Mes: abril 2011
La segunda vuelta peruana al rojo vivo
La diferencia entre las preferencias electorales en Perú para el primer domingo de junio se han acortado dramáticamente y ahora pueden depender totalmente de quienes anulan su voto o de los indecisos aún recalcitrantes a tomar una posición. El diario El Comercio, de Lima, trae en su última edición la información de la más reciente encuesta de la empresa Datum, que muestra un equilibrio entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Si las elecciones fuesen este fin de semana, Humala tendría el 41,5% de votos de los peruanos, en tanto que Fujimori alcanzaría el 40,3%. Estadísticamente, es un empate, pues la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la encuesta.
La muestra de Datum viene una semana después que otra encuestadora, la Ipsos Apoyo, revelara que su muestreo más reciente daba al Humala una ventaja de seis puntos porcentuales.
Para la encuestadora, la reducción de las distancias hasta un nivel virtual de empate técnico, que muestra una contienda en la que se peleará voto por voto, obedece a los pedidos de perdón de Keiko Fujimori por el gobierno de su padre Alberto Fujimori en la década final del siglo pasado y por el temor que empieza a generar en el electorado la política económica que anuncia Humala.
La victoria parece, en estos momentos, inclinarse hacia quien sea capaz de generar mayor confianza en el electorado. La historia completa del diario peruano puede ser vista aquí.
Soza se va, queda el caso, Soza no se va
Actualización:
El fiscal general de la República, Mario Uribe, acaba de rechazar la renuncia del fiscal Marcelo Soza, a dirigir el caso de supuesto terrorismo-separatismo. En la funciones del Ministerio Público no se puede decir «hasta aquí trabajo y desde aquí no tomo más este caso», informó. El anuncio viene de la Agencia de Noticias Fides. La decisión del fiscal Soza, que no era irrevocable, vuelve a fojas cero. Pero se ignora cuándo se reinician las audiencias en Cochabamba.
Y Erbol remachó con los párrafos siguientes de su crónica sobre el mismo asunto: “El doctor Marcelo Soza asignado al caso terrorismo deberá seguir (en su trabajo) hasta la conclusión del todo el proceso”, afirmó Uribe, en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Sucre, según el reporte de la Radio Aclo, de la Red Erbol.
La justificación de la renuncia de Soza sobre el presunto hecho de que estaría en alto riesgo su profesión y la seguridad de su familia, no tiene ningún sustento legal, de acuerdo a la explicación de Uribe. “En absoluto, ningún otro argumento puede servir de base para que un fiscal diga que hasta aquí trabajo y no atiendo más un determinado caso, esa decisión (unilateral) no existe en el Ministerio Público, aquí nos tenemos que regir bajo el principio de la legalidad”, aseveró.
A tiempo de ratificar que Soza aún goza de la confianza de la Fiscalía General del Estado, Uribe sostuvo que en caso de que este representante del Minisiterio Público pida la colaboración de otros fiscales para el proceso que lleva adelante, se lo asignará a otros colegas con los que conforme una comisión.
En la víspera, Soza presentó una carta de renuncia ante Uribe indicando que junto a su familia recibió en los últimos días gran cantidad de amenazas, además de los constantes intentos de desprestigiar el proceso investigativo que lleva adelante por dos años, de parte de personas allegadas a los acusados en este tema y algunos medios de comunicación.
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Esta noche del 25 de abril de 2011 será recordada como la noche en que el caso del Hotel las Américas estaba al borde de derrumbarse. El fiscal Marcelo Soza colapsó. El caso que había levantado se vino abajo después de haber ensamblado un conjunto de 39 acusados en medio de videos y testimonios difíciles de sustentar.
El fiscal renunció a dirigir la investigación en una carta que dirigió al Fiscal General de la República, Mario Uribe. Afirmó temía por su vida y que se había mellado su dignidad. También dijo que algunos medios había «desviado» las investigaciones. No precisó cuáles habrían sido esos medios. ¿Qué pasará ahora? La pregunta se la hacen muchos bolivianos, especialmente la ciudadanía cruceña, que ha sido la región donde se ha sufrido con mayor rigor las consecuencias de ese episodio. Hasta ahora, más de dos años después de aquella madrugada del 16 de abril de 2009, el caso tiene rincones oscuros y las interrogantes a su alrededor se han multiplicado. ¿Fue todo una montadura? El propio presidente Morales aseguraba dentro y fuera del territorio nacional que habían querido matarlo. Ahora las autoridades tendrán mucho para explicar. La investigación ha tenido un frenazo abrupto y a una semana de la decisión del Fiscal General Uribe para que el fiscal Soza reordenase su acusación para darle sustento apropiado. Implacable en reclamar la presencia de todos sus acusados en La Paz, tenía cinco días para reordenar y presentar su caso hasta el pasado viernes. Será necesario saber cuáles son aquellos vacíos que encontró el juez Rafael Sarmiento que lo llevaron a devolver a Soza el expediente para que lo presente de nuevo, debidamente fundamentado. Creo que el público boliviano, y el cruceño en particular, requieren de una amplia y exhaustiva información. Y el fiscal renunciante deberá explicar por qué dio curso, sin consultar con sus superiores, al supuesto pedido del Cuerpo de Bomberos para destruir los explosivos que los investigadores dijeron que habían encontrado en poder del grupo presuntamente dirigido por Eduardo Rózsa Flores. El fiscal renunciante sabía que este momento llegaría; pero al parecer su causa contenía demasiadas lagunas y se hundió. “Ya se había aplazado cuando le devolvieron el caso. No quiso volver a aplazarse en el desquite”, dijo Gary Prado Araúz, quien encabeza la defensa de su padre, el general Gary Prado. El fiscal llegó a presentar su nuevo caso, pero de acuerdo a Prado Araúz, el nuevo legajo “está lleno de imperfecciones.” “Si en dos años no pudo montar algo sólido, no podría hacerlo en cinco días”, dijo Prado Araúz esta noche en el programa No Mentirás, de PAT. Con la renuncia, que no lleva la palabra “irrevocable”, el caso queda detenido y no hay plazo para la reanudación de la audiencia conclusiva querueda desde el 11 de abril. El Fiscal General tendría ahora que designar un nuevo fiscal, quien recibiría el legajo dejado por Soza. “Le está dejando un presente griego”, dijo Prado Araúz. El desenlace que se ha presentado se habría evitado si a la prensa se le hubiese permitido ingresar a las audiencias del fiscal con los aprehendidos y con la defensa, dijo Prado Araúz. “Porque la defensa trituró todas sus argumentaciones”.
Todo vale
Leo en El Deber de este domingo que el presidente Evo Morales ha tenido algunas iniciativas muy peculiares en el fin de semana. La primera consiste en modificar los nombres de calles, pueblos, provincias, aeropuertos, de todo lo que tenga origen hispánico, y colocarles, en cambio, denominaciones autóctonas. Al menos la mitad de los nombres de las calles paceñas desaparecería: Comercio, Jaen, Mariscal Santa Cruz, Carrasco, Loayza, Grau, Pérez Velasco, Rosendo Gutiérrez, Agustín Aspiazu, Simón Bolívar, Sucre, Cañada Strongest, México, Colombia, 20 de Octubre, Juan José Pérez, Ballivián, Pedro Salazar, etc. Y también los nombres de las personas habría que cambiar, regla de la que el propio presidente, ni el vicepresidente ni los ministros escaparían.
La frase que tuvo en Tacobamba: “Tenemos tantos líderes indígenas, tantos compañeros que dieron su vida por esta tierra. Habría que reflexionar porque, en el fondo, esos (los españoles) son nuestros invasores, intentaron dominarnos, exterminarnos. Cómo es posible que sigamos llevando sus nombres”. La cita fue tomada de ABI, la agencia oficial de noticias. Habría que preguntarle al Sr. Presidente sí él puede nombrar de memoria unos cuarenta. Francamente, creo que nadie podría hacerlo, sean nombres indígenas o de “invasores”, a menos que se acuda a una guía telefónica.
La otra iniciativa es para acudir a las reservas internacionales de 10.600 millardos para utilizar dos millardos para “potenciar la producción”. Y para eso se llamaría a un referéndum. Da la impresión de que se trata de una propuesta apresurada. No hay detalles sobre cómo invertir; no hay planes específicos. ¿Por qué no caminos asfaltados? Los caminos generan empleo rápidamente. Y ¿qué tal ferrocarriles? ¿Y si completamos la unificación de la red ferroviaria oriental con la occidental?
El gobierno debe cuidarse de que se le diga que actúa ligeramente en busca de recuperar puntos de popularidad. En un referéndum muy pocos dudarían en votar por un sí, que el gobierno se lo adjudicaría. Pero, ¿en base a qué planes? ¿Qué sectores? Qué industrias? Petróleo, no esperemos resultados en algunos años y a un costo pírrico, pues no tenemos hidrocarburos suficientes. ¿Cemento? ¿No iríamos hacia un fiasco monumental? Son temores naturales cuyas respuestas deben venir de las autoridades.
Sin pensarlo dos veces, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce y el vocal del TSE, Ramiro Paredes, ya dieron el sí a la iniciativa.
La voz disonante ha sido la del diputado tarijeño Adrián Oliva, quien dijo que la iniciativa es riesgosa. “La pregunta es a dónde va la economía del país”, dijo. Es decir, ¿hacia una estatización completa de la economía? No lo creo, pero sí a nuevas frustraciones. ¿Se acuerdan de la fábrica de papel? ¿Dónde está? ¿Hay estudiantes que tienen sus cuadernos con ese papel? Y los mil millones de dólares que fueron prestados a YPFB, ¿se sabe cómo fueron gastados? ¿O es que no hubo tal inversión? Creo que, en el consciente o quizá subconsciente de los planificadores, se piensa en crear empresas para dar empleos gerenciales a fulano y perengano y, luego, el que venga que arregle las cargas.
Por su lado, el diputado tarijeño por la bancada de PPB-Convergencia Nacional, Adrián Oliva, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional dispuso, a través de leyes, el uso de recursos del Banco Central de Bolivia para proyectos de hidrocarburos, minería o de la agroindustria, y calificó de riesgosa la forma en que se quiere gastar el dinero de las reservas.
“La pregunta no es cuánta plata de las reservas invertimos o no invertimos. La pregunta es hacia dónde va la economía del país. El Presidente está concluyendo una negociación muy difícil con sectores sociales y organizaciones sindicales porque el Estado no ha podido atender una demanda que es fundamental para estos sectores. Lo que nos muestra este hecho es que hay problemas de carácter económico y fiscal en el Gobierno”, afirmó.
La última del fin de semana es que los piratas ingleses del Caribe vinieron hasta el altiplano en busca de exterminar a los indígenas. Los españoles deben estar agradecidos porque algo de la carga de culpa que estaba sobre ellos les ha sido suprimida. La próxima super-producción de Hollywood podría llamarse Morgan en los Ayllus.
Trocar seis por media docena
Una medida muy utilizada en Brasil es la docena, especialmente la media docena, que de hecho suplanta al número seis. Se dice deme “media” de tal cosa, y se sabe que uno está pidiendo seis unidades. Y cuando se dice trocar seis por media docena, el significado es que se está cambiando una cosa por otra que representa exactamente lo mismo. Encuentro equivalencias notables con este concepto cuando escucho que el gobierno se propone dar fin por decreto a las medidas encumbradas por el decreto 21060.
Ese decreto configuró el modelo económico que aún rige en Bolivia desde su dictación, a fines de la década de 1980. Con su anulación en el papel, las autoridades acatarían una demanda de los huelguistas mineros, maestros y fabriles que lo acosaron durante casi dos semanas. Lo que no se quiere recordar es que ese decretó estableció normas de comportamiento fiscal y control de la inflación que golpeaba brutalmente a todos los sectores, de modo particular a los que ahora han reclamado su anulación formal. Bolivia, entonces, venía de sufrir uno de los peores procesos inflacionarios de la historia mundial y sólo lo revirtió el frenazo en seco a la emisión de dinero y la consiguiente disciplina en el gasto público.
Aquel decreto representó algo sencillo: cuando un enfermo padece de una infección grave que le amenaza la vida, los médicos procuran estabilizarlo y bajarle la fiebre para evitar un desenlace fatal. Nació así el “tratamiento de shock” que puso el piso para el llamado “neoliberalismo”. Con la impresora de dinero clausurada, no era fácil excederse. En los libros puede parecer simple. Pero en una sociedad golpeada, y ahogada por la falta de empleo adecuado (y las limitaciones en la educación), no sólo había que aminorar los efectos del “shock” sino evitar agravarlo.
Los combustibles son sensibles en toda economía. Bolivia no los tenía en cantidad suficiente (no los tiene y va camino a empeorar), y empezó a importar…a precios internacionales para venderlos a precio menor en el mercado interno. Ahora las importaciones han crecido peligrosamente. El gobierno del presidente Morales siguió las reglas del 21060 e intentó eliminar el subsidio a los carburantes, que representa para el estado US$ 500 millones anuales. Pero manejó mal la decisión. Probablemente había muchos dispuestos a aceptar una elevación de precios de los combustibles, pero gradualmente. Quiso hacerlo “a-la-Paz-Estenssoro” eliminando ese subsidio de golpe, sin percibir que la población veía en la medida una incongruencia cuando a los cuatro vientos se perifoneaba que nunca la economía boliviana había estado tan robusta. Para el momento del retroceso, la “nivelación” de los precios de los carburantes ya se había hecho sentir en los de la canasta familiar, que no han retrocedido.
Eliminar por decreto las medidas estabilizadoras de fines de la década de 1980 es ingresar a un camino incierto. Y creer que la inflación ayuda porque con precios internos más altos el contrabando queda maltrecho es disparar en nuestra propia pierna. Hay algo fatalmente equivocado en esa argumentación.
Habrá que ver también si la supresión por decreto del equilibrio fiscal generará inversiones y empleos, dos de los nervios más sensibles de la economía boliviana que están al descubierto y en carne viva. Por eso creo que las nuevas medidas serán media docena, en vez de seis.
Éxitos del congrejo
El anuncio de YPFB la semana pasada sobre las reservas nacionales de hidrocarburos trajo novedades de excepción. No tanto por su contenido y el tiempo que demoró en hacerlo público sino por lo que no dijo. Según las cuentas de la empresa, las reservas probadas alcanzan a 9,94 trillones de pies cúbicos, casi un tercio del volumen que hace seis años se aseguraba que teníamos y que nos hacía presumir que Bolivia sería el eje energético del cono sur continental.
El título del anuncio decía: “Bolivia tiene suficientes reservas de gas para abastecer el consumo interno y las exportaciones”. No aparecía una palabra que fue la piedra angular para la toma de los campos de Petrobras y otras empresas en mayo de 2005: Industrialización. Eso significaba polos petroquímicos y valor agregado al producto natural.
La explicación de las autoridades para el bajón del volumen de reservas es que la empresa evaluadora no realizó un trabajo serio.
La primera pregunta que uno se formula es por qué le llevó más de cinco años al Gobierno llegar a esa conclusión. En el mundo hay sólo dos empresas con capacidad reconocida para evaluar reservas. Una de ellas fue la que hizo la evaluación de la que el Gobierno se queja pero sin decirnos cuáles fueron exactamente las fallas de la empresa evaluadora y cómo contrastan con la reputación mundial de la firma.
Si es así con los hidrocarburos, nuestra riqueza principal, vale la pena preguntarse qué pasa con otros sectores importantes de la economía. Es decir, si tambalea en lo que debe estar seguro, ¿cómo será en las áreas en la que no lo está? Por ejemplo, el hierro, el litio, las relaciones internacionales, etc. Tal vez sea una extrapolación abusiva pero legítima.
Este episodio no es ningún abono a favor de la empresa, que hace un año nos anunciaba que en 2011 la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo) aumentará a 57.000 barriles por día, cerca del 50 por ciento sobre los volúmenes actuales que bordean los 40.000 barriles diarios. El volumen actual de producción ha caído al mismo de hace 40 años y no hay síntomas que indiquen un incremento de la producción para llegar a las cantidades anunciadas.
Hay una sola manera de aumentar las reservas: Con una exploración y perforación intensivas. Para el año pasado se tenía prevista la perforación de dos pozos. Que se conozca, sólo se perforó uno, sin resultados. Hace cuatro décadas, el ritmo de perforación de la empresa estaba entre 30 y 50 pozos anuales. Es decir, estábamos mejor cuando teóricamente estábamos peor.
La esmirriada capacidad de perforación en el país nos dice mucho del ritmo que ha impreso la empresa en la marcha hacia el pasado, vista por algunos ideólogos del Gobierno como el camino hacia el “vivir bien”.
YPFB surgió tras la guerra con Paraguay, en medio de grandes expectativas. Casi por la misma época, surgió Petróleos Mexicanos (PEMEX). No es correcto hacer comparaciones entre una y otra empresa, ubicadas en geografías y escalas de economía diferentes. Pero a lo largo de poco más de 70 años, PMEX ha tenido una docena y media de presidentes (directores generales se los llama allí). YPFB ha tenido mucho más (sólo en el último quinquenio ha tenido cinco), para llegar a una producción decreciente apenas superior al uno por ciento de su par mexicana.
Ese dato manifiesta el grado de inestabilidad institucional en Bolivia, uno de sus mayores problemas. El tema es mucho más amplio y requerirá de una ampliación en otra oportunidad.
Entretanto, la revelación final de los volúmenes de las reservas tiene cuando menos un mérito: Pone fin a un misterio celosamente guardado durante los últimos años y nos coloca ante nuestra realidad.
(*) Publicado en Los Tiempos, de Cochabamba, 15 de abril pasado.
Ahora mueren periodistas
Las principales organizaciones periodísticas de Bolivia denunciaron esta madrugada que fue un asesinato la muerte de David Niño de Guzmán, cuyo cadáver cubierto de golpes fue encontrado en una avenida de La Paz el jueves en la mañana, muchas horas después de su deceso. La muerte violenta del periodista Niño de Guzmán, un profesional destacado que trabajó en varios medios de comunicación, inclusive en el diario “Presencia” y, hasta esta semana, en Agencia de Noticias Fides, ha conmovido a todo el gremio y se ha extendido a una buena porción de la sociedad boliviana. La gente que escribe, quienes forman opinión, se ha sentido inmediatamente amenazada. Es un tema que golpea de frente a los profesionales de la comunicación, pero también a la sociedad boliviana en su conjunto, pues exhibe el grado de violencia por el que el país se está encaminando. Este crimen lleva a repetir a Heminguay: «No preguntes por quién doblan las campanas; tal vez doblan por tí».
Esta madrugada, circulaba el siguiente comunicado institucional:
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) expresan su más profundo pesar por el asesinato del colega David Niño de Guzmán Velasco muerto en circunstancias que las autoridades nacionales deben investigar de inmediato.
El periodista Niño de Guzmán, Jefe de redacción de la Agencia de Noticias Fides, fue encontrado sin vida en los alrededores de la avenida Zabaleta y posteriormente trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas con signos de violencia en todo su cuerpo lo que hace temer que fue víctima de un hecho que deberá ser esclarecido en los próximos días.
Las organizaciones de la prensa del país están de duelo por este terrible suceso que enluta a los periodistas bolivianos y que se constituye en uno más de los que afectan a la libertad de expresión y opinión en el país, pero que no pueden quedar en la impunidad porque la tranquilidad ciudadana se ve cada día afectada sin que los organismos responsables tomen cartas en el asunto para lograr que todos los bolivianos vivamos en paz.
A tiempo de destacar el profesionalismo y la dedicación del colega David Niño de Guzmán en los diferentes medios de comunicación donde trabajó expresamos nuestra profunda solidaridad con toda su familia y con los colegas de la Agencia de Noticias Fides, pidiendo a las autoridades que de una vez por todas se ocupen de lograr la seguridad ciudadana que todos los habitantes del país necesitamos.
Fin del capítulo
La Central Obrera Boliviana (COB) decidió este lunes aceptar un aumento del 12% para algunos sectores y dispuso la suspensión de las presiones callejeras que durante doce días mantuvieron acosado al gobierno del presidente Evo Morales. La decisión no tuvo aceptación unánime. Fue rechazada por los maestros de Santa Cruz y los trabajadores de la salud, a través de sus dirigentes nacionales, se manifestaron inconformes e iban a analizar este martes la decisión de la entidad matriz de los trabajadores. Maestros y trabajadores de salud son los sectores beneficiados con el aumento.
Los dirigentes de la COB dijeron que el acuerdo los dejaba con “sabor amargo” pues esperaban conseguir un 15% generalizado para todos los obreros. Los maestros cruceños, en desafío al acuerdo, decidieron iniciar a partir del martes (mañana) bloqueos callejeros y de carreteras. Nada garantizaba que en el futuro inmediato no hubiesen tentativas de «endulzar» ese sabor.
El conflicto, que marcó una quiebra en la alianza de obreros con el gobierno del presidente Morales, empezó a languidecer en la tarde, tras la aprobación del porcentaje ofrecido por las autoridades. En la tentativa policial de diluir los bloqueos de carreteras y calles en la mayoría de los centros urbanos, hubo enfrentamientos que causaron un número aún no precisado de heridos. Pero se calculaba en cuando menos una veintena el número de personas, entre bloqueadores, manifestantes y policías, que sufrieron daños físicos durante el conflicto.
El acuerdo fue labrado en 36 horas de negociaciones entre los dirigentes de la COB entre el sábado y el domingo. “Se basa en la realidad económica del estado”, dijo el Ministro de la Presidencia, Oscar Coca, cabeza del equipo negociador del gobierno que alcanzó el nuevo pacto.
Aún se desconocen los detalles y costos del acuerdo, que para el gobierno representa un alivio, ante la presión creciente de los sectores obreros. Para el sector laboral, el conflicto marcó una reaparición vigorosa de la COB, que estaba aletargada desde los años finales del siglo pasado. Sobre todo, marcó la presencia de la Federación Sindical de trabajadores Mineros (FSTMB), algunos de cuyos miembros movilizados hasta La La Paz, Oruro y otras urbes conmocionaron el ambiente público con dinamitazos, comunes en los gobiernos anteriores y una novedad bajo el gobierno del presidente Morales.
El conflicto se extiende al Beni
Por lo menos tres personas fueron heridas durante un enfrentamiento de trabajadores de la salud y maestros que bloquean la carretera entre Trinidad y Santa Cruz con transportistas a quienes la presión social ha detenido su recorrido en un lugar llamado Mituquije, informó la red de emisoras Erbol, que tomó la información de Radio Patujú. El choque de transportistas versus bloqueadores ocurrió en la mañana de este domingo.
Erbol agregó que la ruta continuaba bloqueada, a pesar del enfrentamiento. Los dos bandos habían acordado una tregua temporal para no ser perjudicados, pero la tregua fue rota. Se desconoce en qué circunstancias.
Entretanto, aún se desconocían el desarrollo y los resultados del encuentro que hoy debía tener lugar entre el gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana, enfrascados en una pugna que lleva más de una semana. Los obreros reclaman un aumento general del 15% sobre los salarios para todos los sectores, en tanto que el gobierno mantiene su oferta de solamente el 10%.
El conflicto ha marcado la ruptura entre el gobierno del presidente Evo Morales y los sectores laborales más combativos de Bolivia: mineros, maestros y fabriles. De los enfrentamientos del viernes entre la policía y maestros rurales sobre la carretera La Paz-Oruro resultó una docena de heridos entre policías y docentes. Hubo también agresiones de ambos bandos sobre periodistas que cubrían el suceso. La semana pasada, informes escuchados por la radio y la TV mencionaban marchas y bloqueos en San Borja y Guayaramerín, pero el de hoy es el primer enfrentamiento en ese departamento durante el conflicto en curso.
16 de abril
Las fuerzas de a UTARC ingresaron sigilosamente a las 03:00 de la madrugada y una vez posicionadas dentro de Hotel Las Américas, empezaron a subir las escaleras. A medida que se acercaban a las habitaciones del cuarto piso que previamente habían seleccionado, comenzaron los disparos. Las habitaciones de cinco hombres que se habían alojado unas horas antes en el hotel empezaron a recibir impactos de bala. Las fotografías que se publicaron esos días muestran a casi todo el grupo en paños menores. Mientras algunas balas empezaban a atravesar las paredes delgadas de las habitaciones, una explosión derribó una puerta. De inmediato habrían sobrevenido las descargas mortales que acabarían con las vidas de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
En el cadáver de Rózsa había siete impactos. Sobre Magyarosi hay todavía dudas sobre cómo y el momento en que murió. El abogado de la familia dijo desde Hungría que el cadaver tenía moretones en las muñecas. El corazón de Dwayer fue destrozado de un solo balazo, de acuerdo a la autopsia que realizaron forenses irlandeses en su tierra natal. Después empezarían a surgir, gota a gota, los nombres de algunos de los protagonistas del ataque, que el gobierno presentaba como un acto de legítima defensa de sus hombres que, supuestamente, habían sido atacados, incluso con bombas, al decir de las autoridades. Al quinteto se lo acusaba de ser la columna vertebral de un plan terrorista-separatista-magnicida.
Diariamente desfilaron sobre los ojos del país situaciones y escenas que confundían a la ciudadanía. Nombres jamás escuchados en esta ciudad, como el de la dragoneante Karen, Ignacio Villa Vargas, el cap. Andrade, a cargo del comando de asalto al hotel; Luis Clavijo, Carlos “El Chacal” y muchos otros.
Con el andar de los meses, la versión del gobierno fue ensombrecida por nuevos elementos que salían al paso y que presentaban diferentes ángulos de la historia. Fueron muchos los que pensaron que lo ocurrido fue una garrocha para saltar sobre Santa Cruz y sus principales dirigentes y personalidades connotadas de la región. Ex dirigentes cívicos, generales en retiro como Gary Prado Salmón y Lucio Añez ingresaron a la ensalada de nombres que supuestamente apoyaron un esquema que separaría a Santa Cruz de Bolivia.
Curiosamente, en estos días Santa Cruz es uno de los pocos lugares donde puede moverse con relativa libertad el Presidente Morales, ahora acosado por ex aliados a la cabeza de un movimiento que le reclama mejores salarios. Para sorpresa de quienes contradicen la versión oficial de lo ocurrido aquella madrugada, los policías que participaron en la operación en el Hotel Las Américas, fueron condecorados por el Ministro del Interior Sacha Llorenti en este 16 de abril.
La historia ha caminado sobre un sendero sinuoso, con marchas y contra-marchas. Ese trayecto continua todavía hoy. Dos años después del episodio, prevalecen las dudas sobre si, con la audiencia que se lleva a cabo en Cochabamba, todo el episodio ha ingresado a su último capítulo.
La argumentación elaborada por el fiscal Marcelo Soza ha sido puesta en entredicho reiteradamente desde Santa Cruz y ahora por el juez Sarmiento, que le ha devuelto la documentación acusatoria y le ha otorgado un plazo de cinco días para que vuelva a presentarla.
Muchas cosas han ocurrido en estos dos años y el desenlace final de la historia que estalló en el Hotel las Américas es aún un misterio cuyos entretelones aguardan un esclarecimiento.
Un traspie para el Ministerio Público
Tantas idas y venidas…
El juez Rolando Sarmiento, quien en Cochabamba preside la audiencia final del “caso terrorismo-separatismo”, entregó de vuelta al fiscal Marcelo Soza el expediente con el que acusa a 39 personas, la mayoría cruceñas, para que la documentación sea reelaborada y vuelta a presentar en un plazo de cinco días hábiles. El juez encontró fallas en la documentación y evidencias con las que el Ministerio Público representado por el fiscal Soza procuraba probar la tesis sobre un movimiento conspirativo con eje en Santa Cruz, cuya ejecución atribuye al boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, acribillado a balazos junto con otras dos personas en la madrugada del 16 de abril de 2009. La noticia la dio esta noche desde Cochabamba el noticiero de Radio Fides, en cuya transmisión se oyó la voz del juez que decía que se abría un paréntesis de cinco días hábiles, el plazo que tenía el fiscal Soza para presentar nueva documentación. El hecho, que obligaría al fiscal, al cabo de una gestión de más de 20 meses a presentar una acusación de mejor peso y calidad, es el primer grave traspié del Ministerio Público en la audiencia, pues sus pruebas no son suficientes para el juez que juzga el caso. Los abogados de la defensa deberían ahora explicar mejor para el público los alcances de la medida, que pone en jaque a toda la investigación, durante la cual Santa Cruz y gran parte de la región oriental boliviana han vivido en vilo. Si no hubiesen tantas heridas, persecuciones, dramas familiares, malos tratos, angustias y calumnias e injurias de por medio, sería como para tararear una cueca de Tarija, departamento que hoy cumplió aniversario: «Tantas ideas y venidas…» La pregunta es qué pasará si el fiscal Soza no logra presentar la documentación en el nivel que le pide el juez hasta la próxima semana.
Batallas campales en el altiplano
Entretanto, las protestas asumieron este viernes las características de un enfrentamiento entre la policía y las fuerzas sociales que reclaman un aumento general de salarios del 15% frente al 10% que ofrece el gobierno sólo para algunos sectores laborales. Los más graves se produjeron entre maestros rurales y policías de una localidad del camino entre La Paz y Oruro. La carretera que une a las dos ciudades amaneció con varios puntos bloequeados por maestros rurales. Como resultado de las refriegas para reabrir la ruta, había, según informes no oficiales, entre seis y ocho personas heridas.
Las imágenes reproducidas por la TV mostraban un campo de batalla en pleno altiplano, en la más grave manifestación de un conflicto que no da muestras de ceder. La prensa estuvo entre las víctimas de la violencia del viernes: las filmaciones de algunos reporteros fueron decomisadas por la policía.
Las movilizaciones y bloqueos que cerraron durante horas el tráfico entre La Paz y Oruro continuaban acosando a La Paz y otros centros urbanos y rurales. Había bloqueos inclusive en San Borja y Guayaramerín, de acuerdo a informes de la radio. A esos bloqueos se sumaban otros sobre la carretera entre Santa Cruz y Trinidad y Santa Cruz y Camiri. Manifestantes de los sectores en huelga también obstaculizaban el tráfico en Puerto Suárez y Yapacaní. Casi toda la geografía boliviana estuvo afectada durante gran parte de la jornada.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos exhortó a retomar el diálogo y encontrar una salida al reclamo laboral para pacificar al país, convulsionado como en los tiempos en que uno de los cabecillas de los bloqueadores era el actual presidente.
Se esperaba que la tregua del fin de semana apaciguase los ánimos y crease el ambiente necesario para volver a dialogar. Todo mundo parecía apuntar al gasolinazo del 25 de diciembre como el punto de origen de la ola de conflictos. La fecha marca el momento del desencanto de sectores que apoyaron al gobierno y la retoma de actitudes que parecían de un pasado que muchos creían que no iba a tener una nueva versión bajo el actual gobierno. Lo de este viernes fue un reencuentro con el pasado.
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Mientras tanto, en Santa Cruz 