Naciones Unidas

El informe que no llega

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Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio  sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de  Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.

El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”.  Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia.  En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.

Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación.  Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.

El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido.  En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace  gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.

Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional.  La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.

Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.

Regreso a Viena

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Cuando el año pasado Bolivia denunció la convención de Viena y anunció que su retiro sería temporal pues buscaría retornar, el país ingresó a un limbo salir del cual no luce fácil como las autoridades creyeron. El presidente Morales jura que hay aceptación mundial al acullico como costumbre enraizada en la cultura ancestral boliviana. La comprobación suprema de la validez de su afirmación sólo ocurrirá en enero próximo, cuando se sepa si la despenalización del masticado de la hoja que busca Bolivia tiene el respaldo razonado de dos tercios de los firmantes de esa convención.
Será también el momento en que se conocerán los resultados de la campaña dirigida por el canciller David Choquehuanca para apoyar la posición boliviana. El retiro intentaba jaquear el rechazo de los países occidentales, especialmente en América del Norte (Estados Unidos) y Europa, a la masticación y asegurar una reivindicación para la diplomacia nacional. Una inclinación a favor de Bolivia representaría un cambio notable. Pero si ese rechazo es mantenido por más de un tercio de los signatarios de la convención, el gobierno boliviano estaría ante un desaire mayúsculo que no tendría cómo contrarrestar. El escenario sería de dificultades para Bolivia, dijo en una entrevista con El Diario el representante de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, César Guedes, hace unos días. Esas dificultades (¿?) resultarían cuando menos embarazosas.
Aunque no parezca que guarde una relación directa, la demora boliviana en divulgar un informe sobre el uso doméstico de la hoja de coca es una barrera que conspira contra el propósito del gobierno de volver a la convención bajo una aceptación universal de que el acullico es parte de la cultura de los pueblos andinos y que no es penalizable. Ahora no es a Bolivia, dice el gobierno, a quien le corresponde divulgar el informe, sino a la representación de las Naciones Unidas.
La cuestión no está clara, pues el estudio –a menos que se trate de una investigación diferente- fue llevado a cabo con un financiamiento de la Unión Europea (un millón de euros) y en octubre del año pasado su entrega ya llevaba año y medio de retraso. El grupo de naciones europeas estaba impaciente ya hace un año y se desconoce si ha emitido algún comentario respecto a la aseveración de que corresponde a Naciones Unidas revelar el contenido del documento. Uno pagaría por saberlo. Entre otras novedades, el estudio debe mostrar a cuánto efectivamente asciende el consumo doméstico de hoja de coca y cuántas hectáreas representa ese consumo. La cifra permitirá apreciar cuánto de la coca producida en el país (en el Chapare principalmente) va hacia la cocaína. El informe presentado en septiembre por la representación de Naciones Unidas mostró una disminución del 12% en los cultivos, de más o menos 31.000 hectáreas en 2010 a 27.200 en 2011. Ese informe ha alimentado el sistema publicitario del gobierno durante semanas.
Las informaciones oficiales sobre disminución de cultivos han sido recurrentes, pero ninguna oficina ha ofrecido una cuantificación de saldos. Pues si sumáramos las cifras de estos años sería muy poco lo que quedaría para erradicar y hasta se habría llegado al nivel de coca cero. A menos que las áreas erradicadas sean substituidas por otras, con lo que el esfuerzo resultaría casi inútil. Como creer que el pulpo desaparecerá con sólo cortarle los tentáculos, que vuelven a crecer después de habérselos comido él mismo. De hecho, otros informes aseguran que la producción de la droga en Bolivia ha aumentado.
Está en curso una carrera contra el tiempo y enero, por lo visto, será un mes de impactos para la diplomacia boliviana.

Un paso arriesgado

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El gobierno arriesga un desaire mayúsculo cuando dentro de unos días el presidente Morales se presente ante los signatarios de la Convención de Viena sobre las drogas para plantear su reclamo por la despenalización del masticado de la hoja de coca. Se equivoca el presidente si piensa que con la presencia de una treintena de cocaleros que masticarán la hoja en la tierra que acunó a grandes genios de la música conseguirá doblegar una política de estado de los signatarios de la convención de 1961.
En la primera línea de ese documento, las naciones que suscriptoras, entre ellas Bolivia, se declaran preocupadas por la salud física y moral de la humanidad. Y en la declaración de 1988 amplían el concepto al declararse “profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.
Parece poco probable que el presidente Morales y su séquito consigan modificar estos conceptos en aras del libre acullicu de la hoja. Mucho más improbable es que esta empresa resulte exitosa por la condición del jefe del estado de ser también presidente de la federación de cocaleros del Chapare.
Esta gestión es la acción suprema del gobierno tras haber denunciado, en junio, la convención a la que ahora Bolivia quiere reincorporarse procurando que se acepte una objeción que permita el masticado tradicional. ¿Cuál será el paso siguiente? Quisiera equivocarme, pero no puedo ocultar el temor de que hayamos dado un movimiento en falso que luego no tendremos ni sabremos cómo enderezar.