Castedo

Amnnistía: esperanza y escepticismo

Posted on Actualizado enn

La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”

La ausencia de Soza

Posted on Actualizado enn

Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Malabarismos

Posted on Actualizado enn

La asistencia forzada de uno de los acusados a las sesiones del Juicio del Siglo bajo la amenaza de ser enviado a Palmasola y los dictámenes de las forenses oficiales que hicieron esa presencia imperativa ha mostrado un rostro feo de la justicia boliviana. No porque el acusado Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, no deba estar presente en las audiencias sino por las apariencias de insuficiencia en los dictámenes de forenses del gobierno que determinaron que podía hacerlo.

No parece seria una evaluación cardiológica que no incluya ninguno de los recursos conocidos de la cardiología, como la prueba de esfuerzo (caminar por una estera rodante durante un tiempo determinado, para verificar la fortaleza o las áreas débiles y peligrosas del corazón) o un “holter” (monitoreo del funcionamiento cardíaco durante 24 horas). Tampoco luce suficientemente creíble para la magnitud del caso en curso una evaluación sicológica basada sólo en preguntas. Para conferir credibilidad a esos estudios, los forenses deberían recorrer cuando menos los caminos más conocidos médicamente de una evaluación de ese tipo. Es lo que todo cardiólogo ordena para conocer el estado del paciente.

“Sólo le tomaron el pulso y la presión”, reclamó el abogado José Hoffmann en la sesión del 17 de junio. En palabras de la defensa, la evaluación de la forense Sheila Cádiz Gutiérrez, quien vino desde Sucre para hacer el trabajo, “fue una jugarreta” que en otras geografías sería inaceptable. La defensa presentó un informe paralelo basado en una evaluación realizada durante tres días, pero la acusación lo rechazó con el argumento que la única evaluación válida legalmente para el proceso era la realizada por la doctora oficial. En esos momentos no estaba cerrada la posibilidad de plantear un careo entre la forense de Sucre y el cardiólogo principal de Castedo, Carlos Vaca, de la clínica Foianini, de Santa Cruz. Pero la cuestión que surgió con la salud del ex ejecutivo de COTAS fue opacada por otras ocurrencias del caso, ahora en suspenso por la vacación judicial. (La declaración de Elöd Tóásó fue importante, pero de ella escribiré en otro momento).

Las audiencias deberán reiniciarse el 29 de julio. El informe de la forense fue la base para que el juez Sixto Fernández dictaminase, al reanudarse las sesiones el lunes 17 de junio, que Castedo debía presentarse en la sesión siguiente, el miércoles 19, bajo pena de ser aprehendido y llevado a Palmasola. El veredicto tuvo como disidente a la juez técnica Elena Julia Gemio Limachi. Ese día, la defensa representada por Hoffmann tuvo su mejor tarde.

“Ha sido la mejor exposición de los abogados”, me dijo el defensor de otro de los acusados. Sin embargo resultó insuficiente para conseguir que el jurado dictase una decisión favorable al defendido. Los informes médicos presentados ante el tribunal indican que el corazón del acusado había desmejorado y sólo funcionaba en un 26% de su capacidad (dos puntos porcentuales menos que a principios de año).

La precaria salud de Castedo, llevado a terapia intensiva a principios de junio tras recibir un nuevo “stent” (dispositivo que ayuda a mantener abierto el flujo sanguíneo por una arteria) , había obligado al juez a suspender las audiencias por casi tres semanas. Fue el tema dominante en el proceso durante el mes de junio. El peligro que corría su vida llevó a fines del año pasado a trasladar a Santa Cruz las audiencias que entonces se desarrollaban en Tarija.

27-0

Posted on Actualizado enn

Puede ser también 90-0. Vamos a un ejemplo. Un campeonato de fútbol llega a la final y la pantalla muestra aquel resultado. Ud. dirá: Un momento. ¿Cómo puede ser que el equipo derrotado, que tiene un conjunto de estrellas,  no hubiera anotado un solo gol?

Así fue la jornada de este miércoles al concluir la lectura de los incidentes y excepciones del “Juicio del Siglo”, que individualmente sumaron unos 90, pero que agrupados en temas, llegaron a 27. El juez Sixto Fernández leyó la resolución del tribunal que preside y declaró inválidos todos los casos.  Ya habían sido resueltos, carecían de sustentación o el término de presentación había expirado.

Los abogados defensores están entre los mejores del país y es difícil creer que hubiesen sido incapaces de acertar un solo punto.  ¿“Será que somos tan tontos y ellos sean tan brillantes”?, me dijo uno de los abogados.

No son evidencia muchas de las fotos recopiladas durante la  investigación, inclusive aquella en la que un capitán de la policía aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de una alegada conspiración secesionista. Murió acribillado a balazos en la madrugada del 16 de abril de 2009.  El juez también consideró “subsanable” la falta de páginas en el expediente, anomalía denunciada por la abogada Verónica Suárez a poco de abrirse las  audiencias en Santa Cruz, en febrero. “Es una falta relativa, y por tanto subsanable”, dijo el juez.

En el inventario de las pruebas leídas el martes, no apareció la  pistola ametralladora,  “mugrienta y sin cacerinas”, que el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno dijo que había vendido a Rózsa para la supuesta operación secesionista. “Ni mencionaron la pistola ni me mencionaron a mí”, dijo Guedes, extrañado que ese dato no hubiese sido notado por los jurados.

Pese a la derrota, los propios acusados dieron algunos testimonios.

Elöd Tóásó, el joven rumano-magiar sobreviviente de la incursión policial al hotel Las Américas junto al boliviano-croata Mario Francisco Tádic, habló ante los jurados tras ser presentado por su abogado Alberto Morales. Habló en húngaro y un traductor llevó sus palabras en castellano al sorprendido tribunal.  Las primeras palabras del joven profesor de informática fueron como rayo en cielo limpio: no había tenido traductor y los fiscales no son precisos cuando dicen que un embajador y un cónsul húngaro tradujeron sus palabras en sus declaraciones tras ser detenido. Un cónsul o un embajador no realizan ese oficio y si lo hacen no son validados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues  esa función es de especialistas, subrayó. Otras declaraciones fueron “traducidas” desde el inglés, que en Tóásó no es fluido (se desconoce la calidad del inglés del traductor que, por lo que se sabe, era boliviano).

El abogado Abel Montaño pidió que el juez precisase cómo había sido aprobada la resolución de rechazo a las observaciones de la defensa: si hubo unanimidad o si hubo disidencias.

Su colega José Hoffman, de la defensa del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo, recordó:  la policía, en horas de la madrugada, allanó sin orden judicial un domicilio privado, el Hotel Las Américas, apagó los registros electrónicos “para que no se vea lo que iba  a ocurrir”, en un acto que constituye  falla absoluta en el proceso pero al que el juez no había hecho mención, dijo.

El abogado Gianni Prado, de Tádic, dijo a los jurados que el proceso ingresaba a un terreno de indefensión absoluta, para de inmediato pedirles que escuchasen a su defendido.

Integrante del grupo de Rózsa, Tádic también tocó nervios vivos: los abogados del gobierno (ahora presos, sospechosos de extorsión) recibieron un poder el 12 de marzo de 2009, lo presentaron casi tres semanas después y lo activaron el 14 de abril, horas antes de la explosión en el portón e la residencia del cardenal Julio Terrazas y sólo un día antes del episodio del Hotel Las Américas, cuando decidieron investigar supuestos delitos que no habían ocurrido.

Atacó un punto central del caso: la policía intervino, tomó el hotel y disparó a matar sobre Rósza, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi dentro de una operación que por lo menos fue planificada en sus principales detalles. Al haber obedecido a un plan,  (la policía llegó a Santa Cruz horas antes del episodio), no hubo flagrancia. Además, subrayó, el propio gobierno ha dicho que  sabía del rupo hacía semanas.  Recordó que el presidente Morales había dicho en Venezuela que, antes de viajar, había dejado órdenes para actuar contra el grupo.

“Entonces, no hubo flagrancia” (de parte del grupo de Rózsa), dijo. Eso dinamitaría un elemento esencial de la tesis del gobierno. La idea de una ejecución ha sido reiteradamente rechazada por los fiscales. El ex cabeza del caso, el fiscal Marcelo Soza, sostiene que el grupo, casi completamente desnudo, atacó “de manera injusta” al contingente policial, que se vio obligado a disparar.

El  coronel Zoilo Salces Sepúlveda también se dirigió al jurado: “Por favor, valoren lo que les voy a decir”, pidió.  Dijo que se había presentado voluntariamente a declarar en La Paz, sólo para ser detenido y enviado a El Alto, a Oruro y traído de vuelta a La Paz. El coronel retirado no sabe exactamente por qué lleva casi cuatro años preso. Ha presentado sus pruebas de descargo pero no ha conseguido una respuesta adecuada, dijo. “ “Si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”.