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Estertores del Juicio del Siglo

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El mayor juicio penal de la historia boliviana está rumbo a quedarse sin acusados encarcelados, tras la decisión de una corte de La Paz de otorgar detención domiciliaria a Svonko Matkovic Ribera, el joven cruceño cuyo registro en el celular de Eduardo Rózsa Flores para confirmar un pernocte campestre disparó las sospechas del ex fiscal Marcelo Soza que le costaron ocho años de cárcel y extorsiones sucesivas por 90.000 dólares a su padre Svonko Matkovic Fleig. La salida inminente de la prisión de Palmasola por parte de Matkovic, dejará en las celdas del penal solamente a dos de los 39 que figuraron inicialmente en la lista de acusados del ex fiscal Marcelo Soza con la que el ex magistrado mantuvo en vilo e incertidumbre a cientos de personas y familias en Santa Cruz y Beni.

Al retornar a Santa Cruz el miércoles por la noche tras la audiencia que determinó su salida del penal de Palmasola, el joven Matkovic celebró que nunca se doblegó a las presiones para someterse a un ¨juicio abreviado¨ que habría significado admitir culpas en la trama que sostiene el gobierno, y que salía de la prisión sin haber negociado su nueva condición. Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Matkovic pasa en Palmasola los primeros días bajo su nuevo estado, contando las horas para concluir los trámites y trasladarse a casa de sus padres. Se anticipa que será foco de atención nacional el lunes, al reiniciarse las audiencias del Juicio del Siglo radicado en Santa Cruz desde hace seis años.

Cuando Matkovic deje Palmasola, en el penal solo quedarán los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi.

El juicio se reabrirá en medio de especulaciones sobre qué llevó a la sala penal de La Paz a dictar detención domiciliaria Para Matkovic, después de que ese beneficio fuera negado en 20 ocasiones a lo largo de los años que el dirigente cívico ha estado preso. En un ambiente de desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de la justicia en Bolivia, la pregunta parece pertinente. El mismo joven Matkovic explicó que su salud sufría un fuerte deterioro, con una hernia de disco y una cirugía en la rodilla que amenazaban con privarlo de caminar. Citando esos malestares había planteado una nueva petición de amparo a principios de enero que fue negada por el juez del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, todos de La Paz.

Abogados defensores y analistas trataban de descifrar estos días qué determinó el cambio de posición. En un marco mayor, una referencia sería la necesidad de aliviar la carga que lleva el gobierno, en particular el presidente Morales, de acusaciones que lo presentan como irrespetuoso de los derechos humanos, y de someter a la justicia. En ese plano, sería importante subrayar la imagen exterior que ofrece el gobierno, ahora distante de la que ostentaba en los albores de su administración, como representante desguarnecido de un sector indígena mayoritario negligido y abusado. Nadie negaría que en la imagen actual del presidente ahora están instaladas violaciones a los derechos humanos, desde Chaparina y el Hotel Las Américas, y casos notables de corrupción. Al lado de ese cuadro se dibuja la quiebra del Socialismo del Siglo XXI, con el que sintoniza el gobierno boliviano y que languidece con el naufragio de Venezuela. Nicolás Maduro, identificado con raras excepciones como un dictador de quien los líderes democráticos se alejan, fue ¨desinvitado¨ a la Cumbre de las Américas a mediados de abril en Perú y estará ausente de la posesión de Sebastián Piñera dentro de pocos días en Santiago. En todo este panorama, el aflojamiento de la prisión de Svonko Matkovic Ribera sería un paso para mostrar una imagen diferente del presidente Morales que ayude a restituir la que tenia hace una década.

Otros politicos y analistas creen que tal apreciación sería tardía y exigua. ¨Ha sido solo un pequeño paso. No es justicia. Debería estar libre¨, dijo el expresidente Jorge Quiroga en tanto que el senador Demócrata Social Oscar Ortiz dijo que todo el juicio debería ser anulado. El ex prefecto de Santa Cruz, Francisco Aróstegui, disparó más municiones. ¨Entre la justicia y la apariencia hay mucha diferencia. Podrán decir muy sueltos de cuerpo, como nos quieren acostumbrar, que dar libertad a un ciudadano después de ocho años de prisión es justicia. Si dar libertad para cambiar la autoritaria imagen del presidente, es un frío cálculo que deja maltrecha a la justicia… la usa para mostrar un fingido rostro humano¨.  Al llegar a Cumaná, en el oriente venezolano, el presidente declaró que él impartió la orden para la toma del hotel.

Tras la salida de Matkovic Ribera de Palmasola, ¨como quise, sin negociar y sin echarme la culpa¨, quedan aún presos los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi, los primeros en ser arrestados tras el asalto al hotel. Sobre Guedes pesa la acusación de ser comerciante de armas encargado de proveerlas al supuesto movimiento separatista que el gobierno atribuye a Eduardo Rózsa Flores. La única evidencia para sostener la acusación, que coloca a Guedes entre los grandes traficantes de armas, es una vieja pistola sin cacerinas que vendió a Rózsa con la que éste iba a capitanear la rendición del ejército boliviano. A Mendoza se le atribuye un papel central en la trama por su condición de dirigente juvenil y contactos que tuvo como tal. Aún guarda las secuelas de las golpizas que recibió, tiene dificultades para caminar y lo hace apoyado en un bastón.

Desde sus inicios en Santa Cruz el panorama del juicio ha cambiado. El fiscal acusador, Marcelo Soza, huyó del país y está refugiado en Brasil. Y la unidad policial que tomó el hotel por asalto, fue disuelta.

Matkovic Ribera abogó por la libertad de sus compañeros, que han recurrrido a organizaciones de derechos humanos. Con ellos también fuera del penal, el mayor proceso penal de la historia boliviana perdería sostén. Resultaría extraño hablar de un complot separatista y planes terroristas en Bolivia con ningún acusado preso en la cárcel. Los demás están defendiéndose en libertad y bajo arresto domiciliario o sentenciados pero ya libres, pues pasaron tanto tiempo en la cárcel que, a esas alturas, gran parte de la condena que recibieron ya estaba cumplida.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

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Todo vale

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En el climax de un antagonismo sin perspectivas de calma, el gobierno ha llevado a las calles estos días a miles de ciudadanos para celebrar un supuesto derecho humano del presidente Evo Morales a postularse a la presidencia cuantas veces él y sus partidarios lo quieran, con la creencia de que esa ambición está apoyada en el Pacto de San José, la norma diseñada para proteger los derechos humanos en el hemisferio. La oposición hizo otro tanto, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y dejó en evidencia que si bien el gobierno tiene poder movilizador basado en el empleo, negocios e intereses que genera el estado, gran parte del país repudia su movimiento reeleccionista. El argumento de ¨el pueblo me lo pide¨ o ¨me sacrifico por mi pueblo¨ ha sonado cínico y oportunista, tan conocido en otros tiempos en estas y otras latitudes, pues se sabe que tras la frase hay intereses apoyados por un esfuerzo propagandístico masivo a costa del estado para favorecer a la clase gobernante.  Pocos dejarían de sonrojarse si la dijeran. Imaginen a Ricardo Lagos pronunciándola, a Mauricio Macri o a Pepe Mujica.

El gobierno y su partido se han prodigado en buscar argumentos que respalden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que abrió la ruta para una presidencia vitalicia del presidente Evo Morales. El dictamen, el más controvertido en la historia de esa instancia, fue la chispa para un polvorín que bajo cualquier visión está lejos de apagarse. Hasta ahora no se conoce una sola opinión institucional que sostenga que la interpretación de que el supuesto derecho humano del presidente a hacerse reelegir cuantas veces quiera es superior a la norma que limita la reelección. No es mínima la ansiedad para que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida una aclaración.

La jugada de los abogados del presidente es vista como una ¨avivada¨ mayúscula, pues a ningún jurista se le habría ocurrido, cuando la norma fue aprobada en 1969, que sería esgrimida para favorecer la presidencia vitalicia. El Pacto fue concebido para amparar a individuos ante abusos de poderes del Estado, no para garantizar ambiciones presidenciales vitalicias, han sostenido quienes creen que el argumento reeleccionista es disparatado. Sorprende, entonces, que el TCP lo hubiera endosado, en una decisión de tinta indeleble para la historia de sus integrantes.

El fondo del debate en torno a un tema nada enaltecedor echa más sombras a la justicia boliviana bajo el gobierno del MAS y atiza otros casos irresueltos sobre los que se impone la voluntad del Poder Ejecutivo. Tema central en todos estos años de gobierno MAS ha sido el asalto al hotel Las Américas (2009), de cuyas sombras las autoridades no consiguen apartarse.

Es una conclusión generalizada que todo intento de conferir alguna credibilidad a la justicia pasa por el esclarecimiento convincente de ese episodio brutal.  Para los acusados, los jueces Sixto Fernández, Julia Elena Gemio, Anastasia Callisaya y Sonia Mamani carecen de confiabilidad y los creen dóciles al gobierno. Pregunten en privado a cualquiera de ellos y recibirán una rotunda confirmación. Los fiscales están bajo órdenes del Ministerio Público, que les instruye acusar y lograr sentencias. Ningún otro norte los aparta de la que consideran una misión suprema que se impone sobre todo y para la cual la verdad o la falta de evidencias parecen apenas una variable. Tres aún están presos en Palmasola. Svonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza han tocado en vano todas las puertas en procura de siquiera la prisión domiciliaria. Incluso escribieron al Papa Francisco cuando éste vino a Santa Cruz en 2015. Media docena de otros admitió la comisión de delitos negados durante seis años, en confesiones que parecieron replicar las de los Juicios de Moscú en las purgas de los años de 1930. Y queda un puñado bajo prisión domiciliaria, a la cual han se han visto forzados a adecuar sus vidas.

La justicia, en fin, está llena de ¨mala praxis¨ y es legítimo preguntarse a quién cobrar. Todo el país podría preguntarse a quién responsabilizar por ¨mala praxis¨ con proyectos e inversiones mal concebidos, mal ejecutados y por los sobreprecios que conllevaron.

Dilema

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A estas alturas, el presidente Evo Morales podría estar arriando sus banderas reeleccionistas y comenzando una preparación serena para apartarse del poder que ha ejercido durante casi 12 años. La mayoría de los analistas cree que ésta sería una actitud dictada por la razón. Si no estuviere en ese camino, se abriría en Bolivia  un período de tensiones, con riesgos para la estabilidad vivida por el país todos estos años.

Dos referendos consecutivos avalan esa perspectiva, inclusive un tercero, el que puso en vigencia la actual CPE en 2009. La historia boliviana reciente es pródiga en ejemplos que ilustran sobre las consecuencias de permanecer con las riendas del país en contra de una voluntad popular que se manifiesta mayoritaria.  Las objeciones a la pretensión se han generalizado y nada indica una inflexión de la tendencia que dio más del 50% a la votación nula y superó los 2/3 con los votos en blanco. Nadie podría dudar que este resultado expresa una decisión contra el reeleccionismo y contra la curiosa manera de elegir magistrados para administrar la justicia.

La Iglesia Católica tuvo un mensaje inequívoco que el gobierno habría preferido no escuchar.  El mensaje proclamó: ¨Sin respeto a las leyes no hay democracia¨ y subrayó que los obispos no pueden callar ante la sentencia del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la reelección indefinida y abonó a la hoja de vida de los supremos magistrados uno de los fallos más repudiados de la justicia nacional. En un país con mayoría de católicos, eso podría tener un peso determinante.

A una semana del fallo pro-reeleccionista, la decisión del Tribunal de Justicia había ganado el más amplio abanico de críticos del que se tenga memoria reciente. Pocas veces, oposición, grupos juveniles espontáneos e instituciones cívicas estuvieron tan sintonizados en una visión sobre qué es lo que no quieren. Ante el anuncio de manifestaciones de protesta e incluso paros cívicos durante la semana que comienza, no estaba claro si los magistrados resistirían la presión de la opinión pública, menos aún de un repudio como el pronunciado por los obispos en días previos a la Navidad.

Si el presidente abandonará la vía reeleccionista y si los jueces desoirán el veredicto ciudadano, eran cartas en una mesa de apuestas voluminosas. La situación del gobierno parecía retratada en un dicho popular sobre situaciones imposibles: Si corro, la fiera me alcanza, si no corro, me come.

 

Neolenguaje

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A pocos días de la elección de jueces, una singularidad de la Bolivia de estos años, conviene subrayar el papel de términos que han ingresado al juego politico nacional de manera imperceptible, sin que el gran público lo hubiera notado. Ahora hacen parte del acto electoral que se celebrará el domingo.  Las ideas que esos términos han acuñado parecen integradas a una guerra de conquista del pensamiento ciudadano, uno de cuyos objetivos ha sido convencer sobre la legalidad de la candidatura (re-re-re) del presidente Evo Morales, rechazada el año pasado en el plebiscito del 21 de febrero. Aquél juego pretende ignorar que la elección de magistrados por voto directo fracasó hace mucho en la mayoría de los lugares donde se la intentó, incluso en la desaparecida Unión Soviética, y que los cinco años transcurridos desde la primera elección han sido los de mayor deterioro de la administración de justicia.  Las autoridades nacionales han ignorado que muchos de los magistrados electos en 2011 tuvieron una votación vergonzosa, con menos del 2O % de votos efectivos y una abstención gigante. Fue una elección con amplio dominio de la votación nula que, junto a los blancos, tuvo dos tercios de los sufragios. Los así elegidos asumieron funciones como si hubiesen sido contado con la venia de la ciudadanía y estuviesen avalados por la idoneidad profesional que suele acompañar a una carrera profesional exitosa.

Esta elección judicial es vista por los críticos del gobierno como una oportunidad para expresar descontento con la aspiración del presidente de gobernar indefinidamente. En este escenario ha ocurrido una confrontación de términos. Dentro de una contienda que el ex canciller Agustín Saavedra Weise describe como ¨guerra psicológica¨ llamada a desmoralizar oponentes y afirmar causas de nobleza dudosa, se han enfrentado ¨repostuladores¨ contra los que prefieren la intangibilidad de la norma constitucional.  Para los que favorecen el continuísmo, no se trata de tal, sino de una ¨repostulación¨.

Puede decirse que han ganado.  La victoria del término ha ocurrido por K.O. en todos los medios, que evitaron observar que ¨repostulación¨ no existe en castellano pero utilizan el término sin rubor y sin explicar el desliz.  Cuando fue lanzado el año pasado se pretendía disimular la re-re-reelección. Incluso para el oído, resultaba más elegante hablar de una ¨repostulación¨ que de una re-re-re. Era una manera de esconder algo desagradable, como el caso del estudiante que, al resumir los antecedentes de su familia, dijo que su padre había muerto ¨por cedimiento de la plataforma¨ para evitar decir que había sido condenado a la horca.

Otro disimulo en los términos ocurrió hace seis años cuando el aumento de precios de los carburantes fue disfrazado como una ¨nivelación¨. La sabiduría popular rechazó el eufemismo, el gobierno dio marcha atrás y tal nivelación nunca alzó vuelo.

Por ahora, la ¨repostulación¨ impera oronda en todos los medios, indiferente a si el término es o no castizo. Victoria del neolenguaje, derrota del rigor.

Decisiones supersónicas

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El tribunal escuchó imperturbable al abogado que le reprochó la velocidad supersónica con la que, al corroborar la posición acusadora, resolvía puntos fundamentales del Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde 2013. La actitud estoica del tribunal no sería extraordinaria pues correspondía a su condición, que le ordena juzgar con ojos y oídos cubiertos.

El problema era que decisiones críticas tomadas en segundos no habían sido exclusivas del martes 26 de abril pasado. Los defensores dicen que la agilidad del tribunal para fallar acorde con los acusadores se manifiesta hace mucho tiempo, en una secuencia exasperante para los acusados, agobiados tras más de un septenio de los hechos violentos generadores del mayor juicio penal de la historia boliviana.

¨Apenas acabó (de exponer) el Ministerio de Gobierno, no pasó un minuto y Ud. estaba dictando su resolución. Tampoco observamos que hubiese existido alguna deliberación¨, dijo el abogado José Hoffman, cuando el juez Sixto Fernández resolvió una controversia sobre exhibición de pruebas. La defensa las quería disponibles para confrontarlas con el testigo que las acababa de aludir. Los fiscales y el Ministerio de Gobierno consideraban que no era el momento legal.

Fueron menos de 10 segundos los que el juez empleó en consulta casi imperceptible con las jueces antes de anunciar una resolución cuya sola lectura le llevó siete minutos. Muchos desconocen el ritual de las consultas entre jurados, pero la rapidez entre la sigilosa consulta y la decisión parecía de ping-pong olímpico.

Las dolencias que aquejan a algunos acusados volvieron a perturbar el caso, que incluye acusaciones de pretender derrotar al ejército y dividir Bolivia tras una vasta campaña terrorista. El general (r) Gary Prado Salmón, protagonista de una de las mayores victorias de las armas bolivianas, fue sometido el miércoles a una nueva cirugía de limpieza de las escaras resultantes de la parálisis causada por un balazo ¨fortuito¨ mientras restablecía el orden alterado cerca de Santa Cruz hace 35 años. Con la baja del general, las audiencias han sido irregulares.

Era también sombría la condición de Juan Carlos Guedes, ex activista de la Unión Juvenil Cruceñista. ¨Todo lo veo borroso, incluso a ustedes¨, le dijo al tribunal hace una semana, cuando habló de su glicemia disparada que había marcado ese día 390.

Su visión respondía a ese grado de azúcar en la sangre,  3 1/2 veces superior al máximo tolerable. Con ese nivel hay riesgo de un shock glicémico en cualquier momento. De remache, la salud de un pariente de una juez obligó a suspender las audiencias hasta el 23 de mayo.

 

 

 

Elogio a Mafalda

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La posibilidad de una segunda ronda televisiva sobre la demanda marítima nacional con el canciller chileno en estudios bolivianos empezaba a languidecer cuando ocurrió la noticia que alivió a muchos: Chile declinaba la invitación de venir a Bolivia. Desde la oferta extraña de enviar un avión a Chile hasta las dudas sobre si algún periodista del sistema estatal tendría la solvencia para entrevistar a altos niveles de la diplomacia del vecino país, la cuestión parecía destinada a abrir más controversias en el país que a generar avances en su estrategia diplomática.
La iniciativa de la Ministra de Comunicación para que la TV del estado ofrezca al canciller del vecino país una entrevista similar a la que tuvo en Santiago Carlos Mesa, fue fuente de confusión desde su lanzamiento. Seguía la norma de buscar equilibrio, pero no era original ni seguía el curso regular de periodista o su institución periodística al personaje que se quiere entrevistar. La original fue la de Chile, cuyo programa televisivo buscó la entrevista sin dar la impresión de intervención directa del gobierno. Esa gestión no obligaba a ninguna segunda vuelta.
La oferta nacional vino en medio de calificativos de neoliberal, derechista y antipatriota endilgados a Mesa, que algunos funcionarios juzgaron que eran compatibles con la función de portavoz de la demanda marítima. Dijeron que estas condiciones pueden coexistir sin inconvenientes porque los calificativos sobre el ex presidente valen solo en el ámbito interno. Un antipatriota interno no sería antipatriota externo.
Esa lógica no debe ser muy conocida y quizá son muchos los que pagarían por una explicación exhaustiva. Uno se siente como para gritarle un ¡bravo! a Mafalda cuando plantea que paren el mundo porque quiere bajarse pues no lo entiende.
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Los medios, en particular los televisivos, han alzado la voz estos días con la paliza brutal, saltos sobre la cabeza de remache, que un joven de Santa Cruz propinó a otro.
En principio nadie está de acuerdo con la violencia y la reprueba. Pero la cuestión debe plantearse más allá y proponer conductas consecuentes, a ser observadas, en especial, por las redacciones y las escuelas de comunicación. Levanten la mano quienes durante el almuerzo o la cena no sienten el bombardeo televisivo impiedoso de imágenes sobre violaciones, robos, feminicidios, incestos, infanticidios y dosis generosas de quejas lastimeras. Conllevan un plus si traen sadismo y masoquismo, todavía mayor si hay niños involucrados.
Salvo los de verdadero interés público, ¿no sería tiempo de confinar la difusión de esos crímenes a horarios nocturnos fuera programación regular? ¿Será que los noticiarios de la TV son incapaces de sobrevivir con porciones reducidas de ese tipo de crónicas?
Esta secuencia de desaciertos llega a cogollos del gobierno. Quien aconsejó al presidente para dudar que un oriental pueda llegar a la presidencia de la república olvidó a Velasco, Busch, Natusch Bush y Banzer, llegados a la presidencia bajo formas muy parecidas a las de muchos de sus congéneres occidentales. La duda lució discriminatoria, pero también llevó a preguntarse si en algo así hay olvidos de calibre, qué podría ocurrir en otros niveles.
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El Beni exhibe una justicia en extremo parcializada e inoperante cuando se lee la información sobre un ex subgobernador que había acusado al ex gobernador Carmelo Lens y contribuido a su detención en Trinidad. El acusador está prófugo. Ahora localizado en Estados Unidos y ante una posible repatriación, a su vez está acusado de calumniar al ex gobernador para beneficio propio y de su partido, el de gobierno. Con todo, la justicia no muestra ninguna prisa y Lens continúa preso en la cárcel trinitaria de Mocovi.
Es uno de los casos que más aporta a la desconfianza generalizada que parece existir en torno a la administración de justicia en Bolivia. A ésta muchos la rehúyen, en especial los que la conocen. Ya no es noticia mayor, pero es emblemático el caso del ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras escapar de Bolivia por temor al sistema de justicia en el que medró.
Un ejemplo del funcionamiento de la justicia son las audiencias del Juicio del Siglo, con orígenes en el asalto al Hotel Las Américas (2009) y con una dimensión internacional y consecuencias que pocos parecen percibir. Puede resultar aleccionador escuchar cómo se defienden los acusados, cómo argumentan los fiscales y cómo deciden los jueces, dos de ellas bajo investigación, dice la defensa, tras haber fallado a favor de un detenido enfermo para trasladarlo de la cárcel de San Pedro a Palmasola.
Si Ud. leyó a Koestler, Orwell o Gheorghiu no le parecerá extraña la atmósfera que podría respirar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.