Sembradíos

El informe que no llega

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Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio  sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de  Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.

El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”.  Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia.  En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.

Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación.  Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.

El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido.  En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace  gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.

Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional.  La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.

Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.

Coca: No tan rápido

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La decisión de una amplia mayoría de países de no objetar la reincorporación de Bolivia a la Convención de Viena y concordar con sus objeciones a la penalización de la hoja de coca para consumo regular de su población, ha sido seguida por una cascada de anuncios optimistas sobre supuestas oportunidades comerciales.

Convengamos que el país recibió sólo un apoyo no manifiesto de las naciones que, sin necesidad de pronunciarse pues así lo autorizan las reglas, respaldaron la causa oficial boliviana. Pero los que se pronunciaron abiertamente en contra son quince países que detentan más de la mitad de todo el producto interno bruto del mundo y cuatro quintos del poderío militar planetario.

Se trata de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal, Israel, Irlanda, México y Japón. Estas naciones discordaron con que al masticado se le levante el estigma de ilegalidad que tiene en gran parte del mundo. Un documento de reconocida solvencia que circula en la red concluye que los países de la convención (184) le han dicho al nuestro: OK, mastiquen cuanto quieran, pero en su propio país. Los quince manifiestamente opuestos han sido categóricos: Aunque puedan masticar libremente en su país, para nosotros se trata de un delito pues la coca es un estupefaciente. Que eso no sea punible en Bolivia, es problema de los bolivianos.

En el fondo, nada diferente de lo que ya existía.Fuera de Bolivia y un par de naciones vecinas, la masticación de la hoja está prohibida.

El que los opositores hubiesen estado lejos del número de 62 requerido para vetar a Bolivia debe ser visto sin triunfalismos. Excepto España, toda Europa se ha opuesto. Como es poco probable que podamos exportar coca a Nepal o Cabo Verde, es ante los países que han dicho explícitamente no que el gobierno tendrá que realizar gestiones para exportar hoja de coca o derivados que no sean cocaína. Son esos países los que tienen capacidad de comprar y aquellos cuyas conductas suelen dictar pautas mundiales de consumo. Es decir, las agregadurías comerciales de las legaciones diplomáticas, además de convidar mate de coca a sus visitantes, tendrían que conseguir que la hoja aparezca en el menú de importaciones de todo el mundo y que al cenar en un restaurant en los Alpes sea posible ordenar la infusión sin que el cliente sea visto como un lunático o un delincuente en potencia. Está claro que nadie podrá ir a un parque en Alemania, abrir la bolsita de hojas y empezar a acullicar. (Sería el caso de agregar, prudentemente, “por ahora”.)

Vender la idea de que la hoja es benigna sin que haya dudas es cuesta arriba. Verticalmente. Es difícil creer que los países del no dejarán de considerarla materia prima para las drogas. Sólo la campaña publicitaria en esos países sería monumental, si es que alguna vez fuese aceptada. Para tener una idea de costos, el presupuesto publicitario de Coca Cola fue de 2.900 millones de dólares sólo en 2010, mayor que el de Microsoft y de Apple juntos, y un quinto de todas las reservas monetarias bolivianas acumuladas hasta ahora. Soñar es gratis pero, por favor, calma.

Estamos de acuerdo en que Bolivia obtuvo una vitoria diplomática y que su perfil internacional creció. Pero el éxito logrado también trae obligaciones.

Hablar de oportunidades comerciales implica considerar un aumento de la producción o de aumentar las áreas de cultivo. Funcionarios de las Naciones Unidas ya advirtieron: La decisión de los signatarios de la Convención de Viena no representa luz verde para extender los sembradíos. Al contrario, han dicho, debe marcar un compromiso para disminuirlos efectivamente, de una manera cuantificable. Año tras año, las autoridades anuncian la erradicación de un número de hectáreas, pero el total sembrado se mantiene prácticamente igual. Otro punto importante subrayado por César Guedes, el representante de la organización mundial en Bolivia: el gobierno debe apresurarse en divulgar los resultados del estudio patrocinado por la Comunidad Europea que debe decir cuántas hectáreas son necesarias para cubrir las necesidades de masticado en el país.

Los buenos acullicadores aseguran saber cuál es la coca masticable y afirman que la del Chapare carece del sabor y cualidades de la de Yungas. El informe dirá cuánto de la coca de las dos regiones es efectivamente masticada en el país y cuánta coca de ambas va a la producción de drogas. Se trata de un dato fundamental que urge conocer. Pero en una demora que sólo ha alentado sospechas y especulaciones, la presentación del estudio lleva un retraso de más de dos años.