Ronald Castedo

Un juicio a pique

Posted on

Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Escrito en la pared

Posted on Actualizado enn

Actualización: Substituyo meses por SEMANAS, en penúltimo párrafo. (*)
La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país. Con 76 juicios esparcidos en siete de nueve departamentos a lo largo de todo el gobierno actual, este desenlace es una tragedia que exhibe el rostro maligno de la justicia en Bolivia. El final de este ingeniero, de carrera exitosa de tres décadas en el Banco Mundial, del que fue uno de sus funcionarios más prestigiados pero que había dejado “muchas dudas, muchas preocupaciones” en el presidente Morales antes de despedirlo, era un mensaje escrito en la pared.
La precariedad de su salud era una guillotina pronta a caerle al cuello que nadie podía ignorar, desde las autoridades del gobierno hasta los forenses, desde los jueces y fiscales hasta la propia administración de carreteras. Todo el capítulo es un mensaje cuyas implicaciones deberían leer también los magistrados empeñados en traer de vuelta a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su magnitud, es improbable que lo ocurrido pase desapercibido para quienes en Estados Unidos examinan el caso del ex mandatario y lo contrastan con la forma de justicia que impera en el país.
En la Bolivia de este tiempo, el episodio no es excepcional. A principios de año, todos los involucrados en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) tuvieron que hacer maletas y de Tarija trasladarse a Santa Cruz, pues uno de los acusados de participar en ese múltiple complot empezó a sangrar por la nariz y tuvo un infarto durante una pausa en la sala de sesiones. Ronald Castedo ingresó a terapia intensiva tras ser traído desde Tarija y permaneció hospitalizado durante dos semanas. Su organismo logró reponerse relativamente sólo para volver a las sesiones del mismo juicio, pero en Santa Cruz, pues era evidente que su corazón no aguantaría los 1.950 metros de altitud de Tarija, menos aún los 2.570 de Cochabamba, donde había sentido malestares.
No pasaron tres meses antes de que volviera a la misma sala. En mayo, las debilidades de su corazón, que bombea a un cuarto de capacidad, lo llevaron de nuevo a la Clínica Foianini, donde le colocaron un dispositivo adicional en una de las arterias para ayudarla a permanecer abierta y sin obstruir la circulación sanguínea. Fue el quinto insertado en sus canales sanguíneos, me dijo, en una cuenta que empezó en 2005 (dos, con un bypass) y seis años después otros dos.
De típico buen humor, hace pocos días, al celebrar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz un nuevo cumpleaños (56, “el mismo día de Fidel”) con sus compañeros de proceso, tenía dificultades al caminar en la sala o para ir al baño, un piso más abajo. Al comenzar octubre lucía físicamente diferente respecto a un par de meses antes. Sus camisas y pantalones parecían tres números más grandes que los que vestía a principios de año. “En semanas he aumentado más de 12 kilos…y esto sigue”, me dijo bajando los brazos y abriendo las manos. Los médicos le han diagnosticado un edema cardiovascular. Su organismo retiene sal y líquidos en proporciones anormales. El manual médico simple explica la enfermedad y la gravedad progresiva que experimenta cuando el paciente es sujeto a un stress superior al que se tendría bajo una vida normal.
Castedo tampoco es una excepción en el caso, que se arrastra desde hace cuatro años y seis meses que le confieren una longevidad nada común en la jurisprudencia mundial. Expresa la regla de un sistema que en las audiencias de Tarija fue proclamado como “patria o muerte” por un fiscal, al responder a las protestas de los acusados por el estado de Castedo y el respeto al derecho a la vida que debe proteger a todas las personas. El fiscal sostuvo que, bajo el gobierno que rige Bolivia, el derecho a la vida es un valor inferior al de la patria.
En el proceso, un militar fue apartado hace tiempo porque su memoria no le responde y sus compañeros en el caso dicen que con frecuencia no logra coordinar ideas. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, testigo clave convertido en acusado clave, sufre frecuentes malestares, agravados por una diabetes mal controlada que a veces le registra 300 en los medidores digitales de glucosa. Los médicos internistas saben que la oscilación normal de glucosa es 70-110. Villa Vargas tiene las piernas hinchadas y debe desplazarse en silla de ruedas.
Alcides Mendoza, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, ha tenido problemas de presión y taquicardia que han obligado al tribunal a suspender las sesiones un par de veces. Juan Carlos Guedes, el mecánico que dijo que había vendido una pistola mugrienta y sin cacerinas a Euardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la comandancia del grupo que se proponía derrotar al ejército boliviano, estuvo aquejado por una laringitis aguda y denunció que no se le permitía una atención médica adecuada.
Entre los acusados está el general retirado Gary Prado Salmón, también en silla de ruedas pues tiene paralizada la mitad del cuerpo. No puede permanecer más de tres horas sentado y durante las audiencias debe recibir terapia asistido por su esposa y su hijo.
El espectáculo es extraño para un grupo que supuestamente trabajaba en un plan para someter al ejército y fundar una nueva nación sudamericana.
“La ley protege la vida”, dijo Herman Fries, uno de los defensores de Castedo durante una sesión hace tres semanas, en la que no consiguió que los jurados admitan que la salud de su defendido estaba amenazada. “La ley protege la vida” reiteró exasperado, “pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí mismo”.
La especialista del Instituto de Investigaciones Forenses había dictaminado que la condición de Castedo era crónica y no ameritaba declararlo incapacitado. Junto a otros dos colegas, la forense también examinó a Makovic y dio luz verde para que viajase a La Paz. Jueces y fiscales acuden a ese instituto para que evalúe la salud de los acusados. La tendencia de los informes forenses va generalmente de la mano de la de los fiscales. Tras examinar a Castedo, la forense Sheila Cádiz Gutiérrez decidió que estaba apto para continuar en el proceso. Uno de los fiscales se había apoyado en el informe de la forense para sostener que la condición crónica de Castedo determinaba que podía morir en cualquier momento, en la calle o en el patio de su casa, pero que eso no justificaba excluirlo del proceso.
Con ese razonamiento, habrá que rogar para que la tragedia que ha ocurrido no se vuelva recurrente.
(*) Este artículo figura en la más reciente edición de Nueva Crónica y Buen Gobierno, del INstituto Prisma (Nueva Crónica Nº 133.pdf).

Efecto Bakovic en el Juicio del Siglo

Posted on Actualizado enn

Actualización: Agrega la suspensión de la sesión.
La muerte de José María Bakovic, el destacado ingeniero que presidió el Servicio Nacional de Caminos hasta la llegada del gobierno del presidente Morales, tocó este martes fibras sensibles en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo). Hay casos que ofrecen una peligrosa similitud con el del ingeniero Bakovic, quien murió hace pocos días de un infarto tras ser obligado por forenses de Sucre y fiscales a viajar a La Paz cuando sus condiciones de salud desaconsejaban hacerlo.
El abogado José Hoffman habló de su defendido, Ronald Castedo, quien en enero sufrió un infarto durante una de las sesiones que se realizaban en Tarija y obligó a trasladar el juicio a Santa Cruz. En mayo fue sometido a una cirugía y le practicaron un bypass (injerto de un segmento de vena propia para desviar la circulación de conductos obstruídos). Aquel traslado era resistido por el entonces fiscal Marcelo Soza y por los fiscales del Ministerio de Gobierno.
El juez Sixto Fernández dijo que el tribunal que preside era respetuoso del derecho a la vida de los acusados y que por ese respeto se había dispuesto el traslado del juicio a Santa Cruz. Enseguida, otros de los 39 acusados en el juicio expusieron sus condiciones de salud como advertencia de que la vida de ellos también estaba en riesgo.
La sesión continuó con la declaración de Ignacio Villa Vargas, quien fue testigo principal del ex fiscal Soza, luego convertido en acusado base de la tesis del gobierno. Villa Vargas, más conocido como “El Viejo”, dijo que desde su arresto poco después del asalto policial al Hotel Las Américas (16-04-2009) hubo intención de matarlo.(“Este gobiernno no respeta la vida. Quiere exterminarla”.) Hoy reclamó también porque, dijo, uno de sus hijos había sido asaltado el viernes tras visitarlo en el penal de Palmasola.
La muerte del respetado ingeniero cochabambino, sobre quien el gobierno lanzó un alud de decenas de procesos, tuvo las primeras repercusiones en el mayor juicio de la historia boliviana en lo que va del siglo. Jueces, abogados y acusados cruzaron los dedos para que ese trágico episodio no se repita.
La sesión del día fue suspendida hasta la jornada siguiente porque “El Viejo” alegó cansancio y fatiga. La acusación aceptó sin reparos el aplazamiento (a la jornada le restaba todavía una hora antes del término reglamentario) pues el declarante debía estar “tranquilo y relajado”.

Crisis en el Juicio del Siglo

Posted on Actualizado enn

Un recuento de la jornada de hoy

El Juicio del Siglo que se desarrolla en Santa Cruz desde comienzos de año ingresó este lunes a una zona de crisis con la ausencia de una de las jueces técnicas debido a problemas de salud.
La falta de la juez Luisa Elena Jemio Limachi, que sufre de parálisis facial, fue reprobada por el presidente del tribunal, el juez Sixto Fernández, quien la semana antepasada había asegurado que la juez estaría presente, y por el fiscal del Ministerio Público, Sergio Céspedes, quien dijo que la actitud de la magistrada equivalía a querer apartarse del juicio más controvertido de la historia boliviana este siglo y a la vez pretender ejerciendo funciones. “Es una vergüenza”, dijo, al poner en entredicho las excusas de la magistrada. Dijo también que la actitud de la jueza parecía “una tomadura de pelo”. El juez Fernández remató diciendo que la juez había estado en audiencias el viernes, lo que ponía en duda la imposibilidad de venir a Santa Cruz.
Desde La Paz, donde sigue tratamiento para su dolencia, la juez envió una carta al tribunal, criticando a sus colegas del jurado por haber emitido una orden para comparecer en las sesiones sin tomar en cuenta los certificados médicos que acreditaban su condición de paciente, ni su condición de parte del jurado. El reclamo de la juez era también por el procedimiento, pues no podría ser notificada para comparecer en un acto del que, por integrar el tribunal, es parte. La juez ha sido disidente en algunas cuestiones decididas por sus colegas del tribunal.
A la crisis en el tribunal se agregó la inasistencia de uno de los acusados, afectado por una dolencia estomacal; la falta de abogado para otro, que pidió un defensor público, y un reclamo de El Viejo que demandó garantías para su seguridad, pues en la vivienda donde suele estar con sus hijos en los momentos en que está fuera de la prisión de Palmasola, fueron encontrados explosivos. “Es la tercera vez” que ocurre ese tipo de incidentes que amenazan su seguridad personal y de su familia, dijo Luis Ignacio villa Vargas, próximo en la lista de acusados para declarar ante el tribunal.
Un cuarto incidente fue descubierto durante la sesión: Ronald Castedo, el ex presidente de Cotas, estuvo interno en la Clínica Foianini de Santa Cruz durante seis días recibiendo tratamiento de urgencia a causa de complicaciones en su sistema cardiovascular. Castedo ya fue operado en mayo pasado, cuando le colocaron un extensor en una de sus arterias. Su condición no fue suficiente para avalar el reclamo de su defensa para que se lo aparte del juicio y el juez determinó, con los informes de una forense venida de Sucre, que debía continuar asistiendo a las sesiones. Al informar sobre la recaída de Castedo, la defensa subrayó que el ex ejecutivo de Cotas cumplía con el mandato del juez pese a los riesgos que, subrayó, corre su salud.
La inasistencia de la juez Jemio fue un desaire para el juez Fernández, quien, ante preguntas incómodas de la defensa que reclamaba que Jemio fuese excluida del juicio para reconducir el proceso por un carril normal había afirmado que ésta sí estaría presente este lunes. No hizo ningún comentario respecto a su vaticinio incumplido, pero aseguró que la juez, pese a su dolencia, había asistido a audiencias en La Paz, lo que evidenciaría una actitud discriminatoria sobre el juicio en curo en Santa Cruz.
La sesión fue suspendida hasta este martes en la mañana. Se espera que en las horas que siguen el ex funcionario de Cotas Carlos Eduardo Pereira supere su dolencia estomacal, y que pueda organizarse una defensoría pública para Juan Alberto Kudelka. La abogada Verónica Suárez, que lo defendía, no estuvo presente en la sesión.

No hubo ley del talión

Posted on Actualizado enn

El tribunal a cargo del juicio del siglo se encontró este lunes, antes de aplazar su reiniciación por dos días más, hasta el jueves, con un dilema: si había actuado de una manera con los acusados debía actuar igual al decidir sobre la condición de uno de sus integrantes. La juez ciudadana Julia Elena Gemio estaba incapacitada para asistir y requirió una licencia temporal en base a un dictámen de la Caja Nacional de Salud. Sufre de una parálisis facial y los médicos ordenaron reposo hasta el miércoles. La orden llegó al juez Sixto Fernández en un fax. La defensa le recordó que en todos los casos que involucraban a los acusados, desde Gary Prado Salmón hasta Ignacio Villa Vargas, pasando por el ex presidente de Cotas Ronald Castedo, había dado curso a sendos exámenes forenses para, al final, decidir que todos ellos debían estar presentes en el juicio.
El juez optó por conceder la licencia a la jurado sin mayores trámites y sin objeciones de la defensa, salvo uno de ellos que pidió –sin éxito- que el aplazamiento no incluyera otros actos dentro del proceso, especialmente audiencias de medidas cautelares que habían sido gestionadas con esfuerzo y desde semanas antes. Antes que exigir que a la jurado se aplicara el rigor mostrado con los acusados, la defensa aceptó mayoritariamente que se otorgue la licencia bajo la condición de que la orden médica sea certificada y entregada al tribunal en la versión original. No hubo ley de talión (ojo por ojo, etc.) El abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, felicitó al tribunal “por su ecuanimidad” y recordó que a su defendido no solamente le habían exigido certificados forenses sino que en alguna medida éstos fueron “interpretados”.
Otros plantearon que a partir de lo ocurrido se aplique la misma vara para medir a todos.
Me explicaron que si la baja de la Dra. Gemio fuese permanente, el juicio caería en un limbo, pues el tribunal no podría funcionar y habría que designar a otro, en un proceso que duraría meses. La Dra. Gemio fue voz disidente en algunos casos en los que el tribunal debía votar para tomar una decisión. Un ejemplo reciente: votó contra la decisión de sus colegas que obligaron a mantener a Ronald Castedo (tuvo un infarto a principios de año) en el juicio y no separarlo.

Ronald Castedo, una vida en riesgo

Posted on Actualizado enn

Los avatares del Juicio del Siglo que se arrastra desde hace más de cuatro años, en una lentitud con pocos paralelos en la historia del país, han llegado estos días a un punto indeseable en cualquier lugar del mundo. El corazón de uno de los acusados bajo detención domiciliaria trabaja con un quinto de la capacidad normal, corre el riesgo de detenerse y, como último recurso, podría recibir un trasplante.
Ronald Castedo  está hospitalizado bajo terapia intensiva desde hace tres semanas y el médico principal a cargo de su salud asegura que el paciente podría recuperarse sólo si recibe un corazón saludable. No es una perspectiva aceptable para un juicio sobre el que aún pesan dudas que ni el Ministerio Público ni la acusación patrocinada por el gobierno han conseguido disipar. La reputación de la justicia boliviana está en la balanza con una gravedad que algunos no quieren admitir. Sacrificar una vida en una causa dilatada y en muchas facetas todavía oscura no debería ser una posibilidad ni siquiera especulativamente.
Los fiscales que en las audiencias argumentaron que la afección de Castedo, el ex presidente de COTAS, no era resultado del juicio y concluyeron que no debía ser apartado del caso, quizá ya están ante una reconsideración de la noción de que Castedo debe continuar como un sujeto más entre los acusados porque supuestamente estaba doliente cuando comenzó el juicio. El argumento es frágil. Es como si un chofer en camino a Yungas dijera: “Sé que los frenos del ómnibus están dañados, pero ese defecto existía desde antes de que iniciáramos el viaje. Por eso, vamos a continuar”.
El caso está en suspenso otra vez, hasta el 17 de junio. Ahora Castedo será sometido a una nueva evaluación médica, después de haber sido descartada la que había conducido un galeno que fue funcionario del gobierno y que los fiscales consideraron como sin base. El médico había dictaminado que Castedo no está en condiciones de soportar la presión sicológica y física de un juicio en el que está acusado, junto a otras 38 personas, de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. “La ley protege la vida, pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí  mismo”, dijo el abogado Herman Fríes.
Me parece –Uds. podrán corregirme- que el sistema penal boliviano no autoriza a interrogar en el instante a los fiscales o a la defensa. Si hubiese sido posible, los abogados del acusado podían haber preguntado inmediatamente a los fiscales sobre sus conocimientos de medicina, y si estaban preparados para emitir un veredicto para argumentar profesionalmente contra el informe que habían recibido.
El andamiaje del caso dependerá del informe sobre la salud mental del paciente, que deberá emitir otro forense. Los días que corren son tensos y determinantes para el juicio.

Azúcar: 310

Posted on

Es el nivel de glicemia que registró la tarde de este miércoles el lector de glucosa One Touch (Taiwan) del detenido Ignacio Villa Vargas, conocido como “el Viejo”. Ese nivel es demasiado alto y demanda una inmediata aplicación de insulina para bajarlo y evitar riesgos más graves, inclusive cardiacos. La descompensación, sufrida cuando suben los niveles de azúcar en la sangre, obligó al juez Sixto Fernández, a suspender la sesión vespertina de la audiencia del Juicio del Siglo, que reúne acusaciones de alzamiento armado, terrorismo, separatismo y magnicidio, contra 39 personas.

“El Viejo” fue llevado a una clínica  tras haber aguardado, junto con los demás acusados, durante 30 minutos la llegada del fiscal Marcelo Soza. “Hice el esfuerzo por permanecer en sala, para evitar una nueva dilación del proceso”, declaró el acusado. “Pero, vean ustedes, cómo se demora la sesión”. El proceso está cerca de cumplir cuatro años, desde que el caso tuvo su inicio con el asalto armado al Hotel Las Américas y la muerte acribillados a balazos de Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi.

El registro de glicemia de “El Viejo” aconseja la aplicación inmediata de unos 15 miligramos de insulina de efecto rápido, según informaron médicos clínicos. A partir de esa dosis, se aplica otro tipo de insulinas de efecto más lento que permiten estabilizar al paciente. Vargas había tenido ayer una lectura de 300, igualmente alta, que requirió tratamiento urgente.

La afección de “El Viejo” exhibe las deficiencias del sistema penal boliviano, cuyos juzgados carecen de especialistas que vigilen la salud de los detenidos.

El general Gary Prado Salmón debe asistir a las audiencias dotado de un equipo que le permita  una terapia cada tres o cuatro horas, el máximo que puede permanecer sentado en la silla de ruedas. El general tiene parálisis desde a cintura a consecuencia de una bala que recibió hace más de 30 años, cuando trabajaba para reimplantar el orden en una zona rural de Santa Cruz.  Esa fue una de las razones por las cuales el militar, ahora retirado, resistió la orden de la fiscalía para asistir a las audiencias en La Paz, Cochabamba y Tarija. El fiscal Soza lo había declarado en rebeldía y podía ser arrestado en cualquier momento, pero la orden nunca se cumplió y fue suspendida en la primera audiencia llevada a cabo en Santa Cruz.

Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, está afectado por dolencias cardiacas. Ante la negativa de los fiscales de juzgarlo en Santa Cruz, fue a las audiencias de Tarija, pero en diciembre tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica cruceña cuando empezó a perder sangre a causa de la presión originada en la altura y el stress que implica una audiencia con las acusaciones de terrorismo, magnicidio, separatismo y alzamiento armado. Los médicos le han recomendado evitar la tensión nerviosa y llevar una dieta apropiada. Hace tres años la policía mantuvo un sitio de cuatro semanas alrededor de su casa en Santa Cruz con la intención de llevarlo preso a La Paz por órdenes de la fiscalía.

En las pocas horas de audiencia de la jornada del miércoles continuó el debate entre la acusación y la defensa en torno a las pruebas que deben sustentar todo el caso. La defensa insistió en la presentación de las evidencias, que debe incluir armas. Pero elementos esenciales de la acusación no fueron presentados o no estaban disponibles.