Mes: agosto 2012

¿Sin rumbo?

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Vista desde el llano, la conducta del gobierno parece la de alguien que perdió el rumbo.
Algunos casos: Con el TIPNIS está en un avispero. La “consulta post” (como acertadamente la llama Erbol), no funcionó. No alcanzó sus objetivos mínimos. La mayoría de los nativos rechaza a los “postconsultores”. Y el plazo que el gobierno se dio a sí mismo para hablar con los nativos vence el 7 de septiembre. El mismo gobierno se dio el plazo pues fue el gobierno el que preparó la ley y la envió al Poder Legislativo para que, como ya es costumbre, le dé curso “sin cambiar una sola letra”. Con el plazo pisándole los talones, ha enviado una nueva propuesta para ampliarlo por dos meses más. Legisladores (del partido de gobierno, se entiende) han planteado una contra-propuesta. Que la consulta posterior sea indefinida. Es decir, per secula seculorum. El territorio viviría bajo una postconsulta indefinida. Como no hay certidumbre sobre cuánto tiempo le llevará al gobierno postconsultar a todas las comunidades, mejor perpetuarla. Así, en algún momento se postconsultará para no postconsultar más. El riesgo es que aquellos a los que favorece la postconsulta –a los colonos cocaleros- continúen avanzando sus cocales. Entretanto, la postconsulta que el gobierno juró que resultaría en un sí estruendoso, se ha vuelto un sí quejumbroso. Está detenida desde hace dos semanas. Habrá novedades pues el gobierno quiere un sí a-lo-Jalisco: o gana o arrebata.
Otro caso: El juicio contra los medios informativos se está volviendo un boomerang. La postura del gobierno raya en el ridículo. No tiene defensa. Nadie sabe dónde estuvo la “tergiversación”. ANF repite sin cesar la frase célebre del presidente y la TV la repone en sus noticieros. El riesgo es que quede registrada como el ejemplo de una forma de hablar para confundir que no debe ser aprendida en las escuelas.
Senador Pinto: La actitud del gobierno se parece a aquella frase anglosajona de querer comer la torta pero querer tenerla intacta. No se pueden cumplir los dos deseos a la vez.. No se puede tener una relación normal con Brasil y no otorgar salvoconducto al senador.

La ruta del uranio

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Brasil está tras la pista del mineral encontrado en un edificio de La Paz, cercano a las embajada de Estados Unidos y de Brasil y donde residen agregados militares de Venezuela, informa el diario financiero Valor, de Sao Paulo, en su edición de hoy jueves. Que se sepa, es la primera vez que se informa sobre quiénes habitan el edificio en cuyo garaje estaban almacenadas dos toneladas de trozos de roca que contienen un mineral, inicialmente señalado como uranio pero después el gobierno boliviano dijo que se trataría de tantalita (tantalio), sin contenido radiactivo. Espero que los medios bolivianos investiguen este ángulo de una información cuya importancia puede crecer más allá de las fronteras nacionales.
Los medios que alcancé a leer y escuchar ayer informaron sobre el vecindario del edificio, pero no sobre quiénes lo habitan, algo que, si se confirma la información sobre quiénes  viven en el lugar, podría ser una omisión periodísticamente imperdonable.
Valor dice que ha determinado que la Policía Federal y Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) “investigan una posible ruta de contrabando de uranio extraído en suelo brasileño rumbo a Venezuela y que podría tener como destino final Irán”.
Agrega: “El edificio en el que se hizo la aprehensión de está próximo a la Embajada de Estados Unidos y la residencia oficial del embajador de Brasil en La Paz, Marcel Biato. Además, el edificio abriga a los agregados militares de Venezuela”.
La información cita al ministro de Gobierno Carlos Romero diciendo que el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear y el Servicio de Geología deberán analizar el material. El titular de Minería, Mario Virreira, dijo que los resultados estarían disponibles “en dos o tres semanas”. En la maraña de versiones oficiales surgió la del presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Héctor Córdova, quien aseguró que el material no contenía uranio. De un momento a otro, había muchas autoridades bolivianas desplegando conocimientos sobre materiales radiactivos. Todas descartaban que las rocas del Edificio Illimani contuviesen esos materiales, cuya manipulación requiere de extremo cuidado, aun cuando se trate de realizar un diagnóstico preliminar. ¿No han visto las películas que muestran a quienes trabajan con esos materiales? Todos visten trajes especiales. Nuestros policías tenían guantes de goma, me aseguraron. Y a los curiosos se les ordenó mantenerse “a 20 metros de distancia”. ¡Maravilla de precaución!
Valor dice que una fuente del gobierno brasileño le informó que tanto la Policía Federal como la Agencia de Inteligencia del vecino país “investigan rumores sobre una ruta de contrabando de material radiactivo extraído de Brasil. ‘Si el material aprehendido conteniera efectivamente uranio, eso confirmaría los indicios de que existe una ruta del comercio de uranio clandestino exportado de Brasil por el departamento boliviano del Beni’, dijo la fuente mencionada por el diario. “Ya escuchábamos eso; estábamos procurando investigar. Una de nuestras fuentes policiales nos ha confirmado esos rumores. Ahora ABIN y la Policía Federal tendrán que involucrarse oficialmente en el caso”.
En Brasilia se sospecha, dice la versión, que el uranio ingrese ilegalmente a Bolivia para ser exportado como otro mineral más para Chile, de donde partiría hacia Venezuela para dirigirse a Irán, aliado de Venezuela y bajo un embargo internacional por temores de que el programa nuclear iraní se encamine a la fabricar una bomba atómica. Valor dice que la policía no respondió cuando se les habló de esta hipótesis.
Un asesor de la presidencia de Industrias Nucleares de Brasil informó al periódico que Brasil es el mayor productor mundial de niobio, un metal frecuentemente encontrado junto al Tántalo, ambos metales mucho más valiosos que el uranio.

Juicios contra Veja

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El avispero está siendo sacudido. El diario Folha de S. Paulo trae en su edición de este martes ocho líneas con una información para el registro: “Gobierno Morales procesará a ‘Veja’ por denuncia que involucra a ministro”. El texto: “Bolivia abrirá en Brasil dos procesos judiciales contra la revista ‘Veja’ a raíz de un reportaje publicado en junio, que vinculó al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana al narcotráfico. Habrá dos procesos distintos: uno del Estado, que cree que su dignidad ha sido ofendida por el texto, y otro de “índole personal” del propio Quintana. En el reportaje ‘Bolivia: La república de la cocaína’ revista cita informes de una unidad de inteligencia boliviana que dicen que, en 2010, Quintana habría tenido una ‘conexión directa’ con el traficante brasileño Maximiliano Munhoz Filho.”

Dos Bolivias

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Poco después de la nacionalización de Petrobras en Bolivia, hace seis años, el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva anunció que el vecino país avanzaría a ritmo acelerado hacia el autoabastecimiento de gas para consumo industrial y doméstico y subrayaba que Brasil no debía depender “del humor de nadie”.
Las autoridades bolivianas no se dieron por enteradas de la dirección del anuncio brasileño ni sopesaron el significado del esfuerzo de Brasil para conseguir autonomía plena en su abastecimiento de energía. Lo que Brasil anunciaba equivalía a decir que pronto estaría en condiciones de neutralizar cualquier amenaza de corte, suspensión o alteración en las entregas de gas natural de Bolivia. Se trataba de suprimir o reducir a niveles tolerables la supuesta ventaja negociadora de Bolivia, que partía de la convicción de que Brasil necesitaría el gas boliviano durante muchos años. Es la ventaja del vendedor que sabe que el amigo lo busca no sólo por amistad sino también por necesidad. Inversiones voluminosas realizadas en los últimos seis años han permitido a Brasil construir y mejorar instalaciones que le permiten recibir gas natural incluso de otros suplidores. La ventaja ya no es la de antes.
Hace pocos días el diario O Globo, de Rio de Janeiro, trajo las palabras de un alto funcionario de Petrobras sobre los saltos de Brasil rumbo a esa meta. No son nuevas que  Bolivia celebraría, pues marcan la declinación drástica de la ventaja que creyó tener sobre su vecino. Decía el titular de la nota del diario carioca O Globo: Casi dos Bolivias de gas en 2016.
La nota anunciaba que hasta 2016 Petrobras tendrá capacidad de producción de 55 millones de metros cúbicos por día de gas natural, casi el doble del de gas importado de Bolivia, de 30 millones de metros cúbicos diarios. La información provenía del director de Gas y energía de Petrobras, Alcides Santoro, al detallar el Plan de Negocios 2012-2016. De un total de 236.500 millones (10 veces el PIB anual boliviano) destinados a inversiones en el quinquenio, 13.500 millones (equivalente a todas las reservas internacionales de divisas de Bolivia) irán a proyectos de gas y energía.
Santoro dijo que el gas boliviano cubre un 30,3% de las necesidades de Brasil, y que ese porcentaje disminuirá. Para 2016, habrá descendido al 21,5% y para 2020 estaría en 17,8%. Santoro subrayó que esa declinación no significará una prescindencia del gas boliviano. “Precisamos y precisaremos del gas boliviano. Bolivia está siempre en nuestros planes”, dijo, citado por O Globo. Objetivamente, la carta maestra boliviana está debilitándose aceleradamente y pronto puede quedar en cero.

Senado confirma compromiso con DD.HH.

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El senado boliviano dio esta semana un paso de alta significación para la protección de  los derechos humanos al dar luz verde a la designación  del  ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas. Senadores que  endosaron la designación dijeron que el representante boliviano ante el organismo  mundial tendrá como tarea primordial mostrar ante el mundo que la defensa de los derechos de las personas es una norma respetada en Bolivia. Bajo el criterio de los legisladores, el ex ministro reune todas  las condiciones para exhibir las cualidades del gobierno boliviano como baluarte defensor de esos derechos.

La venia que dieron los senadores oficialistas a la designación fue la culminación de una estrategia que ignoró las acusaciones opositoras contra el ex ministro.

Se atribuye al ex Ministro responsabilidad en la orden, el 26 de septiembre de 2011,  para la brutal represión que sufrieron cientos de indígenas bolivianos que marchaban hacia La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que los nativos creen que permitirá una expansión acelerada de los cultivos de coca, la materia prima de la cocaína.

El ex ministro tiene el “perfil perfecto” para poder asumir la representación boliviana, dictaminó Nélida Sifuentes, del partido de gobierno Movimiento al Socialismo, que acogió la designación y volcó todo el peso de sus senadores para darle curso. “Trabajará en los temas de derechos  humanos y  narcotráfico”, dijo.

El dirigente campesino Rafael Quispe, del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), pronosticó que la designación derivará en “una vergüenza para el país… (será) funesto para el país que cuando esté ejerciendo sea llamado por la justicia”.

Tras la aprobación en el Comité de Política Exterior, el nombramiento pasó a la sala plena del Senado que no tuvo inconvenientes en darle paso con el voto mayoritario de los senadores del partido de gobierno. La aprobación abrumadora del senado es vista como un mensaje para exhibir el respeto impecable que en Bolivia se observa hacia los derechos de las personas, cuyo porta-estandarte  será quien estaba a la cabeza de los aparatos de seguridad del gobierno.

El flamante diplomático será ahora formalmente designado por el presidente Morales. El mandatario había tratado de preservar a Llorenti entre sus colaboradores más próximos,  pero tuvo que pedirle la  renuncia ante la presión política de los acontecimientos que surgieron con el asalto exitoso de la policía sobre la marcha de los indígenas. Los furibundos marchistas nada pudieron con sus cayados peligrosos ante la pacífica arremetida de la policía que sólo contaba con abundancia de gases lacrimógenos, sogas y mordazas, además de contactos  logísticos con La Paz, de donde partió la orden de ataque. La tranquila y estudiada arremetida contra los belicosos indígenas iba a tener un broche dorado con el traslado de los marchistas hacia otros lugares en camiones y aviones de la fuerza militar en Rurrenabque. Pero los marchistas, con el apoyo cómplice de las poblaciones de San Borja y Rurrenabaque, consiguieron  escapar.

El año pasado, al aceptar su renuncia y anunciar al sustituto, el actual ministro Carlos Romero, el presidente ensalzó las cualidades de Llorenti y dijo que esperaba tenerlo pronto de nuevo en la primera fila de su gobierno. El nombramiento otorgado a la ex autoridad es visto como un paso hacia la reincorporación plena del ex ministro injustamente apartado del círculo más estrecho de hombres del  gobierno.

El ex ministro se disponía a trasladarse en los próximos días a la nueva sede de sus funciones, en Nueva York, con el secreto sobre de dónde vino o quién dio expresamente la orden de ataque para frenar a los aguerridos  marchistas. Su aporte principal a las investigaciones sobre el suceso fue un dato esclarecedor: la “cadena de  mando” fue rota, sin que específicamente se sepa hasta ahora el nombre de la  persona que impartió la instrucción. Entre las declaraciones que persistieron tras el episodio de Chaparina figuran las de Justa Cabrera, la dirigente nativa oriental quien dijo que la orden había tenido  lugar en el Palacio de Gobierno. El vicepresidente Álvaro García había dicho, días después del episodio, que el gobierno sabía quién había dado la orden y que era cuestión que tuviesen un poco de paciencia los periodistas que le preguntaban sobre los orígenes de la exitosa intervención policial. La paciencia continúa.

La partida de Llorenti hacia sus funciones no será fácil. El dirigente Quispe, de Conamaq, dijo que presentará una solicitud de arraigo del ex ministro.

De flojos y flojera

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La acusación del gobierno a la Agencia de Noticias Fides (ANF) ahora se basa en que, al informar sobre un discurso del presidente Morales en Tiwanaku hace una semana, interpuso flojera  en lugar de flojo.
Por haber transcrito las palabras del presidente Morales durante una ceremonia en ese lugar, el Ministro de Gobierno Carlos Romero endilgó a la agencia una docena de adjetivos y anunció un juicio criminal contra ella.
Se me ocurre que estamos ante un círculo vicioso en el que se habla lenguajes diferentes. Las autoridades  insisten en que al hablar de flojos en vez de flojera (o viceversa)  se ha cometido el delito de calumnia. Pero no explican dónde está la diferencia. Es como decir:
Murió pero no esta muerta;
Delira pero no es delirante;
Cuelga pero no es colgante;
Es un ser que vive, no es un ser viviente;
Vota pero no es votante;
Adula pero no es adulador;

Milita pero no es militante;

Calumnia pero no es calumniador;

Es flojo pero no tiene flojera.

El etc. sería infinito.

Sigue vigente la pregunta: ¿Habrá juicio? Creo que debería haberlo. Uno pagaría para asistir a las audiencias. Podrían resultar una magnífica clase de gramática y de aprendizaje. Para muchos. Adivinen quiénes serían los más beneficiados.

¿Y si los discursos fueran reproducidos intactos?

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Creo que una solución para la controversia que ha desatado el gobierno por la transcripción de las palabras del presidente Morales durante un discurso la semana pasada sería reproducir tal cual sus palabras de aquí en adelante. Sin ningún trabajo de edición y sólo con acentos, puntos, comas y puntos y coma. Creo que el gobierno no se quejaría. Los transcriptores no podrían ser acusados de “manipular conciencias” y quizá el público agradezca leer en crudo las expresiones de las autoridades.