Mes: abril 2013

Récords no registrados

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Hace algunos años, Mariano Baptista Gumucio escribió un trabajo que llamó “El país tranca, la burocratización de Bolivia”. Abordaba las normas que hacen de los trámites legales un infierno burocrático que trancan iniciativas de todo tipo, incluso algunas que podían haber sido beneficiosas de no haber sido interrumpidas por las “normativas” (normas, por favor) que los funcionarios doctos en trancar se regodean en aplicar. Hay otra forma de trancas más agresivas y peligrosas cuya magnitud empieza a ser objeto de cálculos que exhiben los daños que causan a la economía de todos: los conflictos que atormentan al ciudadano. Esos  conflictos casi inevitablemente se traducen en bloqueos callejeros y, otras veces, en violencia. Bolivia ostenta récords nada privilegiados de inestabilidad.

Un estudio de Fundación Milenio ilustra la gravedad de los conflictos sobre la economía boliviana. Milenio nos dice que en 2012 tuvimos 745 eventos conflictivos. Un promedio de 62 por mes, uno cada dos días. El ritmo es alto para una sociedad que necesita armonía para progresar y el daño mayor al que causa la mediterrraneidad. Con todo, es menor al índice de 2011, cuando hubo 73 conflictos por mes (dos y medio por día), 876 en todo el año y un récord de más de 40 años, desde que el “conflictómetro” empezó a funcionar.

Pese a lo debilitada que parezca, nuestra  “conflictometría” de 2012 no es para subestimarla: supera a todo el promedio de los siete años del gobierno del propio presidente Morales: 55,3 conflictos por mes. Un consuelo podría ser que el número de conflictos es inferior al del el gobierno de Hernán Siles Zuazo, quien estuvo, sin embargo, menos de tres años Palacio Quemado, y al que tuvo Carlos Mesa, que duró 20 meses.

Milenio cuantifica que en el período 2006-2012, los conflictos, de huelgas a bloqueos, evitaron que el Producto Interno Bruto boliviano (la suma total de la actividad económica) creciera un 16 por ciento. Es retroceder cuando menos tres a cuatro años. Sin conflictos la pobreza sería menor y habríamos acortado la distancia que nos separa de nuestros vecinos. En lugar de un producto interno bruto que oscila los 30.000 millones de dólares, habríamos sobrepasado ese nivel y nos encaminaríamos a los 40.000 millones de dólares.

¿Vale algo este razonamiento para los bloqueadores y para los adictos al conflicto? Uno esperaría que sí.

Se puede concluir que los conflictos atentan contra el país; son una conjura contra todos. Muestran una sociedad desordenada y atenazada por todos sus cuatro costados. Vienen a la mente cuando se quiere promocionar al país turísticamente. Deberían pensarlo quienes patrocinan rutas transoceánicas o carreras de vehículos. Imagine algunos ejemplos de eventos publicitados que vendrían al caso y tendrán la razón. No sólo los paisajes promocionan. La tranquilidad interna es la mejor convocatoria.

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Un chaqueño purasangre

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La noticia la trajo Erbol. Jesús Urzagasti,  literato y periodista –creo que en orden inversa- falleció este sábado de un infarto fulminante.  Nacido en la Provincia Gran Chaco el 15 de octubre de 1941, Urzagasti se trasladó joven a La Paz, donde estudió y concibió su obra primordial, Trinea, una de las mejores novelas de la literatura boliviana. Iba a estudiar geología pero la práctica lo llevó por caminos muy diferentes y se volvió forjador del buen estilo en el uso de las palabras.

Retraído y de poco hablar pero con una gran seguridad en sí mismo, Urzagasti fue un colega con quien compartí parte de mis años fecundos en “Presencia” , aquel periódico que acunó a tantas personalidades y que, lamentablemente, desapareció dejando un vacío inmenso que todavía no logra ser llenado por los medios escritos bolivianos. Trabajaba al lado de Mons. Juan Quirós, otra pieza esencial de la Iglesia Católica y de la literatura boliviana, en la elaboración de Presencia Literaria, antes de ejercer otras responsabilidades en el periódico.

La última ocasión que tuve de verlo ocurrió durante la presentación de una de sus obras, en la Feria del Libro, aquí en Santa Cruz, durante una noche de surazo que él soportaba imperturbable, su herencia del sur boliviano.

Leer los escritos de Urzagasti fue siempre una delicia que requería de cuidado, por la profundidad de sus pensamientos. Nunca exageró en el uso de las palabras y fue implacable con los adjetivos, fiel a lo que había aprendido al lado de Quirós y de otra figura monumental del periodismo boliviano: Huáscar Cajías. Austero en su estilo de escribir, cada coma estaba donde debía estar, cada verbo era puesto en su debido lugar y momento, denotando la acción que quería presentar. No había muchos de su estirpe. Ahora los hay menos.

Juicio del siglo en limbo legal: Prado Salmón abandonó audiencia

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El general Gary Prado Salmón abandonó esta tarde el “juicio del siglo” en protesta por el que consideró un grave incumplimiento del juez respecto a la aplicación de una decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la anulación de una declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal en Tarja a fines de 2011. La aplicación plena de la decisión del TC habría llevado a la disolución del tribunal y al nombramiento de nuevos jueces.

“Uno no puede soportar tanto.  Esto es una pantomima”, dijo el general retirado, quien, como capitán del ejército, en 1967 rindió al jefe guerrillero cubano-argentino Ernesto “Ché” Guevara. La decisión del general conmocionó a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Los policías en la sala, a falta de órdenes directas, intentaron evitar que se fuera y cerraron la puerta principal del recinto. La mayoría de los presentes en la sala se puso de pie y, en medio de gritos –“déjenlo salir”, “abusivos”-, dejó perplejos a los policías durante unos instantes, hasta que el juez Sixto Fernández se acercó a la reja que divide el recinto y le dijo al general si era consciente de la medida que estaba tomando y sus consecuencias. El militar le dio que sí. Entonces, con un gesto, hizo que los soldados se apartaran y dejaran salir al general, en silla de ruedas desde 1981.

Minutos antes, el abogado Otto Ritter, había acusado al juez Fernández de incumplir la ley y de desobedecer al Tribunal Constitucional que, dijo, le ordenaba remitir el caso al tribunal de turno e instalar por completo en Santa Cruz el caso que cumplió cuatro años el pasado 16. “El juez desconoce la ley”, dijo y afirmó que el ministerio  público, presente a través de los abogados del gobierno en el caso, debía ordenar de inmediato la detención del magistrado.

Tras eso, dijo que su defendido abandonaba la sala de audiencias en protesta por la “inconsecuencia” que atribuyó al juez.

La decisión del general dejó al juicio en un limbo legal temporal, pues el proceso no puede continuar sin la presencia de todos los acusados.

La acusación, representada por el abogado del gobierno Sergio Céspedes, pidió que el juez de inmediato expidiera un mandamiento de aprehensión del general.

El juez decidió suspender la audiencia hasta el 6 de mayo, cuando haría conocer sus decisiones sobre el incidente.

El origen del incidente viene desde que, en el último trimestre de 2011,  fueron instaladas las audiencias en Tarija, para  año y medio después ser trasladadas a Santa Cruz, el pasado 18 de febrero. El general Prado Salmón no estaba presente en Tarija alegando problemas de salud, que esta semana fueron certificados por una forense oficial. La audiencia en Tarija no podía ser instalada sin la presencia de todos los acusados y el juez Fernández y un juez técnico declararon a Prado Salmón en rebeldía.

Con la ausencia del acusado legalmente resuelta, pasaron a juramentar a las jueces ciudadanas y las audiencias empezaron a desarrollarse.  Pero la semana antepasada  el Tribunal Constitucional anuló la declaratoria de rebeldía en vista de los argumentos de Prado Salmón sobre su salud, y ordenó una evaluación. La forense, venida desde Sucre, presentó su informe y concluyó que el general retirado no tenía condiciones de viajar a Tarija sin poner en grave riesgo su salud debido a problemas que le ocasionaría la altura.

Tras ese informe, la defensa esperaba que el juez ordenase retornar todo el proceso a sus inicios en Tarija, pero en Santa Cruz, y a entregar el caso al tribunal equivalente en esta ciudad, sede del juez natural, pues el caso tuvo origen en Santa Cruz, con la incursión policial armada al Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.

“Este juicio ya no tiene fuerza, ya no tiene fuerza moral”, dijo el abogado defensor Rolando Aróstegui. “Lo que hemos visto es una manifestación de su degradación”. Comentaba el hecho que el juez  Fernández no había logrado articular una reacción adecuada para el fallo del Tribunal Constitucional.

Personalmente, me pareció que el juez no sabía qué camino escoger. Enfrentarse al TC habría sido demasiado peligroso para su carrera. Aceptarlo y, como pedía la defensa, retrotraer el proceso a sus inicios en Tarija y desconocerse a sí mismo y a los jurados, era también peligroso. Estaba entre la espada y el precipicio y se dio un breve respiro hasta el 6 de mayo.

Juicio del Siglo: Tarija no existe

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Está a punto de desaparecer todo el trámite que siguieron los fiscales del gobierno encabezados por Marcelo Soza para levantar el edificio del “juicio del siglo”, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. Los pilares que durante gran parte del año pasado levantaron en Tarija no existen, o dejan de existir para el caso a partir del momento en que el informe médico elaborado por una forense oficial determina la imposibilidad del general Gary Prado Salmón  de viajar a alturas superiores a los dos mil metros sobre el nivel del mar. Si lo hiciera, su vida puede correr peligro, inclusive muerte súbita, dictaminó el laudo leído por la forense Sheila Cádiz Gutiérrez, quien vino esta semana desde Sucre para hacerse cargo de la valoración de la salud del general, cuya compañía rindió a la guerrilla de Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967. Es deicr, todo cuanto se hizo en esa ciudad, donde no se presentó Prado Salmón, dejaría de tener valor legal.

El informe de la forense, leído al reabrirse la audiencia del caso esta mañana, fue un triunfo para la defensa del general y de los demás acusados: después de dictaminar la cuestión de la altura, viene la del juez natural, que en este caso sería de Santa Cruz, el lugar del episodio del 16 de abril de 2009 protagonizado por una compañía especializada de la Policía Nacional que derivó en tres muertos, dos sobrevivientes, más de 30 personas incriminadas y otros tantos perseguidos y exiliados.

El caso tuvo un peregrinaje que partió de La Paz, siguió a Cochabamba y después a Yacuiba. Se había dispuesto la reiniciación de las audiencias en Trinidad, a donde Prado Salmón se aprestaba a viajar. Pero la acusación insistió en que le era más seguro seguir el proceso lejos de ciudades del oriente y propuso Tarija, de donde las sesiones fueron reanudadas el 26 de noviembre de 2011.

Tras la lectura, en la mañana de este viernes, de la resolución sobre la salud del general Prado, viene otro caso a la vuelta de la esquina previsto para horas de la tarde: el de Ronald Castedo, quien sufrió un infarto en las sesiones de Tarija, a donde había sido obligado a ir por el juez en desobediencia de la recomendación médica que dictaba que no lo hiciese. El infarto, ocurrido a principios de enero pasado, obligó a levantar la serie de audiencias en Tarija y traerla a Santa Cruz, a donde había venido Castedo para recibir atención urgente bajo terapia intensiva. El Tribunal Constitucional dictaminó que el proceso en su contra se seguido en Santa Cruz.

Mientras el caso es como un edificio más inclinado que la torre de Pisa, aún no se avanzó en la presentación de las pruebas con las que se acusa al grupo magnicida-separatista-terrorista. Se esperan novedades en las próximas horas.

Chaparina, otra vez

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Las sombras densas que cubren la verdad oficial sobre la represión policial a cientos de indígenas que marchaban hacia La Paz en septiembre de 2011 se han vuelto aún más espesas esta semana, con la negativa de las autoridades a revelar quién dio la orden de avanzar contra la marcha y maltratar y apresar a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, en uno de los capítulos más lamentables y brutales del gobierno del presidente Evo Morales.
Nadie cree que una operación, políticamente tan importante, hubiese sido ignorada por las principales autoridades, y que todo partió de la acción irresponsable de algún subordinado. Es como creer que una cirugía mayor fue dispuesta y dirigida por un cirujano subalterno del hospital con el desconocimiento del jefe encargado de la operación y de la cabeza administrativa del lugar.
Esta tesis se vuelve aún más inverosímil cuando se recuerda que la ex ministro de Defensa, Cecilia Chacón dijo que el día anterior a la represión se había realizado una reunión de la cúpula del gobierno, a la que no había sido convocada (tiempo después, la ministra renunciaría públicamente al cargo), para evaluar la situación que se planteaba con la decisión de las mujeres de la marcha de sujetar al canciller David Choquehuanca. La actitud decidida de las mujeres forzó la ruptura del cerco policial que impedía a los marchistas acercarse a un arroyo para aprovisionarse de agua fresca y asearse.
La versión oficial se ha complicado con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García, quien dijo que se había enterado (él, y probablemente otras autoridades) de lo que ocurría gracias a la llamada de un periodista. (“…uno de Uds. que nos llama desde Chaparina y nos dice que estaba habiendo la intervención policial. Fue la manera de enterarnos”, transcribe El Deber de hoy, 24 de abril, 2013. En la versión de El Día: “Yo me entero del operativo en Chaparina a través de la llamada de un periodista a las 4 de la tarde…Si es que el presidente y el vicepresidente hubieran planificado hubiéramos estado reunidos desde las 2 o 3 de la tarde”.
Un comentario rápido: Urge saber quién era ese periodista (un varón, por lo que escucha decir al segundo mandatario), que tiene el número telefónico del vicepresidente y pudo llamarlo directamente. Los colegas que cubren la fuente habitualmente podrían determinar de dónde partió esa llamada. Hay una discrepancia en cuanto a la hora: el vicepresidente habla de las 16:00 horas; dirigentes indígenas dicen que a las 17:00.
Poco después del episodio el vicepresidente dijo que las autoridades sabían de dónde había partido la orden y pidió a los periodistas “tener un poquito de paciencia”. Nunca ofreció nombres, ni cuando a APLP que presidía Pedro Glasinovic se lo reclamó.
Una dirigente indígena dijo que el vicepresidente sabía de lo que estaba por ocurrir “mucho antes” y no por medio de la prensa. “El requerimiento de masquín (cintas adhesivas) y combustible vino un día antes. Tenemos pruebas de eso”. Las palabras de la dirigente Nelly Romero están también en El Deber de hoy.
El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, una de las cabezas a cargo de la marcha indígena de entonces, estuvo en otro plano noticioso. Como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, el ex defensor de los derechos humanos en Bolivia fue componente de la delegación boliviana que entregó este miércoles en La Haya el reclamo del país para una solución a la mediterraneidad en que se encuentra desde 1879. Llorenti sostiene la tesis de que la “cadena de mando” se rompió en Chaparina.
Hay una voz incorpórea que dio la orden cuya identidad aún sigue en la oscuridad. El caso lleva 19 meses.

Evaluación forense demora “caso terrorismo”

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Una especialista designada por el Instituto de Investigaciones Forenses, radicado en Sucre, deberá realizar hasta el jueves una evaluación de la salud del general Gary Prado Salmón para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional que hace diez días declaró ilegal una resolución que el año pasado había declarado rebelde al militar ahora en retiro.
La declaratoria a favor del militar cuya compañía Ranger rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967 y el informe que emita la forense Sheila Gutiérrez, pueden llevar a reimponer a Santa Cruz como la sede permanente para el “juicio del siglo” que se lleva a cabo desde hace dos meses en esta ciudad, contra 39 personas acusadas de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.
La forense se presentó este lunes al reanudarse la audiencia del caso, que se arrastra por más de cuatro años, y pidió un mínimo de cinco días para realizar su trabajo. Luego redujo el plazo a cuatro días.
En silla de ruedas desde hace más de dos décadas, y con dolencias que le impiden desplazarse a zonas altas, el general Prado Salmón alegó sus condiciones de salud para no asistir a las audiencias que se iniciaron en Cochabamba y luego siguieron en Tarija para finalmente venir a Santa Cruz.
La decisión del TC tuvo un efecto paralizante sobre las audiencias y puso en jaque a la acusación promovida por el gobierno. La negativa a reconocer la precariedad de la salud del militar retirado como impedimento para ir a Cochabamba o Tarija fue una actitud tanaz de los fiscales encabezados por el Dr. Marcelo Soza, ahora apartado del proceso. Soza no se presentó hoy a la audiencia, pese a haber insistido en que continuaba a cargo del caso. El Fiscal General de la República, Ramiro Guerrero, lo desmintió.
La salud de algunos de los acusados ha acosado al proceso. Ignacio Villa Vargas (El Viejo) tuvo que ser trasladado a principios de mes de la prisión cochabambina de El Abra a la de Palmasola en Santa Cruz, debido a una diabetes fuera de control que le ha causado una trombosis en las piernas.
El ex Presidente de COTAS, la cooperativa telefónica de Santa Cruz, Ronald Castedo, sufrió un infarto y un desangramiento en Tarija tras la negativa del juez de excluirlo de las audiencias en esa ciudad a pesar de informes médicos que desaconsejaban que el ex ejecutivo viajase a esa ciudad. Debió ser traído a Santa Cruz e internado bajo terapia intensiva durante varios días en una clínica a principios de enero.A raíz del decaimiento de Castedo se optó por traer el proceso a Santa Cruz.
Este lunes se supo que el TC habría aprobado una resolución similar a la que acordó para el general Prado Salmón, que obligaría a una evaluación forense de la salud de Castedo.
“En la Clínica Petrolera y su sistema de seguro tienen todos los informes para la forense. Ahí hay 30 años de la historia de mi salud”, dijo el militar.
La forense deberá presentar su informe hasta las 1800 del jueves. La audiencia se reanudará a las 0900 del viernes, dijo el juez.

El interés en Croacia por el caso trajo a Santa Cruz a la embajadora de ese país Vesna Terzic, quien asistió a la audiencia. Ese país condecoró a Eduardo Rózsa Flores y lo consideraba un héroe nacional por su lucha por la independencia de Croacia. Otro de los acusados, Mario Francisco Tádic, es boliviano-croata. Su caso, al igual que el de otros bolivianos sindicados por el gobierno, está bajo consideración de organismos internacionales de derechos humanos. ambkién estuvo presente en la audiencia un funcionario de Naciones Unidas.

¿Nuevo testigo clave?

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El segundo audio atribuido al Dr.Soza trajo una información, supuesta, -el magistrado niega que sea su voz y dice que se trata de un montaje de la parte acusada- sobre quién será el testigo pivote de la acusación en la próxima fase del “juicio del siglo” que se desarrolla en Santa Cruz. Por lo que se escucha en el audio, disponible en la red, este personaje sería un asesor de primera línea del fiscal
“Terminan (con la fase de) los incidentes y excepciones (y), tienes que estar con nosotros, porque tú eres el consultor; ahí empiezan las preguntas…Sí o sí, tú tienes que estar. Mañana mismo debo hablar con la doctora” para los gastos que representaría que esa persona venga s Santa Cruz, se escucha decir a la voz atribuida al Fiscal decir a su interlocutor.
La fase de incidentes y excepciones es la que está en curso y debe extenderse por algunas audiencias más.
Está todavía pendiente de confirmación si Soza ha sido efectivamente alejado de la conducción del caso. El fiscal dice que sí, que continua en funciones,  pese a que el fiscal General Ramiro Guerrero ha dicho que no. Esta situación deberá quedar aclarada al reiniciarse las audiencias este lunes.
En el supuesto que los audios entregados por la senadora Carmen Eva Gonzáles resulten auténticos y si el Dr. Soza sale con reasume la dirección del caso, el personaje debería aparecer, en algún momento, entre los hombres próximos al fiscal.
Es el audio en el que la voz supuesta del magistrado dice que el ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic ha sido incriminado por orden del Ministerio de Gobierno para mantenerlo fuera del país. En el audio también se reitera que un arma fue “plantada” sobre la cama de Eduardo Rózsa Flores y se afirma que sólo dos de los 38 acusados (el general Luis Añez no figura más entre ellos) no podrían ser sentenciados. Es decir, 36 serían sentenciados.

“No creo que le hayan dicho al presidente”, se escucha decir a la voz atribuida al magistrado.
Las autoridades han dicho que se proponen entregar las grabaciones a entidades especializadas extranjeras, pero se desconoce la cuáles seríann esas entidades a las qye se encomendaría el estudio.
Dos laboratorios, uno de Brasil y otro de España, han certificado que la voz atribuida a Soza es efectivamente del fiscal.