sostenerse, dijo, volviendo a citar al audio atribuido a Soza.
La fase surrealista de las últimas sesiones se afianzó cuando mencionó un detalle: durante todo el proceso, nunca tuvo una traducción profesional de sus palabras, inclusive las que en ese momento dirigía a los magistrados. Para la declaración del 18 de abril ante el fiscal Soza, dos días después de su detención en el hotel, que aparece en el expediente, no había nadie que hablase húngaro, ni siquiera inglés que el acusado más o menos entiende y habla. Hizo notar la irregularidad en La Paz a la jueza Betty Yañiquez que un tiempo atendió el caso, pero ésta no le prestó atención. Luego, en una ocasión fue asistido por un cónsul honorario de Hungría en Bolivia, pero el representante no era húngaro y carecía del conocimiento suficiente para diferenciar las sutilezas de toda lengua. Eso lo sabe quienquiera que domina una o más lenguas extranjeras.
Las deficiencias de la traducción fueron percibidas en las últimas dos sesiones y los defensores las hicieron notar ante el juez. El traductor estudió ingeniería mecánica en Hungría hace más de dos décadas y reconoció que tiene dificultades en interpretar al acusado quien, a su vez, dijo que para que su palabra llegue al tribunal debía hablar como hablaría un niño de 10 años. El juez Sixto Fernández pidió a la defensa que trajese un traductor adicional para apoyar al actual.
En un intermedio, Tóásó me dijo que desconfiaba de de la calidad de su traductor, pero que las autoridades no aceptaron pagar un traductor profesional.
Bolivia y Chile: Nuevo debate académico
La Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) la institución universitaria cruceña, será escenario durante dos días (miércoles y jueves) de un intento de académicos de los dos países de examinar las relaciones entre los dos países. Será el primer encuentro para debatir entre académicos la espinosa relación bilateral desde el distanciamiento diplomático que ha llevado a Bolivia a plantear su demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las relaciones entre ambos están en uno de sus peores niveles en más de un siglo.
La iniciativa de UDABOL, que ha albergado cinco eventos semejantes anuales entre estudiosos de los dos países, será la primera oportunidad para determinar si existen rendijas por las cuales atisbar un avance en la diplomacia bilateral o habrá que resignarse a la espera de años antes que La Haya emita algún pronunciamiento. La partitura del encuentro ha sido encomendada a la vicerrectora Roxana Forteza y al Cónsul General de Chile Jorge Canelas.
El seminario tendrá como ejes cuatro mesas redondas y se propone un tema desafiante: Desarrollo y fortalecimiento de las confianzas mutuas entre las dos naciones, “a través del análisis y conocimiento de la posición del otro, buscando entender los efectos que las distorsiones de dichas posiciones han tenido en la relación bilateral, procurando la reconstrucción de percepciones políticas más acordes a la realidad”.
Tentativas de la magnitud de este seminario han sido frecuentes, pero el que ocurra tras la lluvia de pronunciamientos y declaraciones previa a la presentación de Bolivia ante el tribunal internacional le confiere a las sesiones un cierto suspenso.
He aquí el programa:
Miércoles 3 de julio
Lugar: Aula Magna UDABOL, Santa Cruz
9:00 horas – Palabras de bienvenida.
9:15 horas: Primera Mesa «Percepciones de la opinión pública»: La imagen del otro y su evolución en los últimos años.
-Panelistas: Oscar Ortiz (Bolivia) y Jorge Canelas (Chile). Moderador: Antonio Mariaca
11:15 Café
11:30 horas Segunda Mesa «Percepciones Políticas»: La relación bilateral y sus perspectivas luego de la demanda boliviana
-Panelistas: Ángel Soto (Chile) – Rubén Darío Cuellar (Bolivia) y Almirante Ismael Schabib (Bolivia). Moderador: José Miguel Concha (Chile),
13:00 horas: Conclusión.
Jueves 4 de julio
9:00 horas Tercera Mesa – «Precepciones comerciales»: el comercio bilateral, integración y sus proyecciones
Panelistas: Oswaldo Barriga (Bolivia) – Francisco González Silva (Chile). Moderador Francisco Terceros
10:30 horas: Café.
10: 45 horas Cuarta Mesa- Percepciones políticas II: la relación bilateral y sus perspectivas después de la demanda boliviana
Panelistas: Roxana Forteza ( Bolivia) – Gabriel Gaspar (Chile) – Moderador Roberto Ubilla (Cónsul General Adjunto de Chile)
Malabarismos
La asistencia forzada de uno de los acusados a las sesiones del Juicio del Siglo bajo la amenaza de ser enviado a Palmasola y los dictámenes de las forenses oficiales que hicieron esa presencia imperativa ha mostrado un rostro feo de la justicia boliviana. No porque el acusado Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, no deba estar presente en las audiencias sino por las apariencias de insuficiencia en los dictámenes de forenses del gobierno que determinaron que podía hacerlo.
No parece seria una evaluación cardiológica que no incluya ninguno de los recursos conocidos de la cardiología, como la prueba de esfuerzo (caminar por una estera rodante durante un tiempo determinado, para verificar la fortaleza o las áreas débiles y peligrosas del corazón) o un “holter” (monitoreo del funcionamiento cardíaco durante 24 horas). Tampoco luce suficientemente creíble para la magnitud del caso en curso una evaluación sicológica basada sólo en preguntas. Para conferir credibilidad a esos estudios, los forenses deberían recorrer cuando menos los caminos más conocidos médicamente de una evaluación de ese tipo. Es lo que todo cardiólogo ordena para conocer el estado del paciente.
“Sólo le tomaron el pulso y la presión”, reclamó el abogado José Hoffmann en la sesión del 17 de junio. En palabras de la defensa, la evaluación de la forense Sheila Cádiz Gutiérrez, quien vino desde Sucre para hacer el trabajo, “fue una jugarreta” que en otras geografías sería inaceptable. La defensa presentó un informe paralelo basado en una evaluación realizada durante tres días, pero la acusación lo rechazó con el argumento que la única evaluación válida legalmente para el proceso era la realizada por la doctora oficial. En esos momentos no estaba cerrada la posibilidad de plantear un careo entre la forense de Sucre y el cardiólogo principal de Castedo, Carlos Vaca, de la clínica Foianini, de Santa Cruz. Pero la cuestión que surgió con la salud del ex ejecutivo de COTAS fue opacada por otras ocurrencias del caso, ahora en suspenso por la vacación judicial. (La declaración de Elöd Tóásó fue importante, pero de ella escribiré en otro momento).
Las audiencias deberán reiniciarse el 29 de julio. El informe de la forense fue la base para que el juez Sixto Fernández dictaminase, al reanudarse las sesiones el lunes 17 de junio, que Castedo debía presentarse en la sesión siguiente, el miércoles 19, bajo pena de ser aprehendido y llevado a Palmasola. El veredicto tuvo como disidente a la juez técnica Elena Julia Gemio Limachi. Ese día, la defensa representada por Hoffmann tuvo su mejor tarde.
“Ha sido la mejor exposición de los abogados”, me dijo el defensor de otro de los acusados. Sin embargo resultó insuficiente para conseguir que el jurado dictase una decisión favorable al defendido. Los informes médicos presentados ante el tribunal indican que el corazón del acusado había desmejorado y sólo funcionaba en un 26% de su capacidad (dos puntos porcentuales menos que a principios de año).
La precaria salud de Castedo, llevado a terapia intensiva a principios de junio tras recibir un nuevo “stent” (dispositivo que ayuda a mantener abierto el flujo sanguíneo por una arteria) , había obligado al juez a suspender las audiencias por casi tres semanas. Fue el tema dominante en el proceso durante el mes de junio. El peligro que corría su vida llevó a fines del año pasado a trasladar a Santa Cruz las audiencias que entonces se desarrollaban en Tarija.
Eclosión de multitudes
Los fenómenos sociales brasileños solían diluirse en la inmensidad del territorio del quinto país más extenso del mundo. Una huelga de metalurgistas en Sao Paulo acababa en la periferia de esa urbe gigante. Las otras regiones seguían su propia rutina. Esa premisa no tiene más vigor. Las primeras manifestaciones contra el aumento de las tarifas del transporte público ocurrieron en el eje Sao Paulo-Rio, pero prendieron como reguero de pólvora y, con más de un millón de personas en la calle, la noche del jueves eran una llamarada en más de 80 ciudades. Los heridos suman centenas y hasta la mañana del viernes había dos muertos causados por la violencia.
Lo que ocurre en Brasil luce como un gigante “caracazo” (1989), sin una causa única identificable como motor sino una variedad difusa de motivos, que la geografía brasileña no ha logrado amortiguar. De un extremo a otro de Brasil las multitudes han arrinconado al gobierno del PT, que daba la impresión de carecer de antídotos para la magnitud del fenómeno que, por el inmenso escenario, era una conmoción continental.
Desorientados ante la generalización de las marchas, dirigentes oficialistas instruyeron a sus militantes que se sumen a la protesta. Si lo hicieron, ni se notó, pues las protestas mantuvieron invariablemente una premisa: Nada que ver con partidos políticos.
Algunos analistas brasileños subrayan que la población acaba en las calles (Túnez, Egipto, Turquía) cuando en todos los espacios, especialmente el legislativo, la oposición es sofocada por una mayoría que impide debates genuinos y no canaliza democráticamente las discrepancias. Cuando fue oposición, el PT tuvo las calles abiertas para manifestarse y fueron su área casi exclusiva. Ese monopolio se ha acabado para dar lugar a una oposición difusa que aún no encuentra otra manera de expresar su insatisfacción “contra todo lo que hay allá”.
En Bolivia se debería reflexionar. Detrás de la propaganda, late la sensación de que podríamos salir frustrados de la bonanza apoyada en los precios de los productos que exportamos, del gas a la soya, o que, con un poco más de eficiencia y honestidad, los resultados podrían ser mejores.
Como en Brasil y otros lugares, aquí también hay disconformidad con los políticos en general. Sería interesante saber cuántos genuinamente comparten la ovación de los dos tercios de la bancada legislativa oficial a la presentación y defensa del Ministro de la Presidencia sobre el programa “Evo cumple”. Cuando las fotografías muestran deficiencias del programa, obras inacabadas o de precios inflados, la ovación suena a ditirambo.
Maduro con el Papa
Nicolás Maduro esuvo este lunes 20 minutos con el Papa Francisco, en un encuentro de grandes significados. Con su legitimidad cuestionada, el presidente venezolano ha querido dejar claro que no tiene todas las puertas cerradas y que está decidido a dejar abierta la de la Iglesia, reiteradamente cerrada por la irreprimible locuacidad e intolerancia de su mentor, el fallecido Hugo Chávez. Es una puerta muy importante y aquella a la que tiene acceso una mayoría de venezolanos (más de dos tercios bautizados en la fe católica).
En busca de fortalecer todo lazo que se le ofrezca y así tener a flote la imagen de un gobierno en actividad, Maduro aceptó un premio de la FAO en Roma y aprovechó el viaje para buscar un encuentro con el Pontífice, que aceptó recibirlo en audiencia –al igual que había aceptado recibir a la presidente argentina. Recibió el premio del brasileño José Graziano, el presidente del organismo mundial y miembro destacado del Partido dos Trabalhadores. Irónicamente, el premio por la lucha contr el hambre en Venezuela llega al mandatario venezolano cuando su país atraviesa por una severa crisis de desabastecimiento de alimentos que no tiene signos de aminorar.
Al buscar el encuentro con el Pontífice, Maduro se distanció de la actitud belicosa de su antecesor. El paso puede haber provocado cuando menos perplejidad en el gobierno boliviano, cuyas relaciones con la Iglesia Católica y sus autoridades han sido en el mejor de los casos inestables.
El escueto comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede dice que la reunón fue cordial y que en ella se habló de la criminlidad, pobreza y drogas, de acuerdo a la reseña que trae El Nacional.
Henrique Capriles, quien sostiene que él ganó la elección del 14 de abril, envió una carta al Papa pidiéndole su intercesión para que el mandatario venezolano abra una puerta herméticamente cerrada en su país: la del diálogo. Como es habitual, la nota oficial del encuentro no describió ninguna situación en particular.
El encuentro con el Papa sigue a otra medida vital: restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos. No hacerlo podría haber sido para Maduro enfrentar un jaque peligroso en sus relaciones con Colombia, que este mes deberá suscribir un acuerdo de cooperación con la OTAN, el bloque militar más poderoso de la tierra. Ese acuerdo explica la rapidez con la que Caracas y Washington acordaron llevar las relaciones bilaterales a la normalidad. Para Venezuela, dejar descubierto su frente con Estados Unidos, el eje de la OTAN, habría sido peligroso.
Todo esto ocurre ante las narices de Bolivia, cuyas relaciones con Estados Unidos están suspendidas, en el nivel más bajo de su historia y sin perspectivas de mejorar. Con Chile estamos en uno de los peores momentos después de la Guerra del Pacífico; con Brasil, la anunciada salida del actual embajador Marcel Biato no augura nada bueno para las relaciones bilaterales. Nada podemos festejar con nuestros vecinos, pero quizá algo se pueda aprender.
El informe que no llega
Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.
El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”. Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia. En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.
Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación. Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.
El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido. En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.
Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional. La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.
Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.
Los que van y los que vienen
La información sobre un inminente convenio de cooperación de Colombia con la OTAN, el bloque militar más poderoso del planeta, cayó en algunos países de América Latina como rayo en mañana asoleada. Sin esperar pormenores, algunos presidentes reaccionaron al instante, pues súbitamente sintieron que todos los esquemas geopolíticos bajo los que trabajaban eran remecidos. Que Colombia, que comparte con Venezuela una de las fronteras más extensas y porosas de América del Sur (2.000 kilómetros), estuviese a punto de suscribir un acuerdo que, al menos sicológicamente, conferiría un equilibrio a la balanza militar de las dos naciones, fue una noticia desagradable para Nicolás Maduro. Solo días antes, el presidente Juan Manuel Santos lo había enfurecido cuando recibió a Henrique Capriles.
Históricamente, Venezuela ha procurado mantener ventaja militar sobre Colombia. Fue el primer país latinoamericano en adquirir de EEUU una flotilla de cazas supersónicos F-16, en los 80. Años después, bajo el chavismo, incorporó 24 aviones rusos de combate SU-30 y media centena de helicópteros de ataque y defensa. A esas compras se sumaron 100.000 fusiles de asalto tipo AK-47 y, según informes en la red, plantas para fabricar esos fusiles y municiones. La cuenta militar de los últimos años es de miles de millones de dólares. Hasta ahora, la mayor ventaja colombiana ha sido la supuesta experiencia de su Ejército tras décadas de lucha contra las guerrillas.
Son aún desconocidos los alcances del acuerdo que, ciertamente, estará en los análisis de los movimientos guerrilleros colombianos que negocian la paz en La Habana bajo auspicios de Venezuela. Maduro, que acababa de anunciar que quería una milicia obrera con dos millones de hombres, consideró la noticia como una confirmación de sus sospechas contra el gobernante colombiano y acentuó sus recelos hacia Bogotá. Y el presidente Morales vio en el anuncio un peligro para los regímenes de izquierda en la región, incluso el boliviano, y pidió una reunión del Consejo de Seguridad de Unasur para discutir el paso dado por Bogotá. No hubo explicación sobre qué puede hacer ese organismo, del que participa la propia Colombia.
EL DEBER remachó la secuencia de noticias del vecindario con un hecho inesperado: Venezuela se encamina a normalizar plenamente sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Mientras La Paz se encuentra de ida con sus relaciones con Washington en acelerado deterioro, Caracas ya está de vuelta. Algo quizá aún más importante: Santiago, con la visita del presidente Piñera a la capital estadounidense, coloca las relaciones con la única superpotencia en un momento estelar. Uno se pregunta si todo esto es debidamente evaluado por el gobierno boliviano.
Ronald Castedo, una vida en riesgo
Los avatares del Juicio del Siglo que se arrastra desde hace más de cuatro años, en una lentitud con pocos paralelos en la historia del país, han llegado estos días a un punto indeseable en cualquier lugar del mundo. El corazón de uno de los acusados bajo detención domiciliaria trabaja con un quinto de la capacidad normal, corre el riesgo de detenerse y, como último recurso, podría recibir un trasplante.
Ronald Castedo está hospitalizado bajo terapia intensiva desde hace tres semanas y el médico principal a cargo de su salud asegura que el paciente podría recuperarse sólo si recibe un corazón saludable. No es una perspectiva aceptable para un juicio sobre el que aún pesan dudas que ni el Ministerio Público ni la acusación patrocinada por el gobierno han conseguido disipar. La reputación de la justicia boliviana está en la balanza con una gravedad que algunos no quieren admitir. Sacrificar una vida en una causa dilatada y en muchas facetas todavía oscura no debería ser una posibilidad ni siquiera especulativamente.
Los fiscales que en las audiencias argumentaron que la afección de Castedo, el ex presidente de COTAS, no era resultado del juicio y concluyeron que no debía ser apartado del caso, quizá ya están ante una reconsideración de la noción de que Castedo debe continuar como un sujeto más entre los acusados porque supuestamente estaba doliente cuando comenzó el juicio. El argumento es frágil. Es como si un chofer en camino a Yungas dijera: “Sé que los frenos del ómnibus están dañados, pero ese defecto existía desde antes de que iniciáramos el viaje. Por eso, vamos a continuar”.
El caso está en suspenso otra vez, hasta el 17 de junio. Ahora Castedo será sometido a una nueva evaluación médica, después de haber sido descartada la que había conducido un galeno que fue funcionario del gobierno y que los fiscales consideraron como sin base. El médico había dictaminado que Castedo no está en condiciones de soportar la presión sicológica y física de un juicio en el que está acusado, junto a otras 38 personas, de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. «La ley protege la vida, pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí mismo», dijo el abogado Herman Fríes.
Me parece –Uds. podrán corregirme- que el sistema penal boliviano no autoriza a interrogar en el instante a los fiscales o a la defensa. Si hubiese sido posible, los abogados del acusado podían haber preguntado inmediatamente a los fiscales sobre sus conocimientos de medicina, y si estaban preparados para emitir un veredicto para argumentar profesionalmente contra el informe que habían recibido.
El andamiaje del caso dependerá del informe sobre la salud mental del paciente, que deberá emitir otro forense. Los días que corren son tensos y determinantes para el juicio.
Medios, jueces y jurados
El problema para una justicia creíble y la difusión de informaciones de la propaganda del Estado a través de los medios, ha sido patente en el Juicio del Siglo y estos días ha causado incertidumbre. Hay temor de que los jurados no tengan protección suficiente para formar libremente sus opiniones durante un juicio. En los casos controvertidos como el que está en debate, la imparcialidad parece depender de la frecuencia y fuerza persuasiva de lo que los jurados ven, leen o escuchan. ¿Ud. juraría que en nuestro medio y en este juicio los jurados pueden tener opiniones genuinamente imparciales?
En teoría, todas las partes deben confiar en la honestidad de los jueces y jurados, y en que serán capaces de resistir influencias indebidas en el caso que tratan. Es difícil creer que esa confianza sea plena en este Juicio del Siglo y probablemente en muchos otros.
En Bolivia, a diferencia de otros países, los jurados no son recluidos para evitar influencias sobre sus opiniones antes de la emisión de un veredicto. El sistema es distinto y abordar el tema expresa la preocupación sobre si esa diferencia reduce las garantías para un juicio en el que debe primar sólo el mejor saber y entender de los jurados adquirido durante el proceso. Esta desprotección puede poner en entredicho la imparcialidad de los jurados y la seguridad de todos los involucrados. Especialmente cuando la tarea de los jurados ocurre en un ambiente con gran flujo de informaciones, opiniones y tendencias que los jurados no pueden evadir.
El problema es mayor cuando una de las partes es el Estado. Con predominio sobre los medios, en Bolivia el Estado se expresa en radios, estaciones de TV y periódicos impresos.
Imagine Ud. las influencias que apuntan al pensamiento de los jueces y jurados cuando un proceso se extiende por semanas, meses y años. Contabilizados, cuando Ud. lea este artículo habrán transcurrido más de cuatro años y siete semanas desde que comenzó el caso, con la irrupción policial al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas, seguida de persecuciones y encarcelamientos.
Que se tenga memoria, es uno de los juicios colectivos más numerosos y el que más interés ha concitado en el país. El juicio militar colectivo más famoso del siglo pasado, el de Nuremberg (40 millones de muertos sólo en Europa, holocausto de los judíos, destrucción y sufrimiento, desplazamientos y pérdidas incalculables), puso en el banquillo a 23 personas de Alemania nazi. Duró 11 meses, de noviembre de 1945 a octubre de 1946. En el caso boliviano, los acusados son 39 y el juicio pronto superará 50 meses.
“La idea de que el tribunal sea imparcial es el aislamiento. Eso aquí no sucede, tanto porque los jueces leen periódicos, escuchan y miran la TV”, me dijo un abogado. “Todo esto sucede porque el procedimiento penal es un engendro del proceso español y el americano. Es escrito y oral”. Cuando se adoptó este procedimiento, “el objetivo fue hacer los procesos más rápidos. Creo que no lo han conseguido. Peor aún si el proceso es político, con formalidades jurídicas”. (Es difícil imaginar jurados que pasen cuatro años de su vida recluidos en aras de una opinión independiente). Otro abogado, parte de la defensa, me dijo que “siempre ha sido así” y que nunca se había planteado la posibilidad de modificar el sistema.
Los penalistas podrán explicar mejor el problema, pero la cuestión se volvió patente cuando se discutía si la defensa podía hacer uso del Power Point para su presentación. En el debate, la acusación dijo que la presentación visual en esta fase del proceso podía ser una interferencia indebida sobre los cinco jurados (dos jueces técnicos, dos juezas ciudadanas y el presidente del tribunal, el juez Fernández). Los defensores reaccionaron: ¿No son interferencia los avisos impresos y las emisiones de la TV pública que emitía periódicamente un programa sobre terrorismo en el que los acusados aparecían como parte de un plan terrorista? A eso siguió un pedido para que el juez haga que la TV pública cese esas emisiones. Y el juez alegó que no podía hacerlo así como tampoco vetar la publicidad impresa en forma de folletos y avisos. Quedó flotando el temor angustioso de que jurados y juez, con tanta parafernalia informativa diversa que no pueden evitar, no están totalmente inmunes a lo que llega ante los ojos. Menos aún si llega del gobierno.
La semana que empieza puede ser crítica, pues toca defenderse al húngaro-rumano Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la operación del 16 de abril. La anterior audiencia, interrumpida por un nuevo receso de 10 días que acaba este lunes, fue dominada por la defensa del otro sobreviviente, el boliviano-croata Mario Francisco Tádic. La acusación objetó preguntas de la defensa que buscaban indagar si Tádic, no siendo de Santa Cruz, había conocido al general (r) Gary Prado Salmón, supuestamente el comandante de la conspiración que, en la teoría oficial y desde la silla de ruedas en la que está postrado, buscaba dividir a Bolivia, y suscitó la interrogante de si un grupo en todo sentido abigarrado como el juzgado sería capaz de derrotar al ejército boliviano.
Por el interés natural que este proceso debe concitar, es extraño que en las audiencias no sea perceptible la presencia de otros juristas, catedráticos y alumnos de facultades de derecho. Un hecho así enseña didácticamente y no ocurre todos los días.
Mientras tanto, en Santa Cruz 