Mes: octubre 2013
Desafíos de la coca
Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo, toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser substituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o reencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable.
El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años que llevó a una alianza con Estados Unidos para evitar que el estado sucumbiera al poder de los carteles.
Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales. A la hora de la verdad, el gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que sumarían las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo a otros informes, y casi el doble, de acuerdo a datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína. El gobierno está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse sin remedio el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.
El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo, donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser sólo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.
Escrito en la pared
Actualización: Substituyo meses por SEMANAS, en penúltimo párrafo. (*)
La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país. Con 76 juicios esparcidos en siete de nueve departamentos a lo largo de todo el gobierno actual, este desenlace es una tragedia que exhibe el rostro maligno de la justicia en Bolivia. El final de este ingeniero, de carrera exitosa de tres décadas en el Banco Mundial, del que fue uno de sus funcionarios más prestigiados pero que había dejado “muchas dudas, muchas preocupaciones” en el presidente Morales antes de despedirlo, era un mensaje escrito en la pared.
La precariedad de su salud era una guillotina pronta a caerle al cuello que nadie podía ignorar, desde las autoridades del gobierno hasta los forenses, desde los jueces y fiscales hasta la propia administración de carreteras. Todo el capítulo es un mensaje cuyas implicaciones deberían leer también los magistrados empeñados en traer de vuelta a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su magnitud, es improbable que lo ocurrido pase desapercibido para quienes en Estados Unidos examinan el caso del ex mandatario y lo contrastan con la forma de justicia que impera en el país.
En la Bolivia de este tiempo, el episodio no es excepcional. A principios de año, todos los involucrados en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) tuvieron que hacer maletas y de Tarija trasladarse a Santa Cruz, pues uno de los acusados de participar en ese múltiple complot empezó a sangrar por la nariz y tuvo un infarto durante una pausa en la sala de sesiones. Ronald Castedo ingresó a terapia intensiva tras ser traído desde Tarija y permaneció hospitalizado durante dos semanas. Su organismo logró reponerse relativamente sólo para volver a las sesiones del mismo juicio, pero en Santa Cruz, pues era evidente que su corazón no aguantaría los 1.950 metros de altitud de Tarija, menos aún los 2.570 de Cochabamba, donde había sentido malestares.
No pasaron tres meses antes de que volviera a la misma sala. En mayo, las debilidades de su corazón, que bombea a un cuarto de capacidad, lo llevaron de nuevo a la Clínica Foianini, donde le colocaron un dispositivo adicional en una de las arterias para ayudarla a permanecer abierta y sin obstruir la circulación sanguínea. Fue el quinto insertado en sus canales sanguíneos, me dijo, en una cuenta que empezó en 2005 (dos, con un bypass) y seis años después otros dos.
De típico buen humor, hace pocos días, al celebrar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz un nuevo cumpleaños (56, “el mismo día de Fidel”) con sus compañeros de proceso, tenía dificultades al caminar en la sala o para ir al baño, un piso más abajo. Al comenzar octubre lucía físicamente diferente respecto a un par de meses antes. Sus camisas y pantalones parecían tres números más grandes que los que vestía a principios de año. “En semanas he aumentado más de 12 kilos…y esto sigue”, me dijo bajando los brazos y abriendo las manos. Los médicos le han diagnosticado un edema cardiovascular. Su organismo retiene sal y líquidos en proporciones anormales. El manual médico simple explica la enfermedad y la gravedad progresiva que experimenta cuando el paciente es sujeto a un stress superior al que se tendría bajo una vida normal.
Castedo tampoco es una excepción en el caso, que se arrastra desde hace cuatro años y seis meses que le confieren una longevidad nada común en la jurisprudencia mundial. Expresa la regla de un sistema que en las audiencias de Tarija fue proclamado como “patria o muerte” por un fiscal, al responder a las protestas de los acusados por el estado de Castedo y el respeto al derecho a la vida que debe proteger a todas las personas. El fiscal sostuvo que, bajo el gobierno que rige Bolivia, el derecho a la vida es un valor inferior al de la patria.
En el proceso, un militar fue apartado hace tiempo porque su memoria no le responde y sus compañeros en el caso dicen que con frecuencia no logra coordinar ideas. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, testigo clave convertido en acusado clave, sufre frecuentes malestares, agravados por una diabetes mal controlada que a veces le registra 300 en los medidores digitales de glucosa. Los médicos internistas saben que la oscilación normal de glucosa es 70-110. Villa Vargas tiene las piernas hinchadas y debe desplazarse en silla de ruedas.
Alcides Mendoza, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, ha tenido problemas de presión y taquicardia que han obligado al tribunal a suspender las sesiones un par de veces. Juan Carlos Guedes, el mecánico que dijo que había vendido una pistola mugrienta y sin cacerinas a Euardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la comandancia del grupo que se proponía derrotar al ejército boliviano, estuvo aquejado por una laringitis aguda y denunció que no se le permitía una atención médica adecuada.
Entre los acusados está el general retirado Gary Prado Salmón, también en silla de ruedas pues tiene paralizada la mitad del cuerpo. No puede permanecer más de tres horas sentado y durante las audiencias debe recibir terapia asistido por su esposa y su hijo.
El espectáculo es extraño para un grupo que supuestamente trabajaba en un plan para someter al ejército y fundar una nueva nación sudamericana.
“La ley protege la vida”, dijo Herman Fries, uno de los defensores de Castedo durante una sesión hace tres semanas, en la que no consiguió que los jurados admitan que la salud de su defendido estaba amenazada. “La ley protege la vida” reiteró exasperado, “pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí mismo”.
La especialista del Instituto de Investigaciones Forenses había dictaminado que la condición de Castedo era crónica y no ameritaba declararlo incapacitado. Junto a otros dos colegas, la forense también examinó a Makovic y dio luz verde para que viajase a La Paz. Jueces y fiscales acuden a ese instituto para que evalúe la salud de los acusados. La tendencia de los informes forenses va generalmente de la mano de la de los fiscales. Tras examinar a Castedo, la forense Sheila Cádiz Gutiérrez decidió que estaba apto para continuar en el proceso. Uno de los fiscales se había apoyado en el informe de la forense para sostener que la condición crónica de Castedo determinaba que podía morir en cualquier momento, en la calle o en el patio de su casa, pero que eso no justificaba excluirlo del proceso.
Con ese razonamiento, habrá que rogar para que la tragedia que ha ocurrido no se vuelva recurrente.
(*) Este artículo figura en la más reciente edición de Nueva Crónica y Buen Gobierno, del INstituto Prisma (Nueva Crónica Nº 133.pdf).
Efecto Bakovic en el Juicio del Siglo
Actualización: Agrega la suspensión de la sesión.
La muerte de José María Bakovic, el destacado ingeniero que presidió el Servicio Nacional de Caminos hasta la llegada del gobierno del presidente Morales, tocó este martes fibras sensibles en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo). Hay casos que ofrecen una peligrosa similitud con el del ingeniero Bakovic, quien murió hace pocos días de un infarto tras ser obligado por forenses de Sucre y fiscales a viajar a La Paz cuando sus condiciones de salud desaconsejaban hacerlo.
El abogado José Hoffman habló de su defendido, Ronald Castedo, quien en enero sufrió un infarto durante una de las sesiones que se realizaban en Tarija y obligó a trasladar el juicio a Santa Cruz. En mayo fue sometido a una cirugía y le practicaron un bypass (injerto de un segmento de vena propia para desviar la circulación de conductos obstruídos). Aquel traslado era resistido por el entonces fiscal Marcelo Soza y por los fiscales del Ministerio de Gobierno.
El juez Sixto Fernández dijo que el tribunal que preside era respetuoso del derecho a la vida de los acusados y que por ese respeto se había dispuesto el traslado del juicio a Santa Cruz. Enseguida, otros de los 39 acusados en el juicio expusieron sus condiciones de salud como advertencia de que la vida de ellos también estaba en riesgo.
La sesión continuó con la declaración de Ignacio Villa Vargas, quien fue testigo principal del ex fiscal Soza, luego convertido en acusado base de la tesis del gobierno. Villa Vargas, más conocido como «El Viejo», dijo que desde su arresto poco después del asalto policial al Hotel Las Américas (16-04-2009) hubo intención de matarlo.(«Este gobiernno no respeta la vida. Quiere exterminarla».) Hoy reclamó también porque, dijo, uno de sus hijos había sido asaltado el viernes tras visitarlo en el penal de Palmasola.
La muerte del respetado ingeniero cochabambino, sobre quien el gobierno lanzó un alud de decenas de procesos, tuvo las primeras repercusiones en el mayor juicio de la historia boliviana en lo que va del siglo. Jueces, abogados y acusados cruzaron los dedos para que ese trágico episodio no se repita.
La sesión del día fue suspendida hasta la jornada siguiente porque «El Viejo» alegó cansancio y fatiga. La acusación aceptó sin reparos el aplazamiento (a la jornada le restaba todavía una hora antes del término reglamentario) pues el declarante debía estar «tranquilo y relajado».
Bolivia y Chile: El tiempo de La Haya
– II –
En una reunión en Santiago con líderes de izquierda en el Instituto Chile 21, Gabriel Gaspar, uno de sus dirigentes y potencial personaje de las relaciones exteriores del probable nuevo gobierno de Michelle Bachelet, reiteró una premisa que había expresado en Santa Cruz durante un seminario hace pocos meses: Si llegare a restablecerse el diálogo bilateral, el rector de ese diálogo no serán las similitudes ideológicas que pudieran darse entre Bolivia y Chile.
“Por la vía ideológica no lo resolveremos”, repitió. “El problema es político, no es jurídico… (haber ido a La Haya) no es conducente (no contribuye a una solución) pero es comprensible”.
Una opinión marcada entre las personas con las que conversamos fue que antes de llegar a un reencauzamiento del diálogo bilateral, debería disiparse la desconfianza que resurgió tras la decisión boliviana de ir a La Haya. Algunos dirigentes recordaban que hasta la noche anterior al anuncio boliviano de llevar la gestión a La Haya el presidente Morales, en entrevista que le hacían periodistas chilenos, dejaba la impresión que el diálogo estaba bien encaminado.
Corresponderá a investigadores precisar qué pasó, pero la curva del empeoramiento de la relación bilateral tuvo registros agudos a lo largo del año pasado y de este año. Un dirigente opositor chileno dijo que Chile tuvo un pésimo manejo de de los incidentes fronterizos, especialmente en el caso de los soldados bolivianos que cruzaron la frontera, y acabaron presos por la gendarmería para, finalmente, ser liberados y condecorados en Bolivia. “Fue un manejo torpe”, dijo, y justificó las reacciones oficiales bolivianas. Si bien estuvo claro que libre tránsito no equivale a ignorar las leyes del estado concesionario ni a cometer ilegalidades, quedó de nuevo pendiente de aclaración cómo habría manejado el incidente el gobierno de Michelle Bachelet. No hay respuesta positiva posible, pues se trataría de meras conjeturas.
Resultó inocultable que afincar la demanda boliviana en La Haya con la jurisprudencia de los “actos propios” (lo que se dice hoy puede configurar compromisos de Estado) ha acentuado la desconfianza de Chile hacia Bolivia. Un diplomático me dijo que el riesgo es que con ese principio Chile “se quede mudo” o no vuelva a sugerir ninguna propuesta por temor que quede registrada en la contabilidad. Uno debe suponer que esta derivación también ha sido examinada por la cancillería boliviana antes de dar el paso que dio.
Una premisa quedó clara a lo largo de las sesiones en las que se mencionó el pleito y sus posibles arreglos: Chile no está dispuesto a dividir su territorio para otorgar un corredor a Bolivia, menos aún a conceder soberanía, cuestión angular de todas las soluciones imaginadas por Bolivia. Cualquier vínculo al Pacífico con continuidad territorial no podría ser por otra región sino por el norte de Arica, sobre la frontera entre Chile y Perú. Eso tendría que ser aprobado por Chile en un plebiscito. Conclusión: esta premisa podría provocar nostalgias por Charaña, cuando en 1975 los generales Bánzer y Pinochet avanzaron hasta una propuesta formal que entró al congelador cuando Perú, el tercero necesario en la negociación pues la región fue peruana hasta 1879, propuso que la zona de un eventual puerto para Bolivia fuese de los tres.
“Hemos intentado todo”, dijo uno de nuestros entrevistados, desde 1895, cuando Chile estuvo dispuesto entregar a Bolivia Tacna y Arica. Tras enumerar otras iniciativas chilenas dijo con desaliento: “Ahora estamos en La Haya”. Un periodista boliviano replicó que Bolivia también había intentado todo y que aún estaba con las manos vacías.
Estar bajo la justicia internacional a requerimiento de dos de sus vecinos era para Chile una hipótesis remota hasta hace algunos años. Pero la decisión peruana de llevar la controversia sobre los límites marítimos a la Corte Internacional de Justicia fue un elemento de inquietud ampliamente reconocido por los líderes con quienes conversamos. “Nos molestó”, dijo un dirigente del Instituto Libertad, del que surgió parte de la élite que colabora con el presidente Piñera en el área de relaciones exteriores.
Pero –subrayó- la sagacidad de la diplomacia de los dos países permitió “encapsular” la controversia para no contaminar el resto de las relaciones bilaterales. El resultado ha sido un intercambio comercial vigoroso, responsable de una porción importante de la fuerza económica tanto de Perú como de Chile, miembros fundadores del cuarteto Alianza del Pacífico, que incluye también a Colombia y México.
Si será posible “encapsular” la demanda boliviana y en un eventual reencuentro abocarse a otros asuntos más inmediatos es una apuesta abierta. Luis Winter, ex Director de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno de los dirigentes del Instituto Libertad, en cuyas filas militan articuladores de la diplomacia chilena actual, reiteró declaraciones a los medios de su país, diciendo que, al igual que cuando Perú anunció su decisión, la de Bolivia también causó desazón. “Tampoco nos gustó”, dijo. Pero subrayó que eso “nos obliga a seguir trabajando en todos los campos” para que los dos países se reencuentren y logren una solución a sus diferencias “no sé si durante nuestra generación o las próximas”.
Bolivia y Chile: Entre la confusión y la desazón
— I —
Las relaciones entre Bolivia y Chile, probablemente las más quebradizas en América del Sur, están en un callejón del que no saldrán a menos que ocurra una extraordinaria buena voluntad de las dos partes que, por ahora, luce improbable.
Por las señales de los últimos meses, el callejón se volverá más oscuro antes de que emerja alguna luz que ofrezca perspectivas reales de mejoramiento. De momento, mientras los gobiernos de los dos países continúen enfrascados en disputas políticas a corto plazo (Chile con elecciones presidenciales el próximo mes, y una probable segunda vuelta, y Bolivia el próximo año) tendrán la visión bilateral muy estrecha. Ambos, al menos en sus niveles mejor preparados, parecen conscientes de que la cuestión es en estos tiempos como brasa que quemará a quien quiera agarrarla.
Una invitación de la cancillería chilena a una docena de periodistas, observadores y ex diplomáticos bolivianos la semana pasada, dentro de un programa para mejorar las percepciones recíprocas, permitió conocer con más detalle el punto de vista chileno prevaleciente sobre el más que centenario reclamo boliviano: la negociación debe continuar. Con el país desprovisto de aliados de peso dispuestos a apostar su prestigio en la causa boliviana, el rumbo que ha tomado la relación bilateral no parece dejar a Bolivia otro camino que persistir en el diálogo.
Esta conclusión puede valer también para Chile que, en ese horizonte de negociación sin plazos, se siente más confortable pues no tiene la urgencia que motiva a Bolivia para cerrar de una vez y de manera permanente las heridas de la Guerra del Pacífico.
Bajo la óptica de la actual oposición chilena, el rumbo que han tomado las relaciones bilaterales es responsabilidad de la administración del presidente Sebastián Piñera. En la calificación de uno de sus líderes, esa política ha sido “nefasta”.
Es imposible no pensar que la afirmación puede también expresar un propósito de eludir la cuenta que le correspondería al gobierno anterior, que presidió Michelle Bachelet, ahora favorita indiscutible para la reelección, en primera o segunda vuelta. Fue bajo su gobierno que los dos países llegaron a la “agenda de los 13 puntos” que no logró avanzar en abordar el tema que para Bolivia es la piedra angular de toda su política exterior: el acceso soberano al mar, perdido en la guerra de 1879. Los líderes opositores a quienes escuché no han precisado qué es lo que ellos habrían hecho para proseguir el curso de aquella agenda y evitar el desencanto que permeó los ánimos del presidente Morales y su gobierno y acabó conduciendo la controversia hacia la Corte Internacional de Justicia.
En los dirigentes actuales existe “la voluntad de cumplir” el fallo que pudiere dar La Haya, quizá en tres o más años. Esta voluntad debe ser examinada con rigor en Bolivia, pues gran parte de los líderes y pensadores con los que habló el grupo del que yo era parte cree que ese tribunal se declararía incompetente para pronunciarse sobre el planteamiento boliviano y/o sugeriría a las partes dialogar y entenderse. Es decir, volver a la primera estaca de demarcación del problema y hacer lo que se hacía hasta antes de ir a La Haya.
No están lejos de esa hipótesis algunos pensadores “entrantes”, uno de los cuales subrayó que Bolivia tiene que “asumir los riesgos” de haberse enrumbado hacia La Haya. “Vamos a pasar cuatro o cinco años para llegar a lo mismo. Nada habrá cambiado”.
Si Bolivia incluyó en sus cálculos estas visiones de la cuestión y las barajó con el debido cuidado, pertenece al ámbito especulativo. Lo evidente es que el desplazamiento de las piezas bolivianas ha ocurrido cuando aún no se ha levantado el telón de la decisión del mismo tribunal en torno al diferendo marítimo Perú-Chile. Lo que se vea tras ser levantado el telón puede influenciar el curso de la relación Bolivia-Chile. Como dijo un analista favorable al posible gobierno (re) entrante de Bachelet, un fallo de La Haya susceptible de ser interpretado como adverso a los intereses chilenos condicionaría el ánimo respecto a Bolivia de quienquiera que ocupe La Moneda. Es decir, el tiempo que el historiador y diplomático chileno (fue parte del Consulado en La Paz hasta hace poco) José Miguel Concha describe como la política chilena de sesgo boliviano se habría agotado.
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¡Lo consiguieron!
Con este mismo título recibí en la red un artículo del colega, ahora jubilado en Cochabamba, José Gramunt. José María Bakovic, acosado sin tregua por un sistema judicial desprovisto de toda credibilidad y por el que nadie quemaría una sola pestaña, murió este sábado, tras haber sido obligado a viajar a La Paz en contra de las indicaciones médicas que prohibían que se desplazase a las alturas de la capitl política del país. Su fallecimiento pesará gravemente sobre muchas conciencias. El artículo de Gramunt:
Por José Gramunt de Moragas, S.J.
¡Por fin, lo consiguieron! Lograron que el corazón de José María
Bakovic, honrado y competente presidente del Servicio Nacional de
Caminos Institucionalizado, destituido de ese cargo de confianza, por
medio de intrigas de gente de mala entraña, sin alma ni vergüenza
ciudadana, lograran terminar con el exhausto corazón de ese ilustre
boliviano.
Le encarcelaron sin que hubiese competido ni falta ni delito algunos.
Y sin sentencia justa. Le obligaron a ir y venir inútilmente por
diversos tribunales del país. No faltaron jueces, fiscales,
secretarios y médicos forenses, que instrumentalizaron a su gusto
los dúctiles y maleables procedimientos judiciales. Unas veces
convocaban inútilmente al acusado. otras veces le obligaban a
trasladarse de una ciudd a otra. Por último y pese al informe del
instituto médico judicial, que había comprobada la delicada salud de
Bakovic, se le obligó presentarse ante una corte de la ciudad de La
Paz, siendo así que los análisis y otros informe médicos, ya habían
advertido de los riesgos de ese viaje.
Estas vulneraciones de los derechos ciudadanos así como de otras
monstruosidades judiciales se cometieron aun a sabiendo de la edad
avanzada del perseguido, y de la debilidad de su corazón. Sumadas
estas dos circunstancias, era evidente que ponían en grave peligro la
vida de su víctima gratuita. Entre todos, incluyendo a políticos
conocidos, le hicieron pasar por el calvario de las intrincadas
gestiones judiciales, todavía más enturbiada por la mala intención de
los verdugos. Los prevaricadores tampoco tuvieron la menor
consideración a los daños económicos ocasionados a su víctima. Había
que rendir por agotamiento a ese hombre íntegro y valeroso.
Pero él no se rendía. Pudo haberse reunido con sus hijos en un país
menos maleado por la política perversa. Él se resistió: tenía que
demostrar al país donde había nacido y se había criado, la
incuestionable conducta profesional y ciudadana que fue ejemplo para
todos. Y que fue puesta en duda por gente de negra conciencia.
Pese a la sañuda persecución a la que fue sometido durante
largos y penosos años, él se había impuesto el deber de mantener su
honor muy alto, como el más valioso patrimonio que podía legar a sus
familiares. Y como ejemplo para todos los que hemos sido – y
seguiremos siendo – sus amigos entrañables. Su fe cristiana le dio
coraje y esperanza para enfrentar la injusticia y la maldad.
Hasta que el sábado pasado su corazón agotado y exhausto dejó de
acompañar a la nobleza y dignidad de su carácter. Rindió su alma a
Dios. Sólo a Dios, justo Juez. Pero nunca a unos jueces fariseos y
prevaricadores.
¿Es o no es verdad?
Juicio del siglo: El viejo ataca
Actualización: En 7mo párrafo precisa funciones de autoridades
Ignacio Villa Vargas declaró este viernes que los hombres del gobierno y los fiscales que ordenaron su detención en 2009 buscaban que involucrase al general retirado Gary Prado Salmón en el movimiento que atribuían al ex comandante de los Balcanes como represalia por haber capturado al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara hace 46 años.
La premisa, dijo, era que el militar “cavó su tumba” al rendir a quien dio forma en el continente a la “teoría del foquismo” y cayó en el intento de generar una insurrección que desde Bolivia se expandiría a todo el hemisferio.
La afirmación fue una de las descargas verbales del personaje que los fiscales habían considerado como testigo esencial del episodio del Hotel Las Américas antes de girar la acusación en 180 grados y declararlo acusado esencial de todo el proceso, el mayor de la historia judicial boliviana en lo que va del siglo.
Villa Vargas, conocido nacionalmente como “El Viejo”, dijo que la orden de actuar contra el grupo con el que estaba Eduardo Rózsa Flores fue dada por el presidente Evo Morales y que el vicepresidente Álvaro García la convirtió en “orden de ejecución”. “La orden vino a través de Raúl García Linera (hermano de la segunda autoridad nacional) al funcionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo”, y al comandante de la fuerza que invadió el hotel, Cap. Walter Andrade.
Tres pistolas ametralladoras eran del ejército, afirmó, y vinieron de La Paz. Otras tres fueron compradas cerca de la feria de Barrio Lindo, en Santa Cruz. En su propia casa, en Cotoca, dijo, fueron borradas las seriales.
La aclaración de El Viejo (cruceño, 55 años) echa sobre el segundo mandatario la responsabilidad jerárquica de la ejecución de Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpad Magyarosi en la madrugada del 16 de abril aquel año. Su afirmación respecto a la “vendetta” sobre el general Prado Salmón por la captura del “Ché” coincide con las afirmaciones del militar ante el tribunal a lo largo de los 54 meses que lleva el proceso. Está en libertad condicional.
El Viejo encadenó los episodios que han rodeado al asalto al hotel Las Américas con una conjura contra los dirigentes de Santa Cruz para quitarse del camino un obstáculo para el control político sobre el país y de paso conseguir lucros personales. Villa Vargas dijo que el ahora ex fiscal Marcelo Soza le pedía que incriminase a personas adineradas de la región para luego extorsionarlas. El ex fiscal ha repudiado esas afirmaciones.
Reiteró la afirmación de que el mismo funcionario del Ministerio de Gobierno dirigió un supuesto atentado sobre la residencia del Cardenal Julio Terrazas y aseguró que tenía las botellas de vidrio con las impresiones digitales de Clavijo. Apuntó también sobre el capitán Andrade, de la fuerza policial que tomó el hotel, y Carlos Núñez del Prado, uno de los funcionarios de Ministerio de Gobierno que lo habrían conducido hasta Argentina con el supuesto propósito que alejarlo de Bolivia. “Querían acusar a la Iglesia Católica de apoyar a terroristas y expulsarla del país. Yo no iba a apoyar eso”.
Pausado como para que sus declaraciones fuesen cabalmente transcriptas, El Viejo describió algunas “sesiones de tortura” por las que pasó (descargas eléctricas en la planta de los pies y la barriga), privación de medicamentos para la diabetes, amenazas sobre su familia. La sesión fue suspendida hasta dentro de 10 días.
Es el tercero en declarar en el proceso que involucra a 39 personas.
Mientras tanto, en Santa Cruz 