El informe que no llega

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Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio  sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de  Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.

El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”.  Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia.  En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.

Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación.  Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.

El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido.  En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace  gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.

Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional.  La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.

Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.

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