UE

Tiempos de cambio

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Libre de las obstrucciones que solía representar Venezuela, ahora suspendida del Mercosur, el bloque integracionista se dispone a retomar con ímpetu el diálogo con la Unión Europea, en un proceso llamado a dinamizar el comercio entre los dos bloques en momentos de desconcierto ante el proteccionismo de la administración de Donald Trump y la salida británica de la UE. Las expresiones de afecto entre los dos bloques llevan más de 20 años pero nunca como estos días parecen tan promisorias empujadas por el sentimiento común de que es imperativo oponer el libre comercio a la tendencia aislacionista estadounidense y a la ruptura británica con el continente europeo. Una alianza entre ambos puede estar más cerca que nunca.
Representantes del núcleo fundador del mayor bloque comercial del mundo en desarrollo se reúnen estos dias en Buenos Aires para definir pasos a seguir en un encuentro con la UE el mes venidero, demostrativo de la dinámica que empiezan a adquirir las relaciones entre países de la region. Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay están reunidos en Buenos Aires para discutir la agenda de Mercosur ante el bloque europeo, inclusive fórmulas para acelerar las negociaciones agrícolas donde el proteccionismo del viejo continente es mayor.
Excluidos de los desplazamientos de la diplomacia regional parecen los países del Socialismo del Siglo XXI, atados por ideologías que les impiden sumarse a las corrientes que se mueven en el hemisferio. Venezuela dejó de contar en el bloque sudamericano desde su apartamiento bochornoso en diciembre, al expirar su presidencia semestral. Fue un resultado ¨colateral¨ de los cambios de dirección política ocurridos en Brasil y Argentina. Bolivia era candidata a ingresar al grupo de manera plena, pero ahora que la brújula ideológica del continente ha dejado de apuntar a la izquierda, es incierto si todavía tiene interés en acoplarse. Ecuador dejará de ser una incógnita el 2 de abril, con la segunda ronda electoral.
Hace pocos días, asumió el mando de la política exterior brasileña el legislador Aloysio Nunes, como substituto de José Serra, quien en pocos meses trazó nuevas líneas a la política exterior de su país, distante de las del Socialismo Siglo XXI. Nunes acentuó esas líneas y acaba de declarar que Venezuela ha desbordado la normalidad democrática y es una dictadura indisimulada. Más aún, designó como jefe de su gabinete a Eduardo Saboia.
¿Recuerdan el nombre? Vale la pena tomar nota. Fue el diplomático que hace tres años condujo al senador boliviano Roger Pinto en una travesía épica por carretera La Paz-Corumbá, tras la negativa pertinaz de la cancillería de otorgarle salvoconducto. Llevaba 14 meses refugiado en la embajada brasileña.

Desafíos de la coca

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Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo, toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser substituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o reencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable.
El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años que llevó a una alianza con Estados Unidos para evitar que el estado sucumbiera al poder de los carteles.
Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales. A la hora de la verdad, el gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que sumarían las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo a otros informes, y casi el doble, de acuerdo a datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína. El gobierno está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse sin remedio el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.
El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo, donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser sólo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.

El informe que no llega

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Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio  sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de  Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.

El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”.  Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia.  En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.

Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación.  Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.

El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido.  En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace  gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.

Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional.  La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.

Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.