Juicio del Siglo

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

Arrecian las olas en el Juicio del Siglo

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El Juicio del Siglo recobró ímpetu estos días sustentado por elementos novedosos que avivaron en la memoria colectiva de Santa Cruz el episodio brutal del Hotel Las Américas y sus secuelas cuyos traumas aún perviven, a casi ocho años del acontecimiento.
Uno de los 39 acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana fue encumbrado como Vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más influyente institución cívica de la región oriental. Durante una apretada licencia de la prisión de Palmasola, Svonko Matkovic Ribera juró al cargo el martes en una ceremonia colmada de significación por el desafío de apuntalar banderas que para el gobierno central eran anatema hasta no hace mucho. Al grito de autonomía, ahora expandido a todo el país, se suma el reclamo por un ¨pacto fiscal¨ equitativo que asigne a la region más libertad para administrar los recursos del impuesto a los hidrocarburos.
El joven de 38 años recibió autorización para asistir a la ceremonia de su posesión como dirigente cívico apenas un par de horas antes. Matkovic Ribera es parte de la nueva directiva de la organización, ahora presidida por Fernando Cuéllar para una gestión de dos años.
La designación unánime de Matkovic por las instituciones representadas en el comité subrayó el rechazo a la acusación gubernamental de que desde Santa Cruz se conspiró para desencadenar una campaña terrorista y dividir al país. De la acusación inicial ha desaparecido por insostenible el cargo de que los supuestos insurrectos urdían el asesinato del Presidente Morales.
Su redactor original, Marcelo Soza, decidió que no habría cómo probar una tesis de magnicidio. Las autoridades, sin embargo, recurren a menudo a la idea de que la eliminación del presidente era parte de los objetivos para dividir Bolivia que atribuyen a Eduardo Rózsa Flores. El personaje murió ejecutado durante la incursion de la policía en el hotel donde estaba alojado junto a cuatro acompañantes, dos de los cuales también murieron acribillados a tiros.
Todos estaban en paños menores o desnudos y en esa condición habrían disparado sobre la unidad policial que los sometió, en un acto que el entonces fiscal Soza llamó ¨injusto¨.
Los dos sobrevivientes, al cabo de seis años de negar la acusación, se declararon culpables, salieron en libertad condicional y después fugaron del país.
En más de tres años, desde que el juicio oral fue abierto en Santa Cruz, el Ministerio Público no ha conseguido consolidar su causa, pues son cada vez más fuertes las dudas sobre la tesis del gobierno, cuyo mayor detractor es el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil. Soza ha dicho que la tesis acusatoria fue elaborada bajo presiones del gobierno para inculpar a los líderes cívicos de Santa Cruz.
La ceremonia de posesión de Svonko Matkovic, quien estuvo rodeado de toda su familia, fue una de las más concurridas en muchos años y una señal de que el impacto del asalto al Hotel las Américas y todas sus secuelas aún están latentes en esta región. Aunque Matkovic ha prometido que se empeñará a fondo para ser una pieza directiva útil para el Comité, nadie duda que su designación en el directorio que ahora preside Fernando Cuéllar es un mensaje de que las instituciones cruceñas no han olvidado la zozobra que vivió la región tras los acontecimientos de abril de 2009.

El interés por el juicio fue atizado al comparecer entre los testigos de descargo el ex Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico Landa, ahora asambleísta departamental de La Paz. En la tarde del viernes, la ex autoridad de gobierno refirió que un amigo que no identificó le había contado que cuando arreciaban las convocatorias para que personajes de Santa Cruz fuesen a declarar a La Paz le preguntó al ex dirigente deportivo Juan Carlos Guillén por qué no estaba entre los convocados.
¨¿Acaso yo soy c…¨, le había contestado para agregar su ausencia de esa lista era porque había pagado 80.000 dólares a Marcelo Soza. Guillén no está en Bolivia desde ese tiempo.
La afirmación del ex viceministro reabrió en la audiencia del juicio el tema de las denuncias de soborno y la extorsión que ha acompañado al mayor caso penal de la historia boliviana. Hasta ahora, las únicas denuncias conocidas en el juicio habían sido formuladas por el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar Villarroel y Svonko Matkovic Fleig, ex prefecto de Santa Cruz y padre del nuevo vicepresidente cívico.
Matkovic Fleig dijo que hubo otros sobornados por una red que atribuyó al ex fiscal, pero nadie más ha vuelto a hablar de la cuestión, hasta la mención de Torrico Landa, cuya declaración fue suspendida hasta la próxima serie de audiencias, prevista a partir del 20 de marzo.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

La piedra en el zapato

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Caroline Dwyer vino a Bolivia hace dos semanas y demoró pocas horas en llegar a la conclusión de que su viaje desde las tierras verdes y frías de Irlanda había sido una nueva frustración. Era su segunda venida a los andes y los trópicos sudamericanos en busca de averiguar porqué y quién mató a su hijo de un balazo certero en el pecho en un episodio sangriento que siete años después aún es una sombra para el gobierno. Las autoridades afirman que el joven irlandés vino desde parajes remotos de su país para involucrarse en una conjura, sembrar terrorismo para dividir Bolivia y proclamar una nueva nación en el centro continental.
En busca de lograr que las autoridades bolivianas contribuyan a esclarecer el caso, mantuvo en los últimos años una actitud cautelosa. Creyó que el viaje del presidente Morales a Irlanda y las entrevistas que sostuvo con las principales autoridades de ese país hace ocho meses, allanarían el camino para una investigación internacional independiente y dar con los responsables de la muerte de su hijo.
Cálculos iniciales decían que esa investigación estaría activa en abril. Pero la comisión aún no se ha formado, aún carece de anuncio oficial, y la investigación continúa con el epílogo que le asignó la versión oficial: él y sus compañeros dispararon sobre la policía desde sus habitaciones y ésta abrió fuego. Permanecen las dudas sobre si los que estaban en el Hotel Las Américas pudieron disparar pues dormían semidesnudos, o en qué condiciones batallaba Dwyer para recibir casi a quemarropa el disparo que le perforó corazón. Su compañero Elöd Tóásó dijo que lo había visto a su lado de rodillas en una pista de aterrizaje en la madrugada del 16 de abril de 2009. La forense oficial irlandesa envió hace años su informe sobre su compatriota, pero la defensa dice que el documento se quedó en la cancillería boliviana y no fue enviado al juez a cargo del caso.
¨Lo menos que podían haber hecho antes de que emprendiera el largo viaje a Bolivia, era avisarme que no me recibirían¨, dijo al retornar a su país. ¨Mi experiencia me dice que las autoridades bolivianas nunca serán parte de una investigación sobre la muerte brutal de mi hijo¨, agregó, citada por diarios irlandeses. El departamento de asuntos exteriores de Irlanda emitió una declaración en la que subrayó su ¨grave preocupación¨ por la inutilidad de la visita. Una preocupación similar había emitido durante la visita del presidente el año pasado.
Consulté a la señora Dwyer por correo electrónico sobre los trámites para su visita y las autoridades con las que esperaba entrevistarse. ¨Todo fue arreglado con el departamento de asuntos exteriores a niveles diplomáticos¨, dijo. Por lo visto, esperaba verse con niveles altos de la Cancillería. Cuando estuvo en Bolivia las autoridades concertaron un encuentro con dos técnicos con los que Caroline Dwyer habló, pero ninguno de ellos era siquiera testigo de alguna de las partes en el juicio y el tema para ambos parecía desconocido. Si se trató de una manera de evadir un problema, es difícil creer que se hubiera evadido algo.
El traspié no configura buenos augurios para el Juicio del Siglo, que debe reanudarse esta semana tras casi tres meses de tropiezos, ahora a la espera del resultado de una apelación a la decisión del tribunal que decidió apartar el general Gary Prado Salmón hasta que se cure de viejas heridas. La fiscalía quiere que el militar sea reincorporado a las audiencias, pero todos los diagnósticos, incluso de los forenses oficiales, dicen que las heridas del general deben curarse so peligro de un grave desenlace. Con el fracaso para abrir el caso a investigadores externos la ofensiva de la familia Dwyer podrá volverse más abierta y más activa.

Rueda del destino

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La reacción de jueces y acusadores en el Juicio del Siglo pareció de molestia contenida cuando dos abogados defensores señalaron que las irregularidades procedimentales que denunciaban serían base para plantear la nulidad del proceso, con las consecuencias resultantes en cuanto la brújula política del país señale otra dirección.

¨Ya sabemos que Uds. tienen lista la sentencia condenatoria¨, dijo el abogado Otto Ritter, tras los esfuerzos infructuosos de su colega Carlos Mariaca para convencer al tribunal de aplicar a su favor reglas que en audiencias anteriores habían favorecido a la acusación. ¨En cuanto caiga este gobierno usaremos estas decisiones para demandar la revisión del proceso¨, había dicho Mariaca. En otras circunstancias, el tribunal y los acusadores habrían protestado de inmediato diciendo que se los amenazaba. Esta vez acusaron la advertencia sin escandalizarse.

El abogado reclamaba que se permitiese al jefe de policías que testifica desde hace casi tres meses, aclarar si había sido investigado alguna vez por corrupción, por extorsión o por delitos que descalificarían su condición de investigador probo e imparcial. El juez Sixto Fernández descartó la pregunta reiteradamente diciendo que el jefe policial no era investigado.

Es curioso pero recurrente. Pocos casos dramatizan tanto los vaivenes de la justicia y sus ejecutores como el que ahora ocurre en Argentina. El trazado del destino tiene un curso inexorable que suele colocar a personas un tiempo con todo el poder frente a mecanismos que crearon o que un tiempo los favorecieron.

La ex presidente Cristina Kirchner acaba de quejarse de sufrir una persecución y  que están en riesgo sus bienes, congelados por un juez y con valor multiplicado respecto a los que poseía antes de acceder al poder a principios de la década anterior. Hace solo un año, contra la ex presidente nadie habría osado actuar judicialmente, al igual que contra los que, desde un poder judicial permeable, la protegían. Hoy, en un radical vuelco de fortuna, los que hace poco tiempo cometían atropellos y abusos de poder, también están en la picota.

No es la única, pues en situación similar se encuentran algunos de sus ex colegas en la región.

El Juicio del Siglo llegó a un clímax la semana pasada con el deterioro de la salud del general Gary Prado Salmon. Dio vuelta al país, y también más allá, la imagen del militar declarado Héroe Nacional por el Congreso tendido sobre una camilla desvencijada.  Al día siguiente, la camilla fue sustituida por otra menos precaria, suficiente para ver  las llagas de las escaras de la parálisis que lo tiene en silla de ruedas desde 1981, cuando cumplía una misión para restablecer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz.

 

¿De Moscú a Palmasola?

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El mayor juicio penal de la historia boliviana tropezó todo el mes de junio en la desconfianza de la defensa sobre la calidad profesional de quienes deben guiar su administración, en tanto que el método de  ¨juicio abreviado¨ se adjudicó la confesión de culpa de otro detenido en Palmasola.

Tres forenses del gobierno decidieron que el general (r) Gary Prado Salmón, quien acababa de soportar una limpieza de escaras tras cirugías recurrentes en la parte inferior de la espalda y asomaba la posibilidad de una nueva operación, tenía condiciones de cumplir un horario igual al de cualquier persona con salud plena: ocho horas diarias.

La carga horaria con efecto inmediato determinada el jueves por los forenses es superior a la de 5 ½ horas que solía cumplir el militar hasta antes de la crisis más reciente, originada en el balazo que recibió hace 35 años cuando intentaba reimponer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz. Dobla también las cuatro horas diarias que habían recomendado sus médicos tratantes: dos en la mañana y dos en la tarde.

Los forenses oficiales no explicaron en qué mejoramiento de la salud del militar basaban el dictamen, que para la defensa revelaría que en la condición del paciente se estaría operando un fenómeno extraordinario.

El episodio derivó en una controversia y, a la postre, en una suspensión de la audiencia hasta el 4 de julio. Junio ha sido uno de los meses más accidentados de todo el proceso, que lleva más de tres años en Santa Cruz y más de siete desde el asalto al Hotel Las Américas que lo originó.

En estos días debe ocurrir la libertad plena de Gelafio Santisteban Stroebel, el joven militar boliviano que sirvió en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Congo y Haití y a quien el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza acusaba de participar en planes para sembrar el terror en Bolivia, doblegar al ejército y crear una nueva  nación. Los antecedentes no valieron y el ex fiscal apoyó la acusación en una auto-descripción como ¨experto en combate urbano¨ referida supuestamente a otro de los acusados ahora fuera de Bolivia en una conversación electrónica.

Con la acusación de terrorismo quitada, Santisteban esperaba salir esta semana de la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, tras acogerse a un sistema de ¨juicio abreviado¨, para abogados de la defensa reminiscente de los ¨Juicios de Moscú¨ para suprimir a disidentes bajo Stalin.

Santisteban confesó ser culpable del delito de ¨alzamiento armado¨, que había negado durante todos los años de su detención. La misma decisión de optar por un proceso abreviado fue asumida el año pasado por otros cinco detenidos en el caso penal más célebre de la historia nacional (terrorismo, separatismo, magnicidio y alzamiento armado) contra 39 personas. Entre los acusados figuraba el padre del militar, el general (r) Gelafio Santisteban Hurtado, cuya exclusión del proceso habría sido parte del acuerdo alcanzado por Santisteban Stroebel.

En la Rusia bolchevique, el régimen encarceló a críticos y opositores prominentes quienes, ante la incredulidad de quienes los conocieron, admitieron culpas que siempre negaron. Con los cargos desprovistos de evidencias que los sostuvieran, los juicios pasaron al registro histórico como una farsa.

En Bolivia, diseñado para descongestionar las cárceles, el juicio abreviado es percibido por la defensa en el Juicio del Siglo como hecho a medida para que los acusados se declaren culpables y sancionen la tesis del gobierno como justificación del asalto al Hotel las Américas y la muerte de tres personas, seguido de persecución y enjuiciamiento de decenas de otras. Desde que empezó a aplicarse ha sido criticado por la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos como un señuelo cruel para que los acusados se inculpen.