Mes: noviembre 2012
Jornada de la vergüenza
La del miércoles 28 de noviembre ha sido sentida por muchos bolivianos como una jornada de la vergüenza ante las muestras inocultables de una justicia envilecida capaz de engendrar y acomodar a hombres como los que participaron en el calvario que ha vivido y continúa viviendo Jacobo Ostreicher. La jornada ha puesto ante todos nosotros escenas que sólo conocíamos de los relatos de las mazmorras de regímenes en los que la persona es sólo una prenda a ser ofrendada en aras de un principio, un partido o una ideología.
Un escalofrío recorre la columna al pensar que estos hombres han tenido en un puño el destino de muchas personas, entre las cuales Ostreicher sobresalió porque a) venía de Nueva York, b) era judío y c) era rico (en la escala boliviana). El FBI ha concluido, aseguró el inversionista, que él fue prácticamente secuestrado bajo una sospecha no sustentada de legitimación de ganancias ilegales.
El que mostraron las imágenes de TV es un hombre destruido físicamente, que pasó del paraíso economico a un infierno en el que, sin embargo, tiene plantada una fe inmensa: «Creo en Dios»‘, dijo, manos temblorosas por el Parkinson que lo acosa en a cárcel. Esas manos serán una imagen acusadora indeleble de este 2012.
Celebro que la mayoría de los medios bolivianos hubiese enfocado sus luces sobre este caso, algunos con una demora de más de un año, para mostrar el rostro inmundo de la corrupción. (Esta palabra se ha vuelto un eufemismo para omitir su significado vulgar: ladrón, asaltante).
No existe atenuante alguno en este caso, que resume una torcida viveza criolla con la frialdad abyecta de la codicia por los bienes ajenos y el desprecio por la dignidad de la persona humana, concepto desconocido por quienes piensan solamente en la manera de acumular riqueza sin esfuerzo y a costa del prójimo y del estado al que dicen servir. “Entre 10 y 15 personas se volvieron millonarias con mi arroz”, dijo en una de las entrevistas que ofreció el miércoles. Las entrevistas han sido la única garantía de hacer escuchar su verdad, embargada por jueces y fiscales pusilánimes ante la voz del poder del Ministerio de Gobierno. Veintisiete veces intentó argumentar su inocencia y recuperar la libertad, negada por el juez de turno que, según ha dicho Ostreicher, obedecía cabizbajo las instrucciones que recibía de los abogados del gobierno, ahora presos.
Ostreicher ha dicho que en Palmasola, la cárcel de Santa Cruz, el abogado (desde el martes ex abogado del Ministerio de Gobierno) Fernando Rivero ha destruido familias. En la Red Uno de TV dijo: “Si uno va a la Corte y Fernando Rivera dice que no, es no… Saben que está mintiendo; los jueces saben que está mintiendo. Yo nunca tuve (dije) nada malo con (contra) este país y (sin embargo) te destruyen y te roban todo y no te dejan hablar”. Con chaleco anti-balas y desde la clinica en la que está recluido, en el mismo programa dijo que hay muchos inocentes que no pueden llegar a los medios porque se los priva del acceso al público.
De todo este escándalo al que durante mucho tiempo el nombre de Bolivia será asociado, emerge una ironía cuyos alcances dañinos no podrán ser cuantificado de inmediato: El agro-inversionista vino confiado en la palabra del Presidente Morales quien en Suiza y en otras latitudes ha proclamado que su gobierno ofrece garantías a los inversionistas privados. (“El dijo en televisión que los inversionistas extranjeros pueden venir y que la inversión era segura; yo respeto las leyes de Bolivia; yo respeto a Evo Morales; di trabajo a muchas personas y fui destruido. Sus enemigos (del presidente) son los jueces y fiscales…”)
Una de las notas conmovedoras que más indignación provocó fue el episodio que contó sobre su esposa quien, solidaria con su marido, se vino a Santa Cruz para apoyarlo. Le llevaba comida a Palmasola, donde, bajo el inclemente sol tropical, esperaba pacientemente durante horas para ingresar al penal. Ostreicher dijo que cuando salió en su defensa pues un fiscal lo había acusado públicamente de negocios ilícitos y habló para la cadena internacional CNN, el fiscal Isabelino Gómez la acusó de interferir con la justicia. Corría el riesgo de ser llevada presa y tuvo que salir fugazmente de Bolivia.
Ostreicher tuvo la fortuna de ser visitado por Sean Penn hace algunas semanas, lo que confirió notoriedad a su caso. Ganador de dos premios Oscar, el actor fue designado por el Presidente Morales como embajador para causas justas, entre ellas la demanda boliviana de salida al mar. La visita a Ostreicher puede haber catapultado otro reconocimiento universal: la libertad de un ciudadano estadounidense preso en una mazmorra boliviana.
La oportunidad es calva
Los ojos de gran parte del país ahora están sobre el presidente Evo Morales. Tras empezar el desenrollar de la cadena de corrupción descubierta con el caso del agro-inversionista Jacob Ostreicher, han aparecido funcionarios del gobierno comprometidos con una voraz práctica de extorsión en las narices de cuando menos dos integrantes del equipo ministerial. Hay trece funcionarios en la lista de buscados. Seis ya están detenidos, uno de ellos el abogado del gobierno en el “caso terrorismo” que se arrastra impávidamente desde hace 43 meses. La oportunidad, dice el viejo refrán, la pintan calva. Quizá ahora el presidente tiene la ocasión de recuperar muchos de los puntos perdidos y ganarse otros si es capaz de realizar enérgicamente las cirugías requeridas para evitar que su gobierno sea contaminado por una imagen que ningún gobierno responsable toleraría.
La única manera de neutralizar las sospechas de corrupción alimentada desde el gobierno sería amputar a los funcionarios que en mayor menor grado aparecen vinculados al presente y a otros casos. El presidente tendrá que cortar en su propia carne y donde más le duela. Sólo así podrá ganarse una confianza sólida de la sociedad boliviana y recuperar la imagen cada vez más empañada que proyecta ante otras naciones.
En un congreso sobre corrupción que se desarrollaba en Brasilia, en momentos en que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva estaba acosado por denuncias de corrupción, que años más tarde derivarían en condenas de cárcel para algunos acusados, un delegado búlgaro me dijo: “Tiene que cortar en su propia pierna. Sangrará, pero la herida puede restañar. Eso le permitirá rescatar su imagen ante el público de su país”. Bulgaria estaba entonces acosada por la corrupción, como otros países que emergieron tras la caída del Muro de Berlín. Lula apartó a la gente del gobierno que parecía implicada y dejó que la justicia siguiera su curso. Consiguió ser reelecto para un segundo periodo, y aún así el panorama que tiene por delante no está del todo despejado.
Hay niveles del gobierno que aparecen vinculados al tormento judicial sufrido por Jacob Ostreicher, quien ha perdido una fortuna, está preso y gravemente enfermo, víctima de una justicia cuya credibilidad hace aguas por todos lados hace mucho tiempo. Si el presidente quiere salvar su imagen, debe proceder a “cortar en su propia pierna” y apartar de su gobierno a todos los que aparecen involucrados en este caso e ir hasta las cabezas. Pues si los funcionarios involucrados fueron capaces de actuar cínicamente para lucrar, es legítimo sospechar que contaban con el visto bueno de sus superiores. El clan de extorsionadores trabajó bajo las gestiones de cuatro ministros de gobierrno (incluso el actual y tres de sus antecesores inmediatos, entre ellos Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia en las Naciones Unidas) y del actual Ministro Secretario de la Presidencia.
El presidente se encuentra ante una “decisión de Sofía”: escoger entre salvar a su gobierno y su prestigio personal o dejar que los que tienen mando y eran activa o pasivamente responsables de lo que ocurría permanezcan y contaminen a toda su administración. Se trata de una decisión dolorosa, como toda amputación cuyo objetivo es evitar que la infección se propague por todo el organismo. Quizá sea una de las pocas ocasiones de separarse de los elementos infectados que pueden liquidarlo.
Caso terrorismo: Abogado del gobierno va preso
El abogado del gobierno en el llamado “caso terrorismo” Fernando Rivera Tardío fue esposado y traído preso a Santa Cruz por funcionarios de la policía durante el desarrollo de la sesión que desde el lunes se lleva a cabo en Tarija. El apresamiento, resultado de denuncias del inversionista estadounidense Jacobo Ostreicher preso desde hace año y medio en Santa Cruz, cayó como un rayo en la audiencia de Tarija. La sesión fue suspendida hasta el jueves, pues repentinamente del proceso desapareció el representante de la parte querellante. El juez del proceso otorgó un plazo de poco más de un día para que el Ministerio de Gobierno designe a un sustituto. Los acusados permanecerán el Tarija.
Tras salir de la perplejidad, los procesados que presenciaban la insólita escena “vivieron uno de los momentos más felices durante todo el proceso”, me dijo una persona relacionada con uno de los acusados presentes en Tarija. “Cantaron la ronda ‘arroz con leche’, aplaudieron la escena y le dijeron a la autoridad del gobierno: Te esperamos” (en la cárcel de San Pedro, en La Paz). Me aseguraron que el fiscal Marcelo Soza estuvo en la audiencia pero que no dijo una palabra.
Inesperadamente, todo el caso que ha tenido en vilo a cientos de cruceños desde hace tres años y siete meses se encuentra desprovisto de una cabeza acusatoria. Si esta cabeza va a la prisión acusada de extorsión en un caso que se arrastra desde hace año y medio y que surge como la que parece ser una de las peores llagas del sistema judicial boliviano, ¿qué se puede pensar de todo el proceso? ¿Del actual y de otros?
Más inquietante aún es cómo el supuesto caso terrorismo-separatismo se cruza con el que surge del arresto del ciudadano norteamericano. Unas 14.000 toneladas de arroz están desaparecidas de un total de 20.000 toneladas. El valor del producto desaparecido está calculado en unos 14 millones de dólares y sólo se sabe de $US 10.000, girados por el empleado de un ingenio arrocero sobre la cuenta particular de un funcionario del gobierno. ¿Dónde está el resto? El gobierno está atrás de trece personas, hasta ahora. Más de la mitad aparece como parte del gobierno (uno figura como ex funcionario del Ministerio de la Presidencia).
Una pregunta angustiosa está en la garganta de muchos bolivianos: ¿Son estas personas solamente la punta de un témpano? ¿Quiénes son la parte más gruesa y pesada del témpano? Pocas veces la pregunta de una persona de la audiencia del programa “No Mentirás” en PAT pareció tan pertinente: Si la corrupción llega a funcionarios tan próximos a ministros de estado, ¿cómo será en otros niveles?
La detención del abogado del gobierno ocurrió cuando la audiencia de Tarija había sido sacudida, el lunes, por una nueva intervención de “El Viejo”, el controvertido personaje que emergió en las noticias nacionales como el “testigo esencial” del fiscal Soza, quien luego ordenó su detención acusándolo de complicidad con toda la trama.
Ignacio Villa Vargas dijo que los interrogadores del gobierno trataron de forzar que declarase implicando al cardenal Julio Terrazas como financiador de los supuestos terroristas. “El Viejo” consiguió hablar extensamente durante la audiencia, pese a las protestas del fiscal Soza. Como ha sido casi un hábito, el personaje, ahora recluido en una silla de ruedas, acosado por la diabetes y problemas cardiovasculares, pidió que se le dejara hablar pues estaba seguro que no llegaría vivo al final del proceso. Y contó que no comía lo que le servían en el penal de “El Abra”, en Cochabamba, pues se había querido envenenarlo. Dijo que a poco de ser llevado a esa prisión dio la comida a dos perros, que murieron al día siguiente.
La ametralladora verbal de «El Viejo» disparó otras municiones. Dijo que la explosión en la residencia del Cardenal Primado fue ejecutada por el entonces agente gubernamental Luis Clavijo y la dragoneante policial Marlyn JudithVargas Villca («Karen»). La afirmación puede hacer que los dos funcionarios, junto al capitan Walter Andrade (el de la fotografía en la que aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores durante un churrasco en Santa Cruz), sean convocados para declarar en el proceso.
Para el miércoles y el jueves estaba prevista la intervención de Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, considerados dos pesos significativos en el grupo.
Este martes corría la versión de que las autoridades del gobierno preferirían cancelar el proceso oral pues parecería evidente que la parte acusadora no tiene fortaleza argumental para contrarrestar a la defensa, que tiene en jaque constante la teoría de que en Bolivia se intentó desatar un movimiento separatista, precedido de actos terroristas.
El juez Sixto Fernández anunció inicialmente un parentesis de 48 horas para que el gobierno designe al sustituto del representante preso, pero la defensa observó el plazo. Pudo haber influido en el ánimo de los jueces la sentencia bíblica a la que acudió el abogado Otto Ritter, del general Gary Prado Salmón, para que reconsideren el plazo: «con la misma vara que midieres serás medido después».
Nueva prueba en Venezuela
Una nueva norma dicta que los medios están prohibidos de informar sobre el tipo de cambio que rige en el mercado no oficial y los estudiantes reciben un cupo de dólares para algunas adquisiciones en el exterior (libros, por ejemplo) sólo si están inscritos en carreras que el gobierno considera estratégicas. Es como un relato dee «Oscuridad al mediodía», la novela clásica de Arthur Koestler. Los comerciantes presentan solicitudes de asignaciones y sólo cuando son aceptadas, después de un larguísimo trámite, reciben las divisas, al cabo de otro trámite no menos prolongado. El estado administra rigurosamente las divisas para todo. Quien requiera de dólares para alguna emergencia en el exterior (gastos médicos, digamos) no puede acceder a divisas con la celeridad que un tratamiento sugiere.
No es Cuba ni tampoco es algún país del Socialismo del Siglo XX (ya extinguido). Es Venezuela, el país sudamericano que recibe dólares a torrentes por sus exportaciones petroleras, pero que resultan insuficientes para cubrir todos los requerimientos de sus habitantes.
Una amiga me escribe contándome todos estos detalles. Me dice también que los ciudadanos que quieran (o necesiten) viajar, hacen una solicitud por internet, imprimen planillas y llenan formularios con especificaciones detalladas que hay que llevar al banco. Los documentos deben incluir el pasaje, por supuesto. “Te dan 500 dólares en efectivo y permiso para usar tu tarjeta de crédito con limitaciones de acuerdo al lugar a donde vas. Te autorizan no más de 3.000 dólares. Si tu tratamiento en el exterior te cuesta más, estás frito. Tus compras por internet no deben pasar de los US$ 400 anuales. Las remesas también están restringidas. Si tienes un hijo estudiando en el exterior, lo máximo de dólares que puedes comprar son $US 300 mensuales.”
Venezuela era el país con los anaqueles de los supermercados siempre llenos y, hasta hace sólo unos años, ostentaban una variedad que los ciudadanos de otros países envidiaban. Eso ya no existe, y se ignora cuánto tiempo permanecerá esta sequía que limita la oferta progresivamente, dice mi amiga.
Hace 30 años, cuando el país quebró y debió devaluar el entonces todopoderoso Bolívar, Venezuela debía $US 27.500 millones. En la última década, gracias a los precios del petróleo, los ingresos venezolanos en dólares han bordeado un billón (doce ceros) de dólares. La cuenta de ingresos sigue aumentando y, sin embargo, el país debe al extranjero más: unos US$ 34.000 millones (dos veces y media las reservas bolivianas de moneda extranjera en el Banco Central).
¿Qué pasó? Los propios venezolanos carecen de una respuesta convincente y cuantificada. Pero sí están convencidos que una parte del derroche que ha vivido su país se ha ido a otros, a título de promoción del socialismo del Siglo XXI que lidera el presidente Chávez.
Chávez ha llegado con más y mejor a los sectores desatendidos por los gobiernos del periodo democrático (1958-1999). Sólo eso explica el apoyo férreo que tiene entre los más pobres, que son -como en otras latitudes- su núcleo duro de votantes. (Mientras dure la jauja petrolera).
Las expectativas de un cambio de timón cayeron sobre la lona el 7 de octubre, cuando Chávez consiguió ser reelecto arrolladoramente, a pesar del número de votantes sin precedente que también consiguió su rival Henrique Capriles. En tres semanas más habrá una nueva elección: para gobernadores de los 23 estados. Menos espectaculares que las de hace mes y medio, en las elecciones del 16 de diciembre también se juega mucho, entre ellos la gobernación del Estado Miranda, para la que Capriles busca la reelección.
Regreso a Viena
Cuando el año pasado Bolivia denunció la convención de Viena y anunció que su retiro sería temporal pues buscaría retornar, el país ingresó a un limbo salir del cual no luce fácil como las autoridades creyeron. El presidente Morales jura que hay aceptación mundial al acullico como costumbre enraizada en la cultura ancestral boliviana. La comprobación suprema de la validez de su afirmación sólo ocurrirá en enero próximo, cuando se sepa si la despenalización del masticado de la hoja que busca Bolivia tiene el respaldo razonado de dos tercios de los firmantes de esa convención.
Será también el momento en que se conocerán los resultados de la campaña dirigida por el canciller David Choquehuanca para apoyar la posición boliviana. El retiro intentaba jaquear el rechazo de los países occidentales, especialmente en América del Norte (Estados Unidos) y Europa, a la masticación y asegurar una reivindicación para la diplomacia nacional. Una inclinación a favor de Bolivia representaría un cambio notable. Pero si ese rechazo es mantenido por más de un tercio de los signatarios de la convención, el gobierno boliviano estaría ante un desaire mayúsculo que no tendría cómo contrarrestar. El escenario sería de dificultades para Bolivia, dijo en una entrevista con El Diario el representante de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, César Guedes, hace unos días. Esas dificultades (¿?) resultarían cuando menos embarazosas.
Aunque no parezca que guarde una relación directa, la demora boliviana en divulgar un informe sobre el uso doméstico de la hoja de coca es una barrera que conspira contra el propósito del gobierno de volver a la convención bajo una aceptación universal de que el acullico es parte de la cultura de los pueblos andinos y que no es penalizable. Ahora no es a Bolivia, dice el gobierno, a quien le corresponde divulgar el informe, sino a la representación de las Naciones Unidas.
La cuestión no está clara, pues el estudio –a menos que se trate de una investigación diferente- fue llevado a cabo con un financiamiento de la Unión Europea (un millón de euros) y en octubre del año pasado su entrega ya llevaba año y medio de retraso. El grupo de naciones europeas estaba impaciente ya hace un año y se desconoce si ha emitido algún comentario respecto a la aseveración de que corresponde a Naciones Unidas revelar el contenido del documento. Uno pagaría por saberlo. Entre otras novedades, el estudio debe mostrar a cuánto efectivamente asciende el consumo doméstico de hoja de coca y cuántas hectáreas representa ese consumo. La cifra permitirá apreciar cuánto de la coca producida en el país (en el Chapare principalmente) va hacia la cocaína. El informe presentado en septiembre por la representación de Naciones Unidas mostró una disminución del 12% en los cultivos, de más o menos 31.000 hectáreas en 2010 a 27.200 en 2011. Ese informe ha alimentado el sistema publicitario del gobierno durante semanas.
Las informaciones oficiales sobre disminución de cultivos han sido recurrentes, pero ninguna oficina ha ofrecido una cuantificación de saldos. Pues si sumáramos las cifras de estos años sería muy poco lo que quedaría para erradicar y hasta se habría llegado al nivel de coca cero. A menos que las áreas erradicadas sean substituidas por otras, con lo que el esfuerzo resultaría casi inútil. Como creer que el pulpo desaparecerá con sólo cortarle los tentáculos, que vuelven a crecer después de habérselos comido él mismo. De hecho, otros informes aseguran que la producción de la droga en Bolivia ha aumentado.
Está en curso una carrera contra el tiempo y enero, por lo visto, será un mes de impactos para la diplomacia boliviana.
Cuidado con el Arancel Externo Común
Un momento. No hay que saltar de alegría al conjuro de la invitación que le han hecho a Bolivia los miembros plenos de Mercosur. Paraguay no está entre quienes nos invitan, pues ha sido marginado y entretanto ha ingresado Venezuela. La miopía causada por el interés meramente político puede hacer que Bolivia se precipite con una decisión que en poco tiempo lamentaría.
¿Saben ustedes cuánto costaría en Brasil cualquiera de los automóviles último modelo que circulan por las avenidas nacionales? Calcule entre un 40% y 100% más y no se equivocará. O ¿cuánto costaría esa pelota de fútbol hecha en la China que desea regalar a su hijo en esta Navidad? ¿O el par de tenis Nike? Con el ingreso boliviano al Mercosur posiblemente le cueste también el doble, o bastante más de lo que pensó que pagaría.
Si piensa comprarse una computadora, una laptop o una tableta electrónica, su valor sería considerablemente mayor. ¿Celulares? Lo mismo.
El Mercosur es el bloque de integración más proteccionista. Ingrese a la página del bloque y busque el capítulo de aranceles. Vea los aranceles para automóviles y partes; verá que el impuesto básico es del 35%. Súmele otros impuestos y el valor del vehículo subirá de manera asombrosa. ¿Por qué cree que por las carreteras argentinas o brasileñas circulan tan pocos vehículos no nacionales (europeos, asiáticos o norteamericanos)? Porque la protección a la industria nacional los vuelve prohibitivos.
Está bien proteger a una industria nacional. Como principio es indiscutible. La empresa nacional ofrece trabajo, genera más empleo, dinamiza la economía. Pero la protección tiene un límite. No se puede castigar indefinidamente al consumidor con la incapacidad de las industrias de entregar manufacturas de calidad competitiva. Saben por qué Fernando Collor de Mello fue hasta su destitución el presidente más resistido de Brasil por los industriales? Le dijo a la industria automovilística que en Brasil de sus plantas salían carretones. Y sin más recortó drásticamente los impuestos de importación. Fue una decisión sin retorno. Desde entonces, los vehículos brasileños empezaron a mejorar, gracias a la competencia. Aún así, gozan de un amplio margen de protección. Al igual que en Argentina, comprar un automóvil ensamblado fuera de las fronteras nacionales (o de Mercosur), es algo para gente de mucho poder adquisitivo.
¿Comprarlos usados, de Japón o Estados Unidos? Ni hablar. Allí no hay “chutos” ni Challapatas. La compra-venta se realiza en el marco normal de vehículos comprados o importados legalmente.
Por supuesto, tampoco hay mercado libre de electrónicos como el del “miamicito” en La Paz o “El Chiriguano” en Santa Cruz. ¿Ropa usada? Peor.
Si se quiere acabar con el contrabando, ingresar al Mercosur representaría una solución… devastadoramente pírrica. Como echar abajo la casa para abrir una ventana.
¿Salir del Mercado Andino para entrar a Mercosur porque el Mercosur negocia en bloque con otros bloques comerciales? Por favor, quisiera ver argumentos serios. Y, también por favor, miren el cuadro que aparece en la edición de hoy de El Deber: Si se quitan las exportaciones de gas, el comercio entre Bolivia y Brasil y Argentina se vuelve abrumadoramente deficitario: casi 1.800 millones de dólares en un año. Eso dice mucho de la estructura del comercio exterior boliviano, en el que dominan el gas (de lejos a la cabeza) y los minerales.
El cuadro podría cambiar, siempre que la producción boliviana de azúcar crezca verticalmente, al igual que la de soya y quinua, y las confecciones de ropa avancen en escala. Eso luce remoto,en momentos en que la agroindustria boliviana está limitada por decisiones que le impiden crecer.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) cuenta, seguramente, con informaciones de mucho peso como para que las autoridades del gobierno piensen con más serenidad antes de tomar decisiones de las que pronto podrían arrepentirse.
P.S. Un amigo en Asunción me sugirió leer el editorial de hoy del diario El País, de Montevideo. Tras leerlo, tuve la sensación de que Bolivia va hacia donde otros ya fueron y están de vuelta. Mercosur atraviesa una crisis existencial. A las periódicas desaveniencias argentino-brasileñas por aranceles, se suman ahora los elementos políticos que derivaron en el ingreso de Venezuela aprovechando la expulsión paraguaya del grupo, por razones insuficientemente validadas.
¿El censo peor organizado?
Lo que escucho y veo por TV me hace temer por la calidad que puede emerger de este censo. A estar con el analista Carlos Cordero, este ha sido quizá el censo peor organizado de la historia boliviana. El reclamo constante escuchado era: “Faltaron las boletas censales”. Hasta cerca de la medianoche, había barrios a los que las brigadas del censo no habían llegado. En Santa Cruz eran notables los reclamos desde barrios de la periferia a los que no habían llegado las brigadas. Las imágenes de policías borrando boletas (¿corrigiendo?) que mostróPAT no daban ninguna tranquilidad. En Santa Cruz, faltaban las boletas pese a haber recibido más de 700.000 boletas. Cada una permite censar hasta a ocho personas. Mi experiencia personal: los brigadistas que me censaron ofrecían la impresión de un notable empeño por cumplir con su misión. No les habían dado todo el material de apoyo: ni bonetes ni poleras identificadoras. Escuché que hubo brigadas a las que no se les habian ofreció ni un refrigerio.
No querría caer en la tentación de extrapolar las limitaciones de este censo. Pero este experimento social también refleja las limitaciones que se manifiestan en muchas áreas de la acción gubernamental.
La población cumplió disciplinadamente y aguardó a las brigadas todo el día. Y al llegar a la media noche había muchos que aún esperaban que llegasen los encargados de censarlos. Recursos monetarios no faltaron. Si algo falló, por lo menos en algunos distritos de Santa Cruz, fue la organización. Hay que esperar que el trabajo censal en las áreas rurales haya sido más cuidadoso. Allí la tarea censal se prolongará por dos días más. Pero si la referencia es el curso del censo en las áreas urbanas, no serán pocas las quejas que escucharemos.
Un censo temido
¿Por qué hay tantos temores causados por el censo de este miércoles, a raíz del cual hay decenas de heridos y tiene a muchas comunidades con el hacha de guerra levantada? Retratar nuestra realidad a través de los datos del censo debería alegrarnos. Es una prueba de civismo, como sociedad, saber nuestras fallas y fortalezas, puntos flacos fuertes. A 48 horas del empadronamiento, se puede decir que el país vive bajo una ola de conflictos a causa de distorsiones que se supone que acarreará la recaudación de datos.
Creo que no hay nadie satisfecho con la explicación del gobierno de que la categoría de “mestizo” carga connotaciones racistas. Si se aplica la definición ortodoxa de mestizos, todos, absolutamente todos, incluidos los diseñadores del censo, son mestizos. Todos llevamos mezclas de sangre como una combinación esencial de la trayectoria de la raza humana. Pero el gobierno ha insistido en que hay que identificarse con alguna de las 36 denominaciones étnicas (algunas con una población de apenas pocas decenas o excluirse, de manera que la mayoría resultante sea aymara o quechua, pues los que se identifiquen como mestizos no serán cuantificados). Es pesada la sospecha de que está en marcha un “pluricidio”.
Una prueba de la insuficiencia de la preparación para este censo son los conflictos que nublan el horizonte de esta consulta. En un gesto de impotencia, en una versión benigna, el Ministro de Gobierno ha dicho que los municipios que se opongan al empadronamiento, no serán incluidos en el trabajo de este miércoles. El gobierno ha alzado las manos y amenaza con amputar de la fotografía en preparación a las decenas de municipios disconformes con la cartografía para el censo. El jueves hubo en Colomi entre 60 y 80 heridos, gran parte policías, cuando la población de ese municipio cochabambino arremetió contra la tropa que procuraba desbloquear la carretera más importante del país, la de Cochabamba a Santa Cruz. Ante el peligro de un estallido de violencia en Ivirgazama, en pleno Chapare, la región cocalera por excelencia, las autoridades decidieron esperar que entre los bloqueadores del lugar, por la misma ruta que va a Santa Cruz, prevalezca la cordura y suspendan toda medida hostil hacia el empadronamiento.
Creo que los medios están en deuda con la ciudadanía. Deben explicar didácticamente qué lleva a los municipios, especialmente a los del trópico cochabambino, a oponerse al censo. Si se trata de una región de adeptos al presidente Morales, cabeza de los cocaleros bolivianos, sus habitantes deberían estar de acuerdo con el empadronamiento y apoyarlo. Qué razones motivan la actitud rebelde de esos lugares, más allá de incorporar o excluir algunas localidades de determinada jurisdicción, aún es un misterio por aclarar.
En algunos departamentos hay temores de que el censo confirme que sufren de un desangre demográfico:su poblaci[on se reduce, en vez de aumentar, a causa de lasmigraciones hacia zonas de prosperidad. En La Paz hay temores de que las cifras del empadronamiento muestren a la ciudad y al departamento desplazados demográficamete por Santa Cruz. Hay mucho en juego, desde escaños legislativos hasta impuestos y regalías.
Sin haberlo anticipado, el camino hacia el censo se ha vuelto un camino resbaloso en el que prevalecen las sospechas de un juego sucio escondido más que la alegría de llegar a la foto en la que debería participar toda la familia.
El censo y el lápiz
Estamos a una semana del censo y he visto circular profusamente en la red una inquietud y una sospecha sobre el llenado de la boleta del censo con LÁPIZ. He escuchado decir que hacerlo con lápiz es invitar a la modificación de los datos para manipular los resultados. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aseguran que el censo es un trabajo estrictamente profesional y que es una locura pensar que se pueden modificar los datos de más de tres millones de boletas censales. Las boletas deben ser procesadas por scanners para su tabulación, dijeron esta noche por TV, y la lectura electrónica de esas boletas sólo es posible si las respuestas a las preguntas están llenadas con lápiz, NO CON LAPICERAS O TINTA.
La afirmación de que es una locura pensar que se pueden modificar los datos de millones de boletas no se sustenta. Bastaría, en algunos casos, que se modifiquen los datos de algunos cientos miles para modificar la fotografía censal, según el universo de población sobre el que se actúa. Si en un barrio de 200 familias, se introducen modificaciones en veinte boletas, se habrá alterado toda la fotografía de ese lugar. Pero éste sería un trabajo monumental y detectable en algún momento, lo que causaría al país un daño muy grande.
Más sólido parece el segundo punto: tinta de lapiceras o tinta húmeda son incompatibles con los scanners. Pregunto si el argumento tiene base. Desde una esquina independiente, ¿alguien tiene una respuesta técnicamente confiable?
Una persona que efectivamente conoce de este tipo de trabajo y a quien considero absolutamente confiable, me dice: LA TINTA NO REFLEJA LA MARCA que señala las respuestas. En cambio, el LÁPIZ SÍ LA REFLEJA. Quienes hablaron anoche en la TV no dijeron algo básico: El reflejo es fundamental para los scanners que leen los datos. Adicionalmente, leo en la red que prácticamente todas las escuelas y universidades de Estados Unidos utilizan lápices, No. 2, para las pruebas, por la misma razón. Las marcas son más fáciles de identificar y de registrar en sistemas computarizados.
Hay, pues, que confiar en la palabra de las autoridades. Ellas aseguran que realizarán un trabajo serio y profesional.
La cuestión de la tinta parece trivial frente al largo debate que ha prevalecido en torno a las intenciones del censo de excluir la opción de MESTIZO de la identificación de las personas con alguno de los 36 grupos étnicos que se asegura que hay en Bolivia. Muchos llegarán al 21 de noviembre nada convencidos de la afirmación de as autoridades: la opción «mestizo» no es válida porque no existe esa categoría, y con las aprehensiones emergentes de la sospecha de que se quiere forzar la noción de que Bolivia no es una nación con mayoría de mestizos sino de una mayoría de indígenas o de personas identificadas con determinadas etnias indígenas.
No es la forma más adecuada de llegar a un momento tan importante para un país.
Entrada actualizada este 14/11 para incorporar explicación sobre el uso del lápiz.
Quiebra de brazo
Este martes una “quiebra de brazo” entre el gobierno y los gremialistas-transportistas en Santa Cruz opuestos a una ley de facultará al estado a confiscar bienes de personas vinculadas con narcotráfico, contrabando y sospechosas de haberse enriquecido robando al estado. Los “paristas”, que consiguieron paralizar gran parte de la jornada y obligaron a la policía a utilizar centenas de cartuchos de gas lacrimógeno en puntos de bloqueo en Santa Cruz, exigen que el gobierno no solamente desista de promover esa ley. Quieren arrancarla de raíz y hacerla desaparecer. Sostienen que para combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción ya existe una ley anticorrupción específica y la llamada “Ley 1008”, promulgada durante el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Además de anular casi por completo el sistema de transporte, los «paristas» consiguieron el cierre también de gran parte de los mercados.
Los participantes fueron miles y exhibieron fuerza al lograr que muy pocos vehículos de transporte público prestaran servicios. El concejal “masista” José Quiroz fue de los poquísimos que se atrevió a desobedecer la orden de los transportistas e hizo su recorrido regular sin cobrar sobreprecio. La policía y organismos gubernamentales pusieron a disposición del público decenas de movilidades, incapaces de cubrir la demanda pero suficientes para restar al paro un carácter absoluto.
El gobierno, en una decisión poco usual en estos años, envió su controvertido proyecto de ley (incluso la presidenta de la Cámara de Diputados lo consideró incompleto e inconsulto), al Tribunal Constitucional para que determine su constitucionalidad. En Sucre, donde tiene sede, miles de “gremialistas”, como se llama a los vendedores ambulantes en Bolivia (buhoneros, en Venezuela; camelos, en Brasil), hicieron vigilia a las puertas de ese tribunal reclamando que declare muerto al proyecto.
El paro, al que pueden seguir otros en otros departamentos, ha sido una prueba de fuerza del gobierno ante uno de los sectores de apoyo más importantes. El movimiento no fue completo, pero sirvió para mostrar al gobierno que los ambulantes conservan su independencia cuando se trata de defender sus intereses. Temen que con la ley sus bienes, incluso viviendas o vehículos, sean confiscadas a la menor denuncia y acaben, como se ha visto frecuentemente a lo largo de los años, beneficiando a particulares al servicio del partido oficial. No fueron pocos los que, al hablar a los canales de TV, manifestaron su descontento con el presidente y sus autoridades, subrayando la importancia del sector en las votaciones que ha obtenido el mandatario en elecciones y plebiscitos desde 2005.
Los “gremialistas” son considerados como una ventana de salida para productos de contrabando.
Si el TC declara ilegal el proyecto, será un alivio para las autoridades. Si lo declara legítimo, un incendio de magnitud prenderá a la vuelta de la esquina. Hubo tres heridos,cuando menos en la batahola en la zona norte, carretera al aeropuerto principal, de Santa Cruz. En la tarde, había unas dos docenas de detenidos que serían juzgados por alteración del orden público.
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Mientras tanto, en Santa Cruz 