Juicio del Siglo

El tedio no tiene fin

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Las audiencias del Juicio del Siglo fueron reanudadas esta semana en Santa Cruz, con jueces y fiscales empeñados en alcanzar en pocos meses más la etapa de sentencias al cabo de casi una década de los sucesos sangrientos que le dieron origen.  Como en el título de la novela del novelista francés universal Marcel Proust, quienes lo conducen imprimieron al Juicio del Siglo un ritmo draconiano y ¨en busca del tiempo perdido¨ dedicaron toda la semana a la lectura de números correspondientes a llamadas telefónicas  de los acusados. Esta etapa deberá continuar todavía durante siquiera un par de meses, calculan abogados de la defensa. Entre bostezos y cabeceos somnolientos, el tedio es característica diaria del mayor juicio penal de la historia boliviana.
Los miles de páginas con números telefónicos son parte de las pruebas en las que el ex fiscal Marcelo Soza apoyó su acusación de que en Bolivia hubo una conjura separatista que, de consumarse, habría derrotado al Ejército Nacional.
Soza fugó del país y recibió asilo politico en Brasil luego de acusar a las autoridades de obligarlo a organizar la acusación de manera de incriminar a gran parte de la dirección cívica del departamento y de líderes opositores al gobierno.
Las audiencias se reanudaron el martes tras mejorar la salud del juez Sixto Fernández, quien estuvo de baja por complicaciones de su salud que lo tuvieron internado en un hospital de La Paz. El juez padece de diabetes y desde mediados de junio debió someterse a tratamientos rigurosos para restablecerse. Entre los cuatro jurados, era el único que no había sufrido problemas de salud desde que las audiencias se instalaron en Santa Cruz en enero de 2013.
La reanudación no fue tranquila. El abogado Defensor Gary Prado Araúz denunció que el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes, uno de los primeros en ser detenidos después del asalto policial armado al Hotel las Américas, había tenido saqueada su celda en el Penal de Palmasola. Guedes dijo que había sido desalojado de la celda que él había reparado para volverla habitable y que las autoridades del penal ignoraron sus denuncias. ¨Me haga un poco de justicia¨, le pidió al juez al reclamar que le restituyan su celda y le devuelvan los bienes que le robaron.
El asalto a la celda del detenido y el robo de sus enseres serán denunciados a fines de semana ante un comisionado de derechos humanos de la OEA que llegaría a La Paz, dijo el abogado Prado Araúz.
En la acusación preparada por Soza, Guedes era la persona encargada del aprovisionamiento de armas para el estallido que afirmaba que iba a ocurrir en Bolivia. La única prueba de la tesis de conjura es una vieja pistola italiana vendida a Rózsa, con la que éste capitanearía la hazaña.
El expediente de llamadas leídas durante la semana tiene más de 800 páginas y, de no ocurrir incidentes, la lectura acabaría la semana próxima. Pero acabar toda la lectura de pruebas estaría aún distante varios meses, pues hasta la semana que acabó se habían leído solo 10 de 42 pruebas documentales.
La lectura monótona de números telefónicos ha acentuado el tedio que predomina en las sesiones. ¨La lectura de los números se vuelve un murmullo dentro de una rutina que insulta¨, me dijo el jueves un abogado defensor.
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El Juicio del Siglo, el mayor proceso penal de la historia boliviana, debe reiniciar sus audiencias este lunes al cabo de un prolongado receso de más de un mes, pero los más recientes acontecimientos aconsejan cautela para hablar de sus perspectivas. Nunca el destino de ese juicio estuvo tan oscurecido como en estos días y nadie se atrevería a atisbar su destino. El juez Sixto Fernández, presidente del tribunal, continuaba este fin de semana recluido en una clínica de La Paz por determinación de los médicos que lo tratan de una diabetes de muchos años que los especialistas coinciden en que es temerario tratar bajo la presión de un proceso que conlleva dosis extraordinarias de esfuerzo físico y mental. El agotamiento nervioso es considerado como uno de los factores de riesgo mayores en esa disfunción orgánica.

 A la dolencia del juez Fernández se suman las de las jueces que, en algún momento a lo largo de  los cinco años desde que el juicio se instaló en Santa Cruz, han perturbado la prosecución normal de las audiencias que han plagado más de sombras que de luz a la denuncia sobre una guerra interna que llevaría a la desmembración de Bolivia, magnicidios y terrorismo mediante. La acusación no ha conseguido persuadir de este armagedón boliviano, en principio denunciado por el propio presidente Evo Morales ante colegas con los que se reunía en Cumaná, Venezuela, el día anterior a la Cumbre de las Américas de 2009, en Trinidad y Tobago. Barack Obama, para quien la cita era el primer encuentro con líderes de la región, fue escéptico a la denuncia y le dijo que su país no alentaba conspiraciones.

El carácter delicado de la enfermedad del juez fue subrayado el lunes antepasado, cuando la juez técnica Julia Elena Gemio anunció que las audiencias quedarían suspendidas por diez días debido a la salud del magistrado, quien para entonces ya llevaba un par de semanas de hospitalización. La defensa alegó que la suspensión era irregular, pues la juez no había presentado ningún dictamen médico ni resultados de exámenes que, de rutina, solía exigir el tribunal con rigor cuando los afectados provenían de las filas de los acusados. Era la única de los cuatro jueces que componen el tribunal en asistir a la sesión aquel día. Entre los acusados, hay curiosidad por saber si al reabrirse las sesiones mañana lunes, el tribunal hará conocer los exámenes justificatorios del reposo otorgado al juez. No provoca mayor sorpresa la unanimidad entre los defensores en creer que el juez no estará presente y que la acusación buscará extender nuevamente el reposo.

El problema es, según los entendidos, que una convalescencia estable no consiste solamente en reposar, sino en asegurar cuidados dietéticos, ejercicios y suministro de medicamentos, lo que no condice por completo con las tareas que el juez tiene a su cargo. En teoría, podría ser apartado del juicio, con lo que la conducción quedaría a cargo de la juez Gemio. Pero no parece sentirse feliz con esa posibilidad la magistrada que hizo carrera como ¨una hormiguita¨, en su propia descripción, y avanzó desde los escalones más humildes de la carrera, con limpieza y orden de archivos en una oficina judicial, hasta alcanzar su actual posición. Abogados de la defensa que suelen hablar con ella para comentar situaciones del juicio, sostienen que no parece entusiasmada con la posibilidad de agarrar el timón más quemante de la historia penal boliviana.

La acusación tampoco se sentiría tranquila con una conducción eventual de la juez Gemio, de cuya integridad profesional, por no seguir a pies juntillas dictámenes superiores, hizo mofa uno de los fiscales hace cinco años cuando, afectada por una súbita parálisis facial, no podía asistir a las audiencias. A eso habría que sumar el ánimo de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya. En distintos momentos, ambas estuvieron aquejadas por malestares y una de ellas se derrumbó en plena sesión.

La baja del juez ha ocurrido en pleno esfuerzo por apresurar el ritmo de las audiencias para llegar a fines de este año a la etapa de sentencias. Pero nada indica que esa meta vaya a ser alcanzada. Las audiencias están desde hace siete meses empantanadas en la lectura tediosa de números telefónicos correspondientes a las llamadas realizadas y recibidas por algunos de los acusados. Hasta ahora no se ha podido precisar la utilidad de esa lectura, impuesta por la acusación que presidia el ex fiscal Soza.

Una impresión general es que el Juicio del Siglo ha llegado a una disyuntiva ineludible y que los plazos se le han acortado sin remedio.

 

Cuando más es menos

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Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitales de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.

En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el ex fiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del ex fiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.

Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas.

Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales.

La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.

Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía de la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista.

Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de COTAS dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final.

Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.

Que otro pague la cuenta

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La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que obliga al Estado Boliviano a resarcir de manera adecuada a legisladores que tuvieron cercenados sus derechos ciudadanos cuando se les vetó la participación en una elección hace cuatro años, ha abierto un torrente capaz de desbordarse, pues no son pocos los juicios que acusan al Estado Boliviano de conculcación de derechos. El torrente puede tener mayores consecuencias tras las declaraciones de autoridades del gobierno favorables a un proyecto de ley que haría que el resarcimiento financiero salga del bolsillo de los funcionarios que sancionaron la violación de derechos. Ese  proyecto debe haber encendido la luz roja para jueces y fiscales a cargo de juicios instaurados por el gobierno, pues tendrán que andar de puntillas y procurar decisiones justas para evitar que les caiga el veredicto popular acuñado en la estrofa de un popular huayño: Lo que has hecho estás pagando.

En otras palabras, la cuenta será para los jueces y los fiscales desde el momento en que asumieron la causa.

A fines de 2014 el Tribunal Supremo Electoral resolvió que legisladores en funciones no podrían postularse para gobernaciones, entre ellos la  cochabambina ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el senador potosino Eduardo Maldonado, personalidades destacadas de  la oposición tras haber militado en el partido de gobierno. Curiosamente, la norma de los magistrados no afectó a candidatos oficiales, algunos ahora en funciones prominentes en las cámaras legislativas.

El estado tiene 180 días para pagar ¨una compensación adecuada¨ a los afectados por el dictamen. Cuánto es eso, queda a  los inhabilitados hace cuatro años determinar y al lector calcular: cualquier cifra seguida de cinco o más ceros. El dictamen de los magistrados será costoso, pero la billetera del Estado puede acabar resarcida con una norma en la Asamblea Legislativa desde hace un año, cuyo concepto central reorienta la responsabilidad hacia los funcionarios que dieron lugar a la infracción de derechos. Que la norma aún no esté sancionada sería solo un detalle menor, como se ha visto a menudo, pero los infractores se verían ante obligaciones legales que tendrían al cielo por límite.

El antecedente viene al pelo a un mes del decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia de violación de derechos humanos presentada hace nueve años por algunos acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana, el ¨Caso Terrorismo¨, que esta semana reinicia audiencias en Santa Cruz.

No se conocen opiniones de jueces a cargo de casos que comprometen al estado en cuestiones de derechos humanos. Por la naturaleza de los casos que llevan y por sus ramificaciones, es natural que permanezcan callados. Se puede presumir, sin embargo, que no están libres de  contagiarse de la ansiedad y la angustia que rodean a los temas a su cargo. Estaría a prueba el adagio de ¨quien ríe de ultimo…¨

Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

Estertores del Juicio del Siglo

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El mayor juicio penal de la historia boliviana está rumbo a quedarse sin acusados encarcelados, tras la decisión de una corte de La Paz de otorgar detención domiciliaria a Svonko Matkovic Ribera, el joven cruceño cuyo registro en el celular de Eduardo Rózsa Flores para confirmar un pernocte campestre disparó las sospechas del ex fiscal Marcelo Soza que le costaron ocho años de cárcel y extorsiones sucesivas por 90.000 dólares a su padre Svonko Matkovic Fleig. La salida inminente de la prisión de Palmasola por parte de Matkovic, dejará en las celdas del penal solamente a dos de los 39 que figuraron inicialmente en la lista de acusados del ex fiscal Marcelo Soza con la que el ex magistrado mantuvo en vilo e incertidumbre a cientos de personas y familias en Santa Cruz y Beni.

Al retornar a Santa Cruz el miércoles por la noche tras la audiencia que determinó su salida del penal de Palmasola, el joven Matkovic celebró que nunca se doblegó a las presiones para someterse a un ¨juicio abreviado¨ que habría significado admitir culpas en la trama que sostiene el gobierno, y que salía de la prisión sin haber negociado su nueva condición. Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Matkovic pasa en Palmasola los primeros días bajo su nuevo estado, contando las horas para concluir los trámites y trasladarse a casa de sus padres. Se anticipa que será foco de atención nacional el lunes, al reiniciarse las audiencias del Juicio del Siglo radicado en Santa Cruz desde hace seis años.

Cuando Matkovic deje Palmasola, en el penal solo quedarán los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi.

El juicio se reabrirá en medio de especulaciones sobre qué llevó a la sala penal de La Paz a dictar detención domiciliaria Para Matkovic, después de que ese beneficio fuera negado en 20 ocasiones a lo largo de los años que el dirigente cívico ha estado preso. En un ambiente de desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de la justicia en Bolivia, la pregunta parece pertinente. El mismo joven Matkovic explicó que su salud sufría un fuerte deterioro, con una hernia de disco y una cirugía en la rodilla que amenazaban con privarlo de caminar. Citando esos malestares había planteado una nueva petición de amparo a principios de enero que fue negada por el juez del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, todos de La Paz.

Abogados defensores y analistas trataban de descifrar estos días qué determinó el cambio de posición. En un marco mayor, una referencia sería la necesidad de aliviar la carga que lleva el gobierno, en particular el presidente Morales, de acusaciones que lo presentan como irrespetuoso de los derechos humanos, y de someter a la justicia. En ese plano, sería importante subrayar la imagen exterior que ofrece el gobierno, ahora distante de la que ostentaba en los albores de su administración, como representante desguarnecido de un sector indígena mayoritario negligido y abusado. Nadie negaría que en la imagen actual del presidente ahora están instaladas violaciones a los derechos humanos, desde Chaparina y el Hotel Las Américas, y casos notables de corrupción. Al lado de ese cuadro se dibuja la quiebra del Socialismo del Siglo XXI, con el que sintoniza el gobierno boliviano y que languidece con el naufragio de Venezuela. Nicolás Maduro, identificado con raras excepciones como un dictador de quien los líderes democráticos se alejan, fue ¨desinvitado¨ a la Cumbre de las Américas a mediados de abril en Perú y estará ausente de la posesión de Sebastián Piñera dentro de pocos días en Santiago. En todo este panorama, el aflojamiento de la prisión de Svonko Matkovic Ribera sería un paso para mostrar una imagen diferente del presidente Morales que ayude a restituir la que tenia hace una década.

Otros politicos y analistas creen que tal apreciación sería tardía y exigua. ¨Ha sido solo un pequeño paso. No es justicia. Debería estar libre¨, dijo el expresidente Jorge Quiroga en tanto que el senador Demócrata Social Oscar Ortiz dijo que todo el juicio debería ser anulado. El ex prefecto de Santa Cruz, Francisco Aróstegui, disparó más municiones. ¨Entre la justicia y la apariencia hay mucha diferencia. Podrán decir muy sueltos de cuerpo, como nos quieren acostumbrar, que dar libertad a un ciudadano después de ocho años de prisión es justicia. Si dar libertad para cambiar la autoritaria imagen del presidente, es un frío cálculo que deja maltrecha a la justicia… la usa para mostrar un fingido rostro humano¨.  Al llegar a Cumaná, en el oriente venezolano, el presidente declaró que él impartió la orden para la toma del hotel.

Tras la salida de Matkovic Ribera de Palmasola, ¨como quise, sin negociar y sin echarme la culpa¨, quedan aún presos los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi, los primeros en ser arrestados tras el asalto al hotel. Sobre Guedes pesa la acusación de ser comerciante de armas encargado de proveerlas al supuesto movimiento separatista que el gobierno atribuye a Eduardo Rózsa Flores. La única evidencia para sostener la acusación, que coloca a Guedes entre los grandes traficantes de armas, es una vieja pistola sin cacerinas que vendió a Rózsa con la que éste iba a capitanear la rendición del ejército boliviano. A Mendoza se le atribuye un papel central en la trama por su condición de dirigente juvenil y contactos que tuvo como tal. Aún guarda las secuelas de las golpizas que recibió, tiene dificultades para caminar y lo hace apoyado en un bastón.

Desde sus inicios en Santa Cruz el panorama del juicio ha cambiado. El fiscal acusador, Marcelo Soza, huyó del país y está refugiado en Brasil. Y la unidad policial que tomó el hotel por asalto, fue disuelta.

Matkovic Ribera abogó por la libertad de sus compañeros, que han recurrrido a organizaciones de derechos humanos. Con ellos también fuera del penal, el mayor proceso penal de la historia boliviana perdería sostén. Resultaría extraño hablar de un complot separatista y planes terroristas en Bolivia con ningún acusado preso en la cárcel. Los demás están defendiéndose en libertad y bajo arresto domiciliario o sentenciados pero ya libres, pues pasaron tanto tiempo en la cárcel que, a esas alturas, gran parte de la condena que recibieron ya estaba cumplida.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

La traducción no importa – II

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El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría  hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.

El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.

Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.

Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz.  El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.

Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.

Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.

Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015.  Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.

La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.

Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.