Mes: mayo 2014

Supongamos

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Supongamos que Ud. ha sido designado para continuar la construcción de un puente estratégico en la ciudad. La ejecución ya lleva tiempo y muchos obstáculos exhiben su precariedad. El trabajo se vuelve más incierto cuando el ingeniero que diseñó la obra reconoce que hay fallas en su origen que señalan que continuarla es una temeridad. ¿Qué hará?
Las declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza a partir de su fuga a Brasil aseguran que recibió un juego de cartas marcadas cuando le asignaron la investigación del asalto al Hotl Las Américas de Santa Cruz y la muerte de tres ciudadanos “en un acto de fuerza innecesaria…no entiendo por qué se procedió con tanta violencia”.
Jurídicamente, el caso que el ex fiscal asumió fue sustentado en un episodio anunciado antes de que ocurriera: el ataque sin daños personales contra la residencia del Cardenal Primado Julio Terrazas. La denuncia fue activada en La Paz, el 14 de abril de 2009, y el acto tuvo lugar a 600 kilómetros al este, en Santa Cruz, horas después. Los estrategas “cometen un error: el de anticipar su presentación”, de acuerdo a la transcripción que hizo ANF de la declaración del ex fiscal. El hecho había sido denunciado como una premonición asombrosa en los días que siguieron al episodio, que desencadenó una secuencia que desde hace cinco años juega con el destino de decenas de acusados y presos en La Paz, Santa Cruz y Trinidad.
Como encargado de la obra, Ud. tiene varias opciones, entre ellas detener los trabajos y revisarlos prolijamente para determinar dónde están los eventuales errores. Puede que Ud. decida cancelar el plan o también que persista en los trabajos porque cree en la validez del caso, cuyo promotor original denuncia como viciado. Abogados defensores dicen que auditar el proceso sería lo mínimo que debería hacerse. En la otra esquina, el Ministerio Público ha anunciado que fortalecerá la acusación.
Ante la baraja de opciones están los jueces y fiscales que conducen el mayor juicio penal de la historia de Bolivia, presumiblemente perplejos porque cada paso que den ahora puede parecerles incierto pues los fundamentos de los que se partió han sido desahuciados por quien los elaboró. El puente, se deduce de lo que dice el Dr. Soza, fue diseñado en base a amenazas y falsedades. El ex fiscal ha apuntado a algunos que serían culpables de planificar y de ejecutar una obra peligrosa.
Las afirmaciones del ex director de la obra traen muchas preguntas. ¿Por qué no habló antes y en cambio continuó a cargo del caso durante cuatro de los cinco años que han transcurrido desde el asalto al Hotel Las Américas? “…fui conminado a continuar la investigación…”, dijo en la declaración que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil.
El papel que revela el ex fiscal evoca al de Nikita Khurschev cuando denunciaba al “stalinismo” ante los sindicatos (eran los “movimientos sociales” del socialismo real) y aseguraba a su audiencia que si el jefe supremo y protector de la extinta Unión Soviética le ordenaba bailar, él bailaba, y si la orden era cantar, él también cantaba. La historia registra que cuando un obrero le preguntó por qué cantaba y bailaba sabiendo que hacía de payaso, el ex premier soviético pidió que el autor de la pregunta se identificase. La respuesta fue un silencio profundo y al cabo de unos instantes el poderoso premier dijo: “Ahí tienen por qué yo bailaba y yo cantaba…”
El miedo puede ser sólo una parte de esta ecuación. En ella figuran otros factores que bajo un ambiente diferente serían ventilados sin mayores contratiempos. Uno de ellos es el delito de extorsión del que el ex fiscal está acusado y que él, a su vez, endilga a otras personas, en un pingpong que viene a agravar la densa bruma de dudas y sospechas, frecuentemente justificadas, que ensombrece la calidad de la justicia bajo la que vive Bolivia. En el plano ético, ¿cómo justificaría el ex fiscal sus decisiones? Y ¿qué responden las autoridades que afirmaron, nacional e internacionalmente, que en Bolivia estaba en curso una campaña terrorista con magnicidios que buscaba dividir al país luego de rendir al ejército nacional, tesis cuyo diseñador dice que era incorrecta e imprecisa?
Hay una equivocación al creer que divulgar las declaraciones del ex fiscal equivale a vocería de un separatismo entre cuyos denunciantes está el mismo ex fiscal ahora cuestionado (“…la existencia de un grupo irregular integrado por extranjeros que fueron traídos está comprobado {sic} plenamente y las acciones concretas no fueron investigadas plenamente”.)
Nadie dudaría que el fiscal sí es noticia. Ha sido punto central en un proceso traumático todavía en curso. Las declaraciones del ex funcionario responden a los requisitos fundamentales que provocan el quehacer de los periodistas y periódicos. ANF y algunos medios contaron con un periodista en el lugar y recogieron declaraciones del ex fiscal. Es noticia cuando dice que algunos personajes escaparon del país así como cuando refiere que había militares venezolanos adscritos a la Casa Militar y la Presidencia que estaban en el hotel en la madrugada del ataque (coincide con la historia contada por Mario Tádic ) y que no fueron interrogados porque quienes coordinaban la operación dijeron que estaban protegidos por la inmunidad diplomática.
La versión representa “desdecir lo que él afirmó…él fue la autoridad que había presentado una acusación, la ha sostenido…ha exigido y solicitado el procesamiento de 39 personas”, dijo el fiscal del caso, Marco Antonio Rodríguez, citado por El Deber de Santa Cruz.
Esa versión del ex fiscal coincide con gran parte de la tesis de la defensa a lo largo de estos años. El destino de las obras del puente cuyo plano él preparó debe ser resuelto en los días que vendrán.

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No vuelvo a leerlo

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El autor “Las venas abiertas de América Latina”, uno de los ensayos más difundidos de América Latina, y por décadas sustento líder de la idea de que las inversiones extranjeras eran nocivas y que el continente pagaba por ellas tributos coloniales, ha hecho una declaración que erizó la piel de muchos. En la reciente Bienal del Libro de Brasilia donde fue el homenajeado principal, Eduardo Galeano dijo que carecía de formación económica cuando escribió la obra y que él mismo no la volvería a leer.

Al reseñar la declaración, originalmente difundida en portugués, el diario caraqueño Tal Cual Digital dijo que, a los 43 años de haber publicado la primera edición, Galeano (73) se había dado el gusto de matar su obra más conocida.  A partir de ahí parece haber recuperado eco la declaración para ahora repercutir en otras latitudes, incluso en su propio país, Uruguay.    

Lanzada en 1971, la obra de Galeano ha recorrido el mundo como un catecismo incuestionable de las izquierdas. Traducido a una veintena de idiomas, también está en gran parte de las librerías nacionales, inclusive en su versión trucha (fotocopiada). Figura como libro de cabecera de muchos personajes de la política en todo el continente y no son pocos los que aseguran haberlo leído sin siquiera haber hojeado sus páginas.

La revista CartaCapital, una de las mayores de Brasil, citó al escritor en una conferencia de prensa tras llegar a Brasilia a principios de abril: “Después de tantos años, no me siento tan apegado a ese libro como cuando lo escribí. El tiempo pasó, comencé a abordar otras cosas, a aproximarme más a la realidad humana en general y en especial a la economía política. ‘Las venas abiertas’ trató de ser un libro de economía política, sólo que entonces yo no tenía la formación necesaria. No estoy arrepentido de haberla escrito, pero es una etapa superada. No sería capaz de volver a leer ese libro. Me desmayaría. Para mí esa prosa de izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no aguantaría”.

La Agencia Brasil citó otro párrafo de esa declaración, muy poco divulgada en Bolivia: “La realidad cambió mucho. Yo cambié mucho. Mis espacios de penetración en la realidad crecieron tanto fuera como dentro de mí. Dentro de mí esos espacios crecieron en la medida en la que iba escribiendo nuevos libros y redescubriéndome, viendo que la realidad no es solo aquella en la que yo creía”. 

La obra no necesitaba de mayor publicidad cuando el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez la escogió para ofrecerla a Barack Obama, en la cumbre de Trinidad y Tobago de 2009 en un gesto que probablemente propulsó nuevas ediciones. Preguntado en Brasilia  sobre si Obama entendería la obra, Galeano respondió con calculada picardía: “Ni Obama ni Chávez”.  

¿Dónde está el espionaje?

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He leído  y releído el trabajo de La Razón sobre la presentación de la memoria boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sin conseguir descubrir en qué consistiría el espionaje o divulgación de secretos de estado que endilga el Procurador General del Estado al periódico. He leído, también varias veces, la nota de la Procuraduría General, que afirma que el diario paceño ha publicado información reservada, de la que no ofrece pistas que iluminen el entendimiento de los bolivianos sobre los motivos de la nueva escaramuza entre autoridades y practicantes del “oficio más bello del mundo”, como definió al periodismo, en un exceso notable de parcialidad, el Nobel García Márquez.

Una clave de la susceptibilidad  del procurador estaría en la mención a una consulta internacional sigilosa para determinar opiniones de entendidos, inclusive de quienes no simpatizan con el Presidente Evo Morales,  sobre la iniciativa boliviana, y en referir el traspié cuando se intentó plantear la cuestión magna boliviana ante la Liga de las Naciones. En el primer caso, la información dice que la reacción fue positiva. En cuanto al segundo, no es ningún secreto y su historia está en todo buen trabajo sobre aquella gestión infructífera.

La nota periodística está formada por retazos informativos con los que muestra un mosaico del que habría sido el camino para llegar al planteamiento boliviano presentado hace casi un mes. Es posible conjeturar que el buen propósito de elaborar el trabajo con extremo cuidado en un plazo limitado torpedeó la norma de orden riguroso y máxima claridad. La descripción de la sesión de abril del año pasado es extensa (los cinco primeros párrafos) y sacrifica espacio útil para otros elementos de la información.

Es natural que, en el epílogo de un trabajo de al menos tres años, la nota final boliviana hubiera sido redactada y revisada varias veces. Innecesario subrayarlo pero también imposible encontrar en ese registro una intención contra la seguridad nacional. Podía haber sido escrita decenas de veces y eso no habría llamado la atención debido a la magnitud del tema y el cuidado que su tratamiento conlleva.

Decir que ese trabajo fue arduo y secreto no compromete la seguridad de nadie. Que haya un equipo de abogados externos con el que fue elaborada la presentación boliviana es también normal. No era ningún secreto que se iba a recurrir a la doctrina de los actos propios. No hay internacionalista boliviano que no se hubiera preocupado por informarse sobre ese concepto y en los últimos tiempos era un tema corriente de discusión y análisis.

Hay  elementos de estilo en la nota que, a estas alturas, uno supone que ha sido desmenuzada por todas las redacciones, inclusive la afectada. No hacerlo sería una falta imperdonable. Asuntos de esta magnitud y apropiados para la autocrítica no se presentan todos los días, menos en vísperas del Día del  Periodista.

No es alentadora la imagen que proyecta de Bolivia el procurador si una nota informativa así lo inquieta y lo lleva a exhibir la actitud secretista que se percibe en algunas autoridades. Esa inquietud puede ser interpretada como inseguridad, algo que debe haber estado lejos de la intención del procurador. Inferir que el periodista y sus jefes cometen traición a la patria es ingresar a la paranoia. Es también desconocer talento y sentido común en el rival.

Nadie podría creer que hay secreto de estado en el calificativo de “impecable” atribuido en la nota al juez de la CIJ Philippe de Couvreur, respecto al trabajo boliviano, ni en la descripción de la escena de la presentación. La frase no es corroborada en la versión, fechada en La Haya. Con todo, es legítimo suponer que a causa del celo del procurador, La Razón ha elevado su popularidad como medio informativo.

Para cerrar, la nota de la Procuraduría ignora al género femenino cuando ordena al periodista “revelar en el plazo de tres días”  los nombres… “del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario o exfuncionarios que le reveló o le revelaron información reservada…”  En tiempos de respeto al género, el lector deberá concluir que no hay mujer o mujeres involucrada o involucradas en la divulgación de la información supuestamente reservada.

Creo que una parte de este problema obedece a la hipersensibilidad de algunas autoridades con un tema que contiene dosis comprensibles de incertidumbre, de la que nadie podría, razonablemente, culparlas. También exhibe la necesidad de que los medios, especialmente los escritos (y también los televisivos), cuenten con una figura que es institucional en otras latitudes: el defensor de lector, el “ombudsman”, que trata de colocarse  al lado del público y de la calidad informativa, no del  medio ni de sus periodistas, menos aún de gobiernos. Salvo experiencias contadas y encomiables, no ha existido esa figura de forma militante en Bolivia.

Nuevo capítulo del Juicio del Siglo

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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados.” El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.