Juicio del Siglo

Décimo aniversario

Posted on Actualizado enn

A una semana del decimo aniversario de los eventos que le dieron inicio, el Juicio del Siglo volvió a tropezar el  miércoles con incidentes que expusieron su trama surrealista: el hijo de una de las jueces ciudadanas que conforman el Jurado se enfermó y la juez Sonia Mamani anunció que había decidido ir el mismo día a La Paz para atenderlo. Su decisión originó un fuerte altercado con el juez Sixto Fernández,   quien no logró disuadir a la  juez de su viaje y se vio obligado, en la mañana, a suspender las audiencias hasta la semana del 22 de abril. Todos los acusados y abogados de la defensa presentes dieron apoyo a la jurado y de manera indirecta repudiaron el punto de vista del juez presidente y de los fiscales, reacios a suspender la audiencia.

La inesperada situación, y la decisión del juez, no evitaron que el juicio, por lo menos en calendario, se mantenga en sesiones cuando  llegue  el aniversario del 16 de abril, cuando una unidad fuertemente armada de la hoy disuelta UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Conflictos)  atacó el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, y mató a sangre fría a tres de sus ocupantes y detuvo a dos, años después puestos en libertad. A partir de ahí se desencadenó una fuerte represión contra líderes de Santa Cruz, acusados de ser parte de un esquema para dividir a Bolivia y hacer del oriente una nueva nación en pleno centro sudamericano. La acusación nunca fue solidamente sustentada pero mantuvo cuando menos cabizbaja a la dirigencia cívica cruceña.

Hasta ahora se mantienen muchas de las incógnitas surgidas en aquella ocasión: ¿Quién exactamente ordenó traer a Bolivia a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de la banda que iba a enfrentar al ejército nacional? ¿De dónde provendría el financiamiento de la supuesta guerra separatista? (Se supone que el ejército lucharía con todo para evitar la división del país, lo que representaría un gran escollo en el supuesto plan.) ¿Quién contactó a Rózsa en Europa central, donde vivía, para que viniese a Bolivia y bajo qué ofrecimiento? ¿Y qué de los dos  supuestos integrantes de la también supuesta ¨célula terrorista¨? Uno de ellos -el húngaro Elod Toaso- fugó del país mientras estaba en libertad condicional, y su compañero Mario Tádic desapareció de la circulación y se lo supone en Chile o en Croacia. 

 Muchos pormenores siguen en la bruma, si bien algunos elementos han sido clarificados. El propio presidente Evo Morales dijo que él había dejado la orden de atacar al grupo antes de partir rumbo a Venezuela (y estacionar su avión en el aeropuerto de Santa Cruz en la misma madrugada en que  morirían Rózsa Flores y dos de sus compañeros.) De esta declaración se agarran quienes pretenden responsabilizar al presidente de las muertes de esa madrugada.

Por coincidencia, para el miércoles  estaba prevista una audiencia del médico neumólogo Juan Carlos Santisteban, una personalidad en Santa Cruz, en el inicio de un juicio separado del resto de los acusados (algunos están en similar situación, y con detención domiciliaria). La audiencia quedó suspendida hasta la semana subsiguiente.

Las audiencias quedaron instaladas en Santa Cruz en 2013, donde se produjo la mayor parte de los incidentes que han hecho ensombrecido el proceso, sobre el que he escrito dos libros, ahora agotados. El último, que incluye el primero, (Labrado en la memoria, anotaciones de un reportero) fue presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz en 2017, impreso y distribuido por Editorial Plural.

¨No sé cuánto tiempo más estaré preso peleando contra esta infamia¨, dijo en una declaración escrita Juan Carlos Guedes, uno de los dos en la cárcel de Palmasola, donde ha afinado sus condiciones  narrativas y ya ha escrito un libro sobre sus vivencias en la cárcel y prepara una edición actualizada. También está preso Alcides Mendoza. Ambos eran líderes de la Unión Juvenil Cruceñista, que el gobierno consideraba archi-enemiga.

El incidente con la salud es el más reciente de los traspiés del juicio. El propio juez residente ha debido ausentarse de las sesiones durante semanas, debido a dolencias relacionadas con una diabetes que le impedían su traslado a Santa Cruz. Las demás jueces también han estado acosadas por distintas dolencias, una de ellas por una parálisis facial.

N.E. Ajusta anterior versión.

Anuncios

Tribulaciones del Juicio del Siglo

Posted on

En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval . El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tibunal de Sentencia de La Paz,  consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo,  tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.

El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada y conjura separatista. En principio tenia el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en ¨Labrado en la memoria¨, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.

El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños,  está estancado, aún en  la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo a las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.

Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo  cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la version. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo.  Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.

A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda  la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.

El tedio no tiene fin

Posted on

Las audiencias del Juicio del Siglo fueron reanudadas esta semana en Santa Cruz, con jueces y fiscales empeñados en alcanzar en pocos meses más la etapa de sentencias al cabo de casi una década de los sucesos sangrientos que le dieron origen.  Como en el título de la novela del novelista francés universal Marcel Proust, quienes lo conducen imprimieron al Juicio del Siglo un ritmo draconiano y ¨en busca del tiempo perdido¨ dedicaron toda la semana a la lectura de números correspondientes a llamadas telefónicas  de los acusados. Esta etapa deberá continuar todavía durante siquiera un par de meses, calculan abogados de la defensa. Entre bostezos y cabeceos somnolientos, el tedio es característica diaria del mayor juicio penal de la historia boliviana.
Los miles de páginas con números telefónicos son parte de las pruebas en las que el ex fiscal Marcelo Soza apoyó su acusación de que en Bolivia hubo una conjura separatista que, de consumarse, habría derrotado al Ejército Nacional.
Soza fugó del país y recibió asilo politico en Brasil luego de acusar a las autoridades de obligarlo a organizar la acusación de manera de incriminar a gran parte de la dirección cívica del departamento y de líderes opositores al gobierno.
Las audiencias se reanudaron el martes tras mejorar la salud del juez Sixto Fernández, quien estuvo de baja por complicaciones de su salud que lo tuvieron internado en un hospital de La Paz. El juez padece de diabetes y desde mediados de junio debió someterse a tratamientos rigurosos para restablecerse. Entre los cuatro jurados, era el único que no había sufrido problemas de salud desde que las audiencias se instalaron en Santa Cruz en enero de 2013.
La reanudación no fue tranquila. El abogado Defensor Gary Prado Araúz denunció que el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes, uno de los primeros en ser detenidos después del asalto policial armado al Hotel las Américas, había tenido saqueada su celda en el Penal de Palmasola. Guedes dijo que había sido desalojado de la celda que él había reparado para volverla habitable y que las autoridades del penal ignoraron sus denuncias. ¨Me haga un poco de justicia¨, le pidió al juez al reclamar que le restituyan su celda y le devuelvan los bienes que le robaron.
El asalto a la celda del detenido y el robo de sus enseres serán denunciados a fines de semana ante un comisionado de derechos humanos de la OEA que llegaría a La Paz, dijo el abogado Prado Araúz.
En la acusación preparada por Soza, Guedes era la persona encargada del aprovisionamiento de armas para el estallido que afirmaba que iba a ocurrir en Bolivia. La única prueba de la tesis de conjura es una vieja pistola italiana vendida a Rózsa, con la que éste capitanearía la hazaña.
El expediente de llamadas leídas durante la semana tiene más de 800 páginas y, de no ocurrir incidentes, la lectura acabaría la semana próxima. Pero acabar toda la lectura de pruebas estaría aún distante varios meses, pues hasta la semana que acabó se habían leído solo 10 de 42 pruebas documentales.
La lectura monótona de números telefónicos ha acentuado el tedio que predomina en las sesiones. ¨La lectura de los números se vuelve un murmullo dentro de una rutina que insulta¨, me dijo el jueves un abogado defensor.

¿ ?

Posted on Actualizado enn

El Juicio del Siglo, el mayor proceso penal de la historia boliviana, debe reiniciar sus audiencias este lunes al cabo de un prolongado receso de más de un mes, pero los más recientes acontecimientos aconsejan cautela para hablar de sus perspectivas. Nunca el destino de ese juicio estuvo tan oscurecido como en estos días y nadie se atrevería a atisbar su destino. El juez Sixto Fernández, presidente del tribunal, continuaba este fin de semana recluido en una clínica de La Paz por determinación de los médicos que lo tratan de una diabetes de muchos años que los especialistas coinciden en que es temerario tratar bajo la presión de un proceso que conlleva dosis extraordinarias de esfuerzo físico y mental. El agotamiento nervioso es considerado como uno de los factores de riesgo mayores en esa disfunción orgánica.

 A la dolencia del juez Fernández se suman las de las jueces que, en algún momento a lo largo de  los cinco años desde que el juicio se instaló en Santa Cruz, han perturbado la prosecución normal de las audiencias que han plagado más de sombras que de luz a la denuncia sobre una guerra interna que llevaría a la desmembración de Bolivia, magnicidios y terrorismo mediante. La acusación no ha conseguido persuadir de este armagedón boliviano, en principio denunciado por el propio presidente Evo Morales ante colegas con los que se reunía en Cumaná, Venezuela, el día anterior a la Cumbre de las Américas de 2009, en Trinidad y Tobago. Barack Obama, para quien la cita era el primer encuentro con líderes de la región, fue escéptico a la denuncia y le dijo que su país no alentaba conspiraciones.

El carácter delicado de la enfermedad del juez fue subrayado el lunes antepasado, cuando la juez técnica Julia Elena Gemio anunció que las audiencias quedarían suspendidas por diez días debido a la salud del magistrado, quien para entonces ya llevaba un par de semanas de hospitalización. La defensa alegó que la suspensión era irregular, pues la juez no había presentado ningún dictamen médico ni resultados de exámenes que, de rutina, solía exigir el tribunal con rigor cuando los afectados provenían de las filas de los acusados. Era la única de los cuatro jueces que componen el tribunal en asistir a la sesión aquel día. Entre los acusados, hay curiosidad por saber si al reabrirse las sesiones mañana lunes, el tribunal hará conocer los exámenes justificatorios del reposo otorgado al juez. No provoca mayor sorpresa la unanimidad entre los defensores en creer que el juez no estará presente y que la acusación buscará extender nuevamente el reposo.

El problema es, según los entendidos, que una convalescencia estable no consiste solamente en reposar, sino en asegurar cuidados dietéticos, ejercicios y suministro de medicamentos, lo que no condice por completo con las tareas que el juez tiene a su cargo. En teoría, podría ser apartado del juicio, con lo que la conducción quedaría a cargo de la juez Gemio. Pero no parece sentirse feliz con esa posibilidad la magistrada que hizo carrera como ¨una hormiguita¨, en su propia descripción, y avanzó desde los escalones más humildes de la carrera, con limpieza y orden de archivos en una oficina judicial, hasta alcanzar su actual posición. Abogados de la defensa que suelen hablar con ella para comentar situaciones del juicio, sostienen que no parece entusiasmada con la posibilidad de agarrar el timón más quemante de la historia penal boliviana.

La acusación tampoco se sentiría tranquila con una conducción eventual de la juez Gemio, de cuya integridad profesional, por no seguir a pies juntillas dictámenes superiores, hizo mofa uno de los fiscales hace cinco años cuando, afectada por una súbita parálisis facial, no podía asistir a las audiencias. A eso habría que sumar el ánimo de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya. En distintos momentos, ambas estuvieron aquejadas por malestares y una de ellas se derrumbó en plena sesión.

La baja del juez ha ocurrido en pleno esfuerzo por apresurar el ritmo de las audiencias para llegar a fines de este año a la etapa de sentencias. Pero nada indica que esa meta vaya a ser alcanzada. Las audiencias están desde hace siete meses empantanadas en la lectura tediosa de números telefónicos correspondientes a las llamadas realizadas y recibidas por algunos de los acusados. Hasta ahora no se ha podido precisar la utilidad de esa lectura, impuesta por la acusación que presidia el ex fiscal Soza.

Una impresión general es que el Juicio del Siglo ha llegado a una disyuntiva ineludible y que los plazos se le han acortado sin remedio.

 

Cuando más es menos

Posted on

Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitales de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.

En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el ex fiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del ex fiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.

Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas.

Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales.

La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.

Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía de la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista.

Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de COTAS dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final.

Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.

Que otro pague la cuenta

Posted on

La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que obliga al Estado Boliviano a resarcir de manera adecuada a legisladores que tuvieron cercenados sus derechos ciudadanos cuando se les vetó la participación en una elección hace cuatro años, ha abierto un torrente capaz de desbordarse, pues no son pocos los juicios que acusan al Estado Boliviano de conculcación de derechos. El torrente puede tener mayores consecuencias tras las declaraciones de autoridades del gobierno favorables a un proyecto de ley que haría que el resarcimiento financiero salga del bolsillo de los funcionarios que sancionaron la violación de derechos. Ese  proyecto debe haber encendido la luz roja para jueces y fiscales a cargo de juicios instaurados por el gobierno, pues tendrán que andar de puntillas y procurar decisiones justas para evitar que les caiga el veredicto popular acuñado en la estrofa de un popular huayño: Lo que has hecho estás pagando.

En otras palabras, la cuenta será para los jueces y los fiscales desde el momento en que asumieron la causa.

A fines de 2014 el Tribunal Supremo Electoral resolvió que legisladores en funciones no podrían postularse para gobernaciones, entre ellos la  cochabambina ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el senador potosino Eduardo Maldonado, personalidades destacadas de  la oposición tras haber militado en el partido de gobierno. Curiosamente, la norma de los magistrados no afectó a candidatos oficiales, algunos ahora en funciones prominentes en las cámaras legislativas.

El estado tiene 180 días para pagar ¨una compensación adecuada¨ a los afectados por el dictamen. Cuánto es eso, queda a  los inhabilitados hace cuatro años determinar y al lector calcular: cualquier cifra seguida de cinco o más ceros. El dictamen de los magistrados será costoso, pero la billetera del Estado puede acabar resarcida con una norma en la Asamblea Legislativa desde hace un año, cuyo concepto central reorienta la responsabilidad hacia los funcionarios que dieron lugar a la infracción de derechos. Que la norma aún no esté sancionada sería solo un detalle menor, como se ha visto a menudo, pero los infractores se verían ante obligaciones legales que tendrían al cielo por límite.

El antecedente viene al pelo a un mes del decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia de violación de derechos humanos presentada hace nueve años por algunos acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana, el ¨Caso Terrorismo¨, que esta semana reinicia audiencias en Santa Cruz.

No se conocen opiniones de jueces a cargo de casos que comprometen al estado en cuestiones de derechos humanos. Por la naturaleza de los casos que llevan y por sus ramificaciones, es natural que permanezcan callados. Se puede presumir, sin embargo, que no están libres de  contagiarse de la ansiedad y la angustia que rodean a los temas a su cargo. Estaría a prueba el adagio de ¨quien ríe de ultimo…¨

Jornadas de abril

Posted on Actualizado enn

Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.