Mes: febrero 2014

Cambio para que nada cambie

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Por JOSE GRAMUNT DE MORAGAS, S.J.
El señor Presidente tiene muy desarrollado el don de sorprender. Hace dos semanas se despachó con esta lamentación: “en vano hemos incorporado ponchos y polleras en la justicia; no cambió nada”.¿A quién aludía don Evo? Probablemente a la presidenta del Consejo de la Magistratura, señora Cristina Mamani, quien responde a los rasgos más representativos de la mujer paceña: rostro mestizo, apellido aymara, manta, pollera, vistosos aretes y Borsalino. ¿Qué cambio desea el señor Presidente? ¿Que para asistir a las audiencias de algún juzgado, la doctora Mamani tenga que cambiar su apellido por el de Martini y ponerse “de vestido”, en lugar de seguir luciendo la airosa pollera?¿O que el magistrado indígena Gualberto Cusi, el que viste un hermoso poncho rojo y confiesa sin rubor que sus fallos judiciales los consulta con la hoja de coca, sobre todo los más complicados y difíciles, tenga que abandonar el poncho y vestirse con una toga doctoral? ¿Qué le pasa al señor Presidente? ¿Ha sucumbido en las aguas de la discriminación que tanto combatió en el próximo pasado?

Habrá que deplorar que el cambio impuesto al Órgano Judicial el año 2011, al introducir el voto popular para elegir a los fiscales y jueces, no fue un cambio para mejorar la institución, sino para empeorarla. En efecto, los operadores de la justicia fueron convertidos en instrumentos dóciles al Poder Ejecutivo omnipotente.

Ahora resulta que el mismo señor Presidente, que aprobó aquel sistema de elección, demanda otro cambio. Enhorabuena si el cambio es para mejor.

Aunque mucho me temo que se cumpla la famosa sentencia pronunciada por el príncipe Frabricio di Lampedusa en la novela El Gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. (Si no recuerdo mal, Burt Lancaster y Sofía Loren eran los principales intérpretes de la película El Gatopardo).

Otra sorpresa: al día siguiente de haber requerido el mencionado cambio en la justicia, el señor Presidente anunció la realización de una cumbre de pueblo-Estado (sic) en la que participen organizaciones sociales, entes colegiados y autoridades del país, con el objetivo de analizar y buscar soluciones estructurales para mejorar la justicia en Bolivia, dijo el señor Presidente.

Se sobreentiende que las entidades convocadas serán las obedientes al Gobierno. No obstante, y a pesar de haber propuesto una nueva denominación del Estado nacional, don Evo se hizo el modesto. Reconoció hidalgamente que: “no sé si hay que hablar de cumbre del pueblo, del pueblo-Estado”. Y si no lo sabe, ¿por qué anuncia la gran convocatoria? ¿Otro cambio para que nada cambie? ¿El Estado Plurinacional de Bolivia cambiará de nombre para llamarse Estado-pueblo de Bolivia? Éste sería el tercer bautizo de lo que conocimos como República de Bolivia.

Era pues de esperar que la definición de pueblo-Estado dejara perplejos a los politólogos más destacados. ¿O será otro cambio de la noción de Estado para que nada cambie? “Gatopardismo” químicamente puro.

No hay que extrañarse: don Evo siempre ha explotado la gran capacidad de sorprender. Cuando se le ocurre una idea supuestamente luminosa, le mete nomás. El “Estado-pueblo” sustituirá al Estado Plurinacional.

Las masas fieles al Gobierno ya se encargarán de explicar en qué consiste la nueva creatura presidencial, sin necesidad de pedir auxilio a los bufetes de ilustres abogados.

José Gramunt de Moragas S.J. es periodista.

Cambio para que nada cambie El señor Presidente tiene muy desarrollado el don de sorprender.  Hace dos semanas se  despachó con esta lamentación: "en vano hemos incorporado ponchos y polleras en la justicia; no cambió  nada”.   ¿A quién aludía don Evo?  Probablemente a la presidenta del Consejo de la Magistratura, señora Cristina Mamani, quien responde a los rasgos más representativos de la mujer paceña: rostro mestizo, apellido aymara, manta, pollera, vistosos aretes y Borsalino.  ¿Qué cambio desea el señor Presidente? ¿Que para asistir a las audiencias de algún juzgado, la doctora Mamani tenga que cambiar su apellido   por el de Martini y ponerse "de vestido”, en lugar de seguir luciendo la airosa pollera?  ¿O que el magistrado indígena Gualberto Cusi, el que viste un hermoso poncho rojo y confiesa sin rubor que sus fallos judiciales los consulta con la hoja de coca, sobre todo los más complicados y difíciles, tenga que abandonar el poncho y vestirse con una toga doctoral?  ¿Qué le pasa al señor Presidente?  ¿Ha sucumbido en las aguas de la discriminación que tanto combatió en el próximo pasado?    Habrá que deplorar que el cambio impuesto al Órgano Judicial el año 2011, al introducir el voto popular para elegir a los fiscales y  jueces, no fue un cambio para mejorar la institución, sino para empeorarla.  En efecto, los operadores de la justicia fueron convertidos en instrumentos dóciles al Poder Ejecutivo omnipotente.   Ahora resulta que el mismo señor Presidente, que aprobó aquel sistema de elección, demanda otro cambio.  Enhorabuena si el cambio es para mejor.   Aunque mucho me temo que se cumpla la famosa sentencia pronunciada por el príncipe Frabricio di Lampedusa en la  novela El Gatopardo: "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. (Si no recuerdo mal, Burt Lancaster y Sofía Loren eran los principales intérpretes de la película El Gatopardo).  Otra sorpresa: al día siguiente de haber requerido el mencionado cambio en la justicia, el señor Presidente anunció la realización de una cumbre de pueblo-Estado (sic) en la que participen organizaciones sociales, entes colegiados y autoridades del país, con el objetivo de analizar y buscar soluciones estructurales para mejorar la justicia en Bolivia, dijo el señor Presidente.    Se sobreentiende que las entidades convocadas serán las obedientes al Gobierno.  No obstante, y a pesar de haber propuesto una nueva denominación del Estado nacional,  don Evo se hizo el modesto.  Reconoció hidalgamente que: "no sé si hay que hablar de cumbre del pueblo, del pueblo-Estado”.  Y si no lo sabe, ¿por qué anuncia la gran convocatoria?  ¿Otro cambio para que nada cambie?  ¿El Estado Plurinacional de Bolivia cambiará de nombre para llamarse Estado-pueblo de Bolivia?  Éste sería el tercer bautizo de lo que conocimos como República de Bolivia.  Era pues de esperar que la definición de pueblo-Estado dejara perplejos a los politólogos más destacados. ¿O será otro cambio de la noción de Estado para que nada cambie?  "Gatopardismo” químicamente puro.  No hay que extrañarse: don Evo siempre ha explotado la gran capacidad de sorprender. Cuando se le ocurre una idea supuestamente luminosa, le mete nomás.  El "Estado-pueblo” sustituirá al Estado Plurinacional.   Las masas fieles al Gobierno ya se encargarán de explicar en qué consiste la nueva creatura presidencial, sin necesidad de pedir  auxilio a los bufetes de ilustres abogados.  José Gramunt de Moragas S.J. es periodista.

¿Sin salida?

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Viernes 21 de febrero. La entrega voluntaria y encarcelamiento del líder opositor más visible,  la muerte de al menos ocho personas en un conteo que parece sólo empezar, la persistencia de la protesta en las calles de las ciudades mayores, el continuo desabastecimiento y una normalidad que luce lejana y nebulosa han asentado la convicción de que en Venezuela quedan pocas opciones para una salida sin graves convulsiones.

En todas partes crece la sensación de que el experimento político latinoamericano más duradero de los últimos  años está en riesgo de venirse abajo. Su suerte, dicen algunos, puede depender de la capacidad de las fuerzas armadas (Guardia Nacional y la policía) de reprimir los disturbios y asimilar el costo institucional de las bajas.

La entrega de Leopoldo López, cabeza del movimiento Voluntad Popular que el presidente Nicolás Maduro presentó como una carta de triunfo, se ha convertido en brasa que quema las manos del régimen instaurado por el comandante Hugo Chávez tras ganar el voto popular en las elecciones presidenciales de 1998. Sin percibirlo, el “chavismo” ha logrado concitar la atención mundial sobre lo que ocurre en su país y ha catapultado a López como el prisionero más famoso y pieza indispensable en el desenlace del juego en curso.

La atmósfera de violencia bajo la que vive el vecino país se acentuó el miércoles con la muerte de la joven Génesis Carmona, víctima de un balazo en la cabeza cuando participaba de una protesta en la ciudad de Valencia. Estudiante universitaria, Carmona había sido “Miss Turismo 2013” y su muerte fue un recordatorio de que estos días la violencia no es selectiva y llega inclusive a un segmento exclusivo  del cual los venezolanos  están particularmente orgullosos: la belleza y fama de la que gozan las mujeres de su país. Han tenido seis (un récord) Miss Universo en cinco décadas, inclusive el título del certamen más reciente. El 6 de enero pasado, una banda de asaltantes   mató a balazos a la ex Miss Venezuela, Mónica Spears, y a su esposo Thomas Henry Barry cuando, sobre una carretera, aguardaban por auxilio mecánico.

El presidente Maduro responsabiliza a una difusa “derecha fascista” de querer derrumbar a su régimen, pero su retórica, apenas una imitación de la que utilizaba su mentor, el fallecido comandante Chávez, parece ya no convencer. La acusación tampoco parece percibir que en esa categoría indefinida ingresarían los cientos de miles que han participado en las protestas de estos días, con lo cual el gobierno tendría al frente a una oposición movilizada gigantesca. La acusación, dicen los críticos de Maduro, también ignora los problemas diarios en los que se debaten sus compatriotas, especialmente los jóvenes en las calles que sienten que sufren la inseguridad y todas las dificultades de una economía en terapia intensiva mientras que, al carecer de oportunidades, concluyen que el futuro en su país es demasiado estrecho. Muchos preferirían emigrar.

Previsiblemente, al lado del gobierno se han colocado los aliados de Venezuela  alineados en ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), pero la magnitud de la crisis oscurece el significado práctico que ese apoyo pudiera tener.

Entre los manifestantes se han visto estos días letreros que decían “Cubanos, fuera”.  Eso no es anecdótico. Refleja un sentimiento que podría volverse más patente a medida que la crisis tome un cuerpo mayor. Venezuela es para Cuba un aliado fundamental.  De allí recibe petróleo  en condiciones preferenciales,  lo que le permite mantener a miles de profesionales cubanos que prestan servicio fuera de la isla bajo convenios de cooperación. Pese a que la paga que reciben es sólo una porción de lo que cobra el estado cubano, esos profesionales pueden ayudar a sus parientes en Cuba. Además, muchos informes aseguran que en Venezuela hay un número grande de militares cubanos incorporados en servicios de seguridad. ¿Se quedará La Habana de brazos cruzados dejando que se vaya un aliado tan importante? Esta sola pregunta alimenta el temor de que un desenlace de la crisis venezolana pueda tener efectos mucho más allá de sus fronteras.

Se fue el Caballo Viejo

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Sus tonadas fueron una oración nostálgica a la vida de los llanos y la cumbre de sus composiciones derivó en un himno nacional paralelo de Venezuela. Simón Díaz (1928-2014) se desbocó de la vida este  miércoles como el “Caballo Viejo” de la canción con la que marcó su nombre en la historia de las tonadas del continente. Al anunciar la muerte del cantautor, su hija Bettsimar Díaz dijo que su padre se había ido “tranquilito” mientras dormía.

Nacido el 8 de agosto de 1928, Díaz exhibió su genio y fina calidad lírica en la composición, que habla del amor que renace sin que uno se dé cuenta en el otoño de  la vida; es una de las más conocidas de la cultura musical de la región. El mismo  Díaz afirmó que ‘Caballo Viejo” tenía 300 distintas interpretaciones en una docena de lenguas. De hecho, no hay rincón hispano-parlante donde las orquestas y cantantes no la interpreten, a veces con el tono romántico y rítmico adecuado al momento de alguna fiesta o con la  evocación de la vida en los parajes tranquilos del inmenso trópico venezolano donde “el guamaquito florece” con el verdor renacido en un amor otoñal.

La tonada que repica que “al caballo le dan sabana porque está viejo y cansa” es tan popular que se la considera como un tercer himno nacional, al  lado del “Gloria al Bravo Pueblo”, y de “Alma Llanera”.  Salvo esta última,  ninguna otra canción venezolana ha alcanzado la difusión de “Caballo Viejo”. Ha estado en los repertorios de Julio Iglesias, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat, entre otros íconos de la canción popular. Iglesias, reveló Díaz en una entrevista, escribió en una carta a Sony, la casa de grabación, que la tonada era una de las más bellas que había cantado pero que cantársela a un hombre era difícil y que la genialidad de Díaz también consistió en cantársela a un caballo.

Jornada tensa

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La jornada de este martes en Venezuela se perfila como una de aquellas que hacen temblar. En pocas horas más deberá empezar a marchar hacia la sede del Ministerio del Interior en Caracas, Leopoldo López, el nuevo líder emergente que ha catalizado la atención en  un momento que luce decisivo para la historia del vecino país.

Con un título de economía en una universidad de Ohio y  una maestría en Harvard, su hoja de vida política impresiona.  Encabeza Voluntad Popular, un partido que fundó derivado de otro, Primero Justicia, bajo cuyas banderas llegó al municipio de Chacao (2000-2008), uno de los más grandes de Caracas. Su carrera fue interrumpida cuando, acusado de financiar su partido irregularmente, fue inhabilitado para concurrir  a cargos públicos por tres años hasta 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón y declaró que el gobierno venezolano  había violado su derecho a ser elegido. Cumplirá 43 años el 29 de abril.

López proyecta entregarse a las autoridades que ordenaron su detención el miércoles, tras los enfrentamientos del miércoles que dejaron a su paso tres muertos, decenas de heridos y más de cien detenidos.

Lo que ha ocurrido sigue a una estela de dificultades en las que se encuentra Venezuela y que Nicolás Maduro ni su partido, el socialista Unificado de Venezuela, han sido capaces de paliar. La falta de recursos en un país con torrentes de ingresos ha puesto en evidencia las graves deficiencias administrativas del régimen “chavista”. Quince años en el gobierno debían haber sido suficientes para mostrar resultados. Pero lo que  la mayoría de los venezolanos se ve es escasez de mucho y abundancia represiva para quienes protestan por la inseguridad, la inflación y la incompetencia administrativa.

El grito de combate de Maduro, acusando a una “derecha fascista” que nadie personifica, no parece  eficaz. Se ha perdido en el vacío y no suplanta laspreocupaciones básicas que aquejan a los venezolanos.

A la marcha de López deberá sumarse enrique Capriles, el joven que el  año antepasado enfrentó a Hugo Chavez y obtuvo cerca de la mitad de los votantes. Muchos aseguran –sin poder demostrarlo- que medió un fraude gigante, que meses  más tarde se manifestaría a favor de Nicolás Maduro. Todo esto es casi historia que, sin embargo, en algún momento puede reaparecer en el escenario.

Este martes en la tarde, López se entregó y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea  Legislativa y en  los hechos un copresidente tanto o más poderoso que el titular Maduro, lo trasladó personalmente en un vehículo negro hasta el Ministerio del Interior y Justicia. Antes de entregarse, López dijo que si su entrega y apresamiento era el precio para que la sociedad venezolana despertase, habría cumplido su misión.

Visto desde  la distancia, los presos  parecían Maduro y Cabello, en medio de una espiral de violencia y de protestas contra el régimen que empezaban a llegar a los centros de mayor apoyo al oficialismo: las zonas del oeste de Caracas, donde se anidan muchos de los  ranchos de pobreza, expresadas en cacerolazos y pitazos.

El país, con todo el pesar que podía conllevar estar visión, parecía encaminado a un epílogo violento y dejaba de ser descabellado pensar en una salida “pinochetiana”…en escala venezolana.

La voz de Oscar Arias

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El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Ocar Arias escribió la siguiente reflexión en The Miami Herald, en su edición del viernes. La publico porque  Arias representa una voz que nadie podria tildar de comprometida sino con la democracia y los derechos humanos.

Una afrenta a la democracia

Quiero sumar mi voz a un coro de preocupación que recorre buena parte de nuestra América. Miles de estudiantes y opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela fueron brutalmente atacados con armas de fuego por los cuerpos de seguridad. Tres personas murieron y al menos 26 han resultado heridas al finalizar una serie de protestas en Caracas y otras ciudades venezolanas.En ningún país verdaderamente democrático uno va a prisión o es asesinado por pensar distinto o por querer manifestar su oposición a las políticas del gobierno. Venezuela puede hacer todos los esfuerzos de oratoria que desee para vender la idea de que es una verdadera democracia, pero con cada violación a los derechos humanos que comete niega en la práctica esa afirmación, porque reprime la crítica y la disidencia. Todo gobierno que respete los derechos humanos debe respetar el derecho de su pueblo a manifestarse pacíficamente. El uso de la violencia es inaceptable. Recordemos la advertencia de Gandhi: “ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.Siempre he luchado por la democracia y estoy convencido de que en una democracia, si uno no tiene oposición debe crearla, no reprimirla y condenarla a un infierno de persecución, que es lo que parece hacer el gobierno del Presidente Maduro. Venezuela debe respetar los derechos humanos, sobre todo los derechos de sus opositores, porque no tiene ningún mérito respetar sólo los derechos de sus partidarios.En algún momento de su vida dijo Martin Luther King Jr. que “…los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un período de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega el momento en que el silencio se convierte en traición”. Por ello estoy consciente de que al hacer estas afirmaciones me expongo a todo tipo de críticas de parte del Gobierno venezolano. Me acusarán de inmiscuirme en asuntos internos, de irrespetar su soberanía y, casi con certeza, de ser un lacayo del imperio. Sin duda, soy un lacayo del imperio: del imperio de la razón, de la cordura, de la compasión y de la libertad. No voy a callarme cuando se vulneran los derechos humanos. No voy a callarme cuando la sola existencia de un gobierno como el de Venezuela es una afrenta a la democracia. No voy a callarme cuando se pone en jaque la vida de seres humanos, por defender sus derechos ciudadanos. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad.

Oscar Arias Sánchez

¿Empieza la erupción?

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La escasez creciente de alimentos, la inflación, el crimen, la corrupción, la mediocridad en el manejo de los recursos del estado y, sobre todo, la sensación de que Venezuela está desbarrancándose han formado un polvorín que el miércoles mostró su gravedad con enfrentamientos violentos que han llevado la tensión en el vecino país a niveles extremos. Al escribir estas líneas (medianoche del jueves) Venezuela estaba rumbo a un desenlace cuya orientación final era todavía una incógnita mayúscula.

Un endurecimiento del gobierno de Nicolás Maduro no mejorará los términos de la ecuación planteada en ese país dividido en dos mitades.  Ambas son formidables y una salida por la fuerza no luce atractiva para nadie, aunque las opciones democráticas parezcan cada vez más débiles.

La chispa que llevó al fuego muy cerca del polvorín fue la protesta de estudiantes por las detenciones de colegas en ciudades occidentales. El gobierno, cercado por su inhabilidad para lidiar con momentos de apreturas económicas, acusó a dirigentes opositores de buscar su derrocamiento violento. Tres personas  murieron y  hay decenas de detenidos. ¿Es sólo una vuelta dentro de una espiral sin final previsible? Los problemas siguen siendo los mismos y nada hace pensar que la represión vaya a llenar los escaparates. La escasez afecta al 28% de los productos que ordinariamente consume el venezolano. Hace dos meses era el 22%.

Para Bolivia es fundamental seguir de cerca lo que ocurre en el país bolivariano. Nunca  los vínculos entre los dos países fueron tan fuertes. Venezuela es el pivote del ALBA, la alianza de naciones bajo una plataforma neosocialista que se contrapone al libre mercado y busca reanimar bajo matices y énfasis diferentes al marxismo leninismo que se hundió en Europa. (Cuba dejó de entusiasmar hace mucho y nadie habla de seguir su modelo.) De esa alianza es parte Bolivia, junto a un puñado de otras naciones. Económicamente, Venezuela  abrió sin reparos la billetera en los primeros años del gobierno del presidente Morales y la deuda hacia ese país no es insignificante. La embajada de Venezuela entregaba cheques a los beneficiarios de programas del gobierno (hay una  lista de obras inconclusas)  y Hugo Chávez apoyó sin reticencias (el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez también lo hizo) la demanda marítima boliviana.

Eran tiempos en los que la riqueza petrolera que el vecino aún recibe a torrentes, cubría todo, incluso las deficiencias de gestión. Esos tiempos acabaron.  Tensiones sociales y políticas con escasez de alimentos, inflación (la más alta del mundo), el apagón inaudito de los medios impresos ahora sin papel,  y otras miserias atizan el fuego que se aproxima al polvorín.

Nota al amanecer de este lunes:

Acabé de escribir la entrada anterior a la medianoche del jueves para su publicación en El Deber el lunes. Pero el viernes y en la madrugada del lunes era más denso y fluido  el clima de revuelta contra la carestía de la vida la inseguridad, y la falta de libertades. El sábado y domingo hubo grupos callejeros  en las principales ciudades venezolanas que protestaron contra nuevos apresamientos de estudiantes.  Empezaba a perfilarse una marcha contra el Ministerio del Interior convocada por Leopoldo López, un  nuevo líder en el firmamento venezolano, una medida atrevida pues de ese ministerio ha salido la orden para detener a Leopoldo López. “Doy a cara”, dijo el  joven dirigente, cuya actitud eleva en unos grados la temperatura política.

La marcha está prevista para el martes 18, coincidentemente el aniversario de la quiebra venezolana de 1983 que acabó con el tipo de cambio que había permanecido intocado durante lustros. Maduro acusaba a una difusa “derecha fascista” de conspirar para derrocarlo. Acusaba al ex presidente colombiano Álvaro Uribe estar a la cabeza de esa supuesta conspiración. Parecía  evidente que al apuntar a Uribe, trataba forjar un “enemigo externo”.  Entrevistado  por CNN, el líder colombiano dijo que había recolectado un millón de firmas de colombianos solidarios con Venezuela y contra “la dictadura castro-chavista” instalada, dijo,  en el vecino país. Los dos países son rivales geopolíticos, con viejas discrepancias marítimas sin resolver.  Para el domingo, la insatisfacción con Maduro había cuajado otra vez en varias ciudades.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Precalentamiento

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Impulsado por el llamado a elecciones en octubre, empieza a tomar cuerpo un movimiento que luce destinado a agitar progresivamente al país: la demanda por una amnistía general que limpie el camino hacia las elecciones de octubre. La cuestión está planteada desde hace tiempo pero ha cobrado vigor al surgir en el horizonte la nueva cita con las urnas.

Al  presentarse a la vida política pública, un grupo de ciudadanos planteó hace poco más de un mes una convergencia de propósitos básicos y propuso un cambio de rumbo para ofrecer al país una alternativa diferente de las que emergieron en las décadas finales del siglo pasado.  La iniciativa ha dado lugar a un Frente Amplio, entre cuyos articuladores figura media centena de figuras nacionales, bajo la convocatoria a pasar “del despotismo que tenemos a la democracia que queremos”.

En una dirección similar favorable a una amplia amnistía se pronunció el fin de semana Acción Democrática Nacionalista, que en un escueto pronunciamiento planeó con urgencia una “declaratoria de amnistía amplia e irrestricta”, junto a un “cese de persecuciones a políticos y dirigentes cívicos, el retorno de los asilados y el desistimiento” de juicios instaurados  como “parte del acoso judicial” cuya práctica atribuye al gobierno.

Un planteamiento semejante ha surgido del Movimiento Democrático Social (MDS), fundado recientemente bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas.

El pronunciamiento de ADN subraya los giros de la historia boliviana desde la década de 1970, en cuyo epílogo una huelga de hambre precipitó el movimiento que desembocó en una amnistía general y en las elecciones de 1978.

El MIR, que postula una amnistía sin retaceos desde  hace tiempo, sostiene que, para ser democráticas, las elecciones deben conllevar una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral que le confiera credibilidad e independencia del gobierno.

Sin alborotos, ese partido parece prepararse para lo que sus dirigentes vislumbran como “el retorno” de Jaime Paz Zamora. Una proclamación del ex presidente (1989-93), dicen, equivaldría al ingreso de un pura-sangre de la política boliviana a la arena electoral que agitaría la contienda y dificultaría la marcha electoralista del presidente Morales. El reingreso de Paz Zamora obligaría a comparaciones necesarias entre las formas de gobierno de ambos líderes y, eventualmente, a un debate que ninguno de los dos podría eludir.

Si a eso se agrega un eventual retorno de exiliados (774, dice un organismo dependiente de la ONU) y libertad de presos, el año luce lleno de expectativas bajo un precalentamiento cada vez más intenso.

Es probable que el  gobierno  inicialmente  arguya que en Bolivia no hay presos políticos y que quienes están exiliados son “delincuentes políticos.” Lo mismo  decía el gobierno del general Banzer en 1977. No pudo resistir la presión de un proceso nacional que avanzaba a todo galope. (Ese movimiento fue una consecuencia del fracaso de la gestión  que habia lanzado en Charaña. El fracaso  lo dejó inerme ante el reclamo por un reencuentro y rconciliación que prevalecía en la nación. Pero esta es otra historia.)