justicia

Todo vale

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En el climax de un antagonismo sin perspectivas de calma, el gobierno ha llevado a las calles estos días a miles de ciudadanos para celebrar un supuesto derecho humano del presidente Evo Morales a postularse a la presidencia cuantas veces él y sus partidarios lo quieran, con la creencia de que esa ambición está apoyada en el Pacto de San José, la norma diseñada para proteger los derechos humanos en el hemisferio. La oposición hizo otro tanto, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y dejó en evidencia que si bien el gobierno tiene poder movilizador basado en el empleo, negocios e intereses que genera el estado, gran parte del país repudia su movimiento reeleccionista. El argumento de ¨el pueblo me lo pide¨ o ¨me sacrifico por mi pueblo¨ ha sonado cínico y oportunista, tan conocido en otros tiempos en estas y otras latitudes, pues se sabe que tras la frase hay intereses apoyados por un esfuerzo propagandístico masivo a costa del estado para favorecer a la clase gobernante.  Pocos dejarían de sonrojarse si la dijeran. Imaginen a Ricardo Lagos pronunciándola, a Mauricio Macri o a Pepe Mujica.

El gobierno y su partido se han prodigado en buscar argumentos que respalden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que abrió la ruta para una presidencia vitalicia del presidente Evo Morales. El dictamen, el más controvertido en la historia de esa instancia, fue la chispa para un polvorín que bajo cualquier visión está lejos de apagarse. Hasta ahora no se conoce una sola opinión institucional que sostenga que la interpretación de que el supuesto derecho humano del presidente a hacerse reelegir cuantas veces quiera es superior a la norma que limita la reelección. No es mínima la ansiedad para que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida una aclaración.

La jugada de los abogados del presidente es vista como una ¨avivada¨ mayúscula, pues a ningún jurista se le habría ocurrido, cuando la norma fue aprobada en 1969, que sería esgrimida para favorecer la presidencia vitalicia. El Pacto fue concebido para amparar a individuos ante abusos de poderes del Estado, no para garantizar ambiciones presidenciales vitalicias, han sostenido quienes creen que el argumento reeleccionista es disparatado. Sorprende, entonces, que el TCP lo hubiera endosado, en una decisión de tinta indeleble para la historia de sus integrantes.

El fondo del debate en torno a un tema nada enaltecedor echa más sombras a la justicia boliviana bajo el gobierno del MAS y atiza otros casos irresueltos sobre los que se impone la voluntad del Poder Ejecutivo. Tema central en todos estos años de gobierno MAS ha sido el asalto al hotel Las Américas (2009), de cuyas sombras las autoridades no consiguen apartarse.

Es una conclusión generalizada que todo intento de conferir alguna credibilidad a la justicia pasa por el esclarecimiento convincente de ese episodio brutal.  Para los acusados, los jueces Sixto Fernández, Julia Elena Gemio, Anastasia Callisaya y Sonia Mamani carecen de confiabilidad y los creen dóciles al gobierno. Pregunten en privado a cualquiera de ellos y recibirán una rotunda confirmación. Los fiscales están bajo órdenes del Ministerio Público, que les instruye acusar y lograr sentencias. Ningún otro norte los aparta de la que consideran una misión suprema que se impone sobre todo y para la cual la verdad o la falta de evidencias parecen apenas una variable. Tres aún están presos en Palmasola. Svonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza han tocado en vano todas las puertas en procura de siquiera la prisión domiciliaria. Incluso escribieron al Papa Francisco cuando éste vino a Santa Cruz en 2015. Media docena de otros admitió la comisión de delitos negados durante seis años, en confesiones que parecieron replicar las de los Juicios de Moscú en las purgas de los años de 1930. Y queda un puñado bajo prisión domiciliaria, a la cual han se han visto forzados a adecuar sus vidas.

La justicia, en fin, está llena de ¨mala praxis¨ y es legítimo preguntarse a quién cobrar. Todo el país podría preguntarse a quién responsabilizar por ¨mala praxis¨ con proyectos e inversiones mal concebidos, mal ejecutados y por los sobreprecios que conllevaron.

Donde la justicia funciona

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Desde la posesión de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, se ha desencadenado un huracán de acontecimientos que para muchos latinoamericanos parece repetir situaciones que ellos ya han vivido pero con una diferencia fundamental: el funcionamiento de la justicia. Es conocida en los países dominados por populismos la estrategia para abrumar a la sociedad con medidas de corte radical e inesperado. No acaba de ser digerida una decisión cuando aparece otra. En el caso estadounidense, la justicia se ha puesto al frente de decisiones que los jueces consideran inconstitucionales.
Mientras el nuevo gobierno preparaba medidas para desmantelar las que implantó Barack Obama tras la crisis financiera de 2008, la peor desde la Gran Crisis de 1929, un juez federal del estado de Washington decidió la suspension de las órdenes ejecutivas sobre inmigración y refugiados que han levantado protestas en gran parte del mundo. Su alegato es que ese estado ha sido golpeado con la restricción a inmigrantes, que sustentan el funcionamiento y progreso de muchas de sus empresas, en especial las del área tecnológica.
La decision del juez James Robart prefiguraba una pugna abierta de poderes que de inmediato se levantaba como el mayor desafío para el nuevo gobernante, a solo dos semanas de haber jurado al cargo. El juez sostiene que la medida dispuesta por el nuevo presidente es inconstitucional y está dispuesto a probarlo. Otros estados han introducido demandas contra las órdenes ejecutivas del nuevo mandatario en un dominó que este fin de semana la nueva administración no conseguía detener.
En el fondo de la disputa hay un principio: nadie, ni siquiera el presidente, está encima de la ley. El respeto a ese principio confiere credibilidad a los gobernantes y les asegura el respaldo de la sociedad. No respetarlo lleva a la degradación de gobiernos, germina autoritarismos y alimenta su propia inestabilidad.
Las decisiones del nuevo presidente han sacudido la confianza de los aliados tradicionales de Estados Unidos. Pocas veces los diplomáticos estadounidenses han estado tan empeñados, sin gran éxito, en apaciguar a sus colegas aclarándoles que ciertas expresiones y actitudes no revisten gravedad.
En Inglaterra crecían por centenas de miles las peticiones firmadas para que la Primera Ministro Theresa May cancele la invitación para que Trump visite Londres más tarde este mes. Los diplomáticos informaban que si la visita se llevase a cabo, no sería la más feliz para un mandatario que apenas empieza su gestión y heriría gravemente la relación entre las dos naciones. Para Australia, otro aliado de los más leales, pasará tiempo antes de que se disipe el malestar creado cuando Trump, a mediados de la semana transcurrida, colgó el teléfono al primer ministro Malcolm Turnbull que reclamaba el cumplimiento de un acuerdo para recibir a 1.250 refugiados por ahora en suelo australiano.
Con México, las viejas heridas por las disputas del siglo antepasado que derivaron en la pérdida de gran parte de su territorio, parecían reabrirse. No era casualidad que en las redes sociales el juego favorito fuesen piñatas en las que el muñeco a golpear era el nuevo mandatario. Muchos observadores subrayaban que nunca un presidente había provocado tantos malestares con tantos países en tan poco tiempo.
Ni Israel se libró estos días de los vaivenes repentinos de la política exterior. Los guiños de simpatía desde el triunfo electoral y la posesión de Trump perdieron fuerza cuando la nueva administración advirtió a los israelíes que la pretensión de instalar nuevos asentamientos y construir miles de viviendas para colonos iba en contra ruta de la búsqueda de paz en una region donde la guerra y la violencia son diario vivir desde hace décadas.
En la semana tumultuosa que pasó, hubo una actitud consecuente de un multi milmillonario. Vincent Viola, designado para dirigir la Secretaría del Ejército, retiró su nominación. Su argumento fue convincente pues rebasaba de consecuencia: sería demasiado complicado apartarse de sus negocios e intereses, que entre otros incluyen un importante grupo financiero (Virtu Financial) y otros, como una participación mayoritaria en una línea aérea. Gracias, mejor no, decidió.

Historias convergentes

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El libreto es conocido en Bolivia, pero en Venezuela es una novedad cuyo desarrollo recién empieza y sus consecuencias no deberían demorar demasiado en manifestarse. Franklin Nieves huyó de su país el 20 de octubre y solo se conocen sus declaraciones a medios informativos desde Estados Unidos, donde busca refugio. El ahora ex fiscal asegura que el gobierno lo obligó a forjar las pruebas que una juez utilizó para condenar a uno de los líderes prominentes de la oposición venezolana. Leopoldo López es inocente, asegura el juez fugitivo. En el gobierno lo consideran delincuente y el fiscal teme por su seguridad. ¿Suena familiar?

Marcelo Soza fugó de Bolivia y emergió en Brasil a principios de marzo de 2014. Desde allí dijo que su seguridad peligraba e hizo conocer una ¨Carta al Pueblo de Bolivia¨. En ella dijo que el gobierno lo había presionado para inculpar a líderes de Santa Cruz y pedía a jueces y fiscales a cargo del ¨Juicio del Siglo¨ reconducir el proceso ¨por los fueros de la justicia, la verdad y la legalidad¨. Días después, declaró: ¨En Bolivia no existe justicia imparcial. Ésta se encuentra sometida a los caprichos del gobierno.¨

Soza hizo una travesía por tierra y por aire hasta llegar a Brasilia. Nieves se fue primero a Aruba y después a Miami. Allí dijo que ¨en Venezuela funciona la ley del miedo¨ y que las declaraciones que sirvieron para acusar a López fueron elaboradas por la fiscalía y entregadas a los testigos para que las firmaran. ¨Cuando hicimos la acusación, tergiversamos la información¨, dijo.

El caso bate fuerte en momentos en que Venezuela se aproxima a una prueba suprema el 6 de diciembre: las elecciones legislativas, para las que todas las encuestas conocidas asignan a los partidos opositores una ventaja mayúscula y mayoría parlamentaria. Una situación así es pesadilla para el gobierno de Nicolás Maduro y el ¨chavismo¨ que rige los destinos venezolanos desde hace 15 años.

El pedido de asilo que ha hecho Nieves no es fácil de resolver, pues involucra la confesión del delito de haber fabricado pruebas contra la persona que ahora él mismo asegura que es inocente.

Brasil otorgó refugio a Soza, primero por períodos de seis meses y luego por un año, hasta septiembre de 2016. Entre quienes lamentaron la decisión brasileña estuvieron los acusados por Soza en el Juicio del Siglo, del que ha dicho que las pruebas habían sido montadas bajo presión del gobierno.

Nadie espera que una definición del pedido de asilo de Nieves ocurra en breve, pero hay una certeza: cualquiera que sea la demora no estará cerca de los seis años y medio que lleva el Juicio del Siglo desde su gestación, el 16 de abril de 2009.

El juicio que condujo Soza tuvo en la semana que acabó capítulos surrealistas cuando una testigo de la acusación dejó la impresión de desorientar al Ministerio Público y a los abogados del gobierno con respuestas precisas acordes con su condición profesional.

La administradora del Hotel Las Américas, escenario del suceso sangriento de aquella fecha desconcertó a los fiscales que procuraban probar la tesis de que se gestaba un movimiento conspirativo gigante. La funcionaria dijo que las respuestas a algunos detalles sobre los que preguntaban los fiscales estaban en la documentación que el hotel había enviado a la fiscalía más de seis años atrás, poco después de los sucesos violentos en los que tres personas fueron abatidas.

Entre quienes observaban la sesión surgió la duda sobre si la funcionaria era testigo del Ministerio Público que la interrogaba o de la defensa. ¨No les agradó que decía solo la verdad, que es lo que la acusación no quiere¨, dijo uno de los abogados.

La defensa aplicó una táctica que ya había ensayado con el segundo testigo: renunció a contra-interrogar. Como el siguiente testigo, el entonces gerente del Hotel Las Américas, no estaba en ese momento presente para la audiencia, el juez Sixto Fernández tomó una decisión extraordinaria y ordenó su aprehensión para que compareciera al día siguiente, el viernes que pasó.

El testigo se presentó en el Palacio de Justicia a la hora dispuesta por el juez pero la policía dijo que la institución lo había aprehendido. La defensa aclaró que el testigo de la fiscalía había llegado sin intervención policial alguna.

Malestares certificados de uno de los acusados dieron pie a que el juez suspendiera la audiencia hasta el 16 de noviembre. Las historias
de Soza y Nieves convergen un punto dominante: la calidad de la justicia qiue impera en sus países y a la que ambos sirvieron.

Elogio a Mafalda

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La posibilidad de una segunda ronda televisiva sobre la demanda marítima nacional con el canciller chileno en estudios bolivianos empezaba a languidecer cuando ocurrió la noticia que alivió a muchos: Chile declinaba la invitación de venir a Bolivia. Desde la oferta extraña de enviar un avión a Chile hasta las dudas sobre si algún periodista del sistema estatal tendría la solvencia para entrevistar a altos niveles de la diplomacia del vecino país, la cuestión parecía destinada a abrir más controversias en el país que a generar avances en su estrategia diplomática.
La iniciativa de la Ministra de Comunicación para que la TV del estado ofrezca al canciller del vecino país una entrevista similar a la que tuvo en Santiago Carlos Mesa, fue fuente de confusión desde su lanzamiento. Seguía la norma de buscar equilibrio, pero no era original ni seguía el curso regular de periodista o su institución periodística al personaje que se quiere entrevistar. La original fue la de Chile, cuyo programa televisivo buscó la entrevista sin dar la impresión de intervención directa del gobierno. Esa gestión no obligaba a ninguna segunda vuelta.
La oferta nacional vino en medio de calificativos de neoliberal, derechista y antipatriota endilgados a Mesa, que algunos funcionarios juzgaron que eran compatibles con la función de portavoz de la demanda marítima. Dijeron que estas condiciones pueden coexistir sin inconvenientes porque los calificativos sobre el ex presidente valen solo en el ámbito interno. Un antipatriota interno no sería antipatriota externo.
Esa lógica no debe ser muy conocida y quizá son muchos los que pagarían por una explicación exhaustiva. Uno se siente como para gritarle un ¡bravo! a Mafalda cuando plantea que paren el mundo porque quiere bajarse pues no lo entiende.
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Los medios, en particular los televisivos, han alzado la voz estos días con la paliza brutal, saltos sobre la cabeza de remache, que un joven de Santa Cruz propinó a otro.
En principio nadie está de acuerdo con la violencia y la reprueba. Pero la cuestión debe plantearse más allá y proponer conductas consecuentes, a ser observadas, en especial, por las redacciones y las escuelas de comunicación. Levanten la mano quienes durante el almuerzo o la cena no sienten el bombardeo televisivo impiedoso de imágenes sobre violaciones, robos, feminicidios, incestos, infanticidios y dosis generosas de quejas lastimeras. Conllevan un plus si traen sadismo y masoquismo, todavía mayor si hay niños involucrados.
Salvo los de verdadero interés público, ¿no sería tiempo de confinar la difusión de esos crímenes a horarios nocturnos fuera programación regular? ¿Será que los noticiarios de la TV son incapaces de sobrevivir con porciones reducidas de ese tipo de crónicas?
Esta secuencia de desaciertos llega a cogollos del gobierno. Quien aconsejó al presidente para dudar que un oriental pueda llegar a la presidencia de la república olvidó a Velasco, Busch, Natusch Bush y Banzer, llegados a la presidencia bajo formas muy parecidas a las de muchos de sus congéneres occidentales. La duda lució discriminatoria, pero también llevó a preguntarse si en algo así hay olvidos de calibre, qué podría ocurrir en otros niveles.
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El Beni exhibe una justicia en extremo parcializada e inoperante cuando se lee la información sobre un ex subgobernador que había acusado al ex gobernador Carmelo Lens y contribuido a su detención en Trinidad. El acusador está prófugo. Ahora localizado en Estados Unidos y ante una posible repatriación, a su vez está acusado de calumniar al ex gobernador para beneficio propio y de su partido, el de gobierno. Con todo, la justicia no muestra ninguna prisa y Lens continúa preso en la cárcel trinitaria de Mocovi.
Es uno de los casos que más aporta a la desconfianza generalizada que parece existir en torno a la administración de justicia en Bolivia. A ésta muchos la rehúyen, en especial los que la conocen. Ya no es noticia mayor, pero es emblemático el caso del ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras escapar de Bolivia por temor al sistema de justicia en el que medró.
Un ejemplo del funcionamiento de la justicia son las audiencias del Juicio del Siglo, con orígenes en el asalto al Hotel Las Américas (2009) y con una dimensión internacional y consecuencias que pocos parecen percibir. Puede resultar aleccionador escuchar cómo se defienden los acusados, cómo argumentan los fiscales y cómo deciden los jueces, dos de ellas bajo investigación, dice la defensa, tras haber fallado a favor de un detenido enfermo para trasladarlo de la cárcel de San Pedro a Palmasola.
Si Ud. leyó a Koestler, Orwell o Gheorghiu no le parecerá extraña la atmósfera que podría respirar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Un boomerang

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El veredicto leído la noche del jueves por la juez que condenó a Leopoldo López a casi 14 años de prisión nació destinado a catalizar los sentimientos democráticos venezolanos. Una consecuencia inmediata que detectaron institutos de pesquisas ha sido el afianzamiento de la determinación de muchos venezolanos de votar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y a partir de ahí empezar a arriar las banderas del régimen del Socialismo del Siglo XXI en sus expresiones más brutales: el envilecimiento de la justicia, y la corrupción.
El diagnóstico del líder socialista español Felpe González, entre los primeros en comentar la sentencia, fue categórico: “Ni dentro ni fuera de Venezuela, nadie puede llamarse a engaño. Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto. El Presidente decide por el Parlamento y por la Justicia”.
El conteo de los días y las horas hasta la cita con las urnas mantendrá en vilo a toda la región, de manera especial a los regímenes afines al que ahora preside Nicolás Maduro. Es difícil no temer que la travesía de estos 70 días estará acechada por peligros derivados de un régimen que se da cuenta que se encuentra en estado terminal.
Las tensiones y nuevas situaciones surgidas estos meses han acentuado las preocupaciones de las cancillerías del continente por la paz de Venezuela con algunos vecinos. Hay sospechas de que las alteraciones ocurridas en estos últimos dos meses pueden ser movimientos entre cuyas razones estaba la de obtener apoyo interno que ayude al régimen venezolano a escudarse ante una eventual catástrofe electoral.
Las pocas mediciones confiables del estado de opinión de los venezolanos han mostrado una dirección desfavorable para Maduro. Más del 80% los encuestados en julio, tenía una opinión negativa respecto al gobierno. Poco después de divulgados esos resultados, sobrevino un reavivamiento de las tensiones con Guyana, por el territorio al oeste del rio Esequibo, y casi de inmediato estalló la crisis fronteriza con el cierre y militarización venezolana de gran parte de la línea divisoria con Colombia. Con miles de desplazados, denuncias de violaciones masivas de derechos humanos y con la Organización de los Estados Americanos renuente a tratar la cuestión, la crisis se mantiene explosiva. No se conocen resultados de pesquisas de los últimos días.
Las elecciones legislativas son decisivas para el Socialismo del Siglo XXI en la región, donde ha tenido el privilegio de gobernar inundado por recursos del mayor auge de precios de las materias primas en casi un siglo. Con esa bonanza ahora eclipsada, ha sobrevenido el cansancio con las formas autoritarias de gobierno amenazadas con colapsar.
El jueves, al asumir la última fase de su defensa, el dirigente de Voluntad Popular dijo a la juez Susana Barreriro que ella tendría más dificultades en leer su sentencia que él en asumirla. Abogados defensores del líder venezolano presentes en la audiencia dijeron que fue, en efecto, eso lo que ocurrió, en consonancia con la magnitud de lo que la juez estaba dictando. La juez, dijeron, no estaba tranquila y su voz trepidaba.
A López no le permitieron presentar a ninguno de sus 68 testigos y la fiscalía tampoco consiguió probar la acusación de que sus discursos eran llamados a la violencia. La reproducción de las imágenes con los discursos que se le atribuían a López comprobaba, más bien, que había convocado a la paz y a la no violencia. La defensa, en una audiencia donde no hubo periodistas, no consiguió que se le permitiese exhibirlas.
La sentencia contra el opositor venezolano luce como su consagración como líder principal de las luchas democráticas de su país. Se debe suponer que eso no era lo que esperaba el gobierno de Maduro. El episodio del jueves parece resultar en un boomerang cuyo retorno puede sacudir por completo las bases desde donde fue lanzado.

En busca de una milicia

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 La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000  provenientes  de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial  surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.

En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.

El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r)  Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.

El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.     

El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese.  Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.

Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía.  Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.  

La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”,  dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.

Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.