Juicio del Siglo

Que otro pague la cuenta

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La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que obliga al Estado Boliviano a resarcir de manera adecuada a legisladores que tuvieron cercenados sus derechos ciudadanos cuando se les vetó la participación en una elección hace cuatro años, ha abierto un torrente capaz de desbordarse, pues no son pocos los juicios que acusan al Estado Boliviano de conculcación de derechos. El torrente puede tener mayores consecuencias tras las declaraciones de autoridades del gobierno favorables a un proyecto de ley que haría que el resarcimiento financiero salga del bolsillo de los funcionarios que sancionaron la violación de derechos. Ese  proyecto debe haber encendido la luz roja para jueces y fiscales a cargo de juicios instaurados por el gobierno, pues tendrán que andar de puntillas y procurar decisiones justas para evitar que les caiga el veredicto popular acuñado en la estrofa de un popular huayño: Lo que has hecho estás pagando.

En otras palabras, la cuenta será para los jueces y los fiscales desde el momento en que asumieron la causa.

A fines de 2014 el Tribunal Supremo Electoral resolvió que legisladores en funciones no podrían postularse para gobernaciones, entre ellos la  cochabambina ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el senador potosino Eduardo Maldonado, personalidades destacadas de  la oposición tras haber militado en el partido de gobierno. Curiosamente, la norma de los magistrados no afectó a candidatos oficiales, algunos ahora en funciones prominentes en las cámaras legislativas.

El estado tiene 180 días para pagar ¨una compensación adecuada¨ a los afectados por el dictamen. Cuánto es eso, queda a  los inhabilitados hace cuatro años determinar y al lector calcular: cualquier cifra seguida de cinco o más ceros. El dictamen de los magistrados será costoso, pero la billetera del Estado puede acabar resarcida con una norma en la Asamblea Legislativa desde hace un año, cuyo concepto central reorienta la responsabilidad hacia los funcionarios que dieron lugar a la infracción de derechos. Que la norma aún no esté sancionada sería solo un detalle menor, como se ha visto a menudo, pero los infractores se verían ante obligaciones legales que tendrían al cielo por límite.

El antecedente viene al pelo a un mes del decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia de violación de derechos humanos presentada hace nueve años por algunos acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana, el ¨Caso Terrorismo¨, que esta semana reinicia audiencias en Santa Cruz.

No se conocen opiniones de jueces a cargo de casos que comprometen al estado en cuestiones de derechos humanos. Por la naturaleza de los casos que llevan y por sus ramificaciones, es natural que permanezcan callados. Se puede presumir, sin embargo, que no están libres de  contagiarse de la ansiedad y la angustia que rodean a los temas a su cargo. Estaría a prueba el adagio de ¨quien ríe de ultimo…¨

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Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

Estertores del Juicio del Siglo

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El mayor juicio penal de la historia boliviana está rumbo a quedarse sin acusados encarcelados, tras la decisión de una corte de La Paz de otorgar detención domiciliaria a Svonko Matkovic Ribera, el joven cruceño cuyo registro en el celular de Eduardo Rózsa Flores para confirmar un pernocte campestre disparó las sospechas del ex fiscal Marcelo Soza que le costaron ocho años de cárcel y extorsiones sucesivas por 90.000 dólares a su padre Svonko Matkovic Fleig. La salida inminente de la prisión de Palmasola por parte de Matkovic, dejará en las celdas del penal solamente a dos de los 39 que figuraron inicialmente en la lista de acusados del ex fiscal Marcelo Soza con la que el ex magistrado mantuvo en vilo e incertidumbre a cientos de personas y familias en Santa Cruz y Beni.

Al retornar a Santa Cruz el miércoles por la noche tras la audiencia que determinó su salida del penal de Palmasola, el joven Matkovic celebró que nunca se doblegó a las presiones para someterse a un ¨juicio abreviado¨ que habría significado admitir culpas en la trama que sostiene el gobierno, y que salía de la prisión sin haber negociado su nueva condición. Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Matkovic pasa en Palmasola los primeros días bajo su nuevo estado, contando las horas para concluir los trámites y trasladarse a casa de sus padres. Se anticipa que será foco de atención nacional el lunes, al reiniciarse las audiencias del Juicio del Siglo radicado en Santa Cruz desde hace seis años.

Cuando Matkovic deje Palmasola, en el penal solo quedarán los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi.

El juicio se reabrirá en medio de especulaciones sobre qué llevó a la sala penal de La Paz a dictar detención domiciliaria Para Matkovic, después de que ese beneficio fuera negado en 20 ocasiones a lo largo de los años que el dirigente cívico ha estado preso. En un ambiente de desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de la justicia en Bolivia, la pregunta parece pertinente. El mismo joven Matkovic explicó que su salud sufría un fuerte deterioro, con una hernia de disco y una cirugía en la rodilla que amenazaban con privarlo de caminar. Citando esos malestares había planteado una nueva petición de amparo a principios de enero que fue negada por el juez del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, todos de La Paz.

Abogados defensores y analistas trataban de descifrar estos días qué determinó el cambio de posición. En un marco mayor, una referencia sería la necesidad de aliviar la carga que lleva el gobierno, en particular el presidente Morales, de acusaciones que lo presentan como irrespetuoso de los derechos humanos, y de someter a la justicia. En ese plano, sería importante subrayar la imagen exterior que ofrece el gobierno, ahora distante de la que ostentaba en los albores de su administración, como representante desguarnecido de un sector indígena mayoritario negligido y abusado. Nadie negaría que en la imagen actual del presidente ahora están instaladas violaciones a los derechos humanos, desde Chaparina y el Hotel Las Américas, y casos notables de corrupción. Al lado de ese cuadro se dibuja la quiebra del Socialismo del Siglo XXI, con el que sintoniza el gobierno boliviano y que languidece con el naufragio de Venezuela. Nicolás Maduro, identificado con raras excepciones como un dictador de quien los líderes democráticos se alejan, fue ¨desinvitado¨ a la Cumbre de las Américas a mediados de abril en Perú y estará ausente de la posesión de Sebastián Piñera dentro de pocos días en Santiago. En todo este panorama, el aflojamiento de la prisión de Svonko Matkovic Ribera sería un paso para mostrar una imagen diferente del presidente Morales que ayude a restituir la que tenia hace una década.

Otros politicos y analistas creen que tal apreciación sería tardía y exigua. ¨Ha sido solo un pequeño paso. No es justicia. Debería estar libre¨, dijo el expresidente Jorge Quiroga en tanto que el senador Demócrata Social Oscar Ortiz dijo que todo el juicio debería ser anulado. El ex prefecto de Santa Cruz, Francisco Aróstegui, disparó más municiones. ¨Entre la justicia y la apariencia hay mucha diferencia. Podrán decir muy sueltos de cuerpo, como nos quieren acostumbrar, que dar libertad a un ciudadano después de ocho años de prisión es justicia. Si dar libertad para cambiar la autoritaria imagen del presidente, es un frío cálculo que deja maltrecha a la justicia… la usa para mostrar un fingido rostro humano¨.  Al llegar a Cumaná, en el oriente venezolano, el presidente declaró que él impartió la orden para la toma del hotel.

Tras la salida de Matkovic Ribera de Palmasola, ¨como quise, sin negociar y sin echarme la culpa¨, quedan aún presos los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi, los primeros en ser arrestados tras el asalto al hotel. Sobre Guedes pesa la acusación de ser comerciante de armas encargado de proveerlas al supuesto movimiento separatista que el gobierno atribuye a Eduardo Rózsa Flores. La única evidencia para sostener la acusación, que coloca a Guedes entre los grandes traficantes de armas, es una vieja pistola sin cacerinas que vendió a Rózsa con la que éste iba a capitanear la rendición del ejército boliviano. A Mendoza se le atribuye un papel central en la trama por su condición de dirigente juvenil y contactos que tuvo como tal. Aún guarda las secuelas de las golpizas que recibió, tiene dificultades para caminar y lo hace apoyado en un bastón.

Desde sus inicios en Santa Cruz el panorama del juicio ha cambiado. El fiscal acusador, Marcelo Soza, huyó del país y está refugiado en Brasil. Y la unidad policial que tomó el hotel por asalto, fue disuelta.

Matkovic Ribera abogó por la libertad de sus compañeros, que han recurrrido a organizaciones de derechos humanos. Con ellos también fuera del penal, el mayor proceso penal de la historia boliviana perdería sostén. Resultaría extraño hablar de un complot separatista y planes terroristas en Bolivia con ningún acusado preso en la cárcel. Los demás están defendiéndose en libertad y bajo arresto domiciliario o sentenciados pero ya libres, pues pasaron tanto tiempo en la cárcel que, a esas alturas, gran parte de la condena que recibieron ya estaba cumplida.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

La traducción no importa – II

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El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría  hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.

El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.

Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.

Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz.  El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.

Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.

Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.

Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015.  Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.

La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.

Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.

 

La fiscal de allá y los fiscales de acá

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Tras conocer los resultados de un Consejo Electoral  sumiso, el presidente Nicolás Maduro bramó amenazas sobre todo el espectro opositor venezolano: supresión de la inmunidad de legisladores,  juicios y cárcel a quienes dudaren de la  legitimidad escuálida del nuevo cuerpo legislativo y una radicalización de su gobierno, visto en gran parte del mundo como cubanista y staliniano. Una voz volvió a retumbar. Luisa Ortega Días, la fiscal rebelde, denunció el fraude revelado por la empresa que prestaba servicios electrónicos y activó una investigación mientras el gobierno urdía planes para acallarla. Con  59 años, la fiscal se ha consolidado como ejemplo universal de autoridad valiente que ejerce el cargo ley en mano aun enfureciendo al gobierno. Aún purgada por Maduro el fin de semana, la funcionaria continuaba con una imagen de dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Dos semanas antes, el tribunal de La Paz a cargo del Juicio del Siglo, negó por enésima vez el pedido de Svonko Matkovic Rivera para ser juzgado en libertad. El joven es del puñado de acusados de pretender alzarse en armas, someter al ejército y dividir Bolivia, en un empeño colosal de crear una nueva nación. Nada ha sido probado, aunque  algunos  aceptaron las acusaciones en un esfuerzo por recobrar la libertad tras años encarcelados.  Se declararon culpables, en reminiscencia inevitable de los Juicios de Moscú  (1936-38), cuando la policía soviética extrajo confesiones de los acusados.

Cuando llega al suelo la credibilidad pública respecto al juicio originado en el asalto al Hotel Las Américas y la muerte brutal de tres huéspedes, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  optó por unánimidad respetar el libreto oficial.   Ese libreto se hundió en el descrédito hace tres años cuando su gestor, el entonces fiscal Marcelo Soza, dijo que el gobierno lo había forzado a incriminar a líderes cruceños y fugó a Brasil donde confesó la fechoría. Los fiscales sucesores no han variado la acusación.  Al escucharlos defender la tesis, se  concluye que los testimonios de estos años y la propia confesión de Soza no existen. De hecho, el tribunal la declaró inexistente para el juicio porque carecía de autenticación oficial boliviana, algo que el propio refugiado Soza habría tenido que gestionar.

Es posible que el tribunal hubiese perdido una oportunidad para a sepultar el caso e identificar a los que forjaron la trama que Soza contó en detalle.  Pero faltó una fiscal Ortega con su temple ético  y agallas para marcar la diferencia.

Todo por el juicio

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El Juicio del Siglo debe reiniciar audiencias mañana lunes, tras la interrupción abrupta de hace dos semanas cuando una de las jueces anunció que dejaba las sesiones para atender un llamado mayor y presenciar el desfile escolar del aniversario de La Paz en el que sus dos hijos, como reconocimiento al desempeño en sus estudios, eran abanderados. No podía no asistir, dijo, pues los tenia semiabandonados desde que se incorporó al juicio oral hace más de cuatro años, sin haber conocido los alcances del proceso que debía durar, según le aseguraron, un máximo de tres. En esas circunstancias, advirtió, la responsabilidad con sus hijos era superior a cualquier otra.

Fue la primera vez que en público se habló de la duración máxima que habría tenido el juicio. Tampoco estuvo claro de quién partió la afirmación de que no duraría más de tres años.

Las sesiones orales se realizan en Santa Cruz y la decisión de la juez Sonia Mamani reiteró la precariedad del mayor juicio penal de la historia boliviana cuyo origen remoto es el asalto policial al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, la muerte cruel de tres huéspedes y el arresto y exilio de decenas de personas, casi todas personalidades cruceñas. La acusación principal es un supuesto complot para desmembrar al país tras rendir al ejército nacional.  En la vanguardia de esa conspiración gigantesca, de acuerdo a la tesis del ahora ex fiscal Marcelo Soza, fugitivo en Brasil, estaría el general Gary Prado Salmón, general ahora retirado a quien el congreso declaró Héroe Nacional en 1988 por sus convicciones democráticas y su victoria sobre la insurgencia guerrillera de hace medio siglo, que comandaba  Ernesto Ché Guevara.

A su separación del proceso dictada en septiembre, han seguido las de otros: el ex presidente de COTAS Ronald Castedo y el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Mucho antes había sido separado el general retirado Lucio Añez, otro militar de credenciales democráticas (fue fundamental en la caída de la dictadura del general Luis García Mesa, en 1981).

La salida de la juez Sonia Mamani habría sido el colapso de todo el proceso en curso. Los jueces ciudadanos -solo dos desde el principio, pues un tercero nunca llegó a ser juramentado- habrían quedado en minoría frente a los dos jueces técnicos, situación contraria a las normas vigentes.

Con la inminencia de un derrumbe, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández se vio contra las cuerdas y no tuvo otra opción que dictar una salida para el marginamiento de la juez sin llegar a una ruptura: suspender las audiencias hasta el 24 de julio. Los propios fiscales acusadores se empeñaron evitar un desenlace fatal para el juicio y recordaron que al final del proceso, con la emisión de sentencias, los jueces serían recompensados por su trabajo. No hubo una cuantificación monetaria de la eventual recompensa, pero se la estimaba equivalente al servicio que habian prestado en un caso en el que el interés del gobierno ha sido de primera linea.

Si la salida de la juez no ha tenido mayores consecuencias y si las  expresiones ocurridas en la última sesión han sido restañadas, será visto a partir del reinicio de las audiencias.

En la sesión de la semana antepasada, Fernández fue increpado por la juez, quien dijo que el presidente del tribunal la había acusado de dilatar las audiencias, pero que quien dilataba más era el propio Fernández.

 

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.