jueces

Dilema

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A estas alturas, el presidente Evo Morales podría estar arriando sus banderas reeleccionistas y comenzando una preparación serena para apartarse del poder que ha ejercido durante casi 12 años. La mayoría de los analistas cree que ésta sería una actitud dictada por la razón. Si no estuviere en ese camino, se abriría en Bolivia  un período de tensiones, con riesgos para la estabilidad vivida por el país todos estos años.

Dos referendos consecutivos avalan esa perspectiva, inclusive un tercero, el que puso en vigencia la actual CPE en 2009. La historia boliviana reciente es pródiga en ejemplos que ilustran sobre las consecuencias de permanecer con las riendas del país en contra de una voluntad popular que se manifiesta mayoritaria.  Las objeciones a la pretensión se han generalizado y nada indica una inflexión de la tendencia que dio más del 50% a la votación nula y superó los 2/3 con los votos en blanco. Nadie podría dudar que este resultado expresa una decisión contra el reeleccionismo y contra la curiosa manera de elegir magistrados para administrar la justicia.

La Iglesia Católica tuvo un mensaje inequívoco que el gobierno habría preferido no escuchar.  El mensaje proclamó: ¨Sin respeto a las leyes no hay democracia¨ y subrayó que los obispos no pueden callar ante la sentencia del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la reelección indefinida y abonó a la hoja de vida de los supremos magistrados uno de los fallos más repudiados de la justicia nacional. En un país con mayoría de católicos, eso podría tener un peso determinante.

A una semana del fallo pro-reeleccionista, la decisión del Tribunal de Justicia había ganado el más amplio abanico de críticos del que se tenga memoria reciente. Pocas veces, oposición, grupos juveniles espontáneos e instituciones cívicas estuvieron tan sintonizados en una visión sobre qué es lo que no quieren. Ante el anuncio de manifestaciones de protesta e incluso paros cívicos durante la semana que comienza, no estaba claro si los magistrados resistirían la presión de la opinión pública, menos aún de un repudio como el pronunciado por los obispos en días previos a la Navidad.

Si el presidente abandonará la vía reeleccionista y si los jueces desoirán el veredicto ciudadano, eran cartas en una mesa de apuestas voluminosas. La situación del gobierno parecía retratada en un dicho popular sobre situaciones imposibles: Si corro, la fiera me alcanza, si no corro, me come.

 

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Neolenguaje

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A pocos días de la elección de jueces, una singularidad de la Bolivia de estos años, conviene subrayar el papel de términos que han ingresado al juego politico nacional de manera imperceptible, sin que el gran público lo hubiera notado. Ahora hacen parte del acto electoral que se celebrará el domingo.  Las ideas que esos términos han acuñado parecen integradas a una guerra de conquista del pensamiento ciudadano, uno de cuyos objetivos ha sido convencer sobre la legalidad de la candidatura (re-re-re) del presidente Evo Morales, rechazada el año pasado en el plebiscito del 21 de febrero. Aquél juego pretende ignorar que la elección de magistrados por voto directo fracasó hace mucho en la mayoría de los lugares donde se la intentó, incluso en la desaparecida Unión Soviética, y que los cinco años transcurridos desde la primera elección han sido los de mayor deterioro de la administración de justicia.  Las autoridades nacionales han ignorado que muchos de los magistrados electos en 2011 tuvieron una votación vergonzosa, con menos del 2O % de votos efectivos y una abstención gigante. Fue una elección con amplio dominio de la votación nula que, junto a los blancos, tuvo dos tercios de los sufragios. Los así elegidos asumieron funciones como si hubiesen sido contado con la venia de la ciudadanía y estuviesen avalados por la idoneidad profesional que suele acompañar a una carrera profesional exitosa.

Esta elección judicial es vista por los críticos del gobierno como una oportunidad para expresar descontento con la aspiración del presidente de gobernar indefinidamente. En este escenario ha ocurrido una confrontación de términos. Dentro de una contienda que el ex canciller Agustín Saavedra Weise describe como ¨guerra psicológica¨ llamada a desmoralizar oponentes y afirmar causas de nobleza dudosa, se han enfrentado ¨repostuladores¨ contra los que prefieren la intangibilidad de la norma constitucional.  Para los que favorecen el continuísmo, no se trata de tal, sino de una ¨repostulación¨.

Puede decirse que han ganado.  La victoria del término ha ocurrido por K.O. en todos los medios, que evitaron observar que ¨repostulación¨ no existe en castellano pero utilizan el término sin rubor y sin explicar el desliz.  Cuando fue lanzado el año pasado se pretendía disimular la re-re-reelección. Incluso para el oído, resultaba más elegante hablar de una ¨repostulación¨ que de una re-re-re. Era una manera de esconder algo desagradable, como el caso del estudiante que, al resumir los antecedentes de su familia, dijo que su padre había muerto ¨por cedimiento de la plataforma¨ para evitar decir que había sido condenado a la horca.

Otro disimulo en los términos ocurrió hace seis años cuando el aumento de precios de los carburantes fue disfrazado como una ¨nivelación¨. La sabiduría popular rechazó el eufemismo, el gobierno dio marcha atrás y tal nivelación nunca alzó vuelo.

Por ahora, la ¨repostulación¨ impera oronda en todos los medios, indiferente a si el término es o no castizo. Victoria del neolenguaje, derrota del rigor.

Decisiones supersónicas

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El tribunal escuchó imperturbable al abogado que le reprochó la velocidad supersónica con la que, al corroborar la posición acusadora, resolvía puntos fundamentales del Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde 2013. La actitud estoica del tribunal no sería extraordinaria pues correspondía a su condición, que le ordena juzgar con ojos y oídos cubiertos.

El problema era que decisiones críticas tomadas en segundos no habían sido exclusivas del martes 26 de abril pasado. Los defensores dicen que la agilidad del tribunal para fallar acorde con los acusadores se manifiesta hace mucho tiempo, en una secuencia exasperante para los acusados, agobiados tras más de un septenio de los hechos violentos generadores del mayor juicio penal de la historia boliviana.

¨Apenas acabó (de exponer) el Ministerio de Gobierno, no pasó un minuto y Ud. estaba dictando su resolución. Tampoco observamos que hubiese existido alguna deliberación¨, dijo el abogado José Hoffman, cuando el juez Sixto Fernández resolvió una controversia sobre exhibición de pruebas. La defensa las quería disponibles para confrontarlas con el testigo que las acababa de aludir. Los fiscales y el Ministerio de Gobierno consideraban que no era el momento legal.

Fueron menos de 10 segundos los que el juez empleó en consulta casi imperceptible con las jueces antes de anunciar una resolución cuya sola lectura le llevó siete minutos. Muchos desconocen el ritual de las consultas entre jurados, pero la rapidez entre la sigilosa consulta y la decisión parecía de ping-pong olímpico.

Las dolencias que aquejan a algunos acusados volvieron a perturbar el caso, que incluye acusaciones de pretender derrotar al ejército y dividir Bolivia tras una vasta campaña terrorista. El general (r) Gary Prado Salmón, protagonista de una de las mayores victorias de las armas bolivianas, fue sometido el miércoles a una nueva cirugía de limpieza de las escaras resultantes de la parálisis causada por un balazo ¨fortuito¨ mientras restablecía el orden alterado cerca de Santa Cruz hace 35 años. Con la baja del general, las audiencias han sido irregulares.

Era también sombría la condición de Juan Carlos Guedes, ex activista de la Unión Juvenil Cruceñista. ¨Todo lo veo borroso, incluso a ustedes¨, le dijo al tribunal hace una semana, cuando habló de su glicemia disparada que había marcado ese día 390.

Su visión respondía a ese grado de azúcar en la sangre,  3 1/2 veces superior al máximo tolerable. Con ese nivel hay riesgo de un shock glicémico en cualquier momento. De remache, la salud de un pariente de una juez obligó a suspender las audiencias hasta el 23 de mayo.

 

 

 

Elogio a Mafalda

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La posibilidad de una segunda ronda televisiva sobre la demanda marítima nacional con el canciller chileno en estudios bolivianos empezaba a languidecer cuando ocurrió la noticia que alivió a muchos: Chile declinaba la invitación de venir a Bolivia. Desde la oferta extraña de enviar un avión a Chile hasta las dudas sobre si algún periodista del sistema estatal tendría la solvencia para entrevistar a altos niveles de la diplomacia del vecino país, la cuestión parecía destinada a abrir más controversias en el país que a generar avances en su estrategia diplomática.
La iniciativa de la Ministra de Comunicación para que la TV del estado ofrezca al canciller del vecino país una entrevista similar a la que tuvo en Santiago Carlos Mesa, fue fuente de confusión desde su lanzamiento. Seguía la norma de buscar equilibrio, pero no era original ni seguía el curso regular de periodista o su institución periodística al personaje que se quiere entrevistar. La original fue la de Chile, cuyo programa televisivo buscó la entrevista sin dar la impresión de intervención directa del gobierno. Esa gestión no obligaba a ninguna segunda vuelta.
La oferta nacional vino en medio de calificativos de neoliberal, derechista y antipatriota endilgados a Mesa, que algunos funcionarios juzgaron que eran compatibles con la función de portavoz de la demanda marítima. Dijeron que estas condiciones pueden coexistir sin inconvenientes porque los calificativos sobre el ex presidente valen solo en el ámbito interno. Un antipatriota interno no sería antipatriota externo.
Esa lógica no debe ser muy conocida y quizá son muchos los que pagarían por una explicación exhaustiva. Uno se siente como para gritarle un ¡bravo! a Mafalda cuando plantea que paren el mundo porque quiere bajarse pues no lo entiende.
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Los medios, en particular los televisivos, han alzado la voz estos días con la paliza brutal, saltos sobre la cabeza de remache, que un joven de Santa Cruz propinó a otro.
En principio nadie está de acuerdo con la violencia y la reprueba. Pero la cuestión debe plantearse más allá y proponer conductas consecuentes, a ser observadas, en especial, por las redacciones y las escuelas de comunicación. Levanten la mano quienes durante el almuerzo o la cena no sienten el bombardeo televisivo impiedoso de imágenes sobre violaciones, robos, feminicidios, incestos, infanticidios y dosis generosas de quejas lastimeras. Conllevan un plus si traen sadismo y masoquismo, todavía mayor si hay niños involucrados.
Salvo los de verdadero interés público, ¿no sería tiempo de confinar la difusión de esos crímenes a horarios nocturnos fuera programación regular? ¿Será que los noticiarios de la TV son incapaces de sobrevivir con porciones reducidas de ese tipo de crónicas?
Esta secuencia de desaciertos llega a cogollos del gobierno. Quien aconsejó al presidente para dudar que un oriental pueda llegar a la presidencia de la república olvidó a Velasco, Busch, Natusch Bush y Banzer, llegados a la presidencia bajo formas muy parecidas a las de muchos de sus congéneres occidentales. La duda lució discriminatoria, pero también llevó a preguntarse si en algo así hay olvidos de calibre, qué podría ocurrir en otros niveles.
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El Beni exhibe una justicia en extremo parcializada e inoperante cuando se lee la información sobre un ex subgobernador que había acusado al ex gobernador Carmelo Lens y contribuido a su detención en Trinidad. El acusador está prófugo. Ahora localizado en Estados Unidos y ante una posible repatriación, a su vez está acusado de calumniar al ex gobernador para beneficio propio y de su partido, el de gobierno. Con todo, la justicia no muestra ninguna prisa y Lens continúa preso en la cárcel trinitaria de Mocovi.
Es uno de los casos que más aporta a la desconfianza generalizada que parece existir en torno a la administración de justicia en Bolivia. A ésta muchos la rehúyen, en especial los que la conocen. Ya no es noticia mayor, pero es emblemático el caso del ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras escapar de Bolivia por temor al sistema de justicia en el que medró.
Un ejemplo del funcionamiento de la justicia son las audiencias del Juicio del Siglo, con orígenes en el asalto al Hotel Las Américas (2009) y con una dimensión internacional y consecuencias que pocos parecen percibir. Puede resultar aleccionador escuchar cómo se defienden los acusados, cómo argumentan los fiscales y cómo deciden los jueces, dos de ellas bajo investigación, dice la defensa, tras haber fallado a favor de un detenido enfermo para trasladarlo de la cárcel de San Pedro a Palmasola.
Si Ud. leyó a Koestler, Orwell o Gheorghiu no le parecerá extraña la atmósfera que podría respirar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

La carta clandestina

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Cinco meses después de la difusión de  la “Carta al Pueblo de Bolivia”  que escribió el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez tras su fuga a Brasil, el documento es aún desconocido legalmente. Soza, director durante cuatro años del mayor caso penal de la historia boliviana reciente, dijo que su vida y la de su entorno familiar corrían peligro, y aguarda la decisión brasileña sobre su pedido de refugio. En Brasilia, en una entrevista con  medios bolivianos, el ex fiscal Soza dio fe de la autenticidad del documento,  al principio puesto en duda por defensores de la tesis gubernamental.  “Yo reconozco la carta. Yo la firmé, la presenté a la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y ésa es la carta que yo firme de puño y letra”, dijo en mayo a Página Siete y ANF. La confirmación zanjó la controversia en sus inicios, pero no consiguió que la nota sea aceptada como documento válido para el Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde hace 20 meses.

Traducida al portugués y autenticada por un notario de fe pública de Brasil, la carta carece de valor legal en Bolivia. Las perspectivas inmediatas de asignarle vida legal son exiguas y los fiscales que defienden el caso del gobierno le anteponen el adjetivo de “supuesta”.  El tribunal a cargo del juicio no la reconoce como prueba (“existe, pero aún no ha sido valorada”) y concuerda con la postura de los patrocinadores opuestos a los movimientos de la defensa para incorporar la misiva, cuyo contenido apunta al corazón de la tesis que sostiene el gobierno desde hace 64 meses.
La carta más famosa de Bolivia en los últimos tiempos aguarda que la cancillería otorgue luz verde que permita conferirle valor legal, algo que los acusados ven improbable. Sostienen que hacerlo significaría confrontar la tesis oficial con la que ahora sostiene el personaje que la preparó: fue producto de manipulaciones y presiones del gobierno en un plan para controlar políticamente a una región en la que no parecía gozar de gran afecto. ¿A quién creería usted? ¿Al autor o a quienes defienden la tesis que  el autor ahora niega?
Entre las razones para su escepticismo, los acusados dicen que la cancillería no remitió al tribunal los resultados de la autopsia emitidos en mayo de 2010 por la forense oficial de Irlanda, que examinó el cadáver de Michael Dwyer, uno de los tres que murieron en el episodio del Hotel Las Américas en la madrugada de 16 de abril de 2009. El informe se contrapondría al oficial del gobierno boliviano. Empero, dicen, debía haber llegado al tribunal para ilustrar a los jueces sobre cómo los peritos de Irlanda sostienen que murió su compatriota. El freno atribuido a la cancillería nunca fue explicado y es un reclamo sobre el que periódicamente se escucha en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz.
La carta que legalmente no existe relata pormenores de la que Soza describe como intervención gubernamental en el caso y asegura que llegó a pedir que el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García declaren ante su fiscalía para que se liberen de toda responsabilidad.  “Sus ministros  lo impidieron”, sostiene en el documento.  Las autoridades dijeron que no comentarían la versión de “un delincuente confeso”.
 Soza encabezó las investigaciones hasta un año antes de su fuga.  Denis Rodas Limachi, uno de los ex abogados del gobierno  presentado como testigo de la defensa, dijo que la denuncia del caso fue elaborada antes de que ocurrieran los sucesos que iban a ser denunciados. El memorial sobre preparativos de actos inespecíficos de violencia fue redactado el 30 de marzo pero activado el 14 de abril. La denuncia “no precisaba ni el hecho a investigar ni a las personas que había que investigar”, dijo Rodas Limachi, en el Ministerio de Gobierno desde 2008 y en 2010 promovido como Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos. Estaba en la cúspide de su carrera en ese ministerio cuando fue golpeado, junto con otros de sus colegas, por denuncias de extorsión y está preso en Palmasola desde hace más de un año y medio.
La inexistencia legal de la carta de Soza es uno de los elementos peculiares del caso. Hace unas tres semanas, cuando el tribunal rechazó una acción de libertad (habeas corpus) para uno de los acusados presos desde el episodio del Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), surgió una interpretación que configuraba una “doctrina de los años efectivos”  (365 días hábiles). Se negó libertad condicional al acusado, que alegaba que estaba preso sin sentencia desde hacía más de cinco años aunque la norma dicta un máximo de 36 meses (tres años) para esa condición. Los fiscales acusadores destacaron que los 36 meses no debían incluir dilaciones supuestamente ocasionadas por el  acusado, ni feriados, suspensión forzosa de sesiones y otras causas que sumadas harían que, para el acusado, el año tuviese más de 500 días o el mes más de 40.
En esa sesión estuvo como observador un diplomático de la Unión Europea.

 

Nuevo capítulo del Juicio del Siglo

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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados.” El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.