Mes: febrero 2013
Con derecho a hablar
Actualización: Complementa con apreciaciones sobre el episodio del 16 de abril
El general Gary Prado Salmón reasumió esta noche su defensa pública frente a la afirmación del gobierno sostenida por el fiscal Marcelo Soza de que fue el cerebro militar y lugarteniente del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en el episodio del Hotel Las Américas de Santa Cruz.
Vencedor de Ñancahuzú cuando era capitán del ejército, general de división, embajador ante el Reino Unido y México, ministro y asesor de presidentes de la era democrática, y actualmente catedrático universitario para una variedad de materias, el militar retirado, 74 años, dijo un No seco pero sonriente cuando se le preguntó si asesoró a Rózsa Flores.
“¿Con mi trayectoria? Sería no respetarme a mí mismo”, dijo al subrayar que como general del ejército con múltiples condecoraciones no podría, desde el pedestal al que llegó, haber descendi a trabajar al servicio “de un mercenario”.
En el programa “No Mentirás”, de PAT, donde dos noches antes había estado el fiscal que lo acusa, Prado Salmón inauguró la recuperación de su derecho a hablar en público sobre temas políticos del que fue privado durante treinta y tres meses. La entrevista se centró en las acusaciones del fiscal Soza y en la campaña guerrillera de 1967.
La recuperación de ese derecho fue uno de los resultados de haber traído a Santa Cruz el proceso abierto hace casi cuatro años, tras la operación armada del 16 de abril de 2009 en la que fueron acribillados Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi.
El fiscal Soza se oponía a trasladar el juicio, que tuvo escalas en Cochabamba, Yacuiba y Tarija, y afirmaba que su seguridad y la del tribunal que preside el juicio estarían en riesgo. El proceso se desarrolla desde el lunes sin inconvenientes en Santa Cruz.
“Se comentó que Ud. conocía la ubicación de los regimientos”, le dijo la entrevistadora, la periodista Ximena Antelo.
“Es gracioso”, dijo, que una de las acusaciones del fiscal Soza habla de un mapa cuando se trata de un croquis para ayudar a entender el despliegue de cuatro compañías del ejército en el área de la guerrilla, hace 45 años. El croquis, por su naturaleza, es elemental y viene como anexo del libro “La guerrilla inmolada”, del que Prado Salmón es autor.
Recordó que ante una comisión legislativa que investigó el episodio del Hotel las Américas el fiscal había presentado una lista de documentos para respaldar la acusación contra el general. “En ninguno de esos documentos aparece mi nombre”, subrayó. Sólo después de la conclusión de tareas de esa comisión, el fiscal presentó el diseño al que le asignó el carácter de prueba para la acusación.
Prado Salmón dijo que desde su retiro en 1988 no volvió a tener contactos con las Fuerzas Armadas. Ese alejamiento fue mayor debido a su ingreso a la arena política dentro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Como militar de carrera, dijo, y uno de los oficiales que impulsó el retorno de Bolivia a la vida democrática, su distancia de la institución armada fue absoluta.
A la acusación de que estaba vinculado al movimiento que el gobierno atribuye a Rózsa se sumó la orden, a pedido del fiscal, para no emitir declaraciones sobre la acusación de la que se defiende. “Era una mordaza” que impedía “responder a las acusaciones que con tanta soltura el fiscal y otras personas del gobierno hablaban sobre el caso”.
Recalcó también que recién había conocido a muchos de los que, como él, están acusados. ¿“Cómo se puede ser parte de un movimiento sin conocer a los que lo dirigen”?, dijo.
-“¿Usted conspiró?”, le preguntó la entrevistadora. “Absolutamente no. Era crítico en mis declaraciones públicas, antes de que me acusaran. Veía que las Fuerzas Armadas estaban siendo convertidas en un instrumento político del gobierno.”
Risueño durante toda la entrevista, Prado Salmón dijo que el episodio que lo dejó parapléjico no perturbó su vida. “Decidí que a partir de ese momento mi vida estaría sobre ruedas”, bromeó.
El haber rendido a la columna de Ernesto “Ché” Guevara lo volvió una referencia fundamental para historiadores, periodistas y analistas y Rózsa lo entrevistó para una revista húngara. “He recibido a periodistas de todo el mundo. Innumerables veces he dado entrevistas. Soy parte de la h historia boliviana y de la latinoamericana”.
En su libreto de preguntas recurrentes figura la de qué sentía cuando estuvo frente al Ché. De ese libreto también surge la respuesta: “Pena. Era un hombre acabado, en muy malas condiciones físicas y anímicas”. Reiteró que hubo un despliegue propagandístico muy grande de Cuba y el movimiento comunista internacional para forjar el mito de Ché Guevara y compensar la derrota que le infringió el ejército boliviano.
Otros puntos abordados en la entrevista me parecieron también importantes por haber sido dichos durante uno de los horarios más privilegiados de la televisión y con una audiencia probablemente selecta que pudo contrastar opiniones con las que había vertido 48 horas antes el fiscal Soza.
Tras la afirmación del general retirado de lo ocurrido correspondía a una trama “totalmente montada” por el gobierno para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz. La entrevistadora le preguntó sobre las armas que supuestamente tenía el grupo del Hotel Las Américas.
“Ayer mismo apareció el informe de la policía que dice que las armas eran de la UTARC”, la unidad policial que ejecutó la operación. Pistas sobre el origen de ese armamento las habían sido dadas por el abogado de Prado Salmón, Otto Ritter, en una de sus primeras intervenciones en las audiencias de esta semana cuando mencionó que el informe que revelaba que las armas pertenecían a la unidad y que habían sido robadas desapareció misteriosamente pero que había copias y que las mostraría.
“El gobierno ha hecho todo esto a su antojo”, dijo. Los informes de inteligencia señalaban que existía el grupo antes de la operación de 16 de abril y que la inteligencia policial seguía a sus integrantes. “¿Por qué no los toman presos en la piscina de hotel, en el restaurant? No, los matan para acallar la verdad”.
En el segmento Frente al Espejo, al final del programa, dijo que la imagen que observaba era la de “un hombre de edad con la conciencia tranquila que ha cumplido siempre su deber con el país”.
Negligencia mortal
¿Qué empresa o institución es aquella que envía a un joven mensajero a retirar de un banco y depositar en otro más de 291.474 bolivianos (más de 40.000 dólares)? A sabiendas de los peligros que una misión así representa, el joven Mario Cuéllar García (23) intentó cumplir la peligrosa misión y lo hizo a costa de su vida. Ha sido una irresponsabilidad de la institución en la que trabajaba que facilitó el trabajo de los asesinos: el banco de donde el joven retiró el dinero está sobre una calle que converge en la Plaza 24 de Septiembre y aquel donde debía depositarlo está a poco más de cien metros de distancia.
¿Costaba mucho realizar una transferencia bancaria de una cuenta a otra? ¿En qué medio vivimos que una operación tan sencilla no es practicada y resulta el camino para la comisión de asesinatos?
Creo que las autoridades tendrían que prohibir expresamente ese tipo de operaciones manuales. Hasta sugeriría que las transferencias superiores a 10 mil bolivianos sean obligatoriamente realizadas vía transferencias bancarias de una institución a otra.
A los colegas de la TV que hablan de los “antisociales”, por favor, se trata de delincuentes, de bandidos, asaltantes. ¿Por qué darles el beneficio del matiz de un calificativo más genérico?
El joven fue enterrado hoy.
Soza: Habrá sentencia en dos o tres meses
Actualización con edicion del texto anterior e incorporacion de preguntas y respuestas frente a un espejo.
El fiscal Marcelo Soza aseguró esta noche al país que “en dos o tres meses” habrá una sentencia sobre el “caso terrorismo”, reiteró que “malos bolivianos” intentaron dividir Bolivia y que el trabajo que llevó a cabo demostrará que el general retirado Gary Prado Salmón estuvo comprometido en el intento secesionista que atribuye a Eduardo Rózsa Flores.
En una entrevista televisiva conducida por la periodista Ximena Antelo el fiscal mostró dubitación e inseguridad cuando tuvo que hablar sobre sus finanzas personales: No consiguió conciliar el patrimonio de “unos 400.000 bolivianos” que declaró en ese momento en el programa No Mentirás, de la red PAT, con el de 1.064.400 bolivianos que había bajo juramento señalado en su declaración oficial de patrimonio el año pasado. La pregunta vino a propósito de versiones que desde hace tiempo circulan en la red sobre los bienes del fiscal. El fiscal dijo que negaba terminantemente esas versiones.
“Trabajé más de 20 años de mi vida …unos 400.000 bolivianos” dijo. “La declaración de bienes habla de 1.064.400 bolivianos,” lo interrumpió la periodista. Esa observación pareció dejar perplejo a quien es considerado como uno de los fiscales más poderosos de Bolivia. “Debe haber un error…no recuerdo…lo hice el año pasado…Sin embargo es el trabajo de toda una vida, no solo mío sino de mi esposa”. Sus palabras fueron pausadas y su expresión facial exhibía confusión con el tema que debía abordar.
La entrevistadora le preguntó cuántos hijos tenia, pero “por razones de seguridad”, el público se quedó sin conocer una respuesta.
«Dicen que el caso ha sido montado. ¿Cómo las cámaras de seguridad del hotel se apagaron precisamente esa noche…?», preguntó la presentadora.
Las respuestas del fiscal parecían reflejar cierta inseguridad. “Hubo un informe del dueño del hotel”, dijo vagamente, sin explicar si el informe explicaba el porqué del apagón de las cámaras en la madrugada del 16 de abril de 2009. Trajo una explicación reptida a lo largo de los casi cuatro años desde que ocurrió el episodio: “Ningún fiscal podría acusar sin pruebas. Tenemos pruebas contundentes: Malos bolivianos trataron de dividirnos…La sentencia va a reflejar todo lo que se ha investigado”.
En ese momento declaró que la información que tiene la fiscalía asegura que «frente a una agresión del grupo armado incursiona la policía». Es decir, el trío que murió en ese episodio y que estaba en paños menores, disparó sobre la policía. El fiscal agregó que la policia había sido «agredida de manera injusta e ilegal». Desde que fue presentada esa versión, poco después del episodio, abogados de los acusados y críticos de la actuación de la policía han preguntado si lo ocurrido tuvo esa secuencia, cómo se explicaba que todos los policías hubiesen resultado ilesos.
El fiscal intentó garantizar credibilidad a sus palabras, pero al no estar aparejadas de elementos de convicción persistieron las dudas que existen desde el estallido del caso hace casi cuatro años, entre ellas por qué fueron muertos y no capturados vivos. “Todos (los enjuiciados) son culpables”, aseguró. “Nosotros tenemos la responsabilidad de probar; serán los jueces los que deberán decidir” (por la sentencia o absolución).
No hubo mención al juicio en curso en Santa Cruz, en el que las múltiples irregularidades contenidos en el expediente (borrones, palabras sobrepuestas, papeles desordenados, ausencia y falta de continuidad en la numeración de las páginas que a los observadores dan la impresión de que todo el proceso ha sido colocado al borde de un abismo.
Tampoco abordó la denuncia del abogado Otto Ritter, quien el martes dijo que las armas que mostraban Rózsa y sus compañeros Michael Dwyer y Arpad Magyarosi eran pertrechos robados de la disuelta unidad de élite UTARC, a la que pertenecía el Cap. Walter Andrade, especialista en infiltración que había conseguido ingresar al grupo de Rózsa.
Andrade logró la amistad de Rózsa y una fotografía difundida ampliamente por todo el país muestra a ambos en un churrasco. Ritter dijo que eso probaba que el caso había sido montado por el gobierno para perseguir a líderes cruceños.
La periodista le preguntó por qué no se había imputado al cap. Andrade. La respuesta de Soza no fue contundente. “Se habló mucho de ese tema. Desde un principio manejaron ese tema…los que mencionaron el tema nunca pusieron elemento de prueba para investigar a este ciudadano”, explicó y dijo que le tomaron una declaración y que se concluyó que no había elementos que demostrasen que Andrade estuviese involucrado. Por eso no había sido imputado.
-¿Esa fotografía, no es elemento?
El fiscal titubeó y tras unos instantes dijo. “(La foto) oficialmente no la tenemos”.
La periodista insistió en preguntar si esas armas eran las que habían sido sustraidas de la UTARC. «Sinceramente, desconozco», dijo. Agregó que el armamento que la fiscalía secuestró era el que supuestamente se encontraba en el almacén de COTAS, en la Feria Exposición y también parte de las pruebas acumuladas contra los acusados.
Vino otra pregunta: Por qué tampoco se había investigado a Carlos Nuñez del Prado, supuestamente involucrado en un acto de soborno a “El Viejo” en enero de 2011. «No encontramos ningún elemento de convicción para involucrarlo», respondió.
Frente al espejo
Parte del formato de las entrevistas lleva a los invitados a detenerse frente a un espejo que muestra a los entrevistados de cuerpo entero mientras responden a las preguntas de la conductora del programa. Las preguntas y respuestas están resumidas.
– Mírese con calma y dígale al país, ¿qué ve?
Veo a un hombre comprometido con Bolivia. Lamentablemente me tocó vivir esta situación y como hombre de derecho, debo responder y aclarar esta situación para que el país sepa qué es lo que se va a juzgar…Vamos a probar todo. El país sabrá que en Bolivia hubo un intento de dividir al país. Se iba a generar una guerra interna en el país.
–¿Ve a un hombre orgulloso por su trabajo?
Lógicamente que sí. (Promete continuar hasta lograr una sentencia para “los malos bolivianos que tentaron dividirnos”.
-¿Ve a un hombre que suele mentir?
(Habla que “como todo el mundo” suele decir mentiras piadosas, pero subraya de inmediato: la verdad es la que ha de surgir al final del camino. Una mentira nunca lleva a nada.”
-¿Ve a un hombre feliz?
Si. Estoy feliz con mi familia y con todas las cosas de mi vida.
-¿Ve a un simpatizante el MAS?
No. No simpatizo con ningún partido político.
-Ve a un hombre con un pasado movimientista o mirista?
Pertenecí al MNR cuando era estudiante.
-¿Ve a un hombre con la conciencia tranquila?
Efectivamente, sí.
-¿Ve a un hombre con las manos limpias?
-Efectivamente, sí.
Los fantasmas de ayer
Las revelaciones del abogado Otto Ritter sobre el origen policial de las armas mostradas por el gobierno como una evidencia de la conspiración que atribuía a Eduardo Rózsa Flores han precipitado una avalancha que hoy luce incontenible. El caso que se inició el 16 de abril de 2009 parecía recubierto por una coraza irrompible, pero ahora ha aparecido una luz al final del túnel del episodio sangriento del Hotel Las Américas.
En la explicación que Ritter hizo el martes ante jueces, fiscales y público en el Palacio de Justicia, aparece la UTARC como origen de aquellas armas, que causaron asombro por su sofisticación. En la ecuación juega el papel de ariete el capitán Walter Andrade. El capitán era miembro prominente de la UTARC, de donde venían las armas.
No es lo más relevante, por el momento, determinar si hubo alguna transacción comercial para esta transferencia ilegal de armas. Una posibilidad es que Rózsa hubiese pagado por las armas y en ese caso habría que saber el origen del dinero y quién recibió el valor de la transacción; otra posibilidad es que hubiesen sido cedidas (poco probable) al grupo que supuestamente empezaba a formar el boliviano-húngaro-croata para desencadenar una campaña que se volvería más siniestra con la participación de una unidad de la policía boliviana o de alguno (s) de sus miembros. El hecho principal parece ser que armas de la policía estaban en manos de un grupo supuestamente irregular cuyos miembros se hacían fotografiar con ellas. Y la misión atribuida al grupo era nada menos que dividir Bolivia!
Una pieza esencial de todo este razonamiento es que la UTARC, disuelta poco después del episodio, o algunos de sus miembros, estuvieron envueltos en una operación que degeneró en el muerte violenta de tres personas y en persecuciones políticas y judiciales como nunca en la historia de Santa Cruz. Es aquí donde radica uno de los ángulos más graves de la denuncia formulada el martes por el abogado Ritter. Y es por esa gravedad que urge conocer todo el expediente misteriosamente desaparecido que revelaba detalles del enredo. El abogado dijo que hay copias de esa documentación y que está listo a hacerlas conocer en la medida en que avance el juicio instalado en Santa Cruz al comenzar la semana.
El enredo se vuelve más pantanoso al indagar sobre la “cadena de mando” para este caso. El presidente Morales dijo que él mismo había dado la orden de ejecutar la operación. Pero creo que la cuestión no se agota en quién dio la orden final, sino que se extiende hacia quienes conocían los pormenores de lo que ocurría.
Lo sucedido estos dos días en el Palacio de Justicia parece explicar el porqué de la insistencia de algunas autoridades en celebrar las audiencias en cualquier otro lugar, menos en Santa Cruz, donde comenzó el caso y donde ahora parece cerca del final. Pronto deberán ocurrir las presentaciones del general Prado Salmón y de “El Viejo”, que ha prometido decir todo cuanto sabe en cuanto le llegue el turno de hablar.
Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa
Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.
Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó. Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.
Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.
“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.
La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.
Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.
Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio. Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.
El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba Rózsa. El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.
Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.
El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.
También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era historia, Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.
Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.
Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.
La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.
Anular el proceso, plantea la defensa en «Juicio del Siglo»
La multitud de deficiencias en el expediente del “juicio del siglo” llevó este martes a los abogados de la defensa a reclamar la disolución de todo el caso y consiguientemente la libertad de los detenidos y anulación de los cargos por delitos supuestos de terrorismo, alzamiento armado, magnicidio y separatismo. Todavía estaba pendiente la respuesta del fiscal Marcelo Soza, contra quien, desde la apertura del caso en Santa Cruz ayer, se dirigen las sindicaciones y protestas de la defensa por la aparente falta de seriedad que han conferido al expediente la ausencia de páginas, correcciones indebidas e (correcto, 16.10.13) inexplicadas de frases, palabras, enumeración de folios ausencia de legajos.
La abogada del ex líder cívico beniano Alberto Melgar volvió a preguntar a los jueces y jurados “dónde están las garantías de seguridad jurídica” en el caso que se arrastra por casi cuatro años. La abogada Verónica Suárez repitió una letanía de errores en el expediente similar a la que había expuesto en la víspera y que dejaron la sensación de que todo el juicio se aproximaba a un precipicio. No parecía haber más sorpresas en cuanto a fallas en el expediente, pues se creía que todas habían sido enumeradas, inclusive la utilización de hojas arrugadas y envejecidas de papel de fax. Pero la abogada anotó una más: Un salto mayúsculo de numeración de folios que de 12.000 pasó a 132.000. La diferencia, dijo, representaría unos 160 cuerpos procesales. Reclamó por la falta de seriedad en el proceso y subrayó que las que estaban en el banquillo eran personas sobre las que podrían recaer condenas de 15 a 20 años. ¿“Podemos continuar con esta clase de expediente?“, preguntó.
Después listó las dilaciones de ninguna de las cuales su defendido podía ser responsabilizado y que habían contribuido a que el proceso se extendiese mucho más allá de los límites fijados por ley: 36 meses para llegar a la etapa de sentencia. Ese número había doblado el límite anterior de 18 meses, impuesto cuando el proceso ya estaba en curso.
El abogado Gianni Prado, encargado de la defensa de Mario Tádic Astorga impugnó la tipificación de “terrorismo” presentado desde los inicios del proceso por la acusación y la ridiculizó subrayando que constituía “una burla” para los países que realmente han sufrido o sufren ese fenómeno de violencia.
Los dos abogados advirtieron en sus presentaciones que las omisiones e irregularidades denunciadas a lo largo del proceso encontrarían eco en algún tribunal superior que percibiria que «todo el caso fue fabricado».
En la mañana, los defensores habían sorteado con éxito una iniciativa de la acusación para llevar todo el juicio al penal de Palmasola.
Flashes del Palacio de Justicia
Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, jugaba con las nietas que le jalaban la barba, Juan Carlos Gueder se confundía en abrazos con su esposa Martha Landívar, a quien no veía hacía casi cuatro un años; dos de sus hijos, todavía niños, estaban con ella. Juan Alberto Kudelka no se desprendía de su esposa Kathy Rabzuk, con quien contrajo nupcias en el panóptico de San Pedro hace poco más de un mes. El general Gary Prado Salmón, asistido por su esposa María del Carmen, y también por su hijo, el abogado Gary Prado Arauz; parecía para muchos un alegre encuentro familiar, no una sala en la que se llevaba a cabo un juicio por terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo. Elod Tóásó, uno de los dos sobrevivientes, esga sólo pero, al parecer, había superado las barreras linguísticas y con medio inglés y medio español conseguía comunicarse con sus interlocuores.
Vinieron del Beni (Mocovi), Cochabamba (El Abra), y La Paz (San Pedro). El general que rindió a Ernesto “Ché”Guevara emergió del ascensor del Palacio de Justicia 15 minutos antes de fijada la hora de inicio de la audiencia (3:30 de la tarde). En silla de ruedas desde hace muchos años, el general retirado y ex embajador en México e Inglaterra, asistía por primera vez a las audiencias del proceso desde que en abril del año antepasado se inició en Cochabamba. Según la acusación, el general con la cintura y las piernas paralizadas, era un “comandante militar” del alzamiento que se proponía liderar Eduardo Rózsa Flores, y que en su campaña violenta se proponía también acabar con la vida del presidente Morales y de varias otras autoridades, incluso el entonces prefecto cruceño Rubén Costas.
Por su negativa a asistir a las sesiones de Cochabamba y Tarija, los fiscales lo declararon en rebeldía. Y pendía sobre él una orden de detención. Los fiscales del gobierno tuvieron ocasión de ver las precariedades de la salud del héroe de las guerrillas de Ñancahuazú cuando el general del ejército boliviano tuvo que exhibir, contra su voluntad, por qué no puede viajar a la altura ni a cualquier lugar si no es acompañado de una logística especial: al cabo de una larga espera en la sala antes del inicio de la sesión, tuvo que recibir un tratamiento especial para su condición pues había estado inmóvil por más de tres horas. Su hijo Prado Araúz y la esposa del militar, lo asistieron de inmediato. El abogado Otto Ritter planteó entonces que se suspenda la rebeldía, pues el general ya estaba presente en la audiencia. La acusación no tuvo objeciones y el juez dispuso suspender la rebeldía sobre el general.
«Juicio del siglo» ante un precipicio
Suponga que Ud. es jefe del condominio de un edificio en el que se han producido cortos circuitos y debe investigar el plano eléctrico. Suponga que el plano que le traen tiene múltiples borrones, fallas en el diseño, correcciones sobrepuestas, segmentos inconexos con el resto del plano y, por último, hasta le faltan páginas que pueden ser esenciales para entenderlo. No hay ninguna explicación ni justificación para todas esas fallas. Con un mapa así, ¿se atrevería usted a investigar qué pasó y emitir un veredicto? Y ¿qué diría a los que le presentaron ese mapa?
Ante una situación semejante se encontraron este lunes el juez Sixto Fernández y los jueces ciudadanos que presiden el “juicio del siglo” que involucra acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.
El proceso parecía encontrarse en horas de la tarde, antes de la suspensión de la audiencia, al borde de un precipicio tras una relación detallada de fallas aparentemente irreversibles en las decenas de cuerpos con miles de páginas que detallan el proceso que pone en juego la credibilidad del estado boliviano y sus máximas autoridades, que lo denunciaron internacionalmente como una peligrosa conspiración que llevaba a la división de Bolivia.
El proceso ha mantenido en vilo en gran parte del país y, casi cuatro años después del episodio del que surgió, aún representa una pesadilla para Santa Cruz. Para el martes se espera escuchar al encargado principal de la acusación, el fiscal Marcelo Soza.
En el episodio del 16 de abril de 2009 fueron acribillados a balazos el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer, y el húngaro Arpad Magyarosi. Tanto Irlanda como Hungría, cuyas autoridades dudan de la veracidad de la versión boliviana de que hubo un enfrentamiento, presionan al gobierno boliviano para que aclare lo que pasó.
El juicio contra unas tres docenas de acusados se instaló en el segundo piso del Palacio de Justicia en la Plaza del Estudiante, de Santa Cruz, el lugar donde los acusados sostuvieron que debía haberse llevado a cabo desde sus inicios pues aquí tuvo lugar aquel sangriento episodio. La fiscalía a cargo del caso consiguió evitar que el proceso viniese a Santa Cruz con diversas argumentaciones sobre la seguridad de los fiscales del gobierno.
Como ironía para esa ese argumento, la sesión inicial del lunes se llevó a cabo sin incidente alguno y en la sala de audiencias podía a ratos escucharse el volar de una mosca.
La abogada Verónica Suárez, a cargo de la defensa del ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar, durante cerca de 40 minutos fustigó al conjunto del expediente resultado de las investigaciones conducidas por la acusación presidida por el fiscal Soza. Melgar recibió libertad condicional a principios de diciembre pasado.
A ratos apoyando la mejilla derecha sobre la palma de la mano, el fiscal escuchó impasible la enumeración de defectos contenidos en el voluminoso expediente. La acumulación de observaciones era tal que los rostros del juez Sixto Fernández y las tres jueces ciudadanas se perdían detrás de los expedientes señalados como defectuosos y colocados sobre el escritorio desde el cual era presidida la sesión.
En la sala se sintió un murmullo cuando la abogada dijo que las mismas fallas habían sido señaladas en audiencias anteriores, pero que no habían sido corregidas. “Ninguno de los errores ha sido subsanado. Esta falta es aún mayor ante un juicio de la magnitud del que nos congrega”, dijo al subrayar la recurrencia de “vicios de nulidad” del caso que llevarían a anular todo el proceso.
“Se está violando de manera flagrante el derecho a la seguridad jurídica”, dijo la abogada.
La sesión fue suspendida al cabo de hora y media. Teóricamente, debía durar tres horas y media, pero su instalación fue demorada por un detalle: la secretaria encargada no podía llegar al lugar debido la intensidad del tránsito en toda la ciudad en horas de la tarde.
Una iniciativa de los abogados del gobierno para trasladar las sesiones al penal de Palmasola fue rechazada por el juez ante la disconformidad unánime de los acusados. En ese lugar, dijeron, no habría ni el confort ni el acceso para los medios que se había dado en el Palacio de Justicia.
Marearse en cinco líneas
Circula en la red un borrador (!no puede ser otra cosa!) de la “Exposición de motivos” para una “Ley de Aplicación Normativa” que los legisladores proyectistas suponen que guiará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional cuando se pronuncie sobre si es legal una nueva reelección del presidente Morales. Se trata de legisladores, la máxima instancia de claridad en la elaboración de las leyes que rigen al país. Una lectura somera permite atisbar el laberinto en que viven muchos de los legisladores nacionales y el grado de comunicación (?) que tienen con el gran público. Algunos párrafos iniciales muestran su esencia confusa y somnolienta.
Veamos algunos ladrillazos en la apertura del tema:
“La aplicación de la norma no es un tema que se salde simplemente con la reiteración mecánica de la Ley, su campo de acción es mayor. Esta afirmación nace como respuesta teórica a la vieja convicción de la plenitud de la norma, es decir que la norma por sí misma encuentra su sustento y significado, sin necesidad de mecanismos que la clarifiquen o que la hagan plenamente eficaz, en base a su aplicación”.
No sé cómo se sienten ustedes, pero tras estas cinco líneas (en el texto original) yo ya estoy mareado. (Me marea aún más tratar de entender los términos contables y mercantiles cuando el documento habla de «saldar» como si el tema fuese una mercadería de trastienda que se debe liquidar porque de ella sólo quedan saldos.)
Ignoren las faltas gramaticales (inclusive el odioso “al” interior) y traten de digerir el siguiente párrafo: “Pese a lo dicho precedentemente, el sistema normativo interno de toda Constitución por definición; o si se quiere por regla general se lo ha concebido pleno y en regla positiva perfecto; es decir que en su acción normativa no contiene antinomias. Sin embargo la experiencia constitucional y la realidad jurídica ha demostrado que el texto de la norma suprema, dada su relevancia y complejidad interna, presente regulaciones aparentemente contrarias al interior de su estructura, para lo cual la misma doctrina y tradición constitucional ha determinado la posibilidad de normas de aplicación normativa, instrumento de origen legislativo que no importa o implica interpretación constitucional alguna, situación expresamente reservada al Tribunal Constitucional dentro de su sistema de control constitucional completo como en el que vivimos en Bolivia”.
Resultaría monótono si a cada falla de expresión le pusiéramos un “sic” para llamar la atención. Y son nada menos que diez páginas! Por eso, aquí me quedo en el intento frustrado de entender lo que los legisladores proyectistas quieren decir.
“Me voy por el bien de la Iglesia”, Benedicto XVI renuncia
El Papa Benedicto XVI dejará de ser el Pontífice de los 1.200 católicos del mundo a partir del 28 de febrero. El Pontífice, de 85 años, hizo el anuncio esta mañana al dirigirse en latín, la lengua de la iglesia católica, al Consistorio por la Canonización de los Mártires de Otranto. Explicó que carecía de las fuerzas suficientes para dirigir la grey datólica. Es la primera vez que un pontifice renuncia al Trono de San Pedro desde la edad media.
La noticia está en todos los grandes portales del mundo.
El anuncio
«Queridísimos hermanos: Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.»
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Mientras tanto, en Santa Cruz 