Surrealismo

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Surrealismo y traducción

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El Juicio del Siglo ofreció, en sus más recientes sesiones, elementos surrealistas que han atizado la atención de quienes lo siguen. En él se exhibe la calidad de la justicia boliviana y de sus jueces, jurados, fiscales y abogados de la defensa. Pocas veces la acusación ha tenido que empeñarse tanto así como raras veces un proceso ha reunido a tantos penalistas, ni la defensa ha esgrimido tanto su capacidad argumental para convencer al jurado de que el juicio carece de fundamentación sólida y que, en algún momento, los actuales jurados o instancias superiores a las que se llegue podrán a ver la verdad de lo que ocurrió en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009.

Las dos últimas sesiones renovaron la sensación de que puede haber algo desagradable aún por ser descubierto detrás de las acusaciones de que en Santa Cruz había un plan para descuartizar Bolivia, asesinar a su presidente y otras autoridades y sembrar terrorismo.

La tesis del gobierno fue jaqueada el 19 y 20 de junio por el testimonio de uno de los sobrevivientes, el húngaro rumano Elöd Tóásó. El eje de la tesis gubernamental es que el grupo instalado en el Hotel Las Américas, supuestamente atacó la residencia del Cardenal Terrazas y un día después, en la madrugada del 16 de abril de 2009, disparó al cuerpo policial UTARC venido desde La Paz. Y éste reaccionó acribillando a tiros a tres.

Fue la primera vez que Tóásó se dirigió al tribunal en la fase que se lleva a cabo en Santa Cruz desde febrero pasado.

El acusado (33 años), que en la prisión conoció a una joven boliviana con la que acabó casándose, dijo que no podían ni él ni sus compañeros haber disparado sobre la veintena de hombres armados desde el cuarto piso del hotel, con habitaciones con una terraza desde la que la puerta principal de ingreso no se ve.

“No se puede disparar a quien no se ve. Es una mentira”, dijo al afirmar que no hubo ataque del quinteto alojado en el hotel sobre los hombres de la UTARC. Aún más, afirmó: No se puede disparar sobre blancos que habrían estado en la puerta de acceso que desde las habitaciones tampoco se ve y que, de todos modos, debía estar asegurada con cadenas, como les dijeron cuando se alojaron. Hay que imaginar que los administradores del hotel podrán  corroborar esta afirmación.

Reiteró que el grupo dormía y estaba en paños menores, una condición inapropiada para lanzar un ataque sorpresa sobre un grupo policial entrenado para operaciones especiales.  Del lado gubernamental, no ha habido explicación para esta rareza.

Los fiscales del gobierno, encabezados por el jurista Sergio Céspedes, ahora piedra angular de la acusación tras la salida de Marcelo Soza, tendrán la pelota de su lado cuando les toque interrogar al acusado al acabar su presentación, a partir del reinicio de la audiencia el 29 de julio. Fue interrumpida el jueves 20 por la vacación judicial y cuando se reinicie habrán pasado 52 meses y 15 días desde que Tóásó y el boliviano croata Mario Tádic están presos.  Se espera que la acusación descubra las pruebas que incriminarían a los acusados de una manera que elimine todas las dudas sobre el caso.

El húngaro-rumano dijo que sospechaba que hubo sobrevivientes. Cuando menos uno, y que a Magyarosi la policía lo dejó morir. ¿“Por qué?”, preguntó. ¿Por qué utilizaron fuerza policiales y no judiciales?”

El húngaro destacó un punto que refrescó la memoria reciente de la audiencia: una grabación en la que una voz, supuestamente del fiscal Soza, destaca que el cuerpo policial ingresó a las habitaciones y,  “pum, pum, pum”,  ejecutó a Dwyer y Magyarosi.  “Es verdad”, dijo. Y agregó: “Sembraron pruebas” para que la versión oficial pudiera sostenerse, dijo, volviendo a citar al audio atribuido a Soza.

La fase surrealista de las últimas sesiones se afianzó cuando mencionó un detalle: durante todo el proceso, nunca tuvo una traducción profesional de sus palabras, inclusive las que en ese momento  dirigía a los magistrados. Para la declaración del 18 de abril ante el fiscal Soza, dos días después de su detención en el hotel,  que aparece en el expediente,  no había nadie que hablase húngaro, ni siquiera inglés que el acusado más o menos entiende y habla. Hizo notar la irregularidad en La Paz a la jueza Betty Yañiquez que un tiempo atendió el caso, pero ésta no le prestó atención. Luego, en una ocasión fue asistido por un cónsul honorario de Hungría en Bolivia, pero el representante no era húngaro y carecía del conocimiento suficiente para diferenciar las sutilezas de toda lengua. Eso lo sabe quienquiera que domina una o más lenguas extranjeras.

Las deficiencias de la traducción fueron percibidas en las últimas dos sesiones y los defensores las hicieron notar ante el juez. El traductor estudió ingeniería mecánica en Hungría hace más de dos décadas y reconoció que tiene dificultades en interpretar al acusado quien, a su vez, dijo que para que su palabra llegue al tribunal debía hablar como hablaría un niño de 10 años. El juez Sixto Fernández pidió a la defensa que trajese un traductor adicional para apoyar al actual.

En un intermedio, Tóásó me dijo que desconfiaba de de la calidad de su traductor, pero que las autoridades no aceptaron pagar un traductor profesional.