Mes: julio 2011

El invento

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Voy a nadar contra una corriente que se desliza por el país y parece llevarnos a mares embravecidos. Leo con frecuencia cada vez mayor que las elecciones de octubre serán “únicas” en la historia de la humanidad. Algo inédito que asombrará al mundo del siglo XXI. A quienes hablan así, convencidos de la validez de su pensamiento, les pregunto, como lo hice en un reciente seminario, sin hallar respuesta: ¿Por qué únicas? ¿Qué tienen los bolivianos que no tienen o no tuvieron los franceses, los alemanes o los norteamericanos para no imaginarse esta fórmula única de designar magistrados por voto popular en sus países, donde la democracia está afincada sólidamente?

Me podrían responder que los bolivianos somos innovadores. ¿Creen que Edison se rascaba la barriga cuando inventó el fonógrafo, la lámpara eléctrica y otros 1.091 inventos? (la cifra es correcta). Lo hizo tras  una larga trayectoria acumulativa de conocimientos que lo convirtieron en uno de los más prolíficos inventores que transformaron la vida de la humanidad. (Fue, incluso, reportero, nos dice Wikipedia.) Lo propio puede decirse de Marconi (telégrafo) o de Christian Barnard (el primer transplante de corazón.) ¿Por qué estos ejemplos monumentales para hablar del invento boliviano de la elección directa de magistrados?  Porque aquellos abrieron caminos para mejorar la vida de los seres humanos. ¿Y el nuestro?

Tengo la sensación de que este invento nos llevará a un foso. Los magistrados no están para hacer la justicia más igualitaria o accesible a los sectores menos favorecidos. La justicia debe tener esos atributos, pero no son exclusivos ni principales. Los magistrados deben ser libres para aplicar las leyes según su propia y educada conciencia, de acuerdo a lo que aprendieron al cabo de años de estudio, práctica y conocimientos, independientemente de sus deseos de mejorar el mundo o la sociedad en la que viven. La obediencia a la  ley debe ser el único de sus compromisos. En algunos países, los presidentes juran al cargo tras renunciar a sus vinculaciones con el partido y organizaciones que los postularon. A partir de ese momento se deben a su país entero, no a una porción. Si en Bolivia no ha sido una práctica normal el ejercicio de una sana justicia, no es culpa de la justicia sino de quienes la ejercitan o de quienes designan a los magistrados. Eso no invalida la independencia dentro de la cual los jueces deben actuar.

Por alguna razón, Themis, la diosa de  la justicia en la mitología griega, es universalmente retratada como una dama con los ojos vendados y con una balanza de equilibrio en las manos.  Las leyes las aplican los jurisconsultos, los estudiosos, los ciudadanos probos. ¿Embarcaría Ud. a su hijo en un avión si supiera que el piloto es un buen profesor del barrio pero que nada o muy poco sabe de aviación? O ¿pagaría por asistir a una pieza teatral de Hamlet si supiera que los actores sólo jugaron rayuela? ¡Por favor! Tanto el piloto o los supuestos actores de esos ejemplos, así como quienes los hubiesen designado, estarían asumiendo acciones anti-éticas. De modo más directo, ¿confiaríamos en una justicia con magistrados elegidos como se pretende elegirlos? Los propios propugnadores de este sistema, ¿confiarían en jueces que los juzguen sabiendo cómo han sido designados?

El camino que se ha emprendido es un callejón oscuro. Y creo que crece el número de los que perciben los riesgos de caminar en él.

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Oportunidad perdida

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La ex miss Bolivia Jessica Jordan perdió una oportunidad para exhibir una generosa calidad humana y cívica  durante las jornadas de este fin de semana en Trinidad. Pudo haber dicho una palabra a favor de su ex rival por la gobernación Ernesto Suárez, quien afirma quien que está perseguido por el “masismo”  principalmente por  haber ganado ampliamente las elecciones del año pasado (y  en el proceso haber diluido algunas esperanzas de “pegas” en la gobernación). Habría sido una belleza de gesto. Bastaría haber dicho que esperaba que los jueces cumplan debidamente el mandato de la ley. Habría asegurado su futura candidatura a la gobernación.

No lo hizo. No dijo una sílaba que pudiera favorecer al gobernante departamental. Prefirió montar en el carruaje del oficialismo frente a  la multitud que se vació hacia la plaza principal en caravana para expresar solidaridad con el gobernador.

Quiero suponer que olvidó que es temporal tanto  la primavera de unos y como el invierno de otros.

Suárez gana el primer round

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Para quien no lo conoce, Ernesto Suárez Sattori luce como un cowboy salido de algún western californiano: delgado, alto, y hablar seguro. Esta noche mostró similar seguridad al anunciar que le habían finalmente informado que la audiencia a la que había sido citado para responder sobre supuestos casos de corrupción había sido suspendida. Probablemente hasta después del 6 de agosto. Suárez lanzó el guante a la Ministra de Transparencia Nardi Suxo y la desafió a realizar una auditoría “con participación de organismos internacionales” y mostró uno de los ases que tiene bajo la manga para los eventuales observadores de la OEA:  Muchas de las acusaciones se basan en decisiones ocurridas antes de la entrada en vigencia de la actual constitución política, pero a él no se le aplica el caso de corte, para ser juzgado por un tribunal especial, como dictaban las anteriores constituciones bolivianas. Eso, de por sí, demostraría la irregularidad bajo la cual se realiza este proceso, dijo el gobernador al periodista Enrique Salazar, de Que No Me Pierda.

El aplazamiento, hasta esta noche sine die, ocurrió 24 horas después de una gigante marcha de benianos venidos desde todos los confines de ese departamento, para rodear de solidaridad a su gobernador. Los policías militares enviados a Trinidad y los destinados a vigilar la residencia del gobernador, súbitamente retornaron a sus cuarteles. Puesta en la victoria la esperanza, como dice el himno beniano, la caravana permaneció en la plaza principal de Trinidad, frente a la Gobernación hasta bien avanzada la noche del miércoles. En la mañana, Suárez Sattori se encaminó a la fiscalía departamental, donde supo del aplazamiento. Los benianos gritaron victoria temporal, tras haber mostrado fuerza para blindar a la primera autoridad departamental.

“Me mantengo con la misma tranquilidad de siempre. Dije a quienes vinieron en caravana a apoyarme, que se reprimieran de cualquier provocación. No la hubo”, dijo, la primera autoridad beniana, rostro menos tenso que el que había exhibido la noche anterior. Y envió un dardo a las autoridades de La Paz: “el gobierno sacó a Trinidad de la normalidad” pero “no hubo un solo cohete durante la caravana de solidaridad”.

El empeño de las autoridades del gobierno por apresar y, eventualmente, destituir a Suarez Sattori, tuvo un momentáneo traspié. Al galvanizar un apoyo cívico en todo el país, por parte de los dirigentes regionales que se reunían en Cochabamba, el gobernador hizo ver los riesgos políticos que su apresamiento podía acarrear. Dieron un paso atrás. Pero tal vez ahora se preparan para dar dos adelante. En todo caso, fue el primer retroceso de las autoridades ante una ofensiva como la descargada sobre Suárez sattori.

Suárez Sattori dijo que tomaba la palabra de la Ministra Suxo para una auditoría en presencia de delegados internacionales sobre las acusaciones que pesan sobre la autoridad departamental. No había esta noche ningún comentario de las autoridades sobre esa auditoría, en la que el gobernador insistía para probar, dijo, su inocencia. “Todos los días me han llegado cuatro o cinco notas de auditorías”, dijo para recalcar que, con todo, su administración ha continuado operando normalmente.

“…Quiero esa auditoría con participación internacional. Para que caiga la máscara de las autoridades y se vea que este es  un proceso político”, dijo.

No era probable que desaparezcan por completo ni de imediato las nubes oscuras que  aún se deslizan sobre la capital beniana.

De nuevo a 1904

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Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera elevaron la temperatura del nivel de cero al que habían descendido tras el discurso del mandatario boliviano el 23 de marzo último. Reunidos en Lima para el juramento del presidente peruano Ollanta Humala, la elevaron en sólo pocos grados, pues el congelamiento de la actitud de Chile continuó vigente, al igual que la que selló el tratado de octubre de 1904. Piñera le dijo a su colega vecino: Hablemos, sí, pero respetando los tratados vigentes, es decir el de 1904, que en sus relaciones con Bolivia, es el que interesa a Chile. La versión sobre las palabras del presidente chileno viene de los medios de ese país.

De momento, los bolivianos ignoran si el proceso de internacionalización judicial del problema dispuesto por el presidente Morales hace cuatro meses continúa en curso.

Una conclusión: Salvo imponderables, en el mejor de los casos volveremos a la “agenda de los 13 puntos”, con el desprestigio de esa agenda con la que el presidente boliviano dijo que había sido engañado y que – él mismo lo afirmó –  fue un ardid chileno para pasar el tiempo.  Por ahora, el gesto del presidente Morales luce como un incidente más en los años que corren desde 1904, que pronto serán 133, 134, y así, sucesivamente.

Los medios bajo asedio

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Es uno de los subtítulos de un trabajo magnífico sobre el estado de la prensa en los países llamados  “Bolivarianos” que vale la pena leer. Viene en inglés y lo ha escrito el periodista Douglas Farah, para el Freedom House Institute. El trabajo original, de más de 40 páginas, puede ser encontrado en http://www.strategycenter.net/, columna de la izquierda.

Farah, entre otros conceptos, subraya el siguiente:

“La ironía de la situación actual en estos países (se refiere especialmente a los países del grupo bolivariano) es que es muy improbable que los presidentes más hostiles a los medios habrían ganado las elecciones (de las que resultaron electos) si sus antecesores hubiesen utilizado los mismos métodos contra los medios que ellos ahora emplean”.

Sorprendentemente, destaca, estas naciones pertenecen a la OEA, cuya comisión interamericana de derechos humanos tiene una declaración de principios, cuyo primer punto recalca que “la Libertad de Expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable de todos los individuos. Además, es un requisito indispensable para la verdadera existencia de una sociedad democrática”.

Farah es un periodista veterano, que trabajó primero en la United Press International, luego en The Washington Post y actualmente es consultor de varias organizaciones promotoras de la libre expresión.

El estudio, que coloca a Bolivia como un país donde “parcialmente” existe libertad de expresión, sostiene que ese derecho es socavado diariamente.  “Muchos de los métodos empleados para silenciar a los medios no son nuevos, pero ahora son más sistemáticos, más sofisticados y envueltos en un lenguaje de transformación social, renovación legal y revolución como justificativo para cerrar el flujo informativo hacia el público”, sostiene el estudio.

Muchos encontrarán paralelos en esas afirmaciones en nuestra propia realidad boliviana. Pero vean lo que dice después:

“Lo que es quizá más alarmante es que el público afectado en esas naciones, cansado de décadas de corrupción y enfrentado a una creciente inseguridad física y declinación económico, opone muy poca resistencia. Grupos de observadores internacionales, la OEA, la ONU y otros, han, en los últimos años, elaborado un conjunto de informes sobre la deteriorada capacidad de ejercitar la libertad de expresión en la región. En la mayoría de los casos, los gobiernos que se movilizan más agresivamente contra este “indispensable requisito para la verdadera existencia de n a sociedad democrática “han acentuado sus  su esfuerzos para silenciar a los medios independientes sin prestar mucha atención al precio político de hacerlo”.

Farah entrevistó a más de veinte periodistas (editores y reporteros) de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia,  personalmente y por cuestionarios vía e-mail.

Irónicamente, subraya Farah, los medios fueron fundamentales en dar fin a las dictaduras en Bolivia y Ecuador y jugaron un papel prominente en exponer la corrupción de los partidos políticos tradicionales que, en fin, los llevó a la elección de líderes populistas. Fue la capacidad de los medios independientes en exponer la corrupción e incompetencia, y en cubrir las voces alternativas que venían de los movimientos sociales, que permitió a líderes populistas a ganar prominencia y vencer elecciones presidenciales. Morales, dice, tuvo una presencia constante en los medios como líder de los movimientos que removieron a tres presidentes antes de llegar a la presidencia en uno de los países más inestables de la región. Sus mensajes fueron cubiertos sin censura.

En Ecuador la prensa ya era persistentemente acosada antes de que ocurriese la condena en primera instancia del periodista Emilio Palacio y una multa descomunal de 40 millones de dólares al diarioEl Universo, de Guayaquil. En El Comercio, de Quito, cuenta Farah,   todas las entrevistas con funcionarios oficiales debían ser autorizadas y monitoreadas (como ahora ocurrirá en Bolivia en el camino hacia las elecciones de octubre), informó el periodista Arturo Torres, cabeza de un grupo que investigaba acusaciones de corrupción en el gobierno.  “Esto ha llevado a que muchos funcionarios dejen de ofrecer informaciones, especialmente las relacionadas con casos de corrupción, porque ahora tienen miedo”, dijo el periodista citado por Farah.

Recuerda que Morales excluyó a la prensa no oficial de cubrir sus raras conferencias de prensa durante seis meses, afirmando que estaba mancomunada con la oposición política. El periodo abarcado por Farah no abarca casos más recientes, como el apresamiento temporal de un periodista en Tarija por la elaboración y edición de un video en el que el presidente es acusado por sus vinculaciones con los cocaleros. Más oscura es la situación en Nicaragua, donde Daniel Ortega no ha ofrecido  una sola conferencia de prensa en más de un año, dice Farah.

Dilema ambiental del presidente

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El diario británico The Guardian trae en una de sus ediciones recientes, un extenso trabajo periodístico, que aparece en uno de sus blogs, sobre la controvertida carretera de Villa Tunari, una de las más importantes localidades del Chapare, hasta San Ignacio de Moxos. Son más de 300 kilómetros de extensión que los indígenas del oriente dicen que no los favorecerá, aunque el gobierno está decidido a construirla. El tema es abordado en aquel diario, uno de los más progresistas de habla inglesa.

La nota cuya autoría corresponde a Mattia Cabitza, bajo el blog  “La Pobreza Importa”, publicado en aquel diario bajo cooperación con la Fundación Melinda y Bill Gates, empieza con una descripción que retrata el parque Isiboro-Secure: “Mapajos gigantes se levantan por sobre la bóveda, los monos aullan a lo lejos y uno que otro jaguar se desliza libremente por el suelo. La  jungla boliviana es un lugar de belleza natural intocada.  Pero lo que para algunos es un remoto y pintoresco lugar, para otros es la maldición del subdesarrollo.  El parque nacional Isiboro Secure no es una excepción. Alberga a algunos miles de especies de aves, mamíferos y plantas. Pero es también una de las áreas más pobres de América Latina.”

Con más de un millón de hectáreas, el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) está protegido doblemente. Como parque y como territorio de los mojeños yuracarés y chimanes, para quienes el gobierno parece apresurado en llevar adelante su controvertida versión de progreso y prosperidad.

El reportaje cita al presidente Evo Morales en un discurso en Sacaba: “Quieran o no, construiremos la carretera”. La nota periodística dice que Morales quiere construir la carretera que atraviesa el parque con el argumento de que conectar pueblos y comunidades aisladas es de interés estratégico para todos los bolivianos, inclusive para los del TIPNIS. Pero los pobladores del parque se oponen a la obra y están listos para luchar. La nota continúa:

“Si el gobierno quiere traer maquinaria pesada para aplastar nuestros derechos, ciertamente empezará un conflicto con nosotros”, dice Mauricio Cuéllar. Este dirigente lamenta que Morales,  quien se autodefine como protector de la madre tierra y los derechos de los pueblos indígenas quiera ejecutar el proyecto que los residentes del parque dicen que causará degradación ambiental.

La nota reproduce declaraciones y conceptos que han sido divulgados en Bolivia. Lo novedoso es que ahora se hable de ellas en Europa y en medios en los que antes se registraban pocas críticas y muchos elogios al gobierno boliviano.

Dice: “En el escenario internacional, Morales es visto como uno de los mayores defensores del ambiente. El año pasado, acogió en Cochabamba una conferencia sobre el cambio climático, y Bolivia ha sido el único disidente  respecto a un acuerdo alcanzado en la conferencia sobre el tema en Cancún, cuyos términos fueron calificados por ese país como equivalentes a “ecocidio y genocidio”.

Continúa: Miremos en casa, sin embargo, y emerge un cuadro diferente. “Estamos viendo una contradicción enorme entre lo que dice y lo que realmente es”, dice María Lohman, de Somos Sur, un grupo boliviano que busca ofrecer una alternativa para el “modelo deshumanizador y predador”.

“Lo que vemos aquí es saqueo (de nuestros recursos) “, dice Lohman. “Cada año, unas 300.000 hectáreas se van en llamas (para clarear tierra para la agricultura)”.  “Y el mismo pillaje queda impune en el sector minero, sostiene. “Las mayores minas están en manos de corporaciones internacionales que saquean los minerales con los métodos más anti-ambientales”.

A pesar de acusar a Occidente por el cambio climático mediante el uso irracional de materias primas, la economía boliviana vibra con las ventas de gas natural. “Internamente, el gobierno de Morales utilizó la nacionalización del gas como uno de sus programas bandera”, dice Kathryn Ledebur, de la Red Informativa Andina, un grupo promotor de los derechos humanos y la justicia social en Bolivia.

También dice que Morales enfatiza que los ingresos de esa industria ayudaron a impulsar iniciativas importantes, como los bonos para los niños y madres jóvenes, asegura Ledebur. El artículo agrega citando a la misma fuente: “Sin embargo, este enfoque a veces colide con las prioridades internacionales del gobierno: cambio climático y respeto al ambiente”.

El trabajo cita a Daniela Leyton, una psico-politóloga de Kandire, organización que procura la paz con la protección de los derechos humanos y ambientales, quien dice que Morales actúa sobre dos lados en conflicto para atraer inversiones extranjeras y asegurar su sobrevivencia política. “Si tiene que responder a los donantes internacionales, tenemos al presidente indígena. Pero si tiene que responder a la gente de manera que pueda pagar los programas sociales y mantener la economía estable, necesitamos de proyectos grandes, y aquí hablamos sobre todo de la explotación de hidrocarburos”.

La nota atribuye a Leyton afirmar que la carretera TIPNIS ejemplifica el doble patrón del presidente respecto al ambiente. Agrega que depósitos de gas natural han sido descubiertos en los límites del parque, y que las empresas petroleras necesitan de la carretera para explotarlos. Pero persistir en la obra puede alienar la base que apoya al presidente, lo que, a su vez, puede ser impopular entre los donantes internacionales de Bolivia.

Es por eso, concluye, que Leyton cree que Morales puede prevalecer sólo a través de una consulta transparente y honesta con las comunidades indígenas en el TIPNIS, procurando un equilibrio entre dos lados en conflicto que resulte aceptable para todas las partes.

Periodistas bolivianos solidarios con colegas de Ecuador

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El caso del diario El Universo ha repercutido en Bolivia como una advertencia de lo que puede pasar en este país con la elección de jueces en octubre, declararon este viernes tres organizaciones fundamentales de periodistas bolivianos. Un documento emitido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia,  la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Boliviana de Radiodifusión, declara que la sentencia de la justicia ecuatoriana contra El Universo, castigando con tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares “a quienes se animaron a denunciar la instauración de una dictadura con fachada de democracia, es una advertencia de lo que puede pasar en Bolivia si el Órgano Judicial termina totalmente sometido al gobierno de turno”.

Las tres organizaciones divulgaron un pronunciamiento conjunto y expresaron condena y rechazo para el fallo contra el columnista Emilio Palacio y los directores del diario Carlos, César y Nicolás Pérez. El columnista, en un artículo a comienzos de año, llamó repetidamente de dictador al presidente Rafael Correa y de dictadura a su gobierno, calificativos que desencadenaron una acción judicial cuyo resultado fue celebrado por el gobierno ecuatoriano.

Las mismas organizaciones determinaron advertir a la población boliviana que atropellos, como el ocurrido en ecuador, contra la libertad de expresión y la democracia son posibles “cuando los jueces dejan de lado su deber de acatar lo que dicen las leyes para someterse a los caprichos del autoritarismo”.

El caso ecuatoriano, que ha generado expresiones de condena de la mayor parte de los foros mundiales de periodistas, vino a sumarse a la campaña que hay en Bolivia contra la elección de magistrados prevista para octubre. Los candidatos han sido todos aprobados por el partido de gobierno,  el MAS, que cuenta con una mayoría legislativa de dos tercios. La uniformidad de la aprobación hace temer que la justicia será aplicada en Bolivia de acuerdo a la voluntad del gobierno.

El documento agrega: “Los periodistas de Bolivia expresan su solidaridad con sus colegas ecuatorianos sentenciados a purgar penas en la cárcel por ejercer el sagrado derecho de expresarse y reflejar la realidad y reiteran que continuarán incansablemente defendiendo la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Conscientes de la responsabilidad histórica que le toca al periodismo boliviano frente a un proceso de elección de jueces en el que quien se autocalifica como “mestizo” es habilitado como “indígena” y en el que se imponen restricciones que violan la Constitución Política del Estado (las tres organizaciones) reiteran su rechazo a la normativa electoral que refuerza la mordaza jurídica que el Gobierno pretende imponer a la prensa.”