Mes: enero 2011
Temblores políticos
En los últimos días, el rugido de las calles en el Oriente Medio hace temblar a todo el mundo árabe, la volátil región que guarda la mayor parte de las reservas petroleras del planeta. La suerte política de Hosni Mubarack, el líder egipcio, pende de un hilo. Los temores de que la revuelta se convierta en un trágico Tianamen (China, 1989) habían decrecido. Al contrario, eran cada vezmás en todo el mundo los que percibían este comienzo de semana cómo la fortaleza de un régimen de 30 años se venía abajo. Lo que ocurre en Egipto, tras lo de Tunisia y ahora también Yemen y Jordania, enseña que nada es imposible cuando los movimientos populares tienen por motor básico el desempleo, baja educación y, su secuela, el hambre. En Egipto, casi la mitad de la población vive con menos de dos dólares por día.
Un poco menos del 40% del petróleo que hay en el mundo se encuentra en los yacimientos de los países de esa región, de donde Estados Unidos importa más del 12% de su consumo. Japón y China más del 40%. Se entiende, entonces, por qué cualquier cosa que allí ocurre, emite inmediatamente ondas de preocupación por el resto del planeta.
En muy pocos días el mapa político árabe se ha convulsionado. Desde mediados de la semana pasada, las calles de las principales ciudades de Egipto están repletas de manifestantes que reclaman la salida de Mubarack, el autócrata que rige ese país milenario. Egipto no es un gran productor de petróleo, pero sí es un aliado fundamental de Estados Unidos en la región y hasta hace pocos días era considerado como la fuerza de equilibrio ante los radicales y una pieza vital en el juego político en la región, sustentado por la alianza entre Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Anualmente, Estados Unidos destina 1.500 millones de dólares en ayuda a Egipto. El volumen es sólo menor a la asistencia que le otorga a Israel.
La preocupación de los líderes mundiales yace no en si la protesta popular lleva a la salida de Mubarack, sino quién vendrá y si las ondas del movimiento en las calles empiezan a agrietar la fuerza de los autócratas de la región, comenzado por el reino saudita, los jeques y los emires. La revuelta trae a la memoria la caída del Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y la entrada de los ayatollás. Los militantes de la Hermandad Islámica (se ignora cuán radicales son sus dirigentes, pues la organización fue declarada fuera de la ley por el régimen de Mubarack), han estado activos en las protestas. Con todo, no parecen la fuerza dominante ni prevaleciente en las calles, como era la de los fundamentalistas en Irán. Tampoco está probada la fuerza que podría tener el Premio Nobel Mohamed ElBaradei , quien ha vivido gran parte de su vida fuera de Egipto, y que aparece como uno de los pocos capaces de conferir cierta tranquilidad, racionalidad y credibilidad a una transición.
El tambaleante gobierno de Mubarack implantó una rígida censura de prensa que llegó hasta el cierre de las comunicaciones vía internet y de Al Jazeera, la popular agencia noticiosa árabe. Sin embargo, el flujo de información que sale al mundo no ha cesado. Y, en medio de todo, era notable la contención de las fuerzas militares, que han optado por no actuar directamente en el conflicto y evitar un baño de sangre. Así, al amanecer del martes, parecían haber dejado abiertas las compuertas para que los acontecientos deriven en un desenlace menos violento que el que podría anticiparse.
La revuelta árabe trae un mensaje claro y sonoro sobre la fragilidad de regímenes que poco hacen para llegar a los excluidos, que en un momento se alzan contra su marginamiento y apartan del gobierno, por el voto o por la fuerza, a quienes no los escucharon. Ejemplos los tenemos en casa.
El mensaje y la realidad
La rebelión de los ayllus de Potosí ha dejado en la ciudadanía la sensación de que esos desórdenes pueden ser sólo el comienzo de una escalada de protestas violentas contra la carestía de la vida y un resultado en cámara lenta del gasolinazo del día después de Navidad. Las paredes que evitan estallidos parecen tenues. Ahora las víctimas son los comerciantes y la mayoría ciudadana de Llallagua, invadida por enardecidos pobladores de los ayllus del norte potosino, irritados porque el poco dinero que tienen no alcanza para sus urgencias básicas. Estamos ante un peligro claro e inminente, como diría Jack Ryan en la novela (vuelta película) de Tom Clancy.
Ha sido el primer brote violento tras la anulación del gasolinazo. Los efectos de esa medida habían quedado agazapados, pues en la “neo retórica” que prevalece “nivelar” precios sólo podía ocurrir en gobiernos “neo liberales”. Sólo que parte de la población no está dispuesta a aceptar al que Fernando Henrique Cardoso llamaba de “neo bobismo”, o la “neo estupidez”. Desde zonas en las que el gobierno gozaba de prestigio y predominio indiscutible, crece el descontento por la carestía, agravada por una peligrosa escasez de artículos de primera necesidad, pese al vigoroso retroceso que anuló el gasolinazo horas antes del Año Nuevo.
La revuelta en los ayllus estalló a menos de 24 horas de la posesión de tres nuevos ministros y de 48 del fastuoso primer aniversario del estado plurinacional. El festejo estuvo precedido de una obsesiva propaganda televisiva, que ya no cala como antes, pues la gente mira sus bolsillos y no piensa mucho en las “tensiones creativas” sobre las que teorizó una alta autoridad.
El presidente leyó un discurso que trataba de mostrar que Bolivia era otro país. Leyó, infelizmente con mucha dificultad, hasta estadísticas mínimas, como lo habrían hecho Paz Estenssoro o Hernán Siles en sus tiempos mejores. Pero un gobierno que llegó a serlo en gran parte gracias al desencanto de los sectores populares con los continuos fracasos de quienes no se preocuparon por incluir en la vida nacional a gran parte de “la Bolivia profunda” de campos agrestes y de provincias remotas, debería saber que llega un momento en que ni a los más fieros simpatizantes se convence sólo con palabras.
En el trasfondo del mensaje yacía vagamente la idea del “socialismo andino”, en una versión que pretende reproducir el fracasado experimento soviético o el empobrecido sistema cubano.
Hay que preguntar a las autoridades, incluso al presidente: ¿Qué tiene Bolivia que sería capaz de hacer lo que no pudieron los rusos (en un espacio tan grande -18 veces el de Bolivia- que caben once husos horarios y una población entonces 25 veces mayor)? ¿O qué resultado final que los encandila tiene el experimento de más de medio siglo en Cuba (que el propio presidente Castro dice que no funciona ni allí)?
De petróleo, la sangre de la economía del país, el presidente casi ni habló. No podía, pues estaba muy cerca el “gasolinazo”. Pasó por alto que tras cinco años de “nacionalización” la producción apenas supera 40.000 barriles diarios, menor a la de hace cuarenta años, cuando exportábamos. Por si acaso, ese volumen representa el 0,04% de la producción mundial, dato que debería ser suficiente para exhibir nuestras limitaciones.
Narcos peso mosca y democracia payasa
Veo que el concepto de “democracia payasa” que acuñó Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel a muchos les ha resbalado. Leo en la prensa de hoy (El Deber, Pág. 9) que el partido de gobierno tiene bajo consideración una propuesta para reducir las penas a los narcotraficantes “chicos”. Se trata de una complicada iniciativa para establecer en los delitos de narcotráfico categorías como en el boxeo: de peso mosca a peso pesado, de todas las categorías.
“No puede ser igual (la pena) para quien trafique uno o dos kilos que una o dos toneladas. Hoy, las penalizaciones son las mismas”, declaraba el senador del MAS Eugenio Rojas. Es como querer establecer categorías por asesinatos: “Sólo la mató un poquito, con un cortaplumas”. O como establecer diferencias entre matar con una bala .22 o con una granada. En ambos casos, se pierde la vida. O se inicia o se consolida el vicio.
Las normas todavía vigentes castigan con 5-10 años de presidio a los fabricantes, 10-25 años a los traficantes y 8-12 años a los “mulas”, los que transportan la droga.
Los peso pesado del narcotráfico gozan de buena salud y libertad, de acuerdo al senador masista.
Desde la oposición han puesto el grito al cielo. Una norma como la propuesta sería “abrir las compuertas al menudeo”, de acuerdo a la diputada Norma Piérola.
La propuesta viene al pelo para el adjetivo utilizado por el escritor peruano. Y, lo más intrigante: Ocurre cuando el gobierno trata de lograr que la Convención de Viena sobre substancias peligrosas despenalice la masticación de coca. Ya pueden imaginarse los diplomáticos bolivianos la extrapolación que harán de la nueva propuesta quienes han dicho No a la propuesta de despenalización. El lunes deberá ocurrir un pronunciamiento sobre el planteamiento boliviano, que, por todo lo que se lee y escucha, parece ir raudamente hacia el rechazo.
La insurrección de los «mejores»
Comparto este artículo con Uds. Cualquier semejanza con otra realidad es sólo casual. Eddie A. Ramírez escribe regularmente en El Universal, de Caracas. Quienes conocen Venezuela o saben de aquel país, entenderán la mención a algunos nombres y autores que no son familiares en Bolivia pero que son parte de la historia y vida cotidiana venezolanas. El artículo original se encuentra aquí.
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Por qué los académicos, profesionales en general, empresarios y la gran mayoría de las clases media y alta han sido los principales baluartes en la lucha en contra del Totalitarismo Siglo XXI? ¿Por qué gran parte de la población menos favorecida, sobre todo del campo, ha tardado en percibir el engaño de esta revolución Castro-comunista? En el siglo pasado, ese gran venezolano que fue don Mario Briceño Iragorry escribió sobre La traición de los mejores y recientemente Mirtha Rivero en un excelente libro se refiere a La rebelión de los náufragos, identificando como tales a muchas personalidades de elevada preparación intelectual. En el primer caso esos llamados «mejores» son descritos como cómplices de la dictadura de Juan Vicente Gómez y en el otro, de acuerdo a testimonios parcializados o no, son señalados como traidores a la democracia.
Advertimos que «mejores» no necesariamente implica que tengan principios morales y éticos más desarrollados que el resto de la población, sino que por diversas circunstancias han logrado un destacado posicionamiento en la vida nacional. Ciertamente, en la lucha en contra de Gómez los estudiantes y algunos profesores y hacendados se opusieron a la dictadura, pero la mayoría se sometió al régimen. En tiempos de Pérez Jiménez, el penúltimo dictador, sólo cuando su gobierno entró en la fase final se produjo la reacción de los «mejores».
Desde luego este es un tema a desarrollar por sociólogos y estudiosos no contaminados por el fanatismo político. A simple vista de un observador lego en la materia como quien esto escribe, pareciera que tanto Gómez, como Pérez Jiménez dejaban actuar a quienes decidieran no incursionar en política y por ello los «mejores», con las excepciones del caso, no se involucraron en la lucha antidictatorial. Recuperada la democracia, los «mejores» no vieron peligro en intentar alcanzar posiciones políticas y ello los animó a tomar partido activo en contra de un sistema de democracia en decadencia.
Hoy, los «mejores» participan frontalmente en contra del teniente coronel, a pesar del riesgo de ir presos y de que les confisquen su patrimonio. ¿Toma de conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos o reacción ante el peligro de desaparición de la propiedad privada y de la libertad? ¿Por qué la lenta reacción de la mayoría de quienes tienen menos? ¿Temor de volver a un pasado que los frustró? ¿Percepción de que no existe un liderazgo alternativo que les ofrezca esperanzas de un mejor futuro? ¿Escasez de principios y valores por causa de un sistema educativo que no formó buenos ciudadanos? Al respecto pensamos que la insurrección de los mejores, esta vez sin comillas, sólo tendrá éxito si logra un mayor acercamiento a ese pueblo que vive en condiciones precarias y que percibe mucha riqueza mal habida y ostentosa, mientras él sufre grandes penurias. La insurrección de los mejores debe ser en contra de la dictadura actual, pero también en contra de la pobreza.
Para sobrevivir
The Economist, la venerable institución periodística británica de influencia planetaria, trae en una de sus últimas ediciones una nota sobre cómo la prensa inglesa se adapta y, en algunos casos, vence la carrera con los nuevos medios de comunicación, especialmente los que vienen vía internet, la TV y los diarios gratuitos. La lucha de los medios impresos es tenaz en todo el mundo, pero resulta particularmente imaginativa en Inglaterra.
Recuerda la revista inglesa que en el último cuarto de siglo los dos tabloides más importantes de Inglaterra, Daily Express y Daily Mirror, han perdido dos tercios de su circulación. Pero eso no vence el optimismo de otros dos diarios de peso pesado en la sociedad inglesa:-The Evening Standard y The Independent-, cuyo copropietario, el magnate ruso Eugeny Lebedev, dice con una ironía que la revista reproduce: “Todo el mundo habla de la muerte de los periódicos. Pero si uno va al tren subterráneo ve que casi todos están leyendo algún diario”.
La avalancha competitiva sobre los medios impresos empezó al afirmarse la televisión, primero, como vehículo informativo y de entretenimiento, y después con el advenimiento arrollador de la internet. Con la primera, los diarios y las revistas encontraron la manera de enfrentarla con alguna ventaja: dieron más contenido a sus informaciones. Gozaban de un tiempo que la inmediatez implacable de la TV no concede a sus redacciones, y lo utilizaron investigando más, redactando de manera más concisa y atractiva, y procurando detalles adicionales que enriquecieran la información. Pero el ingreso de la internet a la batalla ha sido otra cosa, pues los medios electrónicos también pueden disponer de un poco más de tiempo para robustecer su información y tenerla disponible para el lector, a través de sus archivos, todo el tiempo.
A todo esto, The Independent y The Evening Standard llevaron al combate un arma nueva: i , una versión más concisa, de formato más pequeño a sólo un quinto del precio de los diarios regulares. La estrategia parece haber funcionado con el Evening Standard, cuya circulación ha doblado a 700.000 ejemplares diarios, dice la revista. Pero en el caso del Independent, el resultado no es tan visible, aunque ha recuperado parte de sus anunciantes, atraídos por la noción de publicitar en dos diarios al precio de uno.
En verdad, los diarios, así como todas las industrias, están en un torbellino. Es el torbellino del progreso del que sobreviven sólo los mejor dotados y más innovadores. La llegada de la internet, con la que las páginas web de los diarios de algunos países facturan en publicidad más que los medios impresos, ha sido un sismo en busca de un lugar bajo el sol de la información. Lo curioso es que los medios asociados a la prensa escrita, la radio, la TV y la internet, interactúan entre sí. Se retroalimentan y buscan superar la información del competidor. Uno influye sobre el otro y la competencia acaba por beneficiar al lector, que se encuentra con material de mejor contenido. El peligro está para los que no se encuentran preparados para competir y mejorar y para los que tienden a seguir lo que la TV, los websites y la radio han dicho en la jornada anterior, sin agregarle los elementos que permitan al lector decir: Esta es una información completa. Por ahora, no creo que necesite saber más.
Renuncia sorpresiva
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, se va, tras haber renunciado al cargo sorpresivamente, por “razones de salud”, según la agencia oficial ABI, si bien el director de Comunicación Social del Comando en Jefe dijo a Erbol que el jefe militar se encuentra en perfecta salud.
La noticia y la contradicción de versiones crearon un ambiente confuso que sólo se aclaró parcialmente al llegar la noche. Pero, oficialmente, se desconocía si la renuncia obedecía a algún otro motivo o si precipitaría cambios en toda la estructura del Alto Mando Militar. (La renuncia se produjo a sólo horas de una ceremonia en la que Morales se propone conmemorar su primer juramento al cargo presidencial, hace cinco años.) El vicepresidente Alvaro García dijo esta noche en la TV que la renuncia obedecía a motivos de salud y que la decisión había seguido un cauce normal, pues el renunciante designó a un sucesor temporal. El presidente Morales haría conocer posteriormente su decisión sobre la situación surgida con la renuncia.
En la Bolivia de dictaduras que yo conocí, un cambio así, con versiones discrepantes sobre sus orígenes, era una señal de que “algo olía mal” (en Dinamarca, para citar a Hamlet.) Pero las palabras del vicepresidente subrayaron que la decisión del comandante no tenía nada de excepcional.
Las versiones que corrían al anochecer subrayaban algunos cambios que ocurrirían en el gabinete. Se hablaba insistentemente de la salida del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y del retorno de Juan Ramón Quintana, a quien la oposición y sus críticos atribuyeron la toma de Pando, el encarcelamiento de Leopoldo Fernández, y otras medidas duras asumidas por el gobierno del presidente Morales.
La escueta información en la primera página de ABI decía:
“El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Ramiro de la Fuente, renunció por motivos de salud y dejó “accidentalmente” sus altas funciones en manos del inspector general de la Comandancia, almirante Armando Pacheco Gutiérrez, se informó oficialmente el viernes”.
En el interior de sus páginas agregaba que la renuncia se produjo a través de una carta al mandatario en la que el renunciante alegaba “razones de salud” para “desempeñar como es debido” su responsabilidad de comandante. También agradecía “la confianza otorgada por Morales” y se ratificaba “en la línea del proceso de cambios”. Estaba en funciones desde el 24 de enero de 2010.
Además, el despacho decía que este sábado Morales podría anunciar “cambios en su equipo de colaboradores” y atribuía la versión a “medios locales”.
Erbol, en cambio, decía que fuentes que había consultado aseguraron que desde hacía dos semanas “los jefes militares ya empezaron a comentar sobre la renuncia del general De la Fuente”. La renuncia era atribuida a presiones de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias (Bartolina Sisa) y de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), según una fuente militar que habló con la red de emisoras rurales.
La información de Erbol dijo que el coronel Juan Carlos Caballero, director de Comunicación Social del Comando en jefe de las FF.AA., había asegurado que su oficina no había distribuido ninguna información sobre la renuncia del jefe militar. “No se de dónde sacaron esa información”, dijo Caballero a esa red, tras asegurar que el general renunciante se encuentra “perfectamente de salud”. Será el Cnl. Caballero no estaba informado o es que la renuncia fue realmente sorpresiva?
El ferrocarril Arica-La Paz
La entrega más reciente del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, que deseo compartir con Uds:
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Aparte de la cuestión marítima, sería importante que la recién creada Comisión Binacional de Alto Nivel se preocupara con prioridad de la habilitación del Ferrocarril de Arica a La Paz, el cual desde hace varios años ha dejado de funcionar. Y lamentablemente, nuestro país tiene gran culpa de ese suceso.
Como se sabe, de acuerdo al Tratado de Paz de 1904 y de la Convención para la construcción y explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz de 1905, se inició su levantamiento en 1906 y quedó terminado en 1913. Pero la administración del mismo quedó todavía en manos chilenas por quince años más, hasta 1928. Espacio de tiempo que Chile necesitó para recuperar el dinero gastado en la construcción de esa vía.
Sólo desde 1928, la administración del Ferrocarril quedó separada en dos sectores: el comprendido en territorio chileno, de Arica a Visviri, siguió bajo control de ese país; y el que se encuentra en territorio boliviano, de Charaña a La Paz, pasó a depender de Bolivia. Ese año además, se suscribieron una serie de actas encaminadas a regular la futura administración del mismo.
Ahora bien, durante muchos años, el pueblo boliviano anheló que Chile cediera sus derechos de administración de su sector, para que Bolivia tuviese el mando de todo el Ferrocarril, como sucede con la vía de Tacna a Arica, cuyo tramo completo es controlado por el Estado peruano. Pero sucedió lo contrario, en base a la política de capitalización, la parte del tramo Charaña – La Paz pasó a depender de una empresa privada chilena.
La concesión del tramo boliviano se efectuó sin haberse consultado al gobierno chileno, lo que constituyó a fin de cuentas, una transgresión del Tratado de Paz de 1904. Pero lo sorprendente es que nuestro país había violado dicho tratado en contra nuestra, porque desligaba a Chile de sus compromisos con el Ferrocarril.
Como era de esperar, el gobierno trasandino decidió hacer otro tanto. Traspasó la administración de su sector, de Arica a Visviri, a otra empresa chilena, que además, ya manejaba el sector oriental de nuestro sistema ferroviario.
Con la privatización de las dos secciones del Ferrocarril, las cuales quedaron en manos chilenas, nuestras ingenuas autoridades gubernamentales consideraron que el trasporte de mercancías por ese medio podría modernizarse, y cumplir con más eficacia su misión de facilitar el comercio exterior boliviano. Pero sucedió lo contrario. Las dos empresas concesionarias se pusieron de acuerdo para declararse en quiebra y suspender el servicio ferroviario.
Han pasado varios años de la paralización del Ferrocarril y hasta ahora el gobierno chileno ha consentido que esto suceda en contravención de los acuerdos anteriormente mencionados, que lo obligan a mantener permanentemente habilitada esa línea ferroviaria.
¿Cómo es posible que nuestro país hubiese aceptado que concluyera el histórico servicio prestado por el riel a Arica, cuya construcción se ha constituido en uno de los fundamentos del Tratado de Paz de 1904? Si se había cometido un grave error al privatizar el sector nacional del Ferrocarril sin consultar a la contra parte, ello no era óbice para que ésta se permitiera violar el Tratado de Paz y su acuerdo complementario, la mencionada Convención de 1905, que determinaban que se debía asegurar a perpetuidad el libre tráfico de esa ruta.
En consecuencia, nuestro país está en la obligación de exigir a Chile que respete dichos tratados, manteniendo la vigencia del Ferrocarril. Felizmente sus dos últimos gobiernos, el de Bachelet y más aun el de Piñera, han demostrado su interés por rehabilitar la vía. Se dice que ya han instruido la realización de estudios de la misma, con objeto de reconstruir las partes más deterioradas y que tengan mayor pendiente, para luego entregarla, de acuerdo con Bolivia, a una empresa privada de gran experiencia y solvencia que haga de ella una verdadera salida al mar tan efectiva como la carretera de Arica a La Paz.
Defensa de la fuente de información
ULTIMO MOMENTO: La declaración del periodista John Arandia fue suspendida. El periodista dio la cara y se presentó a declarar a la hora señalada. Quien no se presentó fue el fiscal Edward Mollinedo, asignado para tomar la declaración. Estaba ocupado «con otro caso», le hicieron saber al periodista. Los funcionarios de la fiscalía no indicaron nueva fecha. Arandia dijo brevemente que volverá a las oficinas del Palacio de Justicia en cuando las autoridades judiciales lo dispongan.
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El periodista y presentador de un programa de TV, John Arandia, ha sido convocado a declarar esta tarde ante los fiscales que investigan el episodio ocurrido el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz. El motivo de la convocatoria: Su programa “A todo Pulmón” fue el que hace seis días puso en el aire el video que exhibe un acto de soborno a quien un tiempo fue testigo clave de la investigación que dirige el fiscal Marcelo Soza. La divulgación del video equivale a un explosivo informativo en el centro de la investigación, que ha sido puesta en cuestionamiento por un gran número de personas que antes rehusaban pensar que el trabajo del fiscal y sus asesores tenía fallas ostensibles.
Iniciar la acción investigativa reclamando al periodista que declare sobre el video que recibió e hizo público es como el receptor de una carta que toma represalias con el cartero que le entregó la correspondencia con un contenido que no era de su agrado.
“Extraña la situación de cómo aparece este video. Hay que ver si es auténtico porque apareció de manos clandestinas. Me parece que los que han recibido el video, tengo entendido son algunos periodistas. Tendrán que dar la cara”, dijo el fiscal el martes por la tarde, cinco días después de la divulgación. Aparte de la sintaxis floja en algunos conceptos, de la declaración podrían tejerse muchos párrafos analíticos, Pero sobresale el carácter intimidatorio de la declaración, cuando dice: “tendrán que dar la cara”.
La convocatoria ocurre en momentos en que en todo el planeta periodístico existe una convicción plena sobre la importancia capital del resguardo de la fuente. No son pocos los periodistas que han preferido la cárcel antes que acceder a las demandas de jueces y tribunales para que revelasen las fuentes de alguna información. Y en momentos en que en todas las sociedades existe conciencia sobre la necesidad de preservar ese derecho, que algunos países lo tienen consagrado en su constitución.
La comparecencia de Arandia ante un fiscal tendrá repercusiones en todo ese universo periodístico, y agregará más leña a la hoguera de las dudas que ya existen en países vecinos de Bolivia sobre la calidad de la justicia que impera en el país.
Otro punto débil en la declaración del fiscal son sus dudas sobre la autenticidad del documento. Uno se pregunta si existieron aquellas dudas en torno a los videos que pulularon a lo largo de la investigación que lleva a cabo. Porque en la base de la acusación contra el supuesto “grupo Rózsa” está una conversación en un balneario en la que Rózsa se jacta de que habría podido eliminar al presidente y sus ministros que se encontraban en una reunión en una lancha en el Lago Titicaca. La conversación es parte de un video.
La convocatoria a Arandia ha movilizado a toda la prensa en Bolivia. La Asociación de Periodistas de La Paz, a través de su presidente Pedro Glasinovick, rechazó la declaración del fiscal Soza y recordó que las leyes, incluso las bolivianas, dan garantías de protección a la fuente de información. La Federación de Periodistas de Bolivia, con su presidente Ronald Grebe, se pronunció de manera similar. Otros dirigentes convocaron a movilizaciones de los periodistas en todo el país. Potosí se anticipó y en la mañana algunos grupos ya marchaban por las calles de esa ciudad colonial, aunque el reclamo principal era mantener intacta la Ley de Prensa de 1925 y que, precisamente hoy, cumplió años.
Paraguay concede refugio a Cossío
La Comisión Nacional de refugiados (CONARE) de Paraguay decidió otorgar a Mario Cossío la condición oficial de refugiado y desairó la gestión que oficialmente había emprendido la Ministro de Transparencia Nardi Suxo para que el gobernador suspendido no recibiese asilo. Con la decisión paraguaya suman tres las naciones vecinas de Bolivia cuyos organismos de protección a los derechos humanos juzgan que el sistema judicial boliviano no ofrece garantías para la administración de una justicia imparcial. Brasil y Perú ya tienen refugiados bolivianos.
Sobre Cossío, suspendido del cargo de gobernador de Tarija bajo fuerte presión del partido de gobierno, pesan acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Pero ante lo que consideraba una imposibilidad de defenderse con todos los recursos legales, optó por pedir refugio en el vecino país.
La decisión del CONARE de Paraguay fue adoptada por uanimidad, dijo la senadora Zulma Gómez, citada por el sitio ABC digital este mediodía, en base a cuya versión la red de emisoras rurales ERBOL lanzó un «flash» informativo en la primera página de su sitio en la red de internet. Esa decisión puede hacer pensar a los jueces bolivianos que sus actuaciones son también seguidas de cerca en los países vecinos, y más allá.
Las gestiones de la ministro Suxo, así como las declaraciones del gobierno boliviano en contra de Cossío, deben haber tenido efecto contrario al buscado, y afianzado la convicción generalizada en todos los medios opositores bolivianos de que en Bolivia la justicia está supeditada a los intereses del Poder Ejecutivo.
La decisión se suma a la que en los últimos días tomó Brasil, al conceder refugio a otros personajes bolivianos que se sentían acosados por el gobierno. Con los asilos recientes, hay en total 121 asilados bolivianos en el vecino país. En junio de 2009, el gobierno brasileño otorgó la condición de asiladas a 118 personas. Todas se consideraban perseguidas a raíz de los sucesos de Pando.
Cossio fue de grupo de prefectos (hoy gobernadores) que primero manifestó su oposición a algunas de las normas que aprobaba el presidente Morales desde los tiempos de la Asamblea Constituyente.
El oleaje del video
Desde el jueves 13 por la noche se derrite la afirmación del gobierno que sostiene que en el oriente de Bolivia se había forjado un grupo terrorista con intenciones magnicidas y separatistas. Este colapso ocurre a pesar de los esfuerzos del gobierno por desacreditar el video que muestra el soborno a quien era considerado “testigo clave” en los acontecimientos que llevaron al 16 de abril de 2009 y a los hechos que siguieron.
Las páginas web de este lunes estuvieron activas con noticias sobre las declaraciones del Ministro Sacha Llorenti y su antecesor Alfredo Rada, quienes descalificaban el video en el que son entregados 31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, cuyas declaraciones fueron la base para construir la tesis de que Eduardo Rózsa Flores montaba un movimiento de terror y separatismo desde Santa Cruz.
El programa “No Mentirás” de PAT mostró al Ministro de Gobierno cuando decía que “El Viejo” no era testigo clave de la investigación del fiscal Marcelo Soza sino un acusado en la misma investigación. Por si acaso, quienes lo denominaron testigo de esa calidad fueron los propios investigadores, poco después de los sucesos del 16 de abril de 2009. El ministro pidió “responsabilidad” y preservar la reputación de las personas. La recomendación venía en el rastro de declaraciones de algunos dirigentes políticos que subrayaron que hace dos años y medio el ministro del interior era Alfredo Rada y que habría sido responsable de la huida de “El Viejo”, cuyo paradero es ahora desconocido. Con todo, la recomendación pareció extraña en el ambiente de “dispara primero y averigua después” que está instalado en Bolivia.
Al paso de esa recomendación, salió el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien era entrevistado anoche por el mismo programa. El ex defensor dijo que ese cuidado no había existido cuando se trataba de opositores al gobierno y que eso hacía pensar que en el país había ciudadanos de primera y de segunda. Y subrayó que el video había puesto graves interrogantes a toda la trama relacionada con el episodio del 16 de abril de hace dos años.
Como el programa también mostró el momento en que el presidente Morales decía que había ordenado una investigación del caso, surgió el planteamiento de una investigación internacional, de la OEA, de países vecinos (no de UNASUR) sobre todo el caso. El planteamiento ponía en evidencia la desconfianza creciente en la justicia.
El sistema judicial boliviano está desprestigiado, y ese desprestigio ahora cruza las fronteras, como lo confirma el asilo concedido al juez Luis Tapia Patzi por Brasil, al dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, y al ex gerente del Comité pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar. En Brasil ya hay decenas, y quizá centenas, de refugiados. Tapia Patzi se oponía a que los cruceños a quienes se les requería una declaración indagatoria tuviesen que ir a La Paz, como aún exige el fiscal Marcelo Soza. No se trata de defender a nadie a priori, sino de las dudas que cunden sobre la calidad de la justicia en Bolivia.
Una sorpresa de la noche fue la entrevista a Samuel Diez de Medina, quien dijo que algunos de sus secuestradores la década pasada eran ahora parte del gabinete ministerial. No mencionó a nadie en particular, pero hizo la afirmación cuando se refería al juicio que se le ha instaurado bajo la acusación de “terrorismo financiero” por decir, en un programa de TV en el extranjero, que el peso boliviano sería revaluado hasta seis unidades por un dólar (6,94 actualmente). “No soy terrorista”, declaró. De inmediato dijo que terroristas eran los que lo secuestraron en la década pasada durante 45 días y cobraron un millonario rescate por su libertad.
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