Juicio del Siglo
A bajarse los pantalones
Uno podría creer que no hay nada más para escribir respecto al juicio del siglo. No es así. Solo en los últimos dos meses han ocurrido escenas rocambolescas equivalentes a un proceso que lleva seis años desde su traslado a Santa Cruz en 2013, a cuatro de los acontecimientos violentos que le dieron origen, en 2009. Incluídas las actas ordinarias, hay miles de páginas escritas, (yo he escrito ¨Labrado en la memoria¨, un recuento de más de 800 páginas presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz en 2017) y aun quedarían muchas para ser registradas. Algunas dicen toneladas de quienes actúan desde lejos o actuaron desde la testera del juicio, en el tercer piso del edificio de la corte de justicia en Santa Cruz. Algunos episodios han ocurrido en los dos últimos meses con fuerte impacto en las sesiones, con vocabularios y entonaciones cercanas al mejor estilo de las peleas en los tambos.
A comienzos de junio, una de las jurados renunció al equipo del juez Sixto Fernández, diciendo a viva voz que no podía soportar más la presencia de la secretaria del tribunal, ¨la doctora Chávez¨, según la llamó, y anunció que se retiraba del juicio. ¨Esa señora no debería estar aquí¨, espetó con indignación a punto de desbordarse. Con alguna fórmula persuasiva que no detalló, el juez logró convencerla que continuase presente. Fue la segunda vez que la juez ciudadana amenazaba públicamente con irse. Era obvio que entre las dos funcionarias había un abismo insalvable y desconocido para la mayoría en la sala de audiencias.
Incidentes aún mayores derivaron la semana que pasó en una situación extraña, cuando un reo tuvo que bajarse los pantalones y doblarse boca abajo, mientras el forense, en la sala vaciada minutos antes por orden del juez, dispuso que el acusado Alcides Mendoza Masavi, exhibiera cuanto pudiese la gravedad de una hemorroides que afectaba al ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista. El juez había ordenado un examen ocular a cargo del forense para determinar si el caso ameritaba una cirugía, y por consiguiente un retraso del juicio que preside, basado en una supuesta conspiración, con derrota del ejército nacional y la instalación de una nueva nación en el continente sudamericano.
La revisión y los incómodos malestares del acusado contrariaban el propósito de llevar el juicio con celeridad, en un trayecto que ya lleva media docena de años. El examen y la cirugía eran otro traspié en el dilatado calendario del juez.
En un ambiente en el que las humillaciones frecuentes sobre los sometidos a la justicia boliviana son ofensas de todos los días que ni siquiera dan lugar a reclamos y rara vez son registrados en la prensa escrita, Alcides Mendoza, que días despues cumpliría 53 años, soportó la que describió como la humillación mayor de su vida con todo el estoicismo que le fue posible reunir. Dijo que estuvo en el área que sobresale en la sala y que opera como tarima desde la cual el juez, los fiscales, el jurado y la defensa presiden las sesiones en el segundo piso del Palacio de Justicia.
Para contariedad mayor, la opinion del forense fue que el avance agresivo de la hemorroides requería de una cirugía, pero no había hospital público disponible pues los medicos ingresarían al día siguiente a un paro de 48 horas. Se esperaba que esta semana fuese atendido.
El juez había negado que el examen ocular ocurriese en algún hospital próximo y escogió su perímetro de mayor poder: su propia área en las audiencias. La cirugía se realizaría esta semana en el hospital San Juan de Dios, a unas cuatro cuadras del Palacio de Justicia.
En las sesiones siguientes Mendoza permaneció en la sala apoyándose sobre una almohada circular, adecuada al tipo de dolencia que lo aquejaba. Las cámaras que registran todas las ocurrencias, deben haber grabado el episodio, incluso las horas que estuvo acompañado del almohadón sobre el que podía aliviar el incómodo malestar.
No ha sido el único caso de hemorroides que perturba el juicio penal más dilatado de la historia boliviana. Tiempo atrás, una de las jueces había sufrido el mal, pero pudo hacerse curar en un hospital de La Paz, con todo lo necesario para asegurar un tratamiento y convalescencia normales.
Nadie del Jurado, el juez y las jueces que lo acompañan, ha sido immune a las dolencias. El propio juez Fernández estuvo internado algunas semanas por las complicaciones en su salud y las sesiones tuvieron que ser suspendidas.
(*) Crónica publicada en el diario paceño Página Siete, 7/25/2019
Décimo aniversario
A una semana del decimo aniversario de los eventos que le dieron inicio, el Juicio del Siglo volvió a tropezar el miércoles con incidentes que expusieron su trama surrealista: el hijo de una de las jueces ciudadanas que conforman el Jurado se enfermó y la juez Sonia Mamani anunció que había decidido ir el mismo día a La Paz para atenderlo. Su decisión originó un fuerte altercado con el juez Sixto Fernández, quien no logró disuadir a la juez de su viaje y se vio obligado, en la mañana, a suspender las audiencias hasta la semana del 22 de abril. Todos los acusados y abogados de la defensa presentes dieron apoyo a la jurado y de manera indirecta repudiaron el punto de vista del juez presidente y de los fiscales, reacios a suspender la audiencia.
La inesperada situación, y la decisión del juez, no evitaron que el juicio, por lo menos en calendario, se mantenga en sesiones cuando llegue el aniversario del 16 de abril, cuando una unidad fuertemente armada de la hoy disuelta UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Conflictos) atacó el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, y mató a sangre fría a tres de sus ocupantes y detuvo a dos, años después puestos en libertad. A partir de ahí se desencadenó una fuerte represión contra líderes de Santa Cruz, acusados de ser parte de un esquema para dividir a Bolivia y hacer del oriente una nueva nación en pleno centro sudamericano. La acusación nunca fue solidamente sustentada pero mantuvo cuando menos cabizbaja a la dirigencia cívica cruceña.
Hasta ahora se mantienen muchas de las incógnitas surgidas en aquella ocasión: ¿Quién exactamente ordenó traer a Bolivia a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de la banda que iba a enfrentar al ejército nacional? ¿De dónde provendría el financiamiento de la supuesta guerra separatista? (Se supone que el ejército lucharía con todo para evitar la división del país, lo que representaría un gran escollo en el supuesto plan.) ¿Quién contactó a Rózsa en Europa central, donde vivía, para que viniese a Bolivia y bajo qué ofrecimiento? ¿Y qué de los dos supuestos integrantes de la también supuesta ¨célula terrorista¨? Uno de ellos -el húngaro Elod Toaso- fugó del país mientras estaba en libertad condicional, y su compañero Mario Tádic desapareció de la circulación y se lo supone en Chile o en Croacia.
Muchos pormenores siguen en la bruma, si bien algunos elementos han sido clarificados. El propio presidente Evo Morales dijo que él había dejado la orden de atacar al grupo antes de partir rumbo a Venezuela (y estacionar su avión en el aeropuerto de Santa Cruz en la misma madrugada en que morirían Rózsa Flores y dos de sus compañeros.) De esta declaración se agarran quienes pretenden responsabilizar al presidente de las muertes de esa madrugada.
Por coincidencia, para el miércoles estaba prevista una audiencia del médico neumólogo Juan Carlos Santisteban, una personalidad en Santa Cruz, en el inicio de un juicio separado del resto de los acusados (algunos están en similar situación, y con detención domiciliaria). La audiencia quedó suspendida hasta la semana subsiguiente.
Las audiencias quedaron instaladas en Santa Cruz en 2013, donde se produjo la mayor parte de los incidentes que han hecho ensombrecido el proceso, sobre el que he escrito dos libros, ahora agotados. El último, que incluye el primero, (Labrado en la memoria, anotaciones de un reportero) fue presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz en 2017, impreso y distribuido por Editorial Plural.
¨No sé cuánto tiempo más estaré preso peleando contra esta infamia¨, dijo en una declaración escrita Juan Carlos Guedes, uno de los dos en la cárcel de Palmasola, donde ha afinado sus condiciones narrativas y ya ha escrito un libro sobre sus vivencias en la cárcel y prepara una edición actualizada. También está preso Alcides Mendoza. Ambos eran líderes de la Unión Juvenil Cruceñista, que el gobierno consideraba archi-enemiga.
El incidente con la salud es el más reciente de los traspiés del juicio. El propio juez residente ha debido ausentarse de las sesiones durante semanas, debido a dolencias relacionadas con una diabetes que le impedían su traslado a Santa Cruz. Las demás jueces también han estado acosadas por distintas dolencias, una de ellas por una parálisis facial.
N.E. Ajusta anterior versión.
Tribulaciones del Juicio del Siglo
En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval . El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tibunal de Sentencia de La Paz, consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo, tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.
El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada y conjura separatista. En principio tenia el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en ¨Labrado en la memoria¨, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.
El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños, está estancado, aún en la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo a las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.
Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la version. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo. Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.
A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.
El tedio no tiene fin
¿ ?
El Juicio del Siglo, el mayor proceso penal de la historia boliviana, debe reiniciar sus audiencias este lunes al cabo de un prolongado receso de más de un mes, pero los más recientes acontecimientos aconsejan cautela para hablar de sus perspectivas. Nunca el destino de ese juicio estuvo tan oscurecido como en estos días y nadie se atrevería a atisbar su destino. El juez Sixto Fernández, presidente del tribunal, continuaba este fin de semana recluido en una clínica de La Paz por determinación de los médicos que lo tratan de una diabetes de muchos años que los especialistas coinciden en que es temerario tratar bajo la presión de un proceso que conlleva dosis extraordinarias de esfuerzo físico y mental. El agotamiento nervioso es considerado como uno de los factores de riesgo mayores en esa disfunción orgánica.
A la dolencia del juez Fernández se suman las de las jueces que, en algún momento a lo largo de los cinco años desde que el juicio se instaló en Santa Cruz, han perturbado la prosecución normal de las audiencias que han plagado más de sombras que de luz a la denuncia sobre una guerra interna que llevaría a la desmembración de Bolivia, magnicidios y terrorismo mediante. La acusación no ha conseguido persuadir de este armagedón boliviano, en principio denunciado por el propio presidente Evo Morales ante colegas con los que se reunía en Cumaná, Venezuela, el día anterior a la Cumbre de las Américas de 2009, en Trinidad y Tobago. Barack Obama, para quien la cita era el primer encuentro con líderes de la región, fue escéptico a la denuncia y le dijo que su país no alentaba conspiraciones.
El carácter delicado de la enfermedad del juez fue subrayado el lunes antepasado, cuando la juez técnica Julia Elena Gemio anunció que las audiencias quedarían suspendidas por diez días debido a la salud del magistrado, quien para entonces ya llevaba un par de semanas de hospitalización. La defensa alegó que la suspensión era irregular, pues la juez no había presentado ningún dictamen médico ni resultados de exámenes que, de rutina, solía exigir el tribunal con rigor cuando los afectados provenían de las filas de los acusados. Era la única de los cuatro jueces que componen el tribunal en asistir a la sesión aquel día. Entre los acusados, hay curiosidad por saber si al reabrirse las sesiones mañana lunes, el tribunal hará conocer los exámenes justificatorios del reposo otorgado al juez. No provoca mayor sorpresa la unanimidad entre los defensores en creer que el juez no estará presente y que la acusación buscará extender nuevamente el reposo.
El problema es, según los entendidos, que una convalescencia estable no consiste solamente en reposar, sino en asegurar cuidados dietéticos, ejercicios y suministro de medicamentos, lo que no condice por completo con las tareas que el juez tiene a su cargo. En teoría, podría ser apartado del juicio, con lo que la conducción quedaría a cargo de la juez Gemio. Pero no parece sentirse feliz con esa posibilidad la magistrada que hizo carrera como ¨una hormiguita¨, en su propia descripción, y avanzó desde los escalones más humildes de la carrera, con limpieza y orden de archivos en una oficina judicial, hasta alcanzar su actual posición. Abogados de la defensa que suelen hablar con ella para comentar situaciones del juicio, sostienen que no parece entusiasmada con la posibilidad de agarrar el timón más quemante de la historia penal boliviana.
La acusación tampoco se sentiría tranquila con una conducción eventual de la juez Gemio, de cuya integridad profesional, por no seguir a pies juntillas dictámenes superiores, hizo mofa uno de los fiscales hace cinco años cuando, afectada por una súbita parálisis facial, no podía asistir a las audiencias. A eso habría que sumar el ánimo de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya. En distintos momentos, ambas estuvieron aquejadas por malestares y una de ellas se derrumbó en plena sesión.
La baja del juez ha ocurrido en pleno esfuerzo por apresurar el ritmo de las audiencias para llegar a fines de este año a la etapa de sentencias. Pero nada indica que esa meta vaya a ser alcanzada. Las audiencias están desde hace siete meses empantanadas en la lectura tediosa de números telefónicos correspondientes a las llamadas realizadas y recibidas por algunos de los acusados. Hasta ahora no se ha podido precisar la utilidad de esa lectura, impuesta por la acusación que presidia el ex fiscal Soza.
Una impresión general es que el Juicio del Siglo ha llegado a una disyuntiva ineludible y que los plazos se le han acortado sin remedio.
Cuando más es menos
Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitales de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.
En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el ex fiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del ex fiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.
Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas.
Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales.
La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.
Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía de la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista.
Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de COTAS dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final.
Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.
Que otro pague la cuenta
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que obliga al Estado Boliviano a resarcir de manera adecuada a legisladores que tuvieron cercenados sus derechos ciudadanos cuando se les vetó la participación en una elección hace cuatro años, ha abierto un torrente capaz de desbordarse, pues no son pocos los juicios que acusan al Estado Boliviano de conculcación de derechos. El torrente puede tener mayores consecuencias tras las declaraciones de autoridades del gobierno favorables a un proyecto de ley que haría que el resarcimiento financiero salga del bolsillo de los funcionarios que sancionaron la violación de derechos. Ese proyecto debe haber encendido la luz roja para jueces y fiscales a cargo de juicios instaurados por el gobierno, pues tendrán que andar de puntillas y procurar decisiones justas para evitar que les caiga el veredicto popular acuñado en la estrofa de un popular huayño: Lo que has hecho estás pagando.
En otras palabras, la cuenta será para los jueces y los fiscales desde el momento en que asumieron la causa.
A fines de 2014 el Tribunal Supremo Electoral resolvió que legisladores en funciones no podrían postularse para gobernaciones, entre ellos la cochabambina ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el senador potosino Eduardo Maldonado, personalidades destacadas de la oposición tras haber militado en el partido de gobierno. Curiosamente, la norma de los magistrados no afectó a candidatos oficiales, algunos ahora en funciones prominentes en las cámaras legislativas.
El estado tiene 180 días para pagar ¨una compensación adecuada¨ a los afectados por el dictamen. Cuánto es eso, queda a los inhabilitados hace cuatro años determinar y al lector calcular: cualquier cifra seguida de cinco o más ceros. El dictamen de los magistrados será costoso, pero la billetera del Estado puede acabar resarcida con una norma en la Asamblea Legislativa desde hace un año, cuyo concepto central reorienta la responsabilidad hacia los funcionarios que dieron lugar a la infracción de derechos. Que la norma aún no esté sancionada sería solo un detalle menor, como se ha visto a menudo, pero los infractores se verían ante obligaciones legales que tendrían al cielo por límite.
El antecedente viene al pelo a un mes del decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia de violación de derechos humanos presentada hace nueve años por algunos acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana, el ¨Caso Terrorismo¨, que esta semana reinicia audiencias en Santa Cruz.
No se conocen opiniones de jueces a cargo de casos que comprometen al estado en cuestiones de derechos humanos. Por la naturaleza de los casos que llevan y por sus ramificaciones, es natural que permanezcan callados. Se puede presumir, sin embargo, que no están libres de contagiarse de la ansiedad y la angustia que rodean a los temas a su cargo. Estaría a prueba el adagio de ¨quien ríe de ultimo…¨
La traducción no importa – II
El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.
El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.
Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.
Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz. El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.
Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.
Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.
Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015. Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.
La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.
Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.
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Mientras tanto, en Santa Cruz 