Juicio del Siglo

La traducción no importa – II

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El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría  hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.

El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.

Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.

Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz.  El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.

Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.

Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.

Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015.  Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.

La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.

Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.

 

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La fiscal de allá y los fiscales de acá

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Tras conocer los resultados de un Consejo Electoral  sumiso, el presidente Nicolás Maduro bramó amenazas sobre todo el espectro opositor venezolano: supresión de la inmunidad de legisladores,  juicios y cárcel a quienes dudaren de la  legitimidad escuálida del nuevo cuerpo legislativo y una radicalización de su gobierno, visto en gran parte del mundo como cubanista y staliniano. Una voz volvió a retumbar. Luisa Ortega Días, la fiscal rebelde, denunció el fraude revelado por la empresa que prestaba servicios electrónicos y activó una investigación mientras el gobierno urdía planes para acallarla. Con  59 años, la fiscal se ha consolidado como ejemplo universal de autoridad valiente que ejerce el cargo ley en mano aun enfureciendo al gobierno. Aún purgada por Maduro el fin de semana, la funcionaria continuaba con una imagen de dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Dos semanas antes, el tribunal de La Paz a cargo del Juicio del Siglo, negó por enésima vez el pedido de Svonko Matkovic Rivera para ser juzgado en libertad. El joven es del puñado de acusados de pretender alzarse en armas, someter al ejército y dividir Bolivia, en un empeño colosal de crear una nueva nación. Nada ha sido probado, aunque  algunos  aceptaron las acusaciones en un esfuerzo por recobrar la libertad tras años encarcelados.  Se declararon culpables, en reminiscencia inevitable de los Juicios de Moscú  (1936-38), cuando la policía soviética extrajo confesiones de los acusados.

Cuando llega al suelo la credibilidad pública respecto al juicio originado en el asalto al Hotel Las Américas y la muerte brutal de tres huéspedes, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  optó por unánimidad respetar el libreto oficial.   Ese libreto se hundió en el descrédito hace tres años cuando su gestor, el entonces fiscal Marcelo Soza, dijo que el gobierno lo había forzado a incriminar a líderes cruceños y fugó a Brasil donde confesó la fechoría. Los fiscales sucesores no han variado la acusación.  Al escucharlos defender la tesis, se  concluye que los testimonios de estos años y la propia confesión de Soza no existen. De hecho, el tribunal la declaró inexistente para el juicio porque carecía de autenticación oficial boliviana, algo que el propio refugiado Soza habría tenido que gestionar.

Es posible que el tribunal hubiese perdido una oportunidad para a sepultar el caso e identificar a los que forjaron la trama que Soza contó en detalle.  Pero faltó una fiscal Ortega con su temple ético  y agallas para marcar la diferencia.

Todo por el juicio

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El Juicio del Siglo debe reiniciar audiencias mañana lunes, tras la interrupción abrupta de hace dos semanas cuando una de las jueces anunció que dejaba las sesiones para atender un llamado mayor y presenciar el desfile escolar del aniversario de La Paz en el que sus dos hijos, como reconocimiento al desempeño en sus estudios, eran abanderados. No podía no asistir, dijo, pues los tenia semiabandonados desde que se incorporó al juicio oral hace más de cuatro años, sin haber conocido los alcances del proceso que debía durar, según le aseguraron, un máximo de tres. En esas circunstancias, advirtió, la responsabilidad con sus hijos era superior a cualquier otra.

Fue la primera vez que en público se habló de la duración máxima que habría tenido el juicio. Tampoco estuvo claro de quién partió la afirmación de que no duraría más de tres años.

Las sesiones orales se realizan en Santa Cruz y la decisión de la juez Sonia Mamani reiteró la precariedad del mayor juicio penal de la historia boliviana cuyo origen remoto es el asalto policial al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, la muerte cruel de tres huéspedes y el arresto y exilio de decenas de personas, casi todas personalidades cruceñas. La acusación principal es un supuesto complot para desmembrar al país tras rendir al ejército nacional.  En la vanguardia de esa conspiración gigantesca, de acuerdo a la tesis del ahora ex fiscal Marcelo Soza, fugitivo en Brasil, estaría el general Gary Prado Salmón, general ahora retirado a quien el congreso declaró Héroe Nacional en 1988 por sus convicciones democráticas y su victoria sobre la insurgencia guerrillera de hace medio siglo, que comandaba  Ernesto Ché Guevara.

A su separación del proceso dictada en septiembre, han seguido las de otros: el ex presidente de COTAS Ronald Castedo y el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Mucho antes había sido separado el general retirado Lucio Añez, otro militar de credenciales democráticas (fue fundamental en la caída de la dictadura del general Luis García Mesa, en 1981).

La salida de la juez Sonia Mamani habría sido el colapso de todo el proceso en curso. Los jueces ciudadanos -solo dos desde el principio, pues un tercero nunca llegó a ser juramentado- habrían quedado en minoría frente a los dos jueces técnicos, situación contraria a las normas vigentes.

Con la inminencia de un derrumbe, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández se vio contra las cuerdas y no tuvo otra opción que dictar una salida para el marginamiento de la juez sin llegar a una ruptura: suspender las audiencias hasta el 24 de julio. Los propios fiscales acusadores se empeñaron evitar un desenlace fatal para el juicio y recordaron que al final del proceso, con la emisión de sentencias, los jueces serían recompensados por su trabajo. No hubo una cuantificación monetaria de la eventual recompensa, pero se la estimaba equivalente al servicio que habian prestado en un caso en el que el interés del gobierno ha sido de primera linea.

Si la salida de la juez no ha tenido mayores consecuencias y si las  expresiones ocurridas en la última sesión han sido restañadas, será visto a partir del reinicio de las audiencias.

En la sesión de la semana antepasada, Fernández fue increpado por la juez, quien dijo que el presidente del tribunal la había acusado de dilatar las audiencias, pero que quien dilataba más era el propio Fernández.

 

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

Arrecian las olas en el Juicio del Siglo

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El Juicio del Siglo recobró ímpetu estos días sustentado por elementos novedosos que avivaron en la memoria colectiva de Santa Cruz el episodio brutal del Hotel Las Américas y sus secuelas cuyos traumas aún perviven, a casi ocho años del acontecimiento.
Uno de los 39 acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana fue encumbrado como Vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más influyente institución cívica de la región oriental. Durante una apretada licencia de la prisión de Palmasola, Svonko Matkovic Ribera juró al cargo el martes en una ceremonia colmada de significación por el desafío de apuntalar banderas que para el gobierno central eran anatema hasta no hace mucho. Al grito de autonomía, ahora expandido a todo el país, se suma el reclamo por un ¨pacto fiscal¨ equitativo que asigne a la region más libertad para administrar los recursos del impuesto a los hidrocarburos.
El joven de 38 años recibió autorización para asistir a la ceremonia de su posesión como dirigente cívico apenas un par de horas antes. Matkovic Ribera es parte de la nueva directiva de la organización, ahora presidida por Fernando Cuéllar para una gestión de dos años.
La designación unánime de Matkovic por las instituciones representadas en el comité subrayó el rechazo a la acusación gubernamental de que desde Santa Cruz se conspiró para desencadenar una campaña terrorista y dividir al país. De la acusación inicial ha desaparecido por insostenible el cargo de que los supuestos insurrectos urdían el asesinato del Presidente Morales.
Su redactor original, Marcelo Soza, decidió que no habría cómo probar una tesis de magnicidio. Las autoridades, sin embargo, recurren a menudo a la idea de que la eliminación del presidente era parte de los objetivos para dividir Bolivia que atribuyen a Eduardo Rózsa Flores. El personaje murió ejecutado durante la incursion de la policía en el hotel donde estaba alojado junto a cuatro acompañantes, dos de los cuales también murieron acribillados a tiros.
Todos estaban en paños menores o desnudos y en esa condición habrían disparado sobre la unidad policial que los sometió, en un acto que el entonces fiscal Soza llamó ¨injusto¨.
Los dos sobrevivientes, al cabo de seis años de negar la acusación, se declararon culpables, salieron en libertad condicional y después fugaron del país.
En más de tres años, desde que el juicio oral fue abierto en Santa Cruz, el Ministerio Público no ha conseguido consolidar su causa, pues son cada vez más fuertes las dudas sobre la tesis del gobierno, cuyo mayor detractor es el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil. Soza ha dicho que la tesis acusatoria fue elaborada bajo presiones del gobierno para inculpar a los líderes cívicos de Santa Cruz.
La ceremonia de posesión de Svonko Matkovic, quien estuvo rodeado de toda su familia, fue una de las más concurridas en muchos años y una señal de que el impacto del asalto al Hotel las Américas y todas sus secuelas aún están latentes en esta región. Aunque Matkovic ha prometido que se empeñará a fondo para ser una pieza directiva útil para el Comité, nadie duda que su designación en el directorio que ahora preside Fernando Cuéllar es un mensaje de que las instituciones cruceñas no han olvidado la zozobra que vivió la región tras los acontecimientos de abril de 2009.

El interés por el juicio fue atizado al comparecer entre los testigos de descargo el ex Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico Landa, ahora asambleísta departamental de La Paz. En la tarde del viernes, la ex autoridad de gobierno refirió que un amigo que no identificó le había contado que cuando arreciaban las convocatorias para que personajes de Santa Cruz fuesen a declarar a La Paz le preguntó al ex dirigente deportivo Juan Carlos Guillén por qué no estaba entre los convocados.
¨¿Acaso yo soy c…¨, le había contestado para agregar su ausencia de esa lista era porque había pagado 80.000 dólares a Marcelo Soza. Guillén no está en Bolivia desde ese tiempo.
La afirmación del ex viceministro reabrió en la audiencia del juicio el tema de las denuncias de soborno y la extorsión que ha acompañado al mayor caso penal de la historia boliviana. Hasta ahora, las únicas denuncias conocidas en el juicio habían sido formuladas por el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar Villarroel y Svonko Matkovic Fleig, ex prefecto de Santa Cruz y padre del nuevo vicepresidente cívico.
Matkovic Fleig dijo que hubo otros sobornados por una red que atribuyó al ex fiscal, pero nadie más ha vuelto a hablar de la cuestión, hasta la mención de Torrico Landa, cuya declaración fue suspendida hasta la próxima serie de audiencias, prevista a partir del 20 de marzo.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.