Hotel Las Américas

A la espera de las pruebas

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¨Si tenemos que volver a refrescar la memoria colectiva para recurrir a los instrumentos contundentes probatorios de la existencia de esos hechos, lo vamos a hacer nuevamente ante quien sea”. La frase del Ministro de Gobierno Carlos Romero fue dicha hace dos semanas  y, desde entonces, una buena parte del país aguarda con expectativa esos instrumentos probatorios que no llegaron a ser tales durante  más de cinco años de juicio oral  y de nueve que se cumplen hoy  del suceso brutal que le dio origen.   Es uno de los procesos más dilatados del mundo y nada anuncia su pronta conclusión.

Justo un día como  hoy en 2009, el presidente Evo Morales llegaba a Venezuela y denunciaba ante sus colegas del hemisferio, inclusive ante Barack Obama horas después, que habían querido matarlo y que él había ordenado atacar el hotel donde estaban los supuestos insurrectos. Recibió expresiones solidarias casi de todos, excepto del mandatario estadounidense apenas juramentado quien le dijo que su país rechazaba ese tipo de acciones y robusteció en el lenguaje oficial boliviano la identificación despectiva con ¨el imperio¨ en toda alusión a la potencia del norte.

Solo horas más tarde, el Comandante Nacional de la Policía dijo que  los supuestos conjurados, que dormían en el Hotel Las Américas, habían disparado sobre la unidad policial que invadía el hotel y ¨nos vimos obligados a responder…Esta es la versión de lo ocurrido y hay que creerla.¨

Hasta hoy no hay explicación  sobre el hecho de que los alojados en el hotel estaban en cueros cuando supuestamente  atacaron a la unidad policial. Era una condición que ni Freud podría interpretar. Esa condición de atacar piluchos a policías fuertemente armados haría de lo ocurrido un episodio  único en la historia de los enfrentamientos bélicos y ya estaría registrada entre las rarezas de Ripley. (Más detalles en ¨Labrado en la Memoria¨, 729 páginas, Plural, que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz el año pasado.)

Un testigo contundente habría sido el ex fiscal Marcelo Soza, ahora en el exilio, refugiado en Brasil e identificado con el ropaje de aquellos a  los que acusaba, pero luce improbable que las autoridades, inclusive el tribunal del que fue parte, se interesen en extraditar al locuaz ex magistrado para que declare.   Todo apunta a que el refrescamiento anunciado por el Ministro Romero no  tendrá una manifestación inmediata y que el Juicio del Siglo persistirá acumulando récords en tiempo y contenido hasta que el péndulo marque, como en Brasil, un cambio de dirección.

Todo vale

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En el climax de un antagonismo sin perspectivas de calma, el gobierno ha llevado a las calles estos días a miles de ciudadanos para celebrar un supuesto derecho humano del presidente Evo Morales a postularse a la presidencia cuantas veces él y sus partidarios lo quieran, con la creencia de que esa ambición está apoyada en el Pacto de San José, la norma diseñada para proteger los derechos humanos en el hemisferio. La oposición hizo otro tanto, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y dejó en evidencia que si bien el gobierno tiene poder movilizador basado en el empleo, negocios e intereses que genera el estado, gran parte del país repudia su movimiento reeleccionista. El argumento de ¨el pueblo me lo pide¨ o ¨me sacrifico por mi pueblo¨ ha sonado cínico y oportunista, tan conocido en otros tiempos en estas y otras latitudes, pues se sabe que tras la frase hay intereses apoyados por un esfuerzo propagandístico masivo a costa del estado para favorecer a la clase gobernante.  Pocos dejarían de sonrojarse si la dijeran. Imaginen a Ricardo Lagos pronunciándola, a Mauricio Macri o a Pepe Mujica.

El gobierno y su partido se han prodigado en buscar argumentos que respalden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que abrió la ruta para una presidencia vitalicia del presidente Evo Morales. El dictamen, el más controvertido en la historia de esa instancia, fue la chispa para un polvorín que bajo cualquier visión está lejos de apagarse. Hasta ahora no se conoce una sola opinión institucional que sostenga que la interpretación de que el supuesto derecho humano del presidente a hacerse reelegir cuantas veces quiera es superior a la norma que limita la reelección. No es mínima la ansiedad para que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida una aclaración.

La jugada de los abogados del presidente es vista como una ¨avivada¨ mayúscula, pues a ningún jurista se le habría ocurrido, cuando la norma fue aprobada en 1969, que sería esgrimida para favorecer la presidencia vitalicia. El Pacto fue concebido para amparar a individuos ante abusos de poderes del Estado, no para garantizar ambiciones presidenciales vitalicias, han sostenido quienes creen que el argumento reeleccionista es disparatado. Sorprende, entonces, que el TCP lo hubiera endosado, en una decisión de tinta indeleble para la historia de sus integrantes.

El fondo del debate en torno a un tema nada enaltecedor echa más sombras a la justicia boliviana bajo el gobierno del MAS y atiza otros casos irresueltos sobre los que se impone la voluntad del Poder Ejecutivo. Tema central en todos estos años de gobierno MAS ha sido el asalto al hotel Las Américas (2009), de cuyas sombras las autoridades no consiguen apartarse.

Es una conclusión generalizada que todo intento de conferir alguna credibilidad a la justicia pasa por el esclarecimiento convincente de ese episodio brutal.  Para los acusados, los jueces Sixto Fernández, Julia Elena Gemio, Anastasia Callisaya y Sonia Mamani carecen de confiabilidad y los creen dóciles al gobierno. Pregunten en privado a cualquiera de ellos y recibirán una rotunda confirmación. Los fiscales están bajo órdenes del Ministerio Público, que les instruye acusar y lograr sentencias. Ningún otro norte los aparta de la que consideran una misión suprema que se impone sobre todo y para la cual la verdad o la falta de evidencias parecen apenas una variable. Tres aún están presos en Palmasola. Svonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza han tocado en vano todas las puertas en procura de siquiera la prisión domiciliaria. Incluso escribieron al Papa Francisco cuando éste vino a Santa Cruz en 2015. Media docena de otros admitió la comisión de delitos negados durante seis años, en confesiones que parecieron replicar las de los Juicios de Moscú en las purgas de los años de 1930. Y queda un puñado bajo prisión domiciliaria, a la cual han se han visto forzados a adecuar sus vidas.

La justicia, en fin, está llena de ¨mala praxis¨ y es legítimo preguntarse a quién cobrar. Todo el país podría preguntarse a quién responsabilizar por ¨mala praxis¨ con proyectos e inversiones mal concebidos, mal ejecutados y por los sobreprecios que conllevaron.

Vuelven los fantasmas

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La declaración del ex comandante general de la policía, Ciro Farfán Medina, que apunta al entonces capitán Walter Andrade como el ejecutor de la orden de exterminio de tres ocupantes del hotel Las Américas perseguidos por el gobierno, ha reabierto uno de los pasajes más atroces del mayor caso penal de la historia boliviana Sus repercusiones amenazan con un desborde capaz de alcanzar a la cúspide gubernamental.

El ex comandante dijo a Radio Fides el miércoles que la orden a Andrade provino de Jorge Renato Santisteban en su condición de comandante de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos, la UTARC ya disuelta. Para reafirmar su aseveración estaba dispuesto, dijo, a un careo en la justicia.

Fue la primera vez que un ex alto funcionario policial identificó a Andrade como actor principal en la muerte brutal de tres huéspedes del hotel y al hacerlo propinó un golpe demoledor para la tesis de conspiración enarbolada por el Presidente Morales como razón para invadir el hotel y provocar una persecución en masa de líderes del oriente boliviano, a los que acusó de pretender dividir el país. En una de sus primeras declaraciones tras el episodio, el Presidente sugirió ante la BBC en Nueva York que viniera a Bolivia una comisión internacional para verificar que los miembros del grupo resistieron a la fuerza policial que tomaba el hotel Las Américas, ¨cómo lanzaron bombas, cómo estaban con armamentos¨. Poco después desestimó su iniciativa  y no volvió a mencionarla.

Los abogados de la defensa dicen que la declaración del ex-comandante corrobora la tesis de una ejecución extra-judicial con una crueldad inaudita de la que poco se ha explicado. 

Ciro Farfán Medina asumió el mando policial a principios de marzo de 2009, un mes y medio antes del episodio del Hotel Las Américas, donde fueron acribillados el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. El abogado defensor de los acusados, Gary Prado Arauz, recordó que las autopsias y exámenes forenses demostraron que Rózsa Flores, el jefe del grupo de alojados, recibió siete disparos: uno en cada hombro, un tercero en el pulgar derecho, y cuatro de remate desde arriba cuando los primeros tres lo habían dejado de rodillas antes de desplomarse y agonizar en el suelo de su habitación en el hotel. ¨Al irrumpir la policía, a su habitación, Dwyer se irguió de la cama y le dispararon al corazón. Al caer recibió cuatro o cinco tiros más. Magyarosi alzó las manos y las extendió entregándose cuando le hicieron un disparo desde arriba que le perforó la tráquea, seguido de otro por el costado derecho. Ya muerto y en el piso, lo maniataron y le hicieron tres disparos más¨. Estos detalles figuran en el expediente del caso y los he citado en ¨Labrado en la memoria – Anotaciones de un reportero¨, la obra que escribí sobre el caso, presentada en junio en la Feria del Libro en Santa Cruz.

Hasta el viernes no hubo ningún pronunciamiento de Andrade ni de las autoridades relacionadas con el caso. La última vez que se lo vio en público fue hace nueve meses, cuando junto con otros dos miembros del cuerpo policial que actuó en el hotel acudió a declarar, convocado por la defensa, en el juicio oral que se lleva a cabo en Santa Cruz desde hace casi cinco años. El entonces Cap. Andrade se acogió al sigilo sobre las operaciones que involucran seguridad del estado y no declaró nada substancial, de acuerdo con abogados que estuvieron en la session. La prensa fue excluida del lugar.

Andrade, ahora teniente coronel de la Policía, debería corroborar o desmentir la afirmación de quien fue su superior.

La declaración de Farfán Medina fue incompleta pues no precisó los eslabones superiores de la cadena de mando que llevó a la toma del hotel y las secuelas que sobrevinieron. El Presidente Morales estaba en Venezuela, pero dijo que había dejado instrucciones para reducir al grupo supuestamente sedicioso que se encontraba en el hotel. El Ministro de Gobierno Alfredo Rada también estaba fuera del país (en Brasil) y el ministro actuante era el titular de Defensa, Walker San Miguel. El presidente en ejercicio era el titular de la vicepresidencia, Álvaro García Linera. Ninguno fue mencionado en la declaración del ex comandante nacional de la policía.

La defensa espera mayores informaciones, de lograr convocar esta semana que comienza al general (r) Ferfán Medina. Sus abogados parten de la idea de que, los fiscales, que abrazan la causa del gobierno, se empeñarán en bloquear esa convocatoria pero creen que la denuncia cuando menos subrayará la ilegalidad del caso levantado por el gobierno.  Entre la multitud de hechos a ser esclarecidos hay algunos particularmente intrigantes registrados en el libro citado líneas arriba. A la presencia de extranjeros, presumiblemente del Caribe (venezolanos o cubanos) se refirió Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del asalto, en la declaración de mayo de 2013 ante el tribunal que lo juzga.  Dijo que horas antes, en el pasillo del hotel, había visto a extranjeros mientras trabajaba en su laptop y fumaba cigarrillos Camel que puso sobre la mesa. Supuso que algunos de los extranjeros estuvieron en el ataque al hotel pues cuando a él (Tádic) lo empujonearon fuera de su habitación escuchó que uno de ellos decía a su compañero: ¨Éste es el que fuma Camel¨.

¨Fui obligado a declarar, pateado, golpeado, con los dientes rotos, con una costilla rota, culatazos y la atención médica condicionada a que declarase. Me han tenido 37 días aislado sin atención médica…Yo habría declarado hasta que (yo) era Bin Laden…. Me sacan del hotel cubierto con una sábana. He escuchado los lamentos, quejidos de dos personas¨.

También intrigante fue la declaración de Elöd Tóásó:

¨…(sus captores lo llevaron fuera del hotel hasta un lugar cementado donde quedé) de rodillas, con las manos atrás enmanilladas, con la camiseta celeste en mi cabeza. En un momento, cuando hubo mucha iluminación, he visto, a través de la camiseta, a mi frente, a Mario Tádic… a mi derecha, y a mi frente Mike Dwyer, ahí estuvo el irlandés Mike Dwyer, vivo…¨

 

Costos del continuísmo

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Con un nuevo récord cuando cumpla 12 años de gobierno, el presidente Morales se encamina a otra marca: la de presidente más empeñado en un cuarto mandato, y si posible llegar al quinto y al sexto. En el camino para el nuevo empeño está un plebiscito con nombre de elecciones judiciales. Al amparo de las elecciones del 3 de diciembre, la población le dirá sí o no a su gestión reeleccionista, ya repudiada en un primer intento a comienzos del año pasado. Bajo la mirada sospechosa de muchos países, el presidente ha enganchado el conjuro que él mismo describió y ahora se despliega a todo vapor: Se le mete nomás.

A solo semanas del dictamen sobre la legalidad de una nueva reelección, pocos esperan que el Tribunal Supremo de Justicia vaya a desairar el ímpetu reeleccionista del presidente y la cúpula de gobierno. Al parecer ante un eventual desaire a través de votos nulos, el vicepresidente anunció que la próxima carta será el llamado a una modificación de la Carta Magna para costurarla a medida de los gobernantes. Una opción siguiente sería la renuncia del presidente para decir borrón y cuenta nueva y volver a comenzar una ronda reeleccionista desde cero.

Algunos analistas ven en el empeño reeleccionista el propósito de garantizar  inmunidad para irregularidades durante la serie de mandatos, incluso una revisión meticulosa de la administración de los recursos obtenidos en los años de las vacas gordas, cuando fueron acumuladas reservas monetarias gigantes ahora en declinación. El Hotel Las Américas figura entre los mayores desafíos para el presidente. A cerca de nueve años de ocurrido el episodio sangriento que lo originó, aún repercute la admisión pública de que él impartió la orden de invadir el hotel. Al margen de quiénes ejecutaron la orden, a su cargo están anotados los resultados: tres muertes y persecución de decenas de líderes orientales. Igual espinoso resultará explicar decisiones ejecutivas como la planta de Bulo Bulo, muy cerca del Chapare y las plantaciones de coca y lejos de la frontera por donde se exportarían úrea y fertilizantes.

Un riesgo del continuismo es opacar logros sociales, ignorados bajo la obsesiva propaganda reeleccionista. Otro factor no buscado es inyectar vida a la oposición, estimulada para mantener y buscar posiciones unísonas. El costo reeleccionista puede ser muy alto, como también quedar inerme cuando el péndulo llegue al extremo opuesto.

 

La piedra en el zapato

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Caroline Dwyer vino a Bolivia hace dos semanas y demoró pocas horas en llegar a la conclusión de que su viaje desde las tierras verdes y frías de Irlanda había sido una nueva frustración. Era su segunda venida a los andes y los trópicos sudamericanos en busca de averiguar porqué y quién mató a su hijo de un balazo certero en el pecho en un episodio sangriento que siete años después aún es una sombra para el gobierno. Las autoridades afirman que el joven irlandés vino desde parajes remotos de su país para involucrarse en una conjura, sembrar terrorismo para dividir Bolivia y proclamar una nueva nación en el centro continental.
En busca de lograr que las autoridades bolivianas contribuyan a esclarecer el caso, mantuvo en los últimos años una actitud cautelosa. Creyó que el viaje del presidente Morales a Irlanda y las entrevistas que sostuvo con las principales autoridades de ese país hace ocho meses, allanarían el camino para una investigación internacional independiente y dar con los responsables de la muerte de su hijo.
Cálculos iniciales decían que esa investigación estaría activa en abril. Pero la comisión aún no se ha formado, aún carece de anuncio oficial, y la investigación continúa con el epílogo que le asignó la versión oficial: él y sus compañeros dispararon sobre la policía desde sus habitaciones y ésta abrió fuego. Permanecen las dudas sobre si los que estaban en el Hotel Las Américas pudieron disparar pues dormían semidesnudos, o en qué condiciones batallaba Dwyer para recibir casi a quemarropa el disparo que le perforó corazón. Su compañero Elöd Tóásó dijo que lo había visto a su lado de rodillas en una pista de aterrizaje en la madrugada del 16 de abril de 2009. La forense oficial irlandesa envió hace años su informe sobre su compatriota, pero la defensa dice que el documento se quedó en la cancillería boliviana y no fue enviado al juez a cargo del caso.
¨Lo menos que podían haber hecho antes de que emprendiera el largo viaje a Bolivia, era avisarme que no me recibirían¨, dijo al retornar a su país. ¨Mi experiencia me dice que las autoridades bolivianas nunca serán parte de una investigación sobre la muerte brutal de mi hijo¨, agregó, citada por diarios irlandeses. El departamento de asuntos exteriores de Irlanda emitió una declaración en la que subrayó su ¨grave preocupación¨ por la inutilidad de la visita. Una preocupación similar había emitido durante la visita del presidente el año pasado.
Consulté a la señora Dwyer por correo electrónico sobre los trámites para su visita y las autoridades con las que esperaba entrevistarse. ¨Todo fue arreglado con el departamento de asuntos exteriores a niveles diplomáticos¨, dijo. Por lo visto, esperaba verse con niveles altos de la Cancillería. Cuando estuvo en Bolivia las autoridades concertaron un encuentro con dos técnicos con los que Caroline Dwyer habló, pero ninguno de ellos era siquiera testigo de alguna de las partes en el juicio y el tema para ambos parecía desconocido. Si se trató de una manera de evadir un problema, es difícil creer que se hubiera evadido algo.
El traspié no configura buenos augurios para el Juicio del Siglo, que debe reanudarse esta semana tras casi tres meses de tropiezos, ahora a la espera del resultado de una apelación a la decisión del tribunal que decidió apartar el general Gary Prado Salmón hasta que se cure de viejas heridas. La fiscalía quiere que el militar sea reincorporado a las audiencias, pero todos los diagnósticos, incluso de los forenses oficiales, dicen que las heridas del general deben curarse so peligro de un grave desenlace. Con el fracaso para abrir el caso a investigadores externos la ofensiva de la familia Dwyer podrá volverse más abierta y más activa.

Juicio ensombrecido

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El tribunal que preside el juez Sixto Fernández intentó hace pocos días probar que es posible conducir un vehículo sin gasolina. Habría alcanzado renombre si conseguía continuar el Juicio del Siglo desprovisto de actas formales. No logró avanzar y el juicio que tiene a su cargo mantiene su ritmo geológico en busca de resolver la trama que empezó hace siete años con el asalto armado a un hotel, la muerte brutal de tres huéspedes, prisión para otros y el cuestionamiento a decenas de personas en un proceso que busca probar que desde Santa Cruz se planeaba derrotar al ejército y crear una nueva nación sudamericana.

El intento que promovió el juez falló y durante casi todo marzo las audiencias han estado en la oscuridad causada por la falta de actas. Solo el día 29 se reanudaron bajo cierta normalidad, cuestionable cuando en la balanza se colocan hechos como la confesión del autor de la acusación, desde hace dos años refugiado en Brasil, de que actuó bajo presiones del gobierno. Para la legalidad del proceso, esa confesión no existe.

La tentativa del juez ocasionó una rara coalición de defensores y acusadores, e incluso de una juez ciudadana que le reprochaba por desdeñarla, decía, porque carece de formación jurídica. La juez concuerda en que el tribunal violó normas legales al instalarse en Tarija hace tres años sin algunos acusados. Uno de ellos, inhabilitado físicamente, fue declarado rebelde para justificar su ausencia.

El traspié ha dado lugar a una andanada de acusaciones de los fiscales y abogados que cuestionan la habilidad del juez para conducir un juicio de la magnitud del caso que se arrastra desde 2009.

En lo que parece agregar sombras al mayor juicio penal de la historia boliviana reciente, un ambiente de sospecha se instaló en las audiencias la pasada semana cuando un desconocido, gorra blanca al revés, bermudas y zapatos tenis, fue sorprendido tomando desde un celular imágenes de los abogados acusadores. Llamado por el juez, el desconocido entregó su identidad y habló con él unos minutos, pero el magistrado informó que el fotógrafo misterioso sólo balbuceaba y que no había entendido lo que dijo.

El desconocido, después identificado con un nombre que nada decía para los presentes en la audiencia, se fue y de inmediato no se supo de dónde había venido ni qué hacía en el lugar. Algunos en la sala sospechaban que era agente del  gobierno y una investigación posterior los corroboró, pero no se supo más. Otros señalaban que las ondas del ¨caso Zapata-Morales-Quintana, etc.¨ rompían sus límites iniciales y que una paranoia desbordada empezaba a contagiar también a actores y protagonistas del Juicio del Siglo.

Amnnistía: esperanza y escepticismo

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La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”

Había otros en el Hotel Las Américas

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Hasta ahora, las tesis sobre el asalto al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, no habían tenido más testigos directos que los dos sobrevivientes del grupo cuya jefatura era atribuida a Eduardo Rózsa Flores y los que contaban la historia oficial. Publicado hace pocos días (15-06), un reportaje del Irish Times, el periódico irlandés que mayor cobertura ha dado al caso, trajo testimonios de dos ingenieros brasileños que estuvieron en el hotel aquellas horas que pueden llevar al gobierno a revisar la versión mantenida durante más de seis años. Al decir de las nuevas versiones, no hubo fuego cruzado y la mayoría de los disparos fueron de fogueo. Eso explicaría por qué no hubo cartuchos equivalentes a la intensidad de los disparos ni mayores daños al edificio. Firma la nota Tom Hennigan, el periodista extranjero que más de cerca ha seguido la trama violenta que empezó a correr esa madrugada.

Parte de la nota:

Un  ingeniero brasileño que estaba en el mismo piso del hotel de Santa Cruz cuando Michael Dwyer recibió un disparo mortal de la policía en 2009 ha surgido contradiciendo la versión de las autoridades bolivianas sobre los  sucesos que rodearon la muerte del hombre de Tipperary (el pueblo natal del irlandés).

Marcos Brandt dijo a The Irish Times que no hubo tiroteo, como afirma la policía, y corrobora evidencias sobre la posibilidad de que las autoridades bolivianas manipularon el escenario para sostener la tesis de que Dwyer y dos de sus compañeros murieron en un tiroteo.

El gobierno boliviano insiste que las tres personas murieron tras abrir fuego sobre  la policía que iba a detenerlos. Sostiene también que Dwyer era parte de un grupo encabezado Eduardo Rózsa Flores, un aventurero que planeaba una violencia separatista en los llanos orientales. Dwyer, Rózsa y el húngaro Arpad Magyarosi murieron durante la incursión en la que otras dos personas fueron arrestadas.

La familia Dwyer afirma que tiene evidencias de que éste fue ejecutado sumariamente por fuerzas del estado boliviano y exige una investigación internacional. El vicepresidente boliviano aseguró que el grupo con el que estaba Dwyer fue seguido hasta el hotel donde ocurrió el tiroteo. Pero el ingeniero brasileño sostiene que había calma en el hotel donde, en días de trabajo, compartía una habitación con un colega. Ambos han hablado por primera vez en público  sobre lo que escucharon aquella noche desde el mismo cuarto del mismo piso del hotel la noche en que Dwyer fue muerto.  Nunca fueron entrevistados por el fiscal que debía establecer los hechos sobre lo que pasó con Dwyer y los otros dos que murieron esa noche. Ambos hablaron con The IrishTimes sobre el incidente, así como la persona que estaba aquella noche a cargo de hotel.

Brandt estaba iba a darse una ducha para tomar un vuelo temprano a La Paz  cuando el edificio fue sacudido por una fuerte explosión. “Primero pensé que el calentador había explotado. Miré por la ventana del baño que da a un atrio central y me vi ante un soldado que me apuntaba con su rifle. Me ordenó abrir la puerta del dormitorio”.

Nuevas interrogantes

El uniformado, probablemente de la unidad policial especializada UTARC, ordenó a él y a su colega tenderse al piso manos en la cabeza. Brandt dice que tras la explosión siguieron varios minutos de calma en el piso del hotel. En esos instantes escuchó varias voces. “Era normal (lo que escuchaba), no gritos, solo voces hablando. Solo entonces empezó el tiroteo.”

Calcula que entre la explosión y el tiroteo pasaron de dos a cinco minutos, lo que trae nuevas preguntas sobre el intercambio que tuvo la policía con el grupo de Dwyer inmediatamente antes de matar a tres de ellos. Describe el tiroteo como intenso y continuo pero inconsistente con un fuego cruzado. “No sonaba como un tiroteo. No se escuchaban disparos provenientes de diferentes posiciones de tiro”. También describe  gran parte del fuego como tiros de fogueo. “Tenía ese sonido propio de los disparos con balas de fogueo. Era como si dispararan seguido para asustar.”

Considerando el número de disparos que había escuchado, Brandt quedó sorprendido al salir de la habitación cuando la policía se fue del piso. “Lo que era extraño era que había pocas signos de daños del tiroteo, pese a la cantidad de disparos que escuché. Fue ahí que estuve seguro que se trataba de municiones de fogueo.”

El informe balístico boliviano reportó pocos impactos de bala pese a que el personal del hotel  también informó sobre un intenso y prolongado tiroteo como el descrito por Brandt. Su creencia de haber escuchado “disparos de tipos diferentes de armas de fuego” parcialmente disimulados por disparos prolongados de subametralladoras podría ser relevante en vista del informe de la autopsia sobre el cadáver de Dwyer emitido por la patologista del estado irlandés. Éste sugiere que fue ejecutado sumariamente con un disparo al corazón por alguien que estaba sobre él.

Brandt dice que al dejar su habitación se dio cuenta que la explosión que había escuchado fue una serie de estallidos simultáneos en las puertas de los cuartos donde estaban Dwyer y sus compañeros. Dijo que no vio daños en el corredor donde estaban Dwyer y su grupo, corroborando lo que el gerente del hotel, Hernán Rossell, dijo a The Irish Times inmediatamente después de la acción policial.

Este testimonio contradice el informe balístico boliviano que listaba impactos de bala en la pared del corredor afuera del cuarto de Dwyer. Un video filtrado que filmó la UTARC tras la incursión muestra claramente que no hay daños en la pared, lo que fortalece las sospechas de que las autoridades manipularon la escena para apoyar su tesis sobre lo ocurrido.

The Irish Times habló también con el colega de Brandt, un mecánico brasileño que le ayudaba a instalar una maquinaria para un cliente boliviano. Su recuerdo coincide en general con el de Brandt, aunque señala que no podría afirmar si hubo intercambio de fuego.

Los testimonios de los dos hombres coliden en un punto crucial. Brandt asegura que su colega le dijo que escuchó a alguien implorar por su vida y luego nuevos disparos. “Me dijo que había escuchado “por favor, no me maten” y luego más disparos y ningún otro ruego”. Hablando la semana pasada desde Bolivia, Rossell, el gerente, dijo a The Irish Times que Brandt le dijo lo mismo, citando a su colega. Pero en una entrevista en su casa en Brasil, el segundo hombre negó haber escuchado a alguien implorar por su vida o que lo hubiera dicho a Brandt. Dijo que no podía explicar los recuerdos de su colega respecto a lo ocurrido. Esfuerzos posteriores para volver a entrevistar al hombre fueron infructíferos.

Pese a los años, Brandt pudo dibujar un sketch del piso del hotel e identificar los cuartos donde Dwyer y los otros dos murieron. Dijo que le parecía que la policía estaba en control total desde el comienzo. “No vinieron a arrestarlos; querían matar”.

En los días que siguieron a la incursión, funcionarios del hotel dijeron que el grupo de Dwyer estaba solo en el hotel. El gerente Rossell dijo que el que los dos brasileños hubieran estado en el cuarto al otro lado del atrio probablemente los hizo pasar inadvertidos. The Irish Times pudo ver una copia del registro del hotel en la que figuran los dos huéspedes. Brandt y su colega tenían que dejar sus nombres, contactos, copias de sus pasaportes y planes de viaje antes de salir del hotel. Ambos dicen que ninguna autoridad intentó contactarlos después.

“La policía nunca me informó sobre estos hombres”, dijo Marcelo Soza, al ser entrevistado en su exilio en Brasilia. El ex fiscal, que presidió las investigaciones dijo: “Este es otro ejemplo de cómo retuvieron información para mi investigación. ¿Por qué lo harían si no estuvieran tratando de encubrir lo que hicieron?”  Soza procura asilo en Brasil, donde fugó. Ahora sostiene que Dwyer fue asesinado.

Deshojando la cebolla

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La defensa en el Juicio del Siglo empezó esta semana a responder a la acusación contra 39 personas a las que se atribuye el propósito de sembrar el terror, desmembrar Bolivia y desarticular la división geopolítica del continente sudamericano. El fiscal que elaboró la acusación está refugiado en Brasil desde marzo y se dice perseguido por el gobierno que hizo que preparase, asegura, una tesis acorde con los intereses políticos de las autoridades. No hay signos que indiquen un desenlace próximo del mayor juicio penal de la historia boliviana surgido de un episodio sangriento hace cerca de seis años en Santa Cruz.
El año comenzó bajo la impaciencia de los acusados con la prolongación del proceso, cuya duración marca un récord. Al reanudarse las sesiones tras los feriados de fin de año, el acusado Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que reconoce haber engañado al comandante de la supuesta gesta, Eduardo Rózsa Flores, vendiéndole una pistola (correcto) mugrienta y sin cacerinas con la que iría a dirigir la insurrección separatista, reclamó al juez Sixto Fernández por su dilatada prisión. “Pronto voy a cumplir seis años en la cárcel… ¿hasta cuándo?”, reclamó airado. Guedes ya ha escrito un libro sobre su prisión y dice que tiene pronta una narración adicional. Acusado de ser traficante de armas, subrayó que su domicilio nunca fue inspeccionado para verificar la acusación de que iba a ser el proveedor de pertrechos para miles de hombres.
A los frecuentes altibajos y suspensos del proceso que llegó Santa Cruz hace dos años tras peregrinar por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, se agregó esta semana una frase del presidente Evo Morales en la ceremonia de inauguración del Año Fiscal organizada por el Fiscal General de la Nación, Ramiro Guerrero. “Si castigas a los separatistas (acusados en el Juicio del Siglo), puedes ser el nuevo presidente” de Bolivia, le dijo al fiscal, citado por el diario El Deber. En la misma jornada, el mandatario sugirió un referéndum para reformar la Carta Constitucional. La frase acentuó la perplejidad entre quienes asisten al juicio cuando el mandatario se mostró partidario de suprimir el debido proceso. ¿Puede eliminarse un principio, un concepto fundamental en democracia? “Es un principio tan válido para los derechos humanos como lo es el que la tierra gira alrededor del sol o que el mundo es redondo”, dijo un abogado defensor. El principio es parte de la CPE.
Otros hechos anecdóticos han causado una huella temprana en las audiencias de este año. El 11 de septiembre, el general Gary Prado Salmón había planteado la suspensión de la detención domiciliaria que le impuso una juez en mayo de 2010. El general acusado subrayó esta semana que la juez que entonces le tomó la declaración tenía lista la decisión de siete páginas tamaño oficio y renglón seguido preparada antes de escucharlo.
En su más reciente petición, Prado Salmón pidió que se permita defenderse bajo entera libertad. Entre las razones para imponerle la detención actual estaba el recelo de la juez de entonces por evitar que se comunicase con otros acusados y con los medios informativos, debido al relieve del general, cuya compañía de Rangers rindió a Ernesto “Ché” Guevara en los parajes de Ñancahuazú en 1967. El militar hizo notar esta semana que la prohibición de contacto fue superada con las audiencias, en las que todos los acusados presentes conversan, hablan con los periodistas y suelen compartir café. No debía, especialmente, conversar con el general Lucio Añez Ribera, también retirado y ahora apartado del juicio por problemas que le dificultan la memoria. Con ese factor también superado, ya no existirían razones para mantener las restricciones a su liberad, planteó la defensa. El juez flexibilizó el horario de las restricciones incorporando sábados y domingos, pero negó extender formalmente la hora de retorno a su domicilio con el fin de facilitar el desplazamiento del general desde las universidades en las que dicta clases.
En una de las últimas sesiones, el juez Sexto Fernández hizo preguntas al coronel de policía Adalberto Torres Céspedes, uno los 39 acusados. El juez hizo una pregunta que uno de los fiscales objetó, en una situación inusual. No es común que un fiscal objete al juez que, en este caso, retiró la pregunta. El hecho sembró inquietud entre los acusados sobre quién efectivamente ordenaba la sesión.
Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, reclamó que cuando él declaraba meses atrás, se había presentado una situación similar. Sus abogados quisieron objetar una pregunta del juez pero éste dijo que las preguntas del juez no eran objetables. Su abogada Erika Oroza tocó uno de los nervios más sensibles al afirmar que el proceso tenía un error básico insalvable: sus orígenes habían sido una denuncia fechada el 14 de abril de 2009, antes de que ocurriese una explosión sobre el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas y antes del asalto al Hotel Las Américas.
Las preguntas respecto a flaquezas de la acusación empezaron a ser expuestas por Gianni Prado, el abogado de Mario Tadic, al iniciarse la etapa de alegatos. Uno de los primeros puntos fueron las afirmaciones de un periodista español que, después, resultaron endebles pero que la acusación las utilizó como fuente básica. “Si hubiera habido probidad en la administración de la justicia, se habría visto que el caso fue armado”, dijo el abogado.
Las réplicas a la acusación deberán continuar, al reiniciarse las sesiones este 19 de enero.

Conminatorias

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El Fiscal General del Estado ha sido conminado a “materializar” la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, a cargo del Juicio del Siglo durante cuatro años y ahora en Brasil, donde se le ha extendido la condición de refugiado al menos hasta septiembre de 2015. La conminatoria carece de plazo pero tiene características que el magistrado, Ramiro Guerrero, no podrá ignorar. Viene del Presidente del Senado, Eugenio Rojas, a quien se supone asesorado por funcionarios versados en derecho de asilo y en las decisiones soberanas que asumen los estados.

El funcionario dijo que esa autoridad “tiene que hacer cumplir la norma. No sé por qué no está haciendo cumplir. Es su atribución; tiene que demostrar toda la documentación del caso…nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”.

Las expresiones de la autoridad legislativa ocurrieron durante una entrevista con la Cadena A de televisión.  Horas antes, la misma estación había logrado hablar con el ex fiscal Soza, quien, esta vez sin matices, afirmó que lo ocurrido en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 fue una masacre. (El Deber, 10-09-14). En su “Carta al Pueblo de Bolivia” y la declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil, en marzo y abril pasados, había dicho que hubo “uso excesivo e irracional de la fuerza” en el ataque policial de esa madrugada.

Por instrucciones del senador, el fiscal general deberá lograr una hazaña que la diplomacia británica ni Scotland Yard alcanzaron en 35 años, cuando persiguieron sin éxito al asaltante del tren postal inglés Ronald Biggs. El famoso asaltante vivió feliz como refugiado durante décadas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, hasta entregarse voluntariamente a las autoridades de su país a principios de siglo. Murió en diciembre del año pasado.

Es poco probable que el Dr. Soza quiera entregarse hacia 2049 o que el caso que lo ha llevado hasta el cerrado brasileño persista hasta entonces.

La conminatoria del senador se suma a la demanda de los acusados que también reclaman la presencia de Soza para limpiarlos de acusaciones que la ex autoridad ha declarado que son ilegales y fruto de presiones. Puede especularse que la conminatoria del legislador al fiscal general contribuye a agitar más las aguas del Juicio del Siglo, remecidas por los documentos y declaraciones de la ex autoridad judicial a los medios nacionales y que en el proceso todavía no son reconocidos como palabra legal.