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Decisiones supersónicas

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El tribunal escuchó imperturbable al abogado que le reprochó la velocidad supersónica con la que, al corroborar la posición acusadora, resolvía puntos fundamentales del Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde 2013. La actitud estoica del tribunal no sería extraordinaria pues correspondía a su condición, que le ordena juzgar con ojos y oídos cubiertos.

El problema era que decisiones críticas tomadas en segundos no habían sido exclusivas del martes 26 de abril pasado. Los defensores dicen que la agilidad del tribunal para fallar acorde con los acusadores se manifiesta hace mucho tiempo, en una secuencia exasperante para los acusados, agobiados tras más de un septenio de los hechos violentos generadores del mayor juicio penal de la historia boliviana.

¨Apenas acabó (de exponer) el Ministerio de Gobierno, no pasó un minuto y Ud. estaba dictando su resolución. Tampoco observamos que hubiese existido alguna deliberación¨, dijo el abogado José Hoffman, cuando el juez Sixto Fernández resolvió una controversia sobre exhibición de pruebas. La defensa las quería disponibles para confrontarlas con el testigo que las acababa de aludir. Los fiscales y el Ministerio de Gobierno consideraban que no era el momento legal.

Fueron menos de 10 segundos los que el juez empleó en consulta casi imperceptible con las jueces antes de anunciar una resolución cuya sola lectura le llevó siete minutos. Muchos desconocen el ritual de las consultas entre jurados, pero la rapidez entre la sigilosa consulta y la decisión parecía de ping-pong olímpico.

Las dolencias que aquejan a algunos acusados volvieron a perturbar el caso, que incluye acusaciones de pretender derrotar al ejército y dividir Bolivia tras una vasta campaña terrorista. El general (r) Gary Prado Salmón, protagonista de una de las mayores victorias de las armas bolivianas, fue sometido el miércoles a una nueva cirugía de limpieza de las escaras resultantes de la parálisis causada por un balazo ¨fortuito¨ mientras restablecía el orden alterado cerca de Santa Cruz hace 35 años. Con la baja del general, las audiencias han sido irregulares.

Era también sombría la condición de Juan Carlos Guedes, ex activista de la Unión Juvenil Cruceñista. ¨Todo lo veo borroso, incluso a ustedes¨, le dijo al tribunal hace una semana, cuando habló de su glicemia disparada que había marcado ese día 390.

Su visión respondía a ese grado de azúcar en la sangre,  3 1/2 veces superior al máximo tolerable. Con ese nivel hay riesgo de un shock glicémico en cualquier momento. De remache, la salud de un pariente de una juez obligó a suspender las audiencias hasta el 23 de mayo.

 

 

 

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Elogio a Mafalda

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La posibilidad de una segunda ronda televisiva sobre la demanda marítima nacional con el canciller chileno en estudios bolivianos empezaba a languidecer cuando ocurrió la noticia que alivió a muchos: Chile declinaba la invitación de venir a Bolivia. Desde la oferta extraña de enviar un avión a Chile hasta las dudas sobre si algún periodista del sistema estatal tendría la solvencia para entrevistar a altos niveles de la diplomacia del vecino país, la cuestión parecía destinada a abrir más controversias en el país que a generar avances en su estrategia diplomática.
La iniciativa de la Ministra de Comunicación para que la TV del estado ofrezca al canciller del vecino país una entrevista similar a la que tuvo en Santiago Carlos Mesa, fue fuente de confusión desde su lanzamiento. Seguía la norma de buscar equilibrio, pero no era original ni seguía el curso regular de periodista o su institución periodística al personaje que se quiere entrevistar. La original fue la de Chile, cuyo programa televisivo buscó la entrevista sin dar la impresión de intervención directa del gobierno. Esa gestión no obligaba a ninguna segunda vuelta.
La oferta nacional vino en medio de calificativos de neoliberal, derechista y antipatriota endilgados a Mesa, que algunos funcionarios juzgaron que eran compatibles con la función de portavoz de la demanda marítima. Dijeron que estas condiciones pueden coexistir sin inconvenientes porque los calificativos sobre el ex presidente valen solo en el ámbito interno. Un antipatriota interno no sería antipatriota externo.
Esa lógica no debe ser muy conocida y quizá son muchos los que pagarían por una explicación exhaustiva. Uno se siente como para gritarle un ¡bravo! a Mafalda cuando plantea que paren el mundo porque quiere bajarse pues no lo entiende.
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Los medios, en particular los televisivos, han alzado la voz estos días con la paliza brutal, saltos sobre la cabeza de remache, que un joven de Santa Cruz propinó a otro.
En principio nadie está de acuerdo con la violencia y la reprueba. Pero la cuestión debe plantearse más allá y proponer conductas consecuentes, a ser observadas, en especial, por las redacciones y las escuelas de comunicación. Levanten la mano quienes durante el almuerzo o la cena no sienten el bombardeo televisivo impiedoso de imágenes sobre violaciones, robos, feminicidios, incestos, infanticidios y dosis generosas de quejas lastimeras. Conllevan un plus si traen sadismo y masoquismo, todavía mayor si hay niños involucrados.
Salvo los de verdadero interés público, ¿no sería tiempo de confinar la difusión de esos crímenes a horarios nocturnos fuera programación regular? ¿Será que los noticiarios de la TV son incapaces de sobrevivir con porciones reducidas de ese tipo de crónicas?
Esta secuencia de desaciertos llega a cogollos del gobierno. Quien aconsejó al presidente para dudar que un oriental pueda llegar a la presidencia de la república olvidó a Velasco, Busch, Natusch Bush y Banzer, llegados a la presidencia bajo formas muy parecidas a las de muchos de sus congéneres occidentales. La duda lució discriminatoria, pero también llevó a preguntarse si en algo así hay olvidos de calibre, qué podría ocurrir en otros niveles.
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El Beni exhibe una justicia en extremo parcializada e inoperante cuando se lee la información sobre un ex subgobernador que había acusado al ex gobernador Carmelo Lens y contribuido a su detención en Trinidad. El acusador está prófugo. Ahora localizado en Estados Unidos y ante una posible repatriación, a su vez está acusado de calumniar al ex gobernador para beneficio propio y de su partido, el de gobierno. Con todo, la justicia no muestra ninguna prisa y Lens continúa preso en la cárcel trinitaria de Mocovi.
Es uno de los casos que más aporta a la desconfianza generalizada que parece existir en torno a la administración de justicia en Bolivia. A ésta muchos la rehúyen, en especial los que la conocen. Ya no es noticia mayor, pero es emblemático el caso del ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras escapar de Bolivia por temor al sistema de justicia en el que medró.
Un ejemplo del funcionamiento de la justicia son las audiencias del Juicio del Siglo, con orígenes en el asalto al Hotel Las Américas (2009) y con una dimensión internacional y consecuencias que pocos parecen percibir. Puede resultar aleccionador escuchar cómo se defienden los acusados, cómo argumentan los fiscales y cómo deciden los jueces, dos de ellas bajo investigación, dice la defensa, tras haber fallado a favor de un detenido enfermo para trasladarlo de la cárcel de San Pedro a Palmasola.
Si Ud. leyó a Koestler, Orwell o Gheorghiu no le parecerá extraña la atmósfera que podría respirar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

La carta clandestina

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Cinco meses después de la difusión de  la “Carta al Pueblo de Bolivia”  que escribió el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez tras su fuga a Brasil, el documento es aún desconocido legalmente. Soza, director durante cuatro años del mayor caso penal de la historia boliviana reciente, dijo que su vida y la de su entorno familiar corrían peligro, y aguarda la decisión brasileña sobre su pedido de refugio. En Brasilia, en una entrevista con  medios bolivianos, el ex fiscal Soza dio fe de la autenticidad del documento,  al principio puesto en duda por defensores de la tesis gubernamental.  “Yo reconozco la carta. Yo la firmé, la presenté a la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y ésa es la carta que yo firme de puño y letra”, dijo en mayo a Página Siete y ANF. La confirmación zanjó la controversia en sus inicios, pero no consiguió que la nota sea aceptada como documento válido para el Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde hace 20 meses.

Traducida al portugués y autenticada por un notario de fe pública de Brasil, la carta carece de valor legal en Bolivia. Las perspectivas inmediatas de asignarle vida legal son exiguas y los fiscales que defienden el caso del gobierno le anteponen el adjetivo de “supuesta”.  El tribunal a cargo del juicio no la reconoce como prueba (“existe, pero aún no ha sido valorada”) y concuerda con la postura de los patrocinadores opuestos a los movimientos de la defensa para incorporar la misiva, cuyo contenido apunta al corazón de la tesis que sostiene el gobierno desde hace 64 meses.
La carta más famosa de Bolivia en los últimos tiempos aguarda que la cancillería otorgue luz verde que permita conferirle valor legal, algo que los acusados ven improbable. Sostienen que hacerlo significaría confrontar la tesis oficial con la que ahora sostiene el personaje que la preparó: fue producto de manipulaciones y presiones del gobierno en un plan para controlar políticamente a una región en la que no parecía gozar de gran afecto. ¿A quién creería usted? ¿Al autor o a quienes defienden la tesis que  el autor ahora niega?
Entre las razones para su escepticismo, los acusados dicen que la cancillería no remitió al tribunal los resultados de la autopsia emitidos en mayo de 2010 por la forense oficial de Irlanda, que examinó el cadáver de Michael Dwyer, uno de los tres que murieron en el episodio del Hotel Las Américas en la madrugada de 16 de abril de 2009. El informe se contrapondría al oficial del gobierno boliviano. Empero, dicen, debía haber llegado al tribunal para ilustrar a los jueces sobre cómo los peritos de Irlanda sostienen que murió su compatriota. El freno atribuido a la cancillería nunca fue explicado y es un reclamo sobre el que periódicamente se escucha en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz.
La carta que legalmente no existe relata pormenores de la que Soza describe como intervención gubernamental en el caso y asegura que llegó a pedir que el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García declaren ante su fiscalía para que se liberen de toda responsabilidad.  “Sus ministros  lo impidieron”, sostiene en el documento.  Las autoridades dijeron que no comentarían la versión de “un delincuente confeso”.
 Soza encabezó las investigaciones hasta un año antes de su fuga.  Denis Rodas Limachi, uno de los ex abogados del gobierno  presentado como testigo de la defensa, dijo que la denuncia del caso fue elaborada antes de que ocurrieran los sucesos que iban a ser denunciados. El memorial sobre preparativos de actos inespecíficos de violencia fue redactado el 30 de marzo pero activado el 14 de abril. La denuncia “no precisaba ni el hecho a investigar ni a las personas que había que investigar”, dijo Rodas Limachi, en el Ministerio de Gobierno desde 2008 y en 2010 promovido como Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos. Estaba en la cúspide de su carrera en ese ministerio cuando fue golpeado, junto con otros de sus colegas, por denuncias de extorsión y está preso en Palmasola desde hace más de un año y medio.
La inexistencia legal de la carta de Soza es uno de los elementos peculiares del caso. Hace unas tres semanas, cuando el tribunal rechazó una acción de libertad (habeas corpus) para uno de los acusados presos desde el episodio del Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), surgió una interpretación que configuraba una “doctrina de los años efectivos”  (365 días hábiles). Se negó libertad condicional al acusado, que alegaba que estaba preso sin sentencia desde hacía más de cinco años aunque la norma dicta un máximo de 36 meses (tres años) para esa condición. Los fiscales acusadores destacaron que los 36 meses no debían incluir dilaciones supuestamente ocasionadas por el  acusado, ni feriados, suspensión forzosa de sesiones y otras causas que sumadas harían que, para el acusado, el año tuviese más de 500 días o el mes más de 40.
En esa sesión estuvo como observador un diplomático de la Unión Europea.

 

Nuevo capítulo del Juicio del Siglo

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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados.” El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.

“No se le nota decadencia física…”

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“No se le nota decadencia física”, le dijo esta noche el juez Hugo Iquise Saca al  ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo Allerdin al acabar la audiencia de acción de libertad en la que, junto a otros dos colegas, le  había negado el pedido para ser apartado del Juicio del Siglo mientras una junta oficial de médicos evalúa su salud. No fue posible determinar si las palabras del juez eran un gesto de cordialidad o si conllevaban otra intención. Castedo no le respondió o no se le escuchó alguna respuesta. (En la mañana siguiente, Castedo me dijo que tras las palabras del juez se le había aproximado abriéndose la camisa para mostrarle las cicatrices por las cirugías que ha tenido y decirle que sus malestares “son por dentro, en el corazón” y no en su apariencia.)
La decisión contra el pedido de Castedo fue absoluta. Los jueces Guillermo Torres Tordoya y Sigfrido Soleto también votaron contra el pedido, basado en el deterioro de la salud del acusado, cuyo corazón, de acuerdo a los certificados que presentaron los abogados, funciona sólo en un 26 por ciento y requiere de reposo físico y mental absoluto pues podría morir súbitamente. Ese deterioro ha sido progresivo, dicen sus médicos, pues hace más de un año la capacidad de bombeo de su corazón era del 36 por ciento. En verdad, quienes conocen a Castedo ven señales claras de que  su salud no es buena. Suele ser jovial, pero ha engordado unos diez kilos en pocos meses pues sufre de un edema que le ha hinchado las piernas. Por eso fue una sorpresa la declaración del juez Iquise Saca (así me fue deletreado).
Los jueces hicieron extensas y detalladas exposiciones antes de anunciar individualmente su veredicto sobre el caso que se les había presentado un día antes, el 8 de enero.
No causó mayor efecto la mención que hizo la defensa –los penalistas José Hoffman, Otto Ritter y Abel Montaño- al caso del ingeniero José María Bakovic, quien murió el 12 de octubre tras ser obligado a asistir a las audiencias que 76 procesos le seguían. Hombre fuerte, de 75 años, sorteó durante un tiempo los viajes que debía realizar, a veces al mismo lugar en un solo día. La muerte lesobrevino con un infarto fulminante.
El fiscal acusador Sergio Céspedes, quien sustituyó a Marcelo Soza como cabeza de acusación, dijo que el caso había sido magnificado y que los forenses que examinaron al ex Director Nacional de Caminos Bakovic dispusieron que podía ir por 12 horas. “Estuvo 24,”. Céspedes no explicó los motivos de la permanencia de Bakovic en La Paz, aparentemente relacionada con otros juicios. Otros médicos han criticado severamente a los forenses del Instituto Médico Legal de Sucre por otros fallos contra Castedo. La jerga vaga de los forenses ha causado irritación entre los acusados del Juicio del Siglo. Reiteradamente, las forenses han dicho que Castedo está “ubicado en el tiempo y el espacio” y que, por tanto, está apto para soportar las vicisitudes del proceso del siglo. Se lo llama así porque es el mayor juicio que encara el estado boliviano en lo que va del siglo 21.
El juicio se reanudó el lunes pasado, pero me he abstenido de escribir sobre lo que ha ocurrido pues tengo entradas sobre la salud del ex ejecutivo. El curso de la audiencia de libertad concedida al jueves a Castedo me ha llevado a hablar del tema. Es importante porque expresa diariamente lecciones sobre la forma en que se lleva a cabo la justicia en Bolivia.
En rara coalición, al lado del tribunal, acusado de no defender los derechos de los acusados, estaban los fiscales del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno. Los fiscales afianzaban la defensa de los jueces y parecía haberse formado un frente contra los tres abogados de los acusados. Sixto Fernández Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las jueces ciudadanas Anastasia Callisaya y Sonia Mamani contaron con el respaldo de los acusadores. Las jueces ciudadanas se adhirieron sin objeciones a la posición que expresaba el presidente del tribunal, el juez Fernández. La juez Gemio también lo hizo, pero argumentó brevemente. Sus colegas sólo asintieron.
La audiencia fue una lección práctica de la justicia boliviana. El tema merecerá ser abordado desde otros ángulos, tal vez con mayor claridad que confiere el escribir pasada la medianoche.

Penurias del Juicio del Siglo

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Con las dolencias cardio-vesiculares y descontrol diabético que tienen a tres de los acusados en el hospital,  la sesión del Juicio del Siglo prevista para este martes acabó como era presumible: fue aplazada. El Juez Sixto Fernández restableció la audiencia durante un par de horas,  tras la imposibilidad de llegar ayer de La Paz a Santa Cruz. El tribunal que preside escuchó los alegatos de los fiscales que querían que  los tres enfermos se presentaran ya este miércoles en el Palacio de Justicia y las protestas de la defensa que consideraba temeraria esa propuesta en vista del estado precario de salud del trio de acusados.

En Brasil describirían la situación con seis palabras: Empujar la bola con la barriga. Después de una consulta entre los  cuatro jurados, la salida para el debate sobre traer o no traer a los acusados fue posponer la sesión hasta el jueves 5 de diciembre. La decisión no fue unánime. La juez técnica Julia Elena Gemio propuso que el tribunal volviese a reunirse el 16 de enero, con un intervalo  de más de un mes para facilitar el tratamiento de los enfermos en el Hospital Guaracachi.

“Fue una decisión de mayoría absoluta”, dijo la propia juez, al informar a la audiencia que sus colegas habían votado para que la sesión se reinstalase el jueves.

No había otra votación posible, salvo un empate, que habría inviabilizado la propuesta, que se suponía que había sido  iniciativa del juez presidente. Las jueces ciudadanas votan casi invariablemente al lado del juez Fernández en este juicio cuyo punto inicial fue la incursión armada de la policía en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas y detención de dos, ahora juzgadas junto con otros 37 ciudadanos.    A todos se los acusa de terrorismo, de haber intentado asesinar al presidente Evo Morales y de complotar para dividir a Bolivia.

El jueves, cuando la sesión sea reinstalada, deberá conocerse el informe de los médicos que tratan a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. Esos informes determinarán si los tres pacientes tienen condiciones de volver al juicio.  Vargas sufre de complicaciones derivadas de una diabetes mal tratada que se manifiesta en afecciones vasculares ahora complicadas con incontinencia urinaria y fecal; Mendoza y Guedes tienen cardiopatías coronarias y en el hospital los médicos los someten a exámenes para cateterismo y probable “bypass” coronario.

La juez Gemio estuvo este martes con los médicos y recibió de ellos información que la llevaron a pedir que la reanudación de sesiones ocurra dentro de mes y medio. Juan Carlos santisteban, uno de los médicos que ha seguido la condición de los tres y quien es también enjuiciado acusado de la misma conspiración, dijo que el trío se encuentra en condiciones “excepcionalmente graves” y que el tribunal sería responsable si se produjese una fatalidad.

El informe de los médicos tratantes deberá precisar el grado de bloqueo de las arterias coronarias de Guedes (afectado, además, por una piedra que se le ha incrustado en la vesícula) y de Mendoza, y de ahí determinar el riesgo que representa para sus vidas continuar en el juicio.

El tema es crucial,  pues suspenderles la prisión para que se defiendan en libertad equivaldría a quitar la columna vertebral del juicio en el que el gobierno es el acusador.

Los tropiezos del juicio coinciden con un aumento de la presión desde la Unión Europea para que a los euorpeos Elod Tóásó (húngaro) y Mario Tádic Astorga (croata-boliviano) se les respete los derechos humanos y se les aplique un proceso justo en base a un tribunal internacional que examinaría el caso.