Mes: marzo 2013
¿Kaput?
Para este lunes está prevista la lectura del inventario de pruebas en el hasta ahora llamado “caso terrorismo”, en Santa Cruz, y la comparecencia en La Paz del fiscal hasta hoy desaparecido Marcelo Soza Álvarez para declarar sobre el audio que se le atribuye en el que supuestamente formula revelaciones peligrosas para la cúpula del gobierno en torno a aquel y otros episodios. Por casualidad, los dos eventos ocurrirán en una jornada que en muchos países es el día de la mentira (en el nuestro es el 28 de diciembre).
Dos pericias técnicas respetables (una brasileña y otra española) aseguran que la voz que se escucha en el audio corresponde al Dr. Soza, el fiscal más poderoso de Bolivia hasta el 16 de marzo, el día en que públicamente no se supo más de él. Han pasado dos semanas y está anunciada por la senadora Carmen Eva Gonzáles un segundo audio, “más grave” que el ya conocido por un gran número de bolivianos. Entrevistada por John Arandia, de Cadena A, la senadora dijo que esperaría unos días para dar a conocer el nuevo video, aunque a estas alturas cada día son menos los que aún dudan de la autenticidad del ya conocido.
El margen de maniobra del fiscal luce muy escaso este final de marzo.
La tesis sostenida por el fiscal es cada hora que pasa más endeble. Su desaparición del escenario público le ha propinado el que puede ser el golpe de gracia final. No quería que las audiencias de caso que presidía se desarrollasen en Santa Cruz alegando que su vida y la de los fiscales del gobierno corrían peligro. La normalidad de las audiencias lo ha desmentido.
Su comparecencia y las declaraciones que pudiere formular mantendrán la atención de gran parte del país. Lo mismo ocurrirá con la lectura del informe sobre las pruebas en las que se ha basado todo el caso que empezó hace cuatro años.
La ronda sólo será el comienzo de otra que deberá determinar cuán ciertas son las afirmaciones que se escuchan en la grabación.
Abogado defensor: El gobierno no quiere a Soza vivo
El defensor de general Gary Prado Salmón, el abogado Otto Ritter, afirmó esta miércoles por la noche que el gobierno del presidente Morales no quiere vivo al desaparecido fiscal Marcelo Soza, del llamado “caso terrorismo”, que procesa acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El fiscal está desaparecido desde hace dos semanas y ha sido convocado para declarar en La Paz el lunes 1 de abril sobre el proceso que dirigía desde 2009 y sobre la grabación en la que supuestamente habla con un interlocutor desconocido sobre cuestiones que ponen en entredicho honestidad del gobierno y su papel en el caso.
“No vendrá (a prestar su declaración) porque es peligroso para el gobierno”, dijo el abogado. Sin embargo, contradictoriamente dijo también que el gobernó debería proteger al magistrado. Es la primera vez que públicamente se afirma que el fiscal sería un peligro para el gobierno por su conocimiento del caso y sus vinculaciones. Sería un archivo viviente de toda la controvertida trama.
La autenticidad de la grabación ha sido negada por el fiscal y el propio presidente Morales dijo que no la creía veraz. La senadora pandina Carmen Eva González aseguró este miércoles que la autenticidad habia sido comprobada por expertos de Brasil. El abogado Ritter dijo que en Bolivia también existen laboratorios y expertos para realizar esa verificación. Sin embargo, palabra del experto Ricardo Molina de Figueiredo, perito en fonética de la Universidad de Campinas (200 kms de Sao Paulo) trae de vuelta los fantasmas que han ensombrecido el caso y que le asignan una carácter siniestro.
Si la comprobación resultase inconrovertible, habrá muchos que tendrán que responder, inclusive quienes, basados en a trama que defendía el fiscal Soza, afirman a diestra y siniestra que en Santa Cruz se gestaba un movimiento para crear un estado separado de Bolivia.
Los acusados en el proceso al que Soza renunció creen que desvirtuarán todas las acusaciones que les ha formulado el Ministerio Público en la fase que se viene del juicio, cuando les tocará exponer su defensa y someterse a preguntas y responderlas. Una exposición aguardada como en novela de suspenso es la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien sostiene que los terroristas están en el gobierno. Estos días sufrió una grave recaída la salud del acusado, a quien el fiscal desaparecido consideraba como testigo estrella por su vinculación con el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto durante la incursión policial en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009. “El Viejo” está en terapia intensiva a causa de una diabetes mal controlada.
En aquel episodio también murieron el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los forenses de esos países contradicen la versión oficial boliviana y aseguran que se trató de una ejecución sumaria. Una de las muchas preguntas a las que ni el fiscal ni otros investigadores del gobierno han respondido es por qué los miembros del grupo que se alojaba en el Hotel Las Américas supuestamente estaban desnudos o apenas en calzoncillos y cómo, en esas condiciones, habrían atacado a la policía que tomaba el hotel. Soza, quien llegó al lugar del episodio varias horas después de lo ocurrido, dijo que la policía había sido “injustamente atacada”.
En la grabación sobre la que se quiere interrogar al fiscal se habla de siembra de pruebas para respaldar la acusación. De resultar cierta la supuesta siembra, el caso levantado por el fiscal se vendría abajo, en una avalancha cuyas consecuencias serían imprevisibles.
Para un ex sacerdote
Hace algunas noches escuché por TV a un ex sacerdote comentar con mucho pesimismo la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como Pontífice y vaticinar días muy difíciles para la Iglesia Católica. Desde entonces he leído informes e informaciones por doquier sobre la participación del Papa Francisco a favor de los perseguidos por la dictadura argentina, incluso los esfuerzos que realizó a favor de dos jesuitas, a quienes el ex sacerdote (dejó de ejercer formalmente por vountad propia hace muchos años) mencionó en la entrevista que le hacia la televisión. Esos informes incluyen testimonios de personas de impecable militancia “progresista” como Adolfo Pérez Esquivel, argentino como Francisco. No escuché ninguna expresión del mismo ex sacerdote que suavizara sus opiniones, menos para explicarlas, pues salvo algunas voces extremadamente radicales, los episodios que provocaron el comentario mencionado han sido aclarados: Francisco hizo todo cuanto pudo, dentro, de incluso fuera, de los límites que, bajo regímenes de la verdad única, era posible.
Recordé las palabras inusitadamente duras del ex sacerdote (con fuertes vínculos con el primero, segundo y tercer círculos del gobierno) cuando, gracias a un amigo, leí un artículo-testimonio en el diario El País, de Montevideo, registrado ayer domingo. Lo tomo de la edición digital de aquel importante diario uruguayo:
Fui testigo
Jorge Scuro | Montevideo
@| «En febrero de 1966 ingresé en el Colegio Máximo de San Miguel, Seminario de la Compañía de Jesús en Buenos Aires y conocí a Jorge Mario Bergoglio; él tenía 29 años y yo 24. Trabajé junto a él en la cátedra de Metodología de la investigación científica hasta 1969 y fundamos una amistad que se perpetuó en el tiempo.
Volvimos a encontrarnos en otras condiciones. El Jueves Santo de 1975, mientras celebraba la liturgia, las Fuerzas Conjuntas detuvieron a Carlos Meharu, provincial, y a otros cinco jesuitas entre los que se encontraba Luis `Perico` Pérez Aguirre y treinta y tres laicos. Las circunstancias me llevaron a hacerme cargo del tema. La primera llamada fue a Carlos Mullin, obispo de Minas, a quien nunca vi retroceder ante ninguna adversidad. Llamó al Gral. Vadora: `Si no los libera el Domingo de Pascuas con las iglesias repletas hago leer un comunicado del Episcopado entablando juicio eclesiástico al Estado uruguayo`. Vadora redobló la apuesta y amenazó con poner soldados en las puertas de todas las iglesias, capillas y colegios de la República. La respuesta de Mullin fue fulminante: `Ud. no tiene fuerzas para controlar todos esos lugares entre las seis de la mañana y las nueve de la noche`.
El Sábado Santo empezaron a liberar a los laicos menores. Se nos informó que el lunes se retomaría el tema, pero que a Perico y a Meharu los pasarían a la Justicia militar. Entonces me fui a Buenos Aires. Bergoglio ya era provincial de los jesuitas. Nos encontramos en un bar de Corrientes y Callao. No me pidió detalles. Decidimos que había que lograr la intervención del superior general de la Compañía, el padre Arrupe. `Esperame en la puerta del Salvador, necesito conseguir un auto`. Volvió en un ratito, se sacó el cuello romano y lo metió en la guantera. Dimos vueltas por Buenos Aires en busca de una cabina telefónica segura. Terminamos en una de Avellaneda. Se comunicó con Arrupe y me pasó el teléfono para que yo le explicara. Le pedí que pidiera a la Santa Sede que enviara telegramas al Presidente, ministros del Interior y Defensa y a las FF.CC.
El lunes a primera hora llegaron todos los telegramas. Siguieron liberando a los laicos, los jesuitas y el martes por la mañana sin más trámite a Pérez Aguirre y Meharu.
Pasaron muchos años. En 1997, imprevistamente, me viene a ver Juan Luis Moyano, el viceprovincial argentino de los jesuitas, para pedirme que reciba a Orlando Yorio, uno de los jesuitas argentinos, junto a Francisco Jalics, secuestrado en 1976, de quienes tanto se ha hablado en los últimos días. Ambos, junto a Luis Dourron fueron mis compañeros y amigos durante los años de seminario. Jalics se radicó en Alemania, hasta hoy. Nunca escuché una sola palabra de reproche ni resentimiento en privado o en público contra el hoy Papa Francisco. En cambio Yorio, recuperada la democracia, volvió a la Argentina y fue nombrado párroco en Berazategui.
Un día, sufrió un atentado, pero quien resultó muerto fue su teniente cura, un joven sacerdote.
Instalamos a Yorio en una casita en la Costa de Oro y al poco tiempo Mons. Gottardi le confió la parroquia de Santa Bernardita, en Avenida Italia. Nos volvimos a tratar con frecuencia y conversamos mucho. Falleció tres años más tarde, el 9 de agosto de 2000.
Hay quienes hacen gárgaras con los dolores ajenos. Que se animen a presentar pruebas y no suspicacias, el que se sienta libre de errores que acuse con evidencias. Siento a Francisco como uno más de nosotros. ¿No era eso lo que queríamos? ¿O esperábamos al Arcángel Gabriel?»
El juicio del siglo: La ronda continúa
El juez Sixto Fernández abrió un nuevo paréntesis en el “juicio del siglo” hasta el 1 de abril, sin atender a la defensa que exigía conocer el fallo sobre las incidencias y excepciones ni a los fiscales que reclamaban que el proceso continuase a pesar del visible deterioro de la salud de dos acusados cuyos exámenes clínicos no habían sido completados debido a un paro médico.
¿“No ve cómo estoy sudando? El médico que me atendía esta mañana estaba en cirugía”, exclamó “El Viejo” Luis Ignacio Villa Vargas dirigiéndose al juez y al jurado, mientras que el abogado del ex dirigente juvenil cruceño Alcides Mendoza decía que lo que ocurría en la sala mostraba las anomalías del proceso y que el juez debía ordenar que los enfermos permaneciesen en Santa Cruz sin volver a La Paz. “El Viejo”, trémulo y cansado, las manos y el pecho sudorosos, recordó al tribunal que él mismo se pagaba los pasajes desde Cochabamba para venir a Santa Cruz, y corría con los gastos de alimentación de su guardia. (Las autoridades le reembolsan sus gastos tardíamente, explicó después.) Mendoza lucía similar palidez a la de la víspera, cuando su frecuencia cardíaca había marcado 50 latidos por minuto.
Los alegatos presentados por los enfermos y sus abogados desde los primeros minutos de la breve audiencia no habían impresionado a la acusación. El nuevo fiscal Iván Ortiz, sumado al caso tras la ausencia aún inexplicada del acusador principal Marcelo Soza, había dicho que el tribunal estaba ante “una burla cruel” y que la sesión debía continuar pues los enfermos tenían condiciones de escuchar la lectura del dictamen del juez por completo, o parcial, solamente la parte resolutiva. (“Soza es nuestro testigo estrella. No puede estar ausente”, dijo sarcásticamente el general Gary Prado Salmón después de la sesión, al subrayar que su decisión era llevar el caso hasta el final.)
El abogado del gobierno Sergio Céspedes introdujo en el debate una duda: los dos acusados no podían comprobar que habían estado en la víspera y hasta la mañana del viernes en la clínica Bilbao, de Santa Cruz, para someterse a los exámenes médicos cuyos resultados parciales no estaban certificados. La defensa le tomó la palabra y propuso que los guardias de los detenidos declaren si habían estado en la clínica. El juez no tuvo opción sino trasladar la pregunta a los guardias. El sargento primero Juan Quispe Velasco dijo brevemente: “Hemos estado toda la noche en la clínica Bilbao”. El oficial a cargo del sargento, el subteniente Richard Gutiérrez Cuéllar, corroboró a su subordinado.
La abogada del gobierno reclamó que los abogados de la defensa no habían actuado lealmente y que debían haber procurado certificar el tratamiento de los defendidos.
Restaba escuchar la declaración del juez, quien se aproximaba a levantar la sesión y fijar nueva fecha para la audiencia sin revelar su dictamen. La defensa intentó sin éxito que el juez leyese su resolución, entre las cuales debía estar un pronunciamiento sobre la extinción del caso por vencimiento de plazo. Uno de los abogados dijo que ya se conocía cuál sería el veredicto: rechazo a todas las excepciones, y que la parte considerativa podía ser entregada a la defensa para su análisis. El magistrado no dio curso al pedido y dijo que la nueva audiencia empezaría el 1 de abril, a las 11:30 de la mañana.
La nueva fecha es la misma que, en La Paz, se ha fijado para que el fiscal desaparecido Marcelo Soza declare sobre la grabación que se le atribuye y las fotografías que lo muestran al lado de otros abogados del gobierno ahora presos por extorsión. Es también el Día de la Mentira, en un gran número de países.
Crónica de un derrumbe
La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.
En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.
Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.
Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.
Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país; un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.
¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.
La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.
Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.
En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.
La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas” para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.
El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.
¿Todo se derrumbó?
El Dr. Marcelo Soza, el fiscal más temido de Bolivia, está desaparecido desde el sábado y en la tarde de este martes se supo que ha renunciado irrevocablemente a presidir la acusación del Juicio del Siglo, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo sobre 39 personas.
La noticia causó conmoción entre los involucrados en el proceso y entre quienes, directa o indirectamente, resultaron sospechosos en el caso desencadenado a partir del asalto policial sobre el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.
En el episodio murieron acribillados a balazos (la palabra “ejecución” empieza a ser dicha con más frecuencia en medios radiales) el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer, y el húngaro Arpad Magyarosi. Se salvaron el boliviano Mario Tádic y el rumano Elöd Tóásó.
Aunque un fiscal no puede renunciar si el caso que se le ha asignado no ha concluido, el carácter irrevocable de la decisión asumida por Sóza fue de hecho aceptado por el Fiscal General, Ramiro Guerrero, quien subrayó que el investigador del Ministerio Público debe hacer entrega oficial de la función que se le encomendó e informar de la estrategia seguida y por seguir a quienes ocupen la responsabilidad cesante.
La salida de Soza del escenario principal del caso puede representar la remoción de la piedra angular de una pirámide que haría que todas las piezas de la construcción se derrumben. En el caso está involucrada una gran parte de las más altas autoridades del gobierno.
En la más reciente estocada sobre la labor del fiscal, desde hace tres semanas circula profusamente la grabación de conversaciones atribuidas a Soza con distintos interlocutores, a uno de los cuales habría dicho que “se cae el caso terrorismo y cae Evo”. Fue incómoda por demás su presencia alegre y afectuosa en fotografías al lado de los fiscales del gobierno presos ahora presos por sospechas de involucramiento en casos de extorsión . «Su credibilidad y honorabilidad quedaron en tela de juicio», dijo el abogado GaryPrado Araúz, que también defiende a su padre, el general Gary Prado Salmón.
En la noche de este martes, se desconocía el paradero del fiscal. «No sé si él renunció o lo renunciaron», dijo el abogado al hablar en una entrevista con Cadena A. El abogado subrayó que hace una semana, en Caracas, al tomar conocimiento de la cinta con una voz que se atribuye al fiscal renunciante, el presidente Morales había instruido que fuese investigado el nuevo elemento que surgía en la trama. Dijo, sin embargo, que creía que el audio era falso. «Una contradicción», dijo el abogado. «No se puede investigar algo que de entrada se cree que es falso».
La salida de Soza aparta del juicio a su protagonista más notorio. Soza fue quien ordenó encarcelamientos, totales y parciales, y allanamientos, pero no estuvo presente en el hecho mismo que le tocó investigar: la incursión armada al Hotel Las Américas. Sólo ingresó al escenario del acontecimiento horas después, “cuando estaban muertas las evidencias”, dijo el general Prado Salmón al referirse al caso.
El general, quien rindió a Ché Guevara en las selvas del oriente de Bolivia en 1967 y retirado de las armas hace más de 20 años tras culminar su carrera militar, ha sido acusado por el fiscal renunciante de ser el “cerebro” de los planes que atribuyó a Rózsa. Los planes no han sido comprobados y están en debate estos días, cuando se lleva a cabo en Santa Cruz la fase oral del proceso.
La senadora Carmen Eva Gonzáles, quien recibió (anónimamente, sostiene) la cinta con la supuesta voz de Soza, dijo que la renuncia del fiscal equivalía a admitir la validez del audio y a su contenido. Agregó, entrevistada también por el programa informativo de Cadena A, que «el fiscal Soza y el presidente Morales tienen el deber de hacer conocer la verdad a los bolivianos».
En el audio, la supuesta voz de Soza dice que un funcionario llamado Nolberto Clavijo colocó una pistola sobre la almohada donde había dormido Eduardo Rózsa Flores y que fue una de las «evidencias» de que el grupo del boliviano-croata había atacado a la compañía policial determinando que los policías irrumpiesen en el hotel.
Sobre todo el caso pende ahora, con más peso que nunca, un signo gigante de interrogación. Alrededor de ese signo están decenas de pesonas y familias y autoridades del primer círculo del poder en Bolivia. Y la afirmación escuchada en la grabación de que «se cae el caso terrorismo y cae Evo» está a prueba.
Simón Alberto Consalvi
Fue un gran venezolano. Nació el 7 de julio de 1927 y murió el 11 de marzo pasado, a los 85 años. Pocos tuvieron el tacto y la sensibilidad de este demócrata de pura sangre. Como pocos, conoció la historia boliviana y no fue escasa su participación en lograr que Bolivia se reencaminara por el sendero de la democracia, sin adjetivos, ni “formal” ni menos “neoliberal”, en octubre de 1982.
Me sentí privilegiado conociéndolo personalmente como periodista y como canciller. Los detalles suelen revelar la fibra de una persona. A fines de 1988, se produjo –decía el gobierno de Jaime Lucinshi, del mismo partido Acción Democrática que Consalvi- un violento ataque de las guerrillas que operaban sobre la frontera, y la guardia nacional de Venezuela. Habían muerto 14 personas y una atmósfera efervescente se instalaba en Venezuela pues otras informaciones sostenían que la versión que entregaba el gobierno no era correcta. Encontré al entonces canciller Consalvi, en octubre de aquel año, y le pregunté directamente: ¿Es cierto que han muerto 14 guerrilleros en un enfrentamiento con la Guardia Nacional? Estábamos en Centro Andrés Bello, donde Consalvi acababa de dictar una conferencia. Su respuesta, embarazosa para el gobierno pero fiel a lo que habia ocurrido, fue una primicia de gran magnitud en esos momentos: “No eran guerrilleros, eran pescadores que pescaban para hacerse un cocido de pescado a la orilla del rio. Es más. Eran militantes de Acción Democrática.”
Las palabras del sagaz canciller sepultaban la versión de que había sido un ataque de la guerrilla colombiana , apartaban del horizonte un problema fronterizo binacional y dirigían la responsabilidad hacia la propia policía venezolana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, 16 años después, que Venezuela pagase $US 700.000 en reparaciones a los sobrevivientes de las víctimas.
Simón Alberto fue un hombre correcto y afable, diplomático las 24 horas del día, y periodista el año entero.
Fue una de las figuras egregias de El Nacional, un formidable medio de expresión venezolano, dirigido por la familia de herederos del escritor Miguel Otero Silva. Su presencia en el periódico fue siempre garantía de equilibrio y veracidad, la misma garantía que confirió a su labor de diplomático. Era Director Asociado del periódico cuando murió.
De la redacción de El Nacional extraigo el siguiente artículo que revela algunas facetas de este venezolano que acaba de partir definitivamente de su país y de los amigos que lo aprecieron y los colegas que de él mucho aprendieron.
Defensa: «Terroristas son los del gobierno», que el juicio siga
El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.
La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.
La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).
La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.
La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.
Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.
En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe, le ordenó continuar con el caso.
Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana. Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.
Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.
Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.
Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,
Un presente griego
Henrique Capriles y Nicolás Maduro están en campaña a toda máquina para presidir el país con las más grandes reservas petrolíferas del mundo y al vencedor le aguarda un presente griego a punto de estallar. Es la herencia del comandante Hugo Chávez, cuya imagen puede languidecer ante la magnitud de los problemas que han colocado a la economía venezolana ante un pantano.
Presidente encargado y candidato, Maduro no podrá eludir las explicaciones que exige gran parte de la sociedad venezolana sobre el secretismo que rodeó la enfermedad del líder fallecido. Una de las primeras preguntas probablemente será cómo fue que sólo días antes de morir el mandatario despachó durante 5 ½ horas (lo dijo Maduro el 2/23), discutió temas urgentes y estaba en recuperación acelerada, o por qué se fue a Cuba, donde la medicina puede ser solidaria pero insuficiente y sólo parapetó electoralmente al comandante. Chávez decidió morir en manos cubanas, pero queda por conocerse el trayecto de su enfermedad, por lo visto un calvario que llegó a su última estación en Caracas.
Que el ex chofer de buses hubiera sido ungido por Chávez en la última aparición pública del malogrado comandante, en diciembre, no disipa las dudas sobre la legalidad de su designación. Chávez no llegó a jurar al cargo para el que había sido re-electo (la Corte Suprema, en una decisión que generará debates durante mucho tiempo, decidió que el militar podía ignorar el detalle del juramento) y su salud le impidió ratificar a Maduro como su vicepresidente. Es imposible no citar a Mariano Melgarejo: ¡“Quien monta, manda, y cartuchera al cañón!”.
No son menores las tormentas económicas que nublan el horizonte inmediato. Una ya está en curso y se llama inflación, entre las más altas del mundo, que con más del 20% anual erosiona los ingresos de todos, especialmente de los más pobres. Al lado está el precio ridículo de la gasolina: 20 litros cuestan siete bolivianos. Con las finanzas de Petróleos de Venezuela insuficientes para la voracidad de los gastos públicos, no hay recursos para las enormes inversiones que necesita la industria. Un reajuste de precios luce inminente. ¿Notan algún parecido con otras latitudes?
Agregamos la escasez de alimentos y la violencia, una de las peores del mundo (más de 20.000 muertes por año, con lo que Santa Cruz sería un edén), y la combinación es explosiva.
Nadie sin una unanimidad gigante y compacta podrá asumir la herencia del comandante. Maduro también brama pero no es Chávez y es obvio preguntarse si la oposición que comanda Capriles podrá.
El tronco y sus ramas
Sobre el “Juicio del Siglo” (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) han confluido elementos que refuerzan la impresión de los críticos del gobierno de que el episodio del Hotel Las Américas ha sido el tronco esencial de algunos de los más importantes desplazamientos políticos desde entonces. Muchas de las preguntas que se hicieron en su momento están sin respuesta y las actitudes de algunas autoridades han contribuido a volverlas más apremiantes, pues de ellas depende el esclarecimiento oficial que los bolivianos aguardan desde hace casi cuatro años.
La semana pasada, antes del nuevo intervalo en el juicio que se desarrolla en Santa Cruz, el abogado Otto Ritter, defensor del general Gary Prado Salmón, afirmó que “a Eduardo Rózsa lo trajo a Bolivia un venezolano de apellido Osorio, que le pagó los pasajes desde Europa con la finalidad de hacer pisar el palito a algunos ingenuos”. El abogado también dijo que el caso había sido “montado” con la intención de una alta autoridad de derrocar al actual presidente. Por lo menos uno de los personajes acusados ha sostenido una tesis similar. Resulta imperativo, entonces, determinar quién, dónde y cuándo pagó esos pasajes, preguntas de cuya respuesta depende la libertad de muchas personas, la tranquilidad de parientes, familiares y amigos y el fin de la zozobra bajo la cual ha vivido Santa Cruz desde el asalto armado a aquel hotel.
La sospecha de envolvimiento directo de extranjeros hispanoparlantes ha sido también sugerida por Mario Tádic, el boliviano sobreviviente, junto al rumano Elöd Tóásó, quien ha declarado que fueron venezolanos los únicos alojados que lo vieron, en la tarde anterior al fatídico episodio, fumando cigarrillos Camel en la sala de espera de la recepción del hotel. Tádic dijo que después, cuando fue sometido por la UTARC y estaba semidesnudo y esposado en el pasillo fuera de su habitación, uno de los uniformados de negro que lo vigilaba le dijo a otro: “Este es el que fuma Camel”.
Quienes asisten a las audiencias en Santa Cruz han escuchado al fiscal Marcelo Soza reiterar que por la inexistencia de elementos suficientes decidió no imputar a un capitán de la policía, cuya fotografía al lado de Eduardo Rózsa Flores en la que parece una reunión de amigos ha circulado por casi todos los medios informativos nacionales. Abogados de los acusados han hecho notar que sólo el registro de números en la libreta de anotaciones de Rózsa Flores ha llevado a los investigadores del gobierno a ordenar detenciones preventivas. Comparativamente, una fotografía tendría un peso investigativo mucho mayor que números de teléfono en una libreta. No existe una descripción de la fiscalía para las funciones de este capitán, a quien no se puede calificar de “agente infiltrado” porque esa figura sólo se aplica legalmente para el narcotráfico. El capitán sería un “infiltrado no infiltrado”.
Hace tres semanas, en el programa televisivo No Mentirás, de PAT, Soza dijo que la fotografía no era un elemento para una imputación y admitió que “oficialmente” no la tenía. De remate, afirmó que la policía había sido “agredida de manera injusta e ilegal” por el quinteto alojado en el hotel y tuvo que responder a los atacantes, que inauguraban una manera morbosa de atacar y morir en cueros o apenas en calzoncillos.
En la grabación distribuida estos días, con diálogos que supuestamente corresponderían al fiscal con interlocutores no identificados, se asigna al caso Hotel Las Américas un papel fundamental en la estrategia política del gobierno. Sin tomar partido en torno a la veracidad o falsedad del contenido de la grabación, el tema es extremadamente grave y por eso ha sido vista como una medida saludable la decisión del Fiscal General de ordenar una investigación. Algo tan sensible no debe quedar flotando en sospechas y será bienvenido todo esfuerzo que contribuya a una aclaración más allá de toda duda. Cuando, como en la grabación, alguien asegura que el gobierno se derrumba si se cae el caso terrorismo se ingresa a un campo de graves implicaciones que debe ser esclarecido. Todos los bolivianos lo agradecerán.
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Mientras tanto, en Santa Cruz 