Mes: julio 2012
Violencia entre indígenas
Decenas de militantes de facciones indígenas rivales se enfrentaron en la madrugada de este domingo en el peor choque de la historia registrada entre originarios del oriente boliviano. Imágenes que esta noche mostró la Red Uno de TV (Programa Que no me Pierda) exhibieron un grado de violencia nunca visto entre los indígenas de las tierras bajas bolivianas. Antes, los choques violentos ocurrían entre facciones indígenas del occidente, de las zonas andinas y los valles. El número de heridos en la balacera, cohetería, piedras y guijarros rondaba la docena, de acuerdo a los informes de prensa que escuché.
La intensidad de la refriega hacía temer saldos mayores de víctimas de la violencia, pero no se conocía ningún parte oficial sobre los incidentes de la madrugada y la mañana del domingo. Una escena irritante ocurrió con el castigo que los originarios anti-gobierno propinaron a uno de los dirigentes oficialistas: fue reducido y puesto dentro de dos maderas que le sujetaban el cuello y los pies. Estuvo así, preso, durante cuatro a cinco horas, dijo el noticiero de TV de Red Uno. Como la policía resguardaba el local retomado, lo que favorecía a los «retomadores» del segmento indígena oficialista, el líder de los TIPNIS Adolfo Chávez decidió trasladar las oficinas ala Plazsa 24 de septiembre, frente a la Catedral Metropolitana.
Mientras cundía la violencia por el control de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en Santa Cruz, en la región del TIPNIS las brigadas de la consulta ordenada por el gobierno empezaba su tarea para determinar quiénes favorecen y quiénes se oponen a la construcción de la carretera que el presidente Evo Morales quiere llevar adelante por esa región. La primera jornada se cumplió sin inconvenientes y el gobierno consiguió adhesión para su plan.
Pero este lunes los indígenas que no quieren la carretera mostraron su fuerza y empezaron a levantar barreras que volverían imposible la consulta, que subrayan que, por ley , debía haberse cumplido antes de siquiera el inicio de la obra. Los indígenas anti-carretera cuentan con apoyo masivo de ambientalistas nacionales y extranjeros, todos temerosos de que la carretera, aparte de causar destrucción en esa reserva, sirva principalmente a los productores de coca, que avanzarían sus fronteras hacia el lugar. Un bloque con alambre de púas impedía el lunes el acceso a Gundonovia, un localidad que es nudo de ingreso al rio Isiboro y sus riberas, y de ahí, hacia zonas profundas del lugar. La cadena informativa Erbol citó a autoridades de Trinidad diciendo que no estaba descartada una intervención policial para despejar los obstáculos. Heisen Ribera, el gobernador interino tras la salida forzada por el of icialismo del gobernador titular Ernesto Suáre, dijo a la cadena que está dispuesto a abrir un proceso judicial contra los dirigentes indígenas contrarios al diseño elaborado por el gobierno para la carretera.
Para conseguir su objetivo de construir la obra a como de lugar, el gobierno ha estado en una intensa campaña. Ha entregado regales y ha prometido el oro y el moro a los campesinos del lugar. Tanto empeño resulta fácilmente sospechoso a los ojos del menos avesado observador. La construcción de la carretera fue una oferta del presidente Morales al movimiento cocalero, del que es también presidente.
Esta semana comienza con malos augurios para un sector de bolivianos que nunca se habían enfrentado entre sí. El curso de los acontecimientos vuelve verosímil la posibilidad de presenciar una versión viva y real de un «Avatar» boliviano, la ficción ecológica y futurista que en 2009 dominó las pantallas cinematográficas del planeta y contribuyó a acrecentar la conciencia ecológica en todo el mundo.
Se agrava la pugna por liderazgo indígena; hay heridos
La tensión y beligerancia entre agrupaciones indígenas antagónicas derivó este domingo en disputa campal por el control de la sede de la Confederacion de Pueblos Indigenas del Oriente Boliviano (CIDOB) . Cerca del mediodía hubo escaramuzas cuando los dirigentes oficialistas, que habían sido desalojados del lugar en la zona sureste de Santa Cruz, intentaron retomar el lugar. La policía intervino y contribuyo a que los oficialistas encabezados por la dirigente Melba Hurtado retomasen la posesión de la sede. Esta tarde había versiones de una decena de heridos contusos, entre ellos el dirigente de la CIDOB electo hace dos anos, Adolfo Chavez. Se desconocía la gravedad de las contusiones que sufrió. En la toma oficialista del jueves había sido golpeada de una pedrada la dirigente no oficialista Justa Cabrera.
La tensión que prevalece entre los indígenas en Santa Cruz se presenta cuando brigadas de censales tratan de llevar adelante una controvertida consulta en el Territorio Indigena Originario Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS). El gobierno, interesado en la construcción de una carretera que partiría en dos ese territorio, uno de los parques nacionales menos afectados por avasallamientos, ha decidido llevar a cabo esa consulta en la que aparece como juez y parte, pues es partidario de la carretera a la que la mayoría de los habitantes originarios del lugar se opone.
Quienes dentro y fuera del TIPNIS se oponen a esa via en su diseño original temen que con ella los plantadores de coca en el Chapare tengan el camino expedito para ensanchar sus cultivos y convertir la reserva, ya penetrada por cultivos de la hoja materia prima de la cocaína, y acaben convirtiendo el lugar en nuevos cocales. La construcción de la carretera fue una promesa de campana electoral del presidente Morales a los cocaleros, de los que es también presidente.
La lucha de estos días es la mas grave entre indígenas orientales bolivianos, que solían resolver pacificamente sus divergencias.
El dedo en la llaga
No ha habido respuesta adecuada de ningún tipo de parte del gobierno a la consulta que le presentaron hace tres días los periodistas a la presidente del Senado, Gabriela Montaño. Le preguntaron si el gobierno era capaz de lanzar la primera piedra al sostener, en un lenguaje nada usual en el mundo diplomático, que Bolivia no debe conceder salvoconducto al senador pandino Roger Pinto porque está acusado de delitos comunes. Le dijeron que un ciudadano peruano, que fue asesor del primer círculo del presidente Evo Morales, recibió asilo de Bolivia a pesar de haber sido ya juzgado y con sentencia en su país. A esa etapa no se ha llegado con el legislador pandino, quien alega que buscó refugio en la embajada brasileña en La Paz debido al acoso del gobierno, del que dice que en vez de investigar sus denuncias sobre corrupción y narcotráfico se dedicó a perseguirlo judicialmente. La senadora Montaño respondió que desconocía “el caso” y se calló. El país, incluso los que militan en el partido de gobierno, querría escuchar una explicación. Y saber si aquí también se aplica el dicho anglo-sajón: «Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa».
Margarita deshojada en Camiri
El pozo Sararenda, inaugurado por las autoridades a fines de 2010 en la provincia Cordillera, de Santa Cruz, con una inversión que iba a representar 55 millones de dólares en el primer año de operaciones, no ha tenido los resultados esperados.
Las expectativas de encontrar un reservorio importante de gas natural en el lugar de la perforación eran grandes y los ejecutivos de YPFB llevaron a la inauguración de los trabajos al presidente Evo Morales, quien participó de una celebración prematura. La del presidente, fue una presencia rara en un acto que es rutina en la industria petrolera, que en el mundo registra miles de trabajos diarios de perforación. Los resultados negativos fueron anunciados este martes en notas pequeñas en los medios impresos. Era como si en una casa los dueños anticipadamente celebrasen la compra de un billete de lotería.
La inauguración jubilosa de los trabajos venía detrás de anuncios sobre una caída aguda de los volúmenes que se creía que Bolivia tenía disponibles en sus campos de gas natural y que le garantizaban sus programas de exportación y de industrialización interna, inclusive para El Mutún.
Los detalles ofrecidos en la ceremonia de inauguración contrastaron con la parquedad de la noticia que llegó a los lectores de medios este martes. El informe inicial decía que se iba a tratar de un pozo vertical de 4.800 metros de profundidad, en un trabajo similar al que se había desarrollado en San Alberto, Margarita, Sábalo, Itaú, Tacobo y Huacaya, todos nombres mayores en la industria gasífera boliviana.
La escueta noticia de hoy agregaba: ”El gerente general de YPFB Andina, Mario Arenas, dijo que el pozo fue concebido con una expectativa del 32% y un fracaso del 68%.“
En el acto de inauguración de fines de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas dijo que los trabajos de perforación mostraban que la empresa estatal cumplía sus compromisos con Camiri, que tenía en el pozo que se inauguraba una de las esperanzas más fuertes de recuperar el esplendor que tuvo un día en la industria petrolera boliviana.
Los trabajos debían haber concluido en septiembre pasado, de acuerdo al cronograma original. No son conocidas las razones para la demora de casi un año en la conclusión y el anuncio del fiasco. El alquiler del equipo con el que se trabajó tenía un costo de 17 millones de dólares. Tampoco estaba claro si ese costo estaba en el monto total calculado para los trabajos.
25 líneas
Pocas veces he sentido como en estos días la sensación de vivir en un país cercado. Hemos llevado a los niveles históricos más bajos las relaciones con Brasil; con Chile nuestros contactos no son mejores; las que tenemos con Perú son cuando menos grises y carecen de brillo; con Paraguay hemos sucumbido arrollados por el tren que comandó Venezuela para apartar a ese país de Mercosur y abrir el campo para la incorporación de Venezuela, un paso que puede parecer al que dio Neville Chamberlain al ceder ante el Furher pero sin evitar la segunda guerra mundial. En la Guerra Fría Sudamericana Bolivia está en el eje de países que no goza de simpatías en el mundo democrático. Algunos son directamente rechazados, otros son tolerados porque exportan productos importantes para el otro campo; hay una tercera categoría que tomó partido con estridencia pero sin saber siquiera dónde se metía. El que siembra vientos (o ayuda a hacerlo), cosecha tempestades, dice un antiguo adagio.
Viendo en perspectiva no es difícil percibir que no estamos en el campo vencedor. Apostaría triple contra sencillo que no pasarán muchos días antes de que la cancillería boliviana entregue salvoconducto al senador pandino Roger Pinto. El gobierno habrá perdido una batalla inútil y tendrá que pagar reparaciones. Es posible que las autoridades bolivianas estén buscando una salida que le permita salvar la cara y disimular la derrota, quizá con alguna concesión comercial de Brasil. La hipótesis luce, sin embargo, improbable. Los agravios a Brasil han ido más allá de los que el más holgado sentido común soportaría. Las “reparaciones” pueden incluir una gélida relación con nuestro vecino gigante capaz de extenderse por mucho tiempo.
La temperatura del “affaire Pinto” subió este lunes algunos grados cuando el legislador pandino le planteó al presidente Morales hablar claro al país y comenzar reconociendo que la seguidilla de juicios que se la abierto obedecen a sus denuncias sobre la corrupción que asegura que ha impregnado al régimen y lo avergüenzan, además de “oscuros y tenebrosos vínculos que unen a funcionarios” del gobierno con “mafias y cárteles del narcotráfico”. La carta corría profusamente por la internet desde la noche del lunes. La carta fue leída por un legislador colega de Pinto, Luis Pedraza.
En el campo opositor, las perspectivas tampoco lucen brillantes. Aparte de la concentración de apoyo al gobernador Costas, no avanzan las iniciativas a favor de una fórmula unitaria “a la venezolana” rumbo a las elecciones de 2014. Una prueba podría ser la elección para gobernador en el Beni, en sustitución del renunciante Ernesto Suarez Sattori. Estas elecciones, sin embargo, todavía no tienen fecha.
YPFB es «para ellos»
El país está otra vez con la respiración suspendida a raíz de la nueva secuencia de denuncias sobre corrupción en YPFB, la principal empresa gana pan de los bolivianos y al parecer la “olla del pobre” para aspirantes a millonarios al instante.
Los detalles del nuevo embrollo son ya conocidos, pero hay que subrayar que los escándalos que remecen a la empresa nacional han salido a flote accidentalmente. No hubo ninguna diligencia para descubrir o prevenir el caso que llevó a la cárcel a Santos Ramírez, el anterior presidente de YPFB que ahora afirma que la corrupción está “legalizada” en la empresa que un tiempo dirigió. Se ha aceptado, dice el ex funcionario, una duplicación-plus del valor de la planta que él había licitado y en un pestañeo el país estará comprometido a pagar 190 millones de dólares por lo que, en su diseño inicial, iba a costar 85 millones de dólares.
Un mínimo de sensatez dicta que al país se le debe explicar en detalle esta supervaloración. Bolivia no puede dejar que se escurra una suma equivalente a cuarenta hospitales equipados. No hacerlo equivaldría a reconocer que los yacimientos hidrocarburíferos fueron nacionalizados “para ellos” y que en Bolivia ha habido un festín sólo “de ellos”. ¿Ya no escandalizan hechos así?
Uno escudriña la superficie y se encuentra con detalles cuando menos irritantes. Resulta que los dos implicados en el caso que ahora está en las sobremesas nacionales eran técnicos contratados por la actual presidencia de YPFB y, dice Ramírez, habían avalado el proyecto para construir una planta separadora de gas originalmente gestada bajo su paso por la empresa. Tres años después, un asesinato de por medio y una “propina” de medio millón de dólares que aún no aparece, el nuevo caso emerge fortuitamente, por un accidente de tránsito con una movilidad oficial en funciones particulares en un fin de semana y en…Yapacaní. ¿No suenan raros estos detalles, incluso el de la geografía donde ocurrió? La conclusión de Hamlet de que “Algo huele mal en Dinamarca” sería extremadamente benigna para aplicarla a este oscuro episodio.
Hace pocos días leí un documento que listaba las nuevas gerencias y cargos ejecutivos de YPFB. La lista era un amplio abanico de decenas de gerentes y directores. Si se piensa que todo buen gerente o ejecutivo debe tener un subgerente o un segundo en jerarquía, y cada uno una secretaria y cada unidad un contador y un mensajero, aquí hay cientos de empleos que probablemente no estaban en la cabeza de quienes apoyaron la nacionalización.
También de manera casual, en una de las invitaciones de Yacimientos, reparé en un detalle. La invitación tenía 17 de febrero de 2012 como fecha y mencionaba 6.000 kilómetros de tuberías, imagino que para gas a domicilio. Pedía que los invitados manifestasen su interés en tres días; caso contrario, serían excluidos. Resulta que el 17 de febrero era viernes de carnaval. Luego, naturalmente, venían el lunes y martes, también feriados, e incluso el miércoles en muchas empresas. Ignoro cuántas empresas pudieron manifestar su interés en participar en un concurso que probablemente representaba millones. Si las hubo, deben haber sido pocas. Coloquialmente podríamos decir: Aquí hay gato encerrado.
El bote financiero tiene agujeros en muchos lados. La demora en la construcción de las instalaciones para procesar el gas y rescatar otros licuables que ahora viajan gratuitamente a los mercados donde vendemos provoca un desangre anual de unos 1.000 a 1.300 millones de dólares, calcula el diario El País, de Tarija, el departamento productor más beneficiado con el boom de precios del gas natural.
Parece ridículo, ¿verdad? Esta danza de millones convalida el titulo de esta nota: La empresa YPFB no es nuestra. Es de “ellos”.
Voces de alerta
Sergio Amaral es uno de los nombres importantes de la diplomacia brasileña. De portavoz del gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue enviado a Londres y París como embajador. Sus palabras son ahora atentamente escuchadas en el vecino país, con elque las relaciones bolivianas están en uno de los niveles más bajos de su historia. Miren lo que dice en un artículo publicado hoy en O Estado de S. Paulo:
“En nuestro subcontinente, la voluntad de los menores, curiosamente, parece prevalecer sobre la de los mayores. Un estudiante de intercambio en relaciones internacionales recién llegado de Marte, al leer las noticias sobre la persecución a empresarios brasileños de parte del gobierno boliviano en represalia por la decisión de otorgar asilo a un senador de oposición, podría suponer que Bolivia es el país sudamericano con 8,5 millones de kilómetros cuadrados, una población de 205 millones de habitantes y un PIB de 2,4 billones (doce ceros) de dólares, y Brasil la nación más frágil, con un territorio de 1 millón de km2, 10 millones de habitantes y un PIB de 25.000 millones” (Un centésimo de la cifra anterior).
Tras criticar la posición de Brasil respecto a Paraguay y al ingreso de Venezuela a MERCOSUR, dice: “El episodio reciente en Bolivia es lamentable. Y no es sólo la mezquindad de las amenazas contra productores (NA: que se han quejado del trato que dicen recibir de las autoridades bolivianas desde que Brasil concedió asilo al senador Roger Pinto), que nada tienen que ver con las políticas de su gobierno, sino por cuestionar la legitimidad del asilo diplomático, una de las tradiciones más genuinas de la diplomacia latinoamericana, consagrada en el caso de Haya de la Torre, uno de los próceres ilustres de nuestro continente”.
“Bolivia sólo se siente feliz al practicar actos de verdadera provocación convencida de que, una vez más, contará con la benevolencia de Brasil. Frente a este escenario insólito, sólo nos queda preguntar, repitiendo a Cicerón: ¿Hasta cuando, Morales, abusarás de nuestra paciencia?” (alude a la frase histórica del tribuno romano a Catilina, quien conspiraba para ser reelecto como Cónsul: “Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”
Una tarea más para la agenda abultada que le tocará sobrellevar al nuevo embajador Jerjes Justiniano antes de haber siquiera presentado credenciales en Brasilia.
Gasolina al fuego
Es el titular de una nota del diario financiero brasileño Valor al reproducir las declaraciones de la Ministra de Información, Amanda Dávila, quien dijo que “el gobierno boliviano no cederá ante la presión (que atribuye al Embajador de Brasil) que está asumiendo una vocería (¿?) política y no un papel diplomático, como tiene que ser”.
La declaración se descarriló del marco en que un alto funcionario debe mantener al referirse a quien representa a cualquier país. Mucho más si el representante es de un país con el que Bolivia debe mantener la relación más cordial. No solamente por los lazos económicos y la dependencia boliviana de Brasil. Nuestro vecino es también garante de la integridad territorial de Bolivia.
Un amigo en Santa Cruz me dice que la Presidente del Senado Gabriela Montaño fue más audaz. Por Radio Fides exhortó al diplomático brasileño a “no hacer quedar a su embajada como un refugio de delincuentes comunes…nosotros creemos que hay que evaluar la calidad de información que pueda estar brindando el embajador”. (Quizá es el momento para una impresión extraordinaria del Manual Carreño, de buenos modales, y repartirla masivamente. No sería necesario actualizarla).
Valor informa que las palabras de la ministra provocaron indignación entre los diplomáticos brasileños y que esta situación amenaza con agriar la relación bilateral, “estremecida desde que Brasil resolvió otorgar asilo político al senador opositor Roger Pinto”. Agrega que diplomáticos brasileños han dicho a Valor que se les ha comunicado que el salvo conducto ha sido negado. El anuncio oficial aún no ha sido hecho, dice.
En contra ruta de las declaraciones de la ministra, el portavoz de Itamaraty, Tovar Nunes, dijo, citado por Valor, que “Brasil no ve razón alguna para interpretar las declaraciones del embajador como presión en ningún nivel”. Al referirse a las declaraciones de la ministra, agregó: “Tenemos una relación directa con el gobierno boliviano, que no se da a través de la prensa. Tomamos nota, como una declaración reproducida por la prensa, no como un pronunciamiento oficial del gobierno boliviano”. La frase de deberá ser examinada con cuidado por las autoridades.
Las relaciones boliviano-brasileñas están en uno de los niveles más bajos de la historia. Al embajador boliviano Jerjes Justiniano, quien debe encargarse de restaurar la relación bilateral y a la vez conseguir una «retractación»de la revista semanal Veja por su reportaje (La república de la cocaína), le aguarda una tarea de Sansón.
Costas asume liderazgo por «Bolivia Democrática»
Nuevo encabezamiento con detalles del discurso
El gobernador Rubén Costas asumió esta noche un liderazgo por “Bolivia democrática” y al afirmar que el gobierno “está matando la democracia” y que ahora “toda Bolivia ruge y nada ni nadie podrá acallarla” anunció una cruzada contra intentos totalitarios que atribuyó al gobierno del Movimiento al Socialismo.
Con voz enronquecida, la autoridad regional urgió a la multitud reunida para apoyarlo a organizarse políticamente. “Necesitamos una mejor organización política como nunca”, dijo. No había detalles sobre cómo se materializaría esa nueva estructura, que emergería como alternativa al gobierno del MAS.
(Pero esta noche, en el programa Que No Me Pierda, reiteró sus convicciones democráticas, que las exhibió profundas, y reiteró que tiene 21 juicios en una cadena judicial cuya meta es eliminarlo civilmente. «A mí no me van ma llevar preso. No son tontos,» dijo al señalar que su arresto equivaldría a elevar su figura política a una condición nacional que haría tambalear las opciones oficialistas. Reiteró que considera al juez a cargo de los procesos «un servil». Saludó a su hermano Humberto, quien se encuentra en el exterior, acusado por el gobierno de ser parte del trillado complot que se atribuye a Eduardo Rózsa, y a su madre que, dijo, acaba de cummplir 80 años. Y recalcó que la provisión de energía eléctrica en el departamento de Santa Cruz ha pasado de cubrir al 48% de la población a más del 80%. Dijo también una frase que todos los analistas probablemente anotaron: Soy candidato, soy candidato de mi pueblo, a seguir luchando por nuestra gente.» Comento: Muy pronto el gobierno del presidente Morales podrá calcular mejor al líder que este 20 de julio parecía emerger. )
“Nuestra resistencia hará renacer una nueva esperanza para Bolivia”, dijo ante miles de personas que se congregaron este viernes en la Plaza 24 de Septiembre, la referencia principal de Santa Cruz. La multitud, arengada por los principales líderes del departamento, desafió al gobierno, a los fiscales y asambleístas departamentales del partido oficial del gobierno empeñados en apartar a Costas de la gobernación. Los asistentes ratificaron la vocación autonómica del departamento, que dio origen al movimiento autonomista que ahora ha cuajado en toda Bolivia.
“Quieren (los dirigentes del gobierno) concentrar todo el poder político. ¿En qué país democrático puede un fiscal obligar a los asambleístas a votar en un sentido determinado?”
Costas dijo que el país levantado por el MAS “se está derrumbando, azotado por la corrupción y el narcotráfico” y acusó al presidente Morales de escudarse en un poder judicial derrotado en las elecciones judiciales del año pasado, cuando la mayoría de los votó nulo o en blanco.
Con las banderas de Bolivia y de Santa Cruz que flameaban cubriendo de verde, blanco, rojo amarillo y verde gran parte de la plaza y calles adyacentes, cruceños de todas las provincias y representaciones de todo el país se congregaron para respaldar al gobernador, que hace dos años ganó la elección departamental con el 67% de la votación, lejos del candidato oficialista e entonces Jerjes Justianiano.
Flanquearon al gobernador sobre el tablado ubicado en una esquina de la plaza personajes emblemáticos de Santa Cruz de estos días, entre ellos el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, y el senador German Antelo; legisladores de la región y el gobernador renunciante del Beni, Ernesto Suárez Sattori. Fue una manifestación de unidad en momentos en que la región cree percibir que el estado que preside el presidente Morales quiere imponer su voluntad sobre la región y colocar en el gobierno departamental a algún dirigente más afín a sus intereses. Hace un par de semanas el presidente Morales dijo que llamaría “por teléfono” a los dirigentes de su partido en Santa Cruz para instruirles a que elijan a un miembro del partido “Verdes”, de Costas, en reemplazo del gobernador. Hasta ahora han sido apartados del gobierno departamental que ganaron en elecciones los gobernadores de Tarija y Beni, además de varios alcaldes que se impusieron por el voto pero fueron apartados de sus cargos por dirigentes oficialistas, entre ellos el potosino René Joaquino.
La concentración ocurrió a sólo un día del aplazamiento de la reunión de asambleístas que debía votar por la suspensión de Costas. No hubo el número mínimo de asambleístas para sesionar, para desazón de los asistentes oficialistas. Aún no hay fecha para una nueva sesión.
Costas es acusado por haber gastado hace cuatro años 10 millones de bolivianos (1,4 millón de dólares) en el referéndum que votó abrumadoramente (84%) a favor de los estatutos autonómicos del departamento. El referéndum fue refrendado al año siguiente por la CPE aprobada en un cuartel de Sucre. El documento constituyente fue reconfirmado en el plebiscito de 2009.
El oficialismo sostiene que ese gasto fue ilegal. Las autoridades cruceñas dicen que el plebiscito regional fue correcto. Y la concentración de esta tarde tuvo como motivación el reclamo de la región para que se respete el voto ciudadano.
Tras esta demostración de fuerza hay grandes dudas de que los asambleístas se atrevan a desoírla. O que el gobierno ignore lo que ha ocurrido esta tarde.
Sobre el juicio a una revista
Los ministros de Gobierno y de Comunicación han anunciado que se proponen abrir un juicio a la revista Veja, de Brasil. Sin emitir ningún juicio de valor sobre el contenido informativo de la revista que circula esta semana, puedo asegurar que el gobierno deberá disponer cientos de miles de dólares –si no mucho más- sólo para pagar a los abogados en un proceso que llevará varios meses, quizá años.
Y si es que la revista no tiene nuevas versiones en preparación sobre la misma cuestión que inquieta a las autoridades bolivianas.
Veja ganó varios galardones informativos al contribuir a destapar el escándalo de corrupción y negocios sucios que acabó con el gobierno de Fernando Collor. Quien llega a visitar la sede principal de Editora Abril, sobre la Av. Naciones Unidas, de Sao Paulo, puede marearse al tentar ver, desde el suelo raso, la azotea del imponente rascacielos.
No será muy placentero el ambiente en el que estarán los diplomáticos bolivianos. Quizá algunos no lo saben, pero Brasil tiene unas 900 publicaciones (unas 30 veces más de las que hay en Bolivia), muchas de ellas diarios y revistas. Algunas asociadas a redes de TV, entre ellas Rede Globo TV, parte del conglomerado del que es parte también el diario O Globo, de Rio de Janeiro.
Esta noche, en el programa Que no me Pierda, el embajador designado Jerjes Justiniano (confirmó la designación él mismo) ha dicho que está dispuesto a «sentarle la mano» a la tercera revista de mayor circulación en el mundo, después de las primeras dos de Estados Unidos. Afirmó que «ese agravio a Bolivia no quedará impune» y que tiene autorización presidencial para contratar a un bufete de reconocimiento mundial para el juicio que proyecta iniciar contra Veja. Ha calificado el reportaje de la revista como una «injuria a toda Bolivia». «No podemos permitir que se diga que somos un país de pichicateros».
La revista ha dañado la dignidad de funcionarios bolivianos, afirmó. Subrayó que Veja ya ha tenido demandas ante la justicia de su país y no especificó la forma que adquiriría la demanda indemnizatoria. «El titular nos hace daño al Estado y por ese titular («A república da cocaina») tiene que pagar la revista», dijo.
El diplomático fue locuaz y sobre el legislador pandino Roger Pinto, asilado desde fines de mayo en la Embajada de Brasil en La Paz, afirmó: Bolivia actuará según las leyes nacionales. Espera estudiar el caso del legislador y presentar el caso boliviano de manera que se revierta la decisión brasileña de otorgarle asilo.
Antes de la entrevista al nuevo embajador en TV, la revista había escrito, en su edición digital, que los gobiernos bolivarianos, de los que forma parte el de Bolivia, «no satisfechos con reprimir a la prensa en su propio territorio…comienzan a mostrar sus garras contra la libertad de expresión en países vecinos».
En una información amplia en su página web la revista sostuvo que la documentación para del reportaje provino de «un político del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de (el presidente Evo Morales).» «Según (los documentos, Ramón) Quintana, cuando era director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro-regiones y Zonas Fronterizas, en 2010 visitó el domicilio en Santa Cruz de un convicto de narcotráfico ahora preso en Brasil. La revista precisa la fecha de esa visita: 18 de octubre, no 18 de noviembre, como aparecía -y esta noche aún permanecía- en la versión impresa que circula desde el viernes y que fue incluida en la información que registraba la página web en la noche. El ministro Quintana y la persona que supuestamente lo acompañó han descalificado la información de la revista subrayando que el día originalmente señalado era la fecha aniversario del Beni y que por lo menos la acompañante, autoridad en ese departamento, participaba de los festejos benianos.
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