Tóásó

La traducción no importa – II

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El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría  hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.

El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.

Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.

Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz.  El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.

Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.

Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.

Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015.  Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.

La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.

Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.

 

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

Deshojando la cebolla

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La defensa en el Juicio del Siglo empezó esta semana a responder a la acusación contra 39 personas a las que se atribuye el propósito de sembrar el terror, desmembrar Bolivia y desarticular la división geopolítica del continente sudamericano. El fiscal que elaboró la acusación está refugiado en Brasil desde marzo y se dice perseguido por el gobierno que hizo que preparase, asegura, una tesis acorde con los intereses políticos de las autoridades. No hay signos que indiquen un desenlace próximo del mayor juicio penal de la historia boliviana surgido de un episodio sangriento hace cerca de seis años en Santa Cruz.
El año comenzó bajo la impaciencia de los acusados con la prolongación del proceso, cuya duración marca un récord. Al reanudarse las sesiones tras los feriados de fin de año, el acusado Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que reconoce haber engañado al comandante de la supuesta gesta, Eduardo Rózsa Flores, vendiéndole una pistola (correcto) mugrienta y sin cacerinas con la que iría a dirigir la insurrección separatista, reclamó al juez Sixto Fernández por su dilatada prisión. “Pronto voy a cumplir seis años en la cárcel… ¿hasta cuándo?”, reclamó airado. Guedes ya ha escrito un libro sobre su prisión y dice que tiene pronta una narración adicional. Acusado de ser traficante de armas, subrayó que su domicilio nunca fue inspeccionado para verificar la acusación de que iba a ser el proveedor de pertrechos para miles de hombres.
A los frecuentes altibajos y suspensos del proceso que llegó Santa Cruz hace dos años tras peregrinar por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, se agregó esta semana una frase del presidente Evo Morales en la ceremonia de inauguración del Año Fiscal organizada por el Fiscal General de la Nación, Ramiro Guerrero. “Si castigas a los separatistas (acusados en el Juicio del Siglo), puedes ser el nuevo presidente” de Bolivia, le dijo al fiscal, citado por el diario El Deber. En la misma jornada, el mandatario sugirió un referéndum para reformar la Carta Constitucional. La frase acentuó la perplejidad entre quienes asisten al juicio cuando el mandatario se mostró partidario de suprimir el debido proceso. ¿Puede eliminarse un principio, un concepto fundamental en democracia? “Es un principio tan válido para los derechos humanos como lo es el que la tierra gira alrededor del sol o que el mundo es redondo”, dijo un abogado defensor. El principio es parte de la CPE.
Otros hechos anecdóticos han causado una huella temprana en las audiencias de este año. El 11 de septiembre, el general Gary Prado Salmón había planteado la suspensión de la detención domiciliaria que le impuso una juez en mayo de 2010. El general acusado subrayó esta semana que la juez que entonces le tomó la declaración tenía lista la decisión de siete páginas tamaño oficio y renglón seguido preparada antes de escucharlo.
En su más reciente petición, Prado Salmón pidió que se permita defenderse bajo entera libertad. Entre las razones para imponerle la detención actual estaba el recelo de la juez de entonces por evitar que se comunicase con otros acusados y con los medios informativos, debido al relieve del general, cuya compañía de Rangers rindió a Ernesto “Ché” Guevara en los parajes de Ñancahuazú en 1967. El militar hizo notar esta semana que la prohibición de contacto fue superada con las audiencias, en las que todos los acusados presentes conversan, hablan con los periodistas y suelen compartir café. No debía, especialmente, conversar con el general Lucio Añez Ribera, también retirado y ahora apartado del juicio por problemas que le dificultan la memoria. Con ese factor también superado, ya no existirían razones para mantener las restricciones a su liberad, planteó la defensa. El juez flexibilizó el horario de las restricciones incorporando sábados y domingos, pero negó extender formalmente la hora de retorno a su domicilio con el fin de facilitar el desplazamiento del general desde las universidades en las que dicta clases.
En una de las últimas sesiones, el juez Sexto Fernández hizo preguntas al coronel de policía Adalberto Torres Céspedes, uno los 39 acusados. El juez hizo una pregunta que uno de los fiscales objetó, en una situación inusual. No es común que un fiscal objete al juez que, en este caso, retiró la pregunta. El hecho sembró inquietud entre los acusados sobre quién efectivamente ordenaba la sesión.
Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, reclamó que cuando él declaraba meses atrás, se había presentado una situación similar. Sus abogados quisieron objetar una pregunta del juez pero éste dijo que las preguntas del juez no eran objetables. Su abogada Erika Oroza tocó uno de los nervios más sensibles al afirmar que el proceso tenía un error básico insalvable: sus orígenes habían sido una denuncia fechada el 14 de abril de 2009, antes de que ocurriese una explosión sobre el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas y antes del asalto al Hotel Las Américas.
Las preguntas respecto a flaquezas de la acusación empezaron a ser expuestas por Gianni Prado, el abogado de Mario Tadic, al iniciarse la etapa de alegatos. Uno de los primeros puntos fueron las afirmaciones de un periodista español que, después, resultaron endebles pero que la acusación las utilizó como fuente básica. “Si hubiera habido probidad en la administración de la justicia, se habría visto que el caso fue armado”, dijo el abogado.
Las réplicas a la acusación deberán continuar, al reiniciarse las sesiones este 19 de enero.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Otra vez los fantasmas

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Las declaraciones del húngaro-rumano Elöd Tóásó ante el tribunal del Juicio del Siglo el pasado viernes han traído un elemento inesperado que desafía el escenario de la tesis del gobierno desde que estalló el episodio hace 52 meses: por lo menos una persona, el irlandés Michael Dwyer, no murió en el Hotel Las Américas. Fue ejecutado en el aeropuerto en un área de aviones militares mientras él era subido a uno de ellos, dijo el acusado y uno de los dos sobrevivientes del episodio cuyas secuelas son para Santa Cruz todavía una pesadilla.

El acusado, que en Santa Cruz habló por primera vez en medio de las dificultades ocasionadas por una traducción deficiente de sus palabras, ha alimentado de nuevo las sospechas de participación de extranjeros en la operación que liquidó al boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, al húngaro Arpad Magyarosi y a Dwyer.

Las sospechas las levantó inicialmente Mario Tádic Astorga, el otro sobreviviente, cuando en marzo escribió en la internet que en la tarde anterior a la madrugada del 16 de abril había bajado a la recepción del hotel para comprar cigarrillos. No encontró Marlboro entre las vendedoras de la calzada y acabó comprando Camel. Tádic también escribió que fumaba en la recepción cuando vio que ingresaban militares de Venezuela, al parecer tripulantes de un avión de ese país. La cajetilla de Camel era visible sobre una de las mesas del área. “Nadie más pasó por el lugar” y él volvió a su habitación. En la madrugada, cuando ya estaba rendido a la unidad que había ingresado a hotel, hincado y contra la pared del pasillo, enmanillado y la cabeza envuelta con una sábana, una de las personas que entró a la habitación le dijo a otra: “Éste es el que fuma Camel”.

La afirmación sobre el aeropuerto y la versión de supuestos extranjeros deberían ser investigadas a fondo.  No se conoce una explicación que elimine las dudas sobre los protagonistas del episodio. Tádic sostiene que no eran sólo bolivianos los soldados que tomaron el hotel, pues, según escribió, utilizaban formas de expresión que no son corrientes en Bolivia. Sospechas similares también han acompañado otros incidentes, como el de Porvenir (2008) y el de Chaparina (2011).

Dwyer estaba con vida, aseguró Tóásó, porque pudo reconocerlo cuando estaba arrodillado, a su derecha, calzoncillos rojos y un tatuaje característico que le cubría parte del brazo. Si estaba en esas condiciones, gana fuerza la declaración que ofreció la forense oficial del estado de Irlanda, Marie Cassidy, en su informe sobre la necropsia del cadáver de Dwyer. Su compatriota, dijo, fue ejecutado con un solo disparo que le reventó el corazón. El porqué de las discrepancias entre el informe de la máxima autoridad forense de Irlanda y el de los médicos bolivianos no ha tenido respuesta.

Tádic dijo que tras el ataque repentino al hotel y el ingreso de la tropa policial escuchó quejidos. “Los muertos no se quejan”, dijo.

Tóásó trajo un nuevo elemento que entra en juego: una de las primeras personas en interrogarlo fue Juan Carlos Nuñez del Prado, por entonces funcionario del Ministerio de Gobierno, quien ha negado esa alegada participación pero no ha sido convocado para testimoniar ante el tribunal. El acusado dijo que lo había reconocido por la voz registrada en el –tampoco aclarado- video-soborno revelado a principios de 2011. En esa filmación, una persona le entrega a Ignacio Villa Vargas fajos de dólares (más de $30.000, según ese video). Villa Vargas, mejor conocido como “El Viejo”, dijo que ese dinero (ignora el total) sólo apareció para la filmación del video, al que le ha atribuido un propósito de desinformar para restarle credibilidad a partir del momento en que dejó de ser “testigo clave” del ex Fiscal Soza para convertirse en acusado y en uno de los enjuiciados.

Sólo una investigación creíble podrá despejar las dudas sobre lo que realmente ocurrió y que apuntaló la tesis del gobierno de que en Santa Cruz se conspiraba para asesinar al presidente Morales, desatar acciones terroristas que iban a iniciarse con un atentado en la residencia del Cardenal Terrazas y otros extrañamente anticipados en un memorial presentado por el Ministerio Público antes de que ocurriese cualquier incidente que provocase una investigación.

Juicio del Siglo: Recomienza el suspenso

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En medio de la marea levantada alrededor del ex fiscal Marcelo Soza por las aseveraciones de que él fue recipiente de sobornos y partícipe de extorsiones a algunos de  los acusados, para este lunes está prevista la reiniciación de las audiencias del juicio del siglo, suspendidas hace un mes en virtud de la vacación judicial.  Fueron  suspendidas a fines de junio cuando acababa la primera fase de la defensa de Elöd Tóásó, el húngaro sobreviviente del ataque policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz.

Una novedad inmediata que podrá traer la reiniciación de las sesiones: Siquiera un nuevo traductor para el húngaro, quien se siente inseguro –al  igual que  la defensa y la acusación- de la calidad de la traducción que realiza la persona a cargo de ese trabajo. En la sesión final de la serie a fines de junio fueron notorios los vacios e imperfecciones de la traducción. El asunto tiene algunas espinas que hoy podrían ser removidas.

El juez Sixto Fernández pidió a la defensa conseguir un traductor adicional, pero no está claro si el Estado sufragará los gastos de una efectiva labor de traducción técnica, tan perfecta como posible. El detenido dijo que el ahora ex fiscal Soza le había asegurado que sería él, el propio Tóásó quien tendría que hacerlo (no es lo que indica la legislación ni lo que prescriben las convenciones que defienden los derechos humanos).

El telón de fondo de la nueva serie de sesiones son las incriminaciones que ahora pesan sobre Soza. El ex prefecto de Santa Cruz Svonko Matkovic ha dicho con detalles (18 de julio) que pagó una voluminosa extorsión para que el fiscal liberase a su hijo, preso en La Paz. De acuerdo a la denuncia de la ex autoridad departamental, entre Soza y sus emisarios le pidieron 200.000 dólares. Pagó $US50.000 en un sobre que dejó a una persona que ahora está presa en Palmasola. Un emisario le pidió después la segunda suma. Con estas acusaciones, agregadas a la patética condición de Tóásó que no ha podido establecer una comunicación confiable con el tribunal, todo el proceso está sobre una cuerda floja. La serie que empieza este lunes es, como las demás, de suspenso.

Surrealismo y traducción

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El Juicio del Siglo ofreció, en sus más recientes sesiones, elementos surrealistas que han atizado la atención de quienes lo siguen. En él se exhibe la calidad de la justicia boliviana y de sus jueces, jurados, fiscales y abogados de la defensa. Pocas veces la acusación ha tenido que empeñarse tanto así como raras veces un proceso ha reunido a tantos penalistas, ni la defensa ha esgrimido tanto su capacidad argumental para convencer al jurado de que el juicio carece de fundamentación sólida y que, en algún momento, los actuales jurados o instancias superiores a las que se llegue podrán a ver la verdad de lo que ocurrió en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009.

Las dos últimas sesiones renovaron la sensación de que puede haber algo desagradable aún por ser descubierto detrás de las acusaciones de que en Santa Cruz había un plan para descuartizar Bolivia, asesinar a su presidente y otras autoridades y sembrar terrorismo.

La tesis del gobierno fue jaqueada el 19 y 20 de junio por el testimonio de uno de los sobrevivientes, el húngaro rumano Elöd Tóásó. El eje de la tesis gubernamental es que el grupo instalado en el Hotel Las Américas, supuestamente atacó la residencia del Cardenal Terrazas y un día después, en la madrugada del 16 de abril de 2009, disparó al cuerpo policial UTARC venido desde La Paz. Y éste reaccionó acribillando a tiros a tres.

Fue la primera vez que Tóásó se dirigió al tribunal en la fase que se lleva a cabo en Santa Cruz desde febrero pasado.

El acusado (33 años), que en la prisión conoció a una joven boliviana con la que acabó casándose, dijo que no podían ni él ni sus compañeros haber disparado sobre la veintena de hombres armados desde el cuarto piso del hotel, con habitaciones con una terraza desde la que la puerta principal de ingreso no se ve.

“No se puede disparar a quien no se ve. Es una mentira”, dijo al afirmar que no hubo ataque del quinteto alojado en el hotel sobre los hombres de la UTARC. Aún más, afirmó: No se puede disparar sobre blancos que habrían estado en la puerta de acceso que desde las habitaciones tampoco se ve y que, de todos modos, debía estar asegurada con cadenas, como les dijeron cuando se alojaron. Hay que imaginar que los administradores del hotel podrán  corroborar esta afirmación.

Reiteró que el grupo dormía y estaba en paños menores, una condición inapropiada para lanzar un ataque sorpresa sobre un grupo policial entrenado para operaciones especiales.  Del lado gubernamental, no ha habido explicación para esta rareza.

Los fiscales del gobierno, encabezados por el jurista Sergio Céspedes, ahora piedra angular de la acusación tras la salida de Marcelo Soza, tendrán la pelota de su lado cuando les toque interrogar al acusado al acabar su presentación, a partir del reinicio de la audiencia el 29 de julio. Fue interrumpida el jueves 20 por la vacación judicial y cuando se reinicie habrán pasado 52 meses y 15 días desde que Tóásó y el boliviano croata Mario Tádic están presos.  Se espera que la acusación descubra las pruebas que incriminarían a los acusados de una manera que elimine todas las dudas sobre el caso.

El húngaro-rumano dijo que sospechaba que hubo sobrevivientes. Cuando menos uno, y que a Magyarosi la policía lo dejó morir. ¿“Por qué?”, preguntó. ¿Por qué utilizaron fuerza policiales y no judiciales?”

El húngaro destacó un punto que refrescó la memoria reciente de la audiencia: una grabación en la que una voz, supuestamente del fiscal Soza, destaca que el cuerpo policial ingresó a las habitaciones y,  “pum, pum, pum”,  ejecutó a Dwyer y Magyarosi.  “Es verdad”, dijo. Y agregó: “Sembraron pruebas” para que la versión oficial pudiera sostenerse, dijo, volviendo a citar al audio atribuido a Soza.

La fase surrealista de las últimas sesiones se afianzó cuando mencionó un detalle: durante todo el proceso, nunca tuvo una traducción profesional de sus palabras, inclusive las que en ese momento  dirigía a los magistrados. Para la declaración del 18 de abril ante el fiscal Soza, dos días después de su detención en el hotel,  que aparece en el expediente,  no había nadie que hablase húngaro, ni siquiera inglés que el acusado más o menos entiende y habla. Hizo notar la irregularidad en La Paz a la jueza Betty Yañiquez que un tiempo atendió el caso, pero ésta no le prestó atención. Luego, en una ocasión fue asistido por un cónsul honorario de Hungría en Bolivia, pero el representante no era húngaro y carecía del conocimiento suficiente para diferenciar las sutilezas de toda lengua. Eso lo sabe quienquiera que domina una o más lenguas extranjeras.

Las deficiencias de la traducción fueron percibidas en las últimas dos sesiones y los defensores las hicieron notar ante el juez. El traductor estudió ingeniería mecánica en Hungría hace más de dos décadas y reconoció que tiene dificultades en interpretar al acusado quien, a su vez, dijo que para que su palabra llegue al tribunal debía hablar como hablaría un niño de 10 años. El juez Sixto Fernández pidió a la defensa que trajese un traductor adicional para apoyar al actual.

En un intermedio, Tóásó me dijo que desconfiaba de de la calidad de su traductor, pero que las autoridades no aceptaron pagar un traductor profesional.

Medios, jueces y jurados

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El problema para una justicia creíble y la difusión de informaciones de la propaganda del Estado a través de los medios, ha sido patente en el Juicio del Siglo y estos días ha causado incertidumbre. Hay temor de que los jurados no tengan protección suficiente para formar libremente sus opiniones durante un juicio. En los casos controvertidos como el que está en debate, la imparcialidad parece depender de la frecuencia y fuerza persuasiva de lo que los jurados ven, leen o escuchan. ¿Ud. juraría que en nuestro medio y en este juicio los jurados pueden tener opiniones genuinamente imparciales?
En teoría, todas las partes deben confiar en la honestidad de los jueces y jurados, y en que serán capaces de resistir influencias indebidas en el caso que tratan. Es difícil creer que esa confianza sea plena en este Juicio del Siglo y probablemente en muchos otros.
En Bolivia, a diferencia de otros países, los jurados no son recluidos para evitar influencias sobre sus opiniones antes de la emisión de un veredicto. El sistema es distinto y abordar el tema expresa la preocupación sobre si esa diferencia reduce las garantías para un juicio en el que debe primar sólo el mejor saber y entender de los jurados adquirido durante el proceso. Esta desprotección puede poner en entredicho la imparcialidad de los jurados y la seguridad de todos los involucrados. Especialmente cuando la tarea de los jurados ocurre en un ambiente con gran flujo de informaciones, opiniones y tendencias que los jurados no pueden evadir.
El problema es mayor cuando una de las partes es el Estado. Con predominio sobre los medios, en Bolivia el Estado se expresa en radios, estaciones de TV y periódicos impresos.
Imagine Ud. las influencias que apuntan al pensamiento de los jueces y jurados cuando un proceso se extiende por semanas, meses y años. Contabilizados, cuando Ud. lea este artículo habrán transcurrido más de cuatro años y siete semanas desde que comenzó el caso, con la irrupción policial al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas, seguida de persecuciones y encarcelamientos.

Que se tenga memoria, es uno de los juicios colectivos más numerosos y el que más interés ha concitado en el país. El juicio militar colectivo más famoso del siglo pasado, el de Nuremberg (40 millones de muertos sólo en Europa, holocausto de los judíos, destrucción y sufrimiento, desplazamientos y pérdidas incalculables), puso en el banquillo a 23 personas de Alemania nazi. Duró 11 meses, de noviembre de 1945 a octubre de 1946. En el caso boliviano, los acusados son 39 y el juicio pronto superará 50 meses.
“La idea de que el tribunal sea imparcial es el aislamiento. Eso aquí no sucede, tanto porque los jueces leen periódicos, escuchan y miran la TV”, me dijo un abogado. “Todo esto sucede porque el procedimiento penal es un engendro del proceso español y el americano. Es escrito y oral”. Cuando se adoptó este procedimiento, “el objetivo fue hacer los procesos más rápidos. Creo que no lo han conseguido. Peor aún si el proceso es político, con formalidades jurídicas”. (Es difícil imaginar jurados que pasen cuatro años de su vida recluidos en aras de una opinión independiente). Otro abogado, parte de la defensa, me dijo que “siempre ha sido así” y que nunca se había planteado la posibilidad de modificar el sistema.
Los penalistas podrán explicar mejor el problema, pero la cuestión se volvió patente cuando se discutía si la defensa podía hacer uso del Power Point para su presentación. En el debate, la acusación dijo que la presentación visual en esta fase del proceso podía ser una interferencia indebida sobre los cinco jurados (dos jueces técnicos, dos juezas ciudadanas y el presidente del tribunal, el juez Fernández). Los defensores reaccionaron: ¿No son interferencia los avisos impresos y las emisiones de la TV pública que emitía periódicamente un programa sobre terrorismo en el que los acusados aparecían como parte de un plan terrorista? A eso siguió un pedido para que el juez haga que la TV pública cese esas emisiones. Y el juez alegó que no podía hacerlo así como tampoco vetar la publicidad impresa en forma de folletos y avisos. Quedó flotando el temor angustioso de que jurados y juez, con tanta parafernalia informativa diversa que no pueden evitar, no están totalmente inmunes a lo que llega ante los ojos. Menos aún si llega del gobierno.
La semana que empieza puede ser crítica, pues toca defenderse al húngaro-rumano Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la operación del 16 de abril. La anterior audiencia, interrumpida por un nuevo receso de 10 días que acaba este lunes, fue dominada por la defensa del otro sobreviviente, el boliviano-croata Mario Francisco Tádic. La acusación objetó preguntas de la defensa que buscaban indagar si Tádic, no siendo de Santa Cruz, había conocido al general (r) Gary Prado Salmón, supuestamente el comandante de la conspiración que, en la teoría oficial y desde la silla de ruedas en la que está postrado, buscaba dividir a Bolivia, y suscitó la interrogante de si un grupo en todo sentido abigarrado como el juzgado sería capaz de derrotar al ejército boliviano.
Por el interés natural que este proceso debe concitar, es extraño que en las audiencias no sea perceptible la presencia de otros juristas, catedráticos y alumnos de facultades de derecho. Un hecho así enseña didácticamente y no ocurre todos los días.

27-0

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Puede ser también 90-0. Vamos a un ejemplo. Un campeonato de fútbol llega a la final y la pantalla muestra aquel resultado. Ud. dirá: Un momento. ¿Cómo puede ser que el equipo derrotado, que tiene un conjunto de estrellas,  no hubiera anotado un solo gol?

Así fue la jornada de este miércoles al concluir la lectura de los incidentes y excepciones del “Juicio del Siglo”, que individualmente sumaron unos 90, pero que agrupados en temas, llegaron a 27. El juez Sixto Fernández leyó la resolución del tribunal que preside y declaró inválidos todos los casos.  Ya habían sido resueltos, carecían de sustentación o el término de presentación había expirado.

Los abogados defensores están entre los mejores del país y es difícil creer que hubiesen sido incapaces de acertar un solo punto.  ¿“Será que somos tan tontos y ellos sean tan brillantes”?, me dijo uno de los abogados.

No son evidencia muchas de las fotos recopiladas durante la  investigación, inclusive aquella en la que un capitán de la policía aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de una alegada conspiración secesionista. Murió acribillado a balazos en la madrugada del 16 de abril de 2009.  El juez también consideró “subsanable” la falta de páginas en el expediente, anomalía denunciada por la abogada Verónica Suárez a poco de abrirse las  audiencias en Santa Cruz, en febrero. “Es una falta relativa, y por tanto subsanable”, dijo el juez.

En el inventario de las pruebas leídas el martes, no apareció la  pistola ametralladora,  “mugrienta y sin cacerinas”, que el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno dijo que había vendido a Rózsa para la supuesta operación secesionista. “Ni mencionaron la pistola ni me mencionaron a mí”, dijo Guedes, extrañado que ese dato no hubiese sido notado por los jurados.

Pese a la derrota, los propios acusados dieron algunos testimonios.

Elöd Tóásó, el joven rumano-magiar sobreviviente de la incursión policial al hotel Las Américas junto al boliviano-croata Mario Francisco Tádic, habló ante los jurados tras ser presentado por su abogado Alberto Morales. Habló en húngaro y un traductor llevó sus palabras en castellano al sorprendido tribunal.  Las primeras palabras del joven profesor de informática fueron como rayo en cielo limpio: no había tenido traductor y los fiscales no son precisos cuando dicen que un embajador y un cónsul húngaro tradujeron sus palabras en sus declaraciones tras ser detenido. Un cónsul o un embajador no realizan ese oficio y si lo hacen no son validados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues  esa función es de especialistas, subrayó. Otras declaraciones fueron “traducidas” desde el inglés, que en Tóásó no es fluido (se desconoce la calidad del inglés del traductor que, por lo que se sabe, era boliviano).

El abogado Abel Montaño pidió que el juez precisase cómo había sido aprobada la resolución de rechazo a las observaciones de la defensa: si hubo unanimidad o si hubo disidencias.

Su colega José Hoffman, de la defensa del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo, recordó:  la policía, en horas de la madrugada, allanó sin orden judicial un domicilio privado, el Hotel Las Américas, apagó los registros electrónicos “para que no se vea lo que iba  a ocurrir”, en un acto que constituye  falla absoluta en el proceso pero al que el juez no había hecho mención, dijo.

El abogado Gianni Prado, de Tádic, dijo a los jurados que el proceso ingresaba a un terreno de indefensión absoluta, para de inmediato pedirles que escuchasen a su defendido.

Integrante del grupo de Rózsa, Tádic también tocó nervios vivos: los abogados del gobierno (ahora presos, sospechosos de extorsión) recibieron un poder el 12 de marzo de 2009, lo presentaron casi tres semanas después y lo activaron el 14 de abril, horas antes de la explosión en el portón e la residencia del cardenal Julio Terrazas y sólo un día antes del episodio del Hotel Las Américas, cuando decidieron investigar supuestos delitos que no habían ocurrido.

Atacó un punto central del caso: la policía intervino, tomó el hotel y disparó a matar sobre Rósza, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi dentro de una operación que por lo menos fue planificada en sus principales detalles. Al haber obedecido a un plan,  (la policía llegó a Santa Cruz horas antes del episodio), no hubo flagrancia. Además, subrayó, el propio gobierno ha dicho que  sabía del rupo hacía semanas.  Recordó que el presidente Morales había dicho en Venezuela que, antes de viajar, había dejado órdenes para actuar contra el grupo.

“Entonces, no hubo flagrancia” (de parte del grupo de Rózsa), dijo. Eso dinamitaría un elemento esencial de la tesis del gobierno. La idea de una ejecución ha sido reiteradamente rechazada por los fiscales. El ex cabeza del caso, el fiscal Marcelo Soza, sostiene que el grupo, casi completamente desnudo, atacó “de manera injusta” al contingente policial, que se vio obligado a disparar.

El  coronel Zoilo Salces Sepúlveda también se dirigió al jurado: “Por favor, valoren lo que les voy a decir”, pidió.  Dijo que se había presentado voluntariamente a declarar en La Paz, sólo para ser detenido y enviado a El Alto, a Oruro y traído de vuelta a La Paz. El coronel retirado no sabe exactamente por qué lleva casi cuatro años preso. Ha presentado sus pruebas de descargo pero no ha conseguido una respuesta adecuada, dijo. “ “Si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”.

Otra torta de bodas en San Pedro

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Podría hasta decirse que la cárcel de San Pedro está ganando prestigio como centro matrimonial y que el llamado “caso terrorismo” está generando trabajo extraordinarios a los fabricantes de tortas de bodas. Hace unas semanas el país se enteró que la hija del fallecido dirigente movimientista Guillermo Fortún, Maria Elena Fortún, había contraído matrimonio con el rumano Elod Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la operación militar/policial del 16 de abril de 2009 sobre el Hotel Las Américas. Los enamorados superaron las barreras de la lengua tras encontrar en el inglés un lengua que les podía servirle de puente en grado suficiente para comunicar sentimientos. Acabo de saber que el jueves 30 pasado se dieron el “sí” el cruceño Juan Alberto Kudelka y la espigada activista cívica Kathy Rabczuc Bru. Diseñadora de profesión, Rabczuc fue una de las pocas voces que abogó sin desmayo a favor de Kudelka, el ex mano derecha del ex dirigente cívico Branko Marincovick. Creó una página web para apoyar a quien ahora es su esposo (http://justiciaparakudelka.blogspot.com/) y se mantuvo activa promoviendo la causa de la libertad de del detenido, como su admiradora, primero, novia, después; y ahora esposa. Ella fue fundamental para que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe abogase públicamente por el detenido.
Los recién casados se conocieron durante los tiempos de las luchas cívicas cruceñas de 2006 y 2007 y comenzaron a enamorar hace dos años cuando Kudelka ya estaba preso.
Las dos parejas jugaron Monopolio hasta la madrugada del domingo. Se ignora quién del cuarteto acumuló la mayor cantidad de propiedades, casas y hoteles para acabar venciendo el juego, que suele durar horas.