Autor: haroldolmos

Hacia el federalismo

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El cabildo del viernes en Santa Cruz ha colocado la piedra fundamental para erguir el sistema federal, que incrementa la libertad de acción y autonomía de las instituciones que constituirían Bolivia. De aquí en adelante,  nadie podrá ignorar que bastante más de un millón de bolivianos dio un paso para ejecutar el útimo intento de dotar al país de un sistema de gobierno estable, con el que se camine con más energía hacia un desarrollo  económico y social equilibrado de toda la nación. Es el  desafío institucional más grande que se plantean los bolivianos en casi dos siglos de historia.

A solo dos semanas de las elecciones presidenciales, la decisión cruceña coloca una piedra gigante en el camino de la candidatura del presidente Morales, empeñado en su tercera reelección, o cuarto mandato. Si consiguiese la meta, que le permitiría estar a la cabeza del gobierno durante veinte años contínuos, período sin precedentes en Bolivia y con raros ejemplos en el mundo actual, tiene de antemano numerosas interrogantes. El primero se refiere a su futuro político: partiría de antemano con más de un millón de opositores solamente en Santa Cruz. Si, en hipótesis, se sumara a la oposición de los demás departamentos, con todo el apoyo que pudiese tener, para el presidente equivaldría a equilibrarse sobre una plataforma rodante. No podría gobernar.

Mucho menos cuando el mundo bajo el que llegó al gobierno ha cambiado y es cada vez mayor el repudio hacia regímenes autoritarios, de los que salen los mayores amigos de la Bolivia actual: Rusia, China, Irán, Turquía, Nicaragua y Cuba. Ha cambiado también la suerte de los precios de las materias primas, con los cuales el país se gana la vida. Los ingresos por exportaciones declinan desde hace más de cuatro años y han perdido un 20% a 25% respecto a los valores récord de 2014, cuando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior contabilizó 16.970 millones de dólares. Preguntémosle a cualquier empleado público qué haría si le rebajan al sueldo ese porcentaje.

Por todo lo visto, la del viernes ha sido una de la mayores concentraciones en la historia nacional. Poblaciones enteras de las ciudades aledañas, especialmente de Montero y Warnes, se  volcaron  hacia Santa Cruz.

Siempre al ataque a sus opositores, esta vez el presidente permaneció mudo. Se concentró en su campaña e ignoró las imágenes que mostraba la mayoría de los canales de TV.

Si se agrega la contrariedad que ha causado la tenacidad del presidente en negarse a declarar desastre nacional por la tragedia que vive la Chiquitania, que facilitaría el acceso de ayuda humanitaria del exterior, la animosidad cruceña hacia su gobierno y su partido, la oposición ha crecido en espiral. La tragedia, aunque en escala menor, ha azotado también a regiones del Beni, Tarija, La Paz y Pando. Ya pocos creían en la encuesta que asignó al presidente y su partido un crecimiento que colocaría al oficialismo muy cerca de ganar la contienda en primera vuelta. El descrédito del sondeo ya era mayúsculo antes del viernes del cabildo.  Hay que imaginar cómo lo es en estas horas.

El cabildo decidió asignar a cada uno de los asistentes la responsabilidad de gestionar asistencia externa para aliviar el desastre. Cómo resultará esa orden, no es previsible pero con seguridad derivará en una contrariedad adicional para el gobierno.

No es casualidad sino característica de regímenes de izquierda evitar ayuda externa en tiempos de desgracias naturales. Hugo Chávez hizo lo mismo a principios de siglo, cuando la costa occidental venezolana desapareció en mares de lodo. Tras un intercambio telefónico con Fidel Castro, mandó de vuelta a un trio de barcos norteamericanos que se dirigía a Venezuela.

Tampoco será fácil de cumplir el ultimatum que dio el presidente del comité cívico, Luis Fernando Camacho, el orador principal del cabildo, quien dio un  plazo de cinco días para derogar medidas que facilitaron los incendios y para que el INRA desaloje asentamientos ilegales hasta este lunes 7 de octubre al mediodía. La contrapartida sería desconocer en todo el departamento las normas dictadas por el gobierno.

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¿Quo vadis Maduro?

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La decisión de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Reíoproca asumida por quince países es una decision extrema en el debate sobre cómo desbancar al régimen de Nicolás Maduro y restaurar la democracia. Hubo elecciones que perdió, manifestaciones callejeras gigantescas que reprimió y aplastó, rebeliones militares en escala liliput, que venció sin resistencia. Los intentos de derrocarlo y evitar que se consolide una nueva Cuba en el norte del continente sudamericano han fracasado. La nueva decisión que busca alejarlo no tiene fecha de aplicación efectiva de los mecanismos previstos por el TIAR, pero  ahora luce evidente que después de tanto gritar la amenaza de ¨viene el lobo¨,  llegará el lobo probablemente con el uso masivo de las armas convencionales y modernas y, en consecuencia, una guerra rápida y devastadora.

La activación hace dos semanas del Tratado Interamericano de Asistencia Reíproca (TIAR) para el caso de Venezuela sería el paso más extremo para poner fin al regimen de Maduro. El paso siguiente sería la guerra misma, que podría comenzar con un ataque relámpago sobre Fuerte Tiuna, sede del comando de las fuerzas armadas venezolanas en Caracas, y áreas estratégicas en Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Puerto La Cruz, Cumaná y Barquisimetto.  

Los estrategas prevén que en las primeras horas de ataque el ejército colapsaría o destituiría al régimen que encabeza Maduro. Los aliados del regimen -Cuba, Rusia, Irán y Nicaragua- se abstendrían de intervenir de manera directa pues se verían envueltos en un conflicto que no podrían vencer, a menos que estén en condiciones de desencadenar una hectatombe nuclear, que Rusia sería la única capaz de sostener y que no la quiere. Perdería demasiado.

Para ese momento, es improbable que Maduro, tenga alguna opción fuera de entregarse y enfrentar juicios penales de los que nadie lo salvaría.

Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos para persuadir al régimen a entregar el mando a Juan Guiadó y anunciar elecciones generales hiper vigiladas en medio año, han apretado al máximo las posibilidades no abiertamente bélicas. Esta vez también amenazan a sus más próximos aliados en el continente, entre ellos Bolivia. El presidente Evo Morales de haber evocado con satisfacción el momento en que, hace seis años, decidió retirar a Bolivia del TIAR. Pero el verdadero costo de ese retiro puede no haberse asomado.

Creado en 1947, cuando la Guerra fría estaba en uno de sus períodos más críticos, el TIAR  nunca fue efectivamte puesto en acción.

Llamado también ¨la OTAN latinoamericana¨, lo más cerca que estuvo de ingresar al campo de batalla fue durante la Guerra de Las Malvinas, cuando Inglaterra tomaba las Islas sureñas argentinas de ese nombre. Pero Estados Unidos, también el eje fundamental de la OTAN, optó por por sus aliados del primer mundo y el ejército argentino se rindió. La demanda de aplicar el TIAR perdió sentido.

Las naciones que conforman el  TIAR, ahora robustecido con Brasil gobernado por Jair Bolsonaro, y Chile por Sebastián Piñera, no parecen dispuestas a dar marcha atrás y dejar que Maduro siga  a cargo de la nación más rica del continente hasta la llegada del Socialismo del Siglo XXI, en el que milita Bolivia.

Las cancillerías del continente no tendrán tregua estos días, atentas a todos los movimientos que puedan darse en torno a Venezuela. Después de gobernar 19 años, régimen fundado por Hugo Chávez, está ante sus jornadas decisivas que podrían ser decididas en las próximas jornadas.

Tropezones

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Un tropezón  cualquiera da en la  vida. Yo di dos que, en diez días,  me llevaron a la clínica Foianini donde permanecí casi dos semanas de la temporada más fría y ventosa del invierno. Desde las ventanas de mi piso, sobrecogía ver la copas de los árboles doblarse y crujir bajo las embestidas del viento. El lugar hervía de movimiento de médicos, enfermeras y visitantes como un universo aparte en el que el paciente  era foco de una cuidadosa atención. Ese ambiente de servicio y de responsabilidad fue la suerte que me acompañó todo el tiempo. Me resultó apropiado para intentar percibir la tragedia que vivía Bolivia y  que partía desde la Chiquitania (sin acento, como aprendí en la escuela), uno de los mayores tesoros bolivianos. 

Muy pocos fanáticos creen que este desastre resulta de una endemoniada conspiración derechista contra el gobierno, (como dijo una autoridad) pero es cada vez más probable que el fuego avasallador se hubiese esparcido por la ignorancia y negligencia sobre cómo ocurren estos desastres y, estos últimos días, principalmente por intenciones delictivas. (Colonos fueron descubiertos prendiendo nuevamente fuego en los lugares que bomberos, en su mayoría voluntarios, habían conseguido apagar.Un crimen doble para una región que agonizaba por la incapacidad e imposibilidad del estado de prestarle la atención que requería). Unos amigos, con experiencia chacarera, me dijeron que ellos solían abrir un claro de siquiera uno o dos metros de ancho alrededor de la zona que proyectaban quemar. 

Bolivia está entre los cinco o seis países que más bosques queman en el mundo.  Eso explica la sorpresa de la periodista Mery Vaca Villa, en Página Siete, cuando reparó  que el incremento de los incendios es progresivo desde hace al menos una década.  

Igualmente aterradora es la explicación de El Deber este miércoles, al informar que en Santa Cruz está en curso un incendio forestal mensurable en ¨sexta  generación¨, entre los peores en voracidad y propagación. Una tercera razón ha surgido estos días con la noticia del descubrimiento de una usina productora de cocaína que hizo cundir entre los voluntaries un temor adicional: una cosa era combatir el fuego, otra peor combatir a narcotraficantes.

El fenómeno incendiario se ha vuelto  más  peligroso en los últimos 10 años, a un ritmo que solo acabará  dejando a Bolivia calva de arboles, anomalía acentuada bajo el régimen que más se ha proclamado ante el mundo ¨protector de la pachamama¨. Más grave ha sido su tenacidad en  no  declarar al oriente zona de desastre para facilitar la cooperación internacional. 

Cuánto daño político le han causado los incendios a él y al partido gobernante no será fácil de determinar con alguna precisión. Ni el gobierno la facilitará. Pero es improbable que quienes han visito el lugar calcinado olviden el comportamiento del líder pachamamista ni las cenizas de los millones de árboles que no tuvieron un segundo de esperanza de sobrevivir, como quizá pueden haberla tenido los animales silvestres que podían escapar, aunque inútilmente, antes de ellos también volverse cenizas. 

Esta vez, los medios informativos nacionales han estado  superiores y algunos de sus reportajes dejaron bastante atrás a los noticieros de la TV. Los informativos digitales se superaron y el ¨periodismo ciudadano¨, de personas  decididas a  compartir su propio testimonio, alcanzó grados altos de excelencia que permitieron a la ciudadanía informarse y comunicar noticias  con detalle  por medios no tradicionales: sus teléfonos celulares. Muchos bolivianos a lo largo y ancho del país se volvieron comunicadores oportunos y acertados. Los esfuerzos de la propaganda oficial fueron irrelevantes, pese a lo costoso (decenas de millones de dólares al acabar agosto y comenzar septiembre por canal).  Algunas escenas fueron estériles y ridículas, como la que mostró al presidente Morales en un impecable uniforme de bombero accionando una manguera comparable con  una varillita, junto a un cuarteto de fotógrafos. 

Hasta el cierre de este artículo, miércoles de la pasada semana, nadie en el gobierno había conseguido convencer de la bondad de la decision del presidente de negar declarar desastre. Como van las cosas, la decisión del presidente puede resultar en el mayor tropezón de su carrera política.

(Fin)

A bajarse los pantalones

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Uno podría creer que no hay nada más para escribir respecto al juicio del siglo.  No es así. Solo en los últimos dos meses han ocurrido escenas rocambolescas equivalentes a un proceso que lleva seis años desde su traslado a Santa Cruz en 2013, a cuatro de los acontecimientos violentos  que  le dieron origen, en 2009.  Incluídas las actas ordinarias, hay miles de páginas escritas, (yo he escrito ¨Labrado en la memoria¨, un recuento de más de 800 páginas presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz en 2017) y aun quedarían muchas  para ser registradas. Algunas dicen toneladas de quienes  actúan desde lejos o actuaron desde la testera del juicio, en el tercer piso del edificio de la corte de  justicia en Santa Cruz.  Algunos episodios han ocurrido en  los dos últimos meses con fuerte impacto en las sesiones,  con vocabularios y entonaciones cercanas al mejor estilo de las  peleas en los tambos.

A comienzos de  junio, una de  las jurados renunció al equipo del juez Sixto Fernández, diciendo a viva voz que no podía soportar más la presencia de la secretaria del tribunal, ¨la doctora Chávez¨, según la llamó, y anunció que se retiraba del juicio. ¨Esa señora no debería estar aquí¨, espetó con indignación a punto de desbordarse. Con alguna fórmula  persuasiva que no detalló, el juez logró convencerla que continuase presente. Fue la segunda vez  que la juez ciudadana amenazaba públicamente con irse. Era obvio que entre las dos funcionarias había un abismo insalvable y desconocido para la mayoría en la sala de audiencias.

Incidentes aún mayores derivaron la semana que pasó en una situación extraña, cuando un reo tuvo que bajarse  los pantalones y doblarse boca abajo, mientras el forense, en la sala vaciada minutos antes por orden del juez, dispuso que  el acusado Alcides Mendoza Masavi, exhibiera cuanto pudiese la gravedad de una hemorroides que afectaba al ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista. El juez había ordenado un examen ocular a cargo del forense para determinar si el caso ameritaba una cirugía, y por consiguiente un retraso del juicio que preside, basado en una supuesta conspiración, con derrota del ejército nacional y la instalación de  una nueva nación en el continente sudamericano.

La revisión y  los incómodos malestares del acusado contrariaban el propósito de llevar el juicio con celeridad, en un trayecto que ya lleva media docena de años. El examen y  la cirugía eran otro traspié en el dilatado calendario del juez.

En un ambiente en el que las humillaciones frecuentes sobre los sometidos a la justicia boliviana son ofensas de todos los días que ni siquiera dan lugar a reclamos y rara vez son registrados en la prensa escrita, Alcides Mendoza, que días despues cumpliría 53 años, soportó la que describió como la humillación mayor de su vida con todo el estoicismo que le fue posible reunir. Dijo que estuvo en el área que sobresale en la sala y que opera como  tarima desde la cual el  juez, los fiscales, el jurado y la defensa presiden las sesiones en el segundo piso del Palacio de Justicia.

Para contariedad mayor, la opinion del forense fue que el avance agresivo de la hemorroides requería de una  cirugía,  pero no había hospital público disponible pues los medicos ingresarían al día siguiente a un paro de 48 horas.  Se esperaba que esta semana fuese atendido.

El  juez había negado que el examen ocular ocurriese en algún hospital próximo y escogió su perímetro de mayor poder: su propia área en las audiencias. La cirugía se realizaría esta semana en el hospital San Juan de Dios, a  unas cuatro cuadras del Palacio de Justicia.

En las sesiones siguientes Mendoza permaneció en la sala apoyándose sobre una almohada circular, adecuada al tipo de dolencia que lo aquejaba. Las cámaras que registran  todas las ocurrencias, deben haber grabado el episodio, incluso las horas que estuvo acompañado del almohadón sobre el que podía aliviar el incómodo malestar.

No ha sido el único caso de hemorroides que perturba el juicio penal más dilatado de la historia boliviana. Tiempo atrás, una de las jueces había sufrido el mal, pero pudo hacerse curar en un hospital de La Paz, con todo lo necesario para asegurar un  tratamiento y convalescencia normales.

Nadie del Jurado, el juez y las jueces que lo acompañan, ha sido immune a las dolencias. El propio juez Fernández estuvo internado algunas semanas por las complicaciones en su salud y las sesiones tuvieron que ser suspendidas.

(*) Crónica publicada en el diario paceño Página Siete, 7/25/2019

El caso de un Alcalde

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Un alcalde mexicano ha inaugurado una forma de control de empleados del estado que, de ponerse en vigor en otras partes, estaríamos ante una inciativa monumental. El burgomaestre Carlos Tema, de Cuahutemoc, en el estado de Chihuahua, se vistió como muchos indigentes de las ciudades para ver con sus propios ojos el comportamiento de los empleados municipales y cómo cumplían sus obligaciones. Dice la crónica (El Deber, 10-07, de la version producida por el gigante mexicano Televisa) que el alcalde sufrió una gran decepción que lo llenó de amargura, pues se encontró con un sin fin de malos tratos hacia el público que ahora pueden inclusive empañar o quizá promover su futuro politico.

No esperó mucho para reaccionar y las secretarias pasaron gran parte del día dirigiendo y entregando memorandums de despido, con anuncios de juicios para los casos más graves, pues él había sufrido en carne propia la desatención y descortesía de los funcionarios.

La crónica original debe haber sido rica en detalles, pero uno puede figurarse la fuerza del mensaje. Imagínense la sorpresa de un Secretario General, de un encargado de secciones, o de cualquiera que espera una promoción al saber que el propio jefe del municipio (170.000 habitantes) lo había visto respondiendo con despotismo a los reclamos de un empleado de rango humilde o de algún ciudadano portador de un reclamo. 

No se conoce si la iniciativa de indudables contornos éticos se ha mantenido o si ha sido llevada a otras áreas desde aquella  ciudad del oeste mexicano, pero uno sí puede pensar en cuán diferentes serían los resultados de las obras de cualquier estado, en este caso el boliviano, si las autoridades superiores tuviesen el celo del burgomaestre mexicano por el comportamiento de sus subordinados.

Con ese fervor ético incoporado a otros niveles posiblemente no habríamos tenido casos de enormes sobreprecios en obras del estado, compras millonarias sin licitación,  ni  los complejos industrialescon sobreprecios gigantescos,  los fraudes con precios hiperinflados para irradiar las coimas, el ¨caso Zapata¨ y los negocios chinos a los que fue vinculada, los juicios torcidos y manipulados.

En fin, todo esto para sugerir que Carlos Tema sea invitado a venir a Bolivia para narrar su experiencia. ¨Venda en los ojos que tapaba gran parte de su rostro, lentes negros, una chompa y un gorro grises y una mantilla¨ el día que sorprendió a los empleados, el alcalde Tema ha exhibido una forma de promover el buen trato, controlar la ineficiencia y evitar la corrupción.

Hacia la Corte Penal

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El informe de la ex presidente Michelle Bachelet ha recorrido gran parte del mundo y ahora suman todavía más los que creeen que la dictadura de Nicolás Maduro, sustentada en el llamado ¨Socialismo del Siglo XXI¨, debe acabar. Quienes se acoplan a ese sistema y aún lo creen redentor de pobres  y  oprimidos, pongan las barbas en remojo, pues todo confluye en sostener que ese régimen dictatorial juega sus descuentos.  Si su final será cruento o se tratará de un abandono pactado del gobierno, cabeza de una tendencia seguida por poco más de media docena de países (Bolivia entre ellos), lo podríamos saber en poco tiempo. En semanas o pocos meses, dicen los optimistas; en más de un año, creen los escépticos. Por lo que se lee, en realidad todas las opciones que manejan los opositores comienzan con la salida de Maduro y el fin de su régimen. El final no está tan lejos, dicen todos.

Los desajustes producidos en la sociedad venezolana en 20 años de régimen chavo-madurista son tan grandes que los optimistas más radiantes hablan de cuando menos una década de tiempo forzado para enderezarlos antes de volver a fojas cero, es decir a comienzos de siglo. E inversiones alucinantes, de 100.000 millones de dólares el primer año, y tres veces más para los siguientes siete: 300.000 millones de dólares. Gran parte a fondo perdido.

El gobierno venezolano y sus más fervientes seguidores, inclusive fuera de Venezuela,  atribuyen la descomposición generalizada que vive Venezuela a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, especialmente a la industria petrolera. La excusa ignora que los malestares comenzaron a sentirse años antes de  las sanciones. Sus raíces se originaron casi un siglo  antes, cuando el petróleo comenzó a salir a raudales cerca del Lago Maracaibo y las arcas fiscales obtuvieron la mayor exhuberancia en toda la historia del país. Los gobiernos sucesivos gastaron y malversaron a manos llenas sin dedicar esfuerzos a la producción agrícola e industrial. Hubo iniciativas para la educación, pero nada equivalente en la diversificación productiva. (La ¨revolución de la inteligencia¨ fue   apenas un saludo a la bandera que duró mientras su progenitor fue Ministro de Educación bajo un gobierno socialcristiano.) La escalada de gastos continuó en ascenso vertical bajo Chávez. Armas rusas de modelos recientes, fragatas y lanza-cohetes ingresaron en masa al inventario militar venezolano. La presencia china, al igual que en muchos otros países, pasó de ser solo una delicadeza culinaria a dominar gran parte de  los estamentos comerciales venezolanos.

Apenas acabó el super-ciclo de alza de las materias primas, alrededor de 2014, Venezuela, cuyos ingresos de divisas dependen en siquiera un 96 por ciento de las exportaciones petroleras, empezó a sentirse mal. El agravamiento fue fulminante,  hasta llegar al colapso y al mayor éxodo en la historia del continente, con más de cuatro millones de venezolanos fuera de su país estos días. La cifra solo tiende a crecer.

Los detalles están en los más de 80 puntos del informe de la funcionaria, quien ahora espera la valoración del comité que preside, con sede en Ginebra. Una vez aprobado, sería incorporado a las denuncias ya en curso contra el régimen, principalmente las del Secretario General de la OEA Luis Almagro, quien hace un par de años presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe tan lapidario para  Maduro como el que acaba de presentar la ex presidente Bachelet. Con eso, el dossier gigante pasaría a la Corte Penal Internacional donde podría ocurrir un juicio como el de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El informe de la ex presidente causó malestar en todos los rincones de la izquierda radical, en especial entre las mujeres líderes del  Partido de gobierno, por la afirmación de que las detenidas eran abusadas por los verdugos del SEBIN y del DGCIM que las forzaban a prestar servicios sexuales a cambio de cualquier concesión o con frecuencia a cambio de nada. Pocos se atrevieron a objetar el  informe de una funcionaria cuya familia había sido víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se refirió oficiamente al caso para afirmar que el informe buscaba victimizar a las prostitutas.

Como quien pronuncia una sentencia, la magistrada Carmen Zuleta de Merchan declaró en un twitter reproducido por el diario El Nacional: ¨Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas¨. La magistrada quiso amortiguar semejante declaración, pero se hundió más al afirmar que solo defendía a las venezolanas genuinamente dedicadas a esa actividad.

Más de una semana después del  informe no se había registrado ninguna reacción del gobierno boliviano ni de sus líderes. Es probabloe que no digan nada y que no dejen de apoyar a Maduro en cuanto se les presente la ocasión.

El peligro de ignorar la gravedad del  informe es que el aislamiento en el que está Venezuela (solo México, Uruguay, Nicaragua, media docena de islas del Caribe y Bolivia) son aliados de Maduro, junto a Cuba, Rusia, China y Turquía, pueda extenderse a nuestro país a medida que la crisis se agrave aún más.

Más que barbas en remojo, estaría en juego la propia cabeza.

(jho) https://haroldolmos.wordpress.com

Perla informativa en defensa del voto

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El equipo de prensa de Radio San Miguel, del Vicariato Apostólico de Pando, exhibió para a su audiencia esta semana una señal de un fraude electoral en curso en la región nororiental: en un hotel y en casas privadas de Riberalta  había un registro computarizado de votos a favor del  Partido de gobierno. Todo esto a solo cuatro meses de las elecciones.

Ante las pruebas descubiertas, nada parece atenuar el delito: Multitud de papeletas de inscripción, equipos informáticos de identificación, escritorios  y miles de bolivianos que un supuesto funcionario distribuía desde la falsa oficina de registro en la que operaba.

El esquema aún require de investigaciones más detalladas, pero dirigentes cívicos del lugar, especialmente mujeres, intervinieron  uno de esos centros y, de acuerdo a videos que han circulado por  las redes sociales, decomisaron material impreso, y al menos 7.300 bolivianos que uno de los delincuentes electorales utilizaba para pagar, dijeron los denunciantes,  entre 100 y 300 bolivianos a cada individuo que se sometía a la ilegalidad. El dinero, según dijeron en uno de los videos, sería entregado a la Corte Electoral como  prueba de la irregularidad, que ahora muchos temen que esté diseminada por gran parte de los pueblos orientales.

El incidente ha ocurrido en un terreno fértil para las sospechas, que las autoridades tendrán que disipar cuanto antes para restablecer cualquier credibilidad que trataban de construir sobre el comicio previsto para el 20 de octubre. Incidentes como el ocurrido en Riberalta corroboran la suspicacia creciente por esa debatida elección.

Ante la competencia venidera, el trabajo reporteril de la emisora ha sido un alerta temprana. El alerta anuncia que hay tropelías a la vista para falsear el veredicto popular. El Partido de gobierno participa en la elección encabezado por sus dos principales candidatos, ambos vetados por ley pero impuestos por el Tribunal Nacional Electoral que optó por ignorar el referendum del 21 de febrero de 2016 que rechazó las candidaturas que excedían los tiempos legales. Tanto el Presidente como el Vicepresidente permanecen en el mando desde hace 14 años, con la aspiración declarada de convertirse en gobernantes vitalicios. El incidente de Riberalta puede entorpecerles el camino.

El golpe informativo de la emisora católica, considerada como la de mayor audiencia en el nororiente y una de las pocas con alcance internacional, ha generado inquietud entre sus periodistas, temerosos de represalias de las autoridades locales. La Jefe de Redacción Carmen Ruelas Pardos ha sido convocada por una fiscalía para declarar el lunes sobre la denuncia de una senadora (Maria Simone Cuéllar, del Partido de gobierno)  que la acusa de ¨acoso político¨. La acusación es anterior al incidente sobre los votantes clandestinos y se refiere a acusaciones laborales contra una empresa sin contrastarlas, sostiene la senadora, de acuerdo a la versión de los denunciados).  Pero el Director de la emisora, Carlos Arce Castedo, ha dicho que quien irá a declarar será él, como responsable periodístico de la emisora.

La intervención de la senadora ha creado un revuelo que rompió las fronteras del departamento y ha comenzado a interesar a los diarios nacionales y a ser señalado  como demostración de la senda estrecha y peligrosa por la que debe transitar el periodismo independiente en Bolivia. La dimensión que cobra el caso es algo que los que lo exhibieron no imaginaron. Arce Castedo y  la Jefe de Prensa Ruelas Pardos no sospecharon que la denuncia de un delito electoral infraganti se iba a convertir en una perla noticiosa causante de trastornos actuales.

Ambos son considerados periodistas de marca superior en la región y gozan de amplio respeto de su audiencia. De su  lado, en defensa de la  libre expresión, se han colocado las principales agremiaciones nacionales del ramo, que también estarán atentos a  lo que pueda ocurrir en la ciudad capital de la goma elástica y la castaña (la nuez del Pará), que a principios del siglo pasado, junto a Cachuela Esperanza, fueron el conducto comercial boliviano para llegar el Atlántico, y una fuente primordial de ingresos para el erario boliviano.