Caminos al mar

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Las jornadas recientes en La Haya favorecen la estrategia en la que el país está empeñado para retomar la condición de vecindad al Pacífico, pero a la sensación de confianza se suman interrogantes que en el corto plazo deberán empezar a ser respondidas. No se vislumbra cuándo la pelota empezará a rodar para las siguientes fases de un juego supremo para Bolivia, pero parece prudente comenzar a analizar cuánto el país está dispuesto a invertir. ¿Canje territorial? ¿Algo menos o algo más? ¿Algo diferente? El tema cautivó a una audiencia selecta que hace pocos días se congregó en la Universidad Nacional Ecológica para escuchar las opiniones de especialistas del tema en sus distintas facetas.
En un paquete académico de seis en uno, Rubén Darío Cuéllar, Antonio Mariaca, Hugo Siles, Karen Longaric, Alberto Zelada y Fernando Salazar concurrieron a una invitación del rector de esa universidad, Carlos Hugo Molina, y la directora de la carrera de Relaciones Internacionales, Roxana Forteza, para exponer puntos de vista sobre el tema que tiene a la diplomacia boliviana bajo alerta máxima.
Cuéllar, ex Cónsul Adjunto en Chile, partió de la premisa en que se apoya la gestión en curso: Bolivia no busca revisar ni desconocer tratado alguno sino recuperar cualidad marítima. Enseguida, el catedrático Mariaca sostuvo que la Corte de La Haya se declarará competente, pero solo al final de la ronda en curso, para la que reclamó “cautela y buenos modales” pues “no es tiempo de confrontación”. “Con Haya o sin Haya, tenemos que negociar”. Cerró su intervención abriendo compuertas hacia el punto que quema en toda discusión a la hora de la cuenta: ¿Cuánto?
En su turno, Hugo Siles, Ministro de Autonomías, aseguró que las reuniones del presidente Morales con expertos nacionales antes de llevar la disputa a La Haya fueron una consulta nacional y que el camino había sido cuidadosamente preparado. En la ronda siguiente destacó las pérdidas económicas del enclaustramiento. Karen Longaric, también profesora de Relaciones Internacionales y ex diplomática, propuso a sus colegas hablar sobre las bases jurídicas de las posiciones de los dos países y de la intangibilidad de los tratados, angular en la diplomacia de Chile. Cada uno puntualizó sus visiones.
Un plato más fuerte lo sirvió el ex vicecanciller y ex Cónsul General en Chile, Alberto Zelada. La delegación boliviana debió haber respondido de inmediato “19 de diciembre de 1975” a la primera pregunta del tribunal, sobre cuándo había concluido un acuerdo para negociar un acceso soberano al mar, dijo. Aquella fue la fecha de la proposición formal de Chile, producto de la reunión Banzer-Pinochet. Y sobre lo que debía plantear Bolivia si llegase un nuevo momento de negociación, el punto de partida debía ser esa fecha. La sala estuvo de acuerdo en que, al margen de declaraciones, los dos países habían ingresado a temas esenciales.
Fernando Salazar, autor de una de las obras de biblioteca sobre la cuestión marítima (“Desatando Nudos”), recordó que en La Haya no se está discutiendo una salida al mar sino sobre reunirse alrededor de una mesa y negociar. También partidario de fórmulas “sub-óptimas” como alternativa (“supremacía territorial”, o todo, excepto soberanía plena), el internacionalista mostró insatisfacción con el desempeño boliviano. “Nuestra respuesta no fue la más feliz”, dijo, respecto a la primera pregunta –la aludida por su colega Zelada- pero destacó la audacia del presidente Morales al romper un ciclo en la ruta de la política marítima y avanzar con la bandera de “los actos propios”.
Zelada prendió una señal. En 1943, recordó, ocurrió un viraje en la política exterior boliviana, que hasta entonces buscaba modificar el tratado de 1904. Ese año el país entregó una memoria al Secretario de Estado norteamericano reconociendo la legalidad de la soberanía de Chile sobre la costa que había sido boliviana. Pero enseguida subrayaba la necesidad que tenía de una salida al mar, que esperaba satisfacer en entendimientos directos con Chile. Sobre esa base llegaron las notas de 1950, Charaña y la proposición de 1975. El hito contrastaba con el peor nivel al que han llegado ahora las relaciones con USA.
Con la sensibilidad de todo el país, Santa Cruz sigue atenta las sesiones de La Haya. De aquí también han partido propuestas para la mediterraneidad, algunas enteramente novedosas. Un estudio del Ing. Germán Carrasco Ardaya, de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, planteó hace un tiempo intercambiar territorios sin timidez. Si hubiere dificultades en departamentos occidentales para un eventual canje ¿qué tal ofrecer un área cerca a la frontera con Brasil? El estudio tiene un señuelo inescapable: la zona sería imán para inversiones chilenas proyectadas hacia Brasil y el Atlántico. Los vecinos brasileños retribuirían por las mismas razones, asociados al impulso exportador de la economía chilena, en una dinámica que incluiría a todo el cono sur del continente

En busca del tiempo perdido

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Tras cruzar el sexto aniversario a partir del suceso sangriento que lo originó, el Juicio del Siglo empieza este lunes bajo un régimen draconiano. Las audiencias serán continuas, anunció el juez Sixto Fernández, de modo que se suprimirá la semana que mediaba entre un período de audiencias y otro. El régimen deberá continuar hasta sentenciar a todos los acusados, en el proceso penal más traumático de la historia boliviana reciente.

La decisión corre hacia una búsqueda del tiempo perdido, que nada tiene que ver con el título de la obra clásica de Marcel Proust sino con la intención de alcanzar  un desenlace total en lapso menor al que marca la tendencia de estos años.

El tribunal, compuesto por la juez técnica Elena Gemio y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, de La Paz, como el magistrado presidente, procura recuperar el tiempo perdido en vacaciones, salud, incidentes y feriados, trabajando a marcha forzada hasta sentenciar a todos los acusados. Cinco ya se acogieron al método abreviado y se declararon culpables después de años de alegar inocencia de la acusación, que los sindicaba de planear un alzamiento armado para dividir al país, previa capitulación del ejército.

Cuánto podrá durar todavía el proceso, en curso en Santa Cruz desde 2013, es pregunta abierta. El mayor de policías Rolando Ocampo Tarqui, testigo central de la acusación y primero de 41, declara desde el 23 de marzo y es interrogado por los fiscales del Ministerio Público y abogados del Ministerio de Gobierno.  Compañeros suyos figuran en la lista de testigos presentada originalmente por el ex fiscal ahora prófugo Marcelo Soza. La defensa se propone contra-interrogarlos.

En una medida vista por la defensa como un endurecimiento de la parte acusadora y del tribunal, el juez Fernández no objetó una demanda de la fiscalía para retirar dos termos de café de los que solían servirse acusados, defensores, visitantes y policías. El juez, inicialmente, titubeó ante el requerimiento del fiscal Sergio Céspedes, que reclamaba irritado que el café distraía la atención del testigo, al causar desplazamientos individuales esporádicos en la sala. “Que se saque el termo”, demandó. “Siendo evidente cuanto manifiesta…”, dijo el juez, al disponer un receso de cinco minutos que desembocaron en el retiro de los termos que solía llevar a las audiencias regulares Hugo Paz Lavadenz, uno de los 39 acusados.

A diferencia de otros de su género, el Palacio Judicial de Santa Cruz carece de cafetería.

El retorno de Tal Cual

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Tras poco más de dos meses de repliegue uno de los periódicos más críticos del continente acaba de reaparecer en las calles venezolanas encarnado en semanario. Tal Cual se presentó con un formato novedoso en sus versiones digital e impresa y desafió: “Aquí nadie se rinde y aquí nadie se asusta. Seguiremos plantándole cara al autoritarismo. Estamos listos. Lo que viene es mejor”.

La reaparición del periódico ocurrió dos días después de la decisión de un tribunal que prohibió a 22 periodistas salir de Venezuela para responder a un juicio por reproducir la información de un diario español que alegaba que el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dirigía un cartel de narcotraficantes. El hombre fuerte venezolano los acusó de “difamación agravada continuada” y un juez les abrió causa. La misma información había sido difundida por The Miami Herald.

La prohibición ha sido criticada por organizaciones periodísticas en muchos países y se ha sumado a los temores cada vez mayores de un languidecimiento total de la libertad de expresión en uno de los países que más la defendió. (La cobertura informativa irrestricta durante el golpe que, en 2002, apartó del poder fugazmente al entonces presidente Hugo Chávez, es vista como la causa del fracaso de la asonada y la consiguiente consolidación del “chavismo”, que habría sido imposible en un ambiente como el que luego instaló el gobierno.)

Los medios en los que trabajan los periodistas prohibidos de salir de su país habían reproducido informaciones que citaban al jefe de la guardia presidencial venezolana bajo el fallecido comandante Chávez como el origen de las denuncias que involucraban a Cabello.

En los últimos tiempos ha sido frecuente acusar a periodistas por las informaciones que reciben, en una tendencia a condenar al mensajero y prescindir del mensaje.  En Bolivia se intentó, hace pocas semanas, levantar un juicio contra la periodista de Erbol Amalia Pando por expresiones del ex asesor jurídico de la Octava División, Cnl. Germán Cardona, sobre una autoridad del gobierno durante una entrevista radial. En este caso, el oficial que se declara perseguido político y procura refugio en España, había citado la frase de un subordinado. La autoridad aludida tuvo serenidad y cordura suficientes para descartar toda acción legal de su parte.

La nueva época de Tal Cual (www.talcualdigital.com) es vista como un punto destacado en el desempeño de la libre expresión en el continente bajo los regímenes del Socialismo del Siglo XXI.  La publicación explicó las razones para volver a circular: “El gobierno ha logrado crear, a punta de presiones y dinero, su tan anhelada hegemonía comunicacional. La censura se impone hoy en los medios tradicionales, un cerco que se debe romper”.

El lenguaje desembozado del fundador del periódico, Teodoro Petkoff, guerrillero combatiente de la década de 1960, reapareció en su primer comentario en la nueva versión: “Hola, Diosdado. Pues sí señor. Aquí estamos otra vez. No nos da la gana de desaparecer.” Y como blandiendo el índice: “Nos acusas por dar tratamiento a una noticia que de cualquier manera las redes sociales ya habían hecho de conocimiento general; por reproducir una información internacional en la que has resultado aludido; que perfectamente habrías podido aclarar, de haberlo deseado en realidad, en estas mismas páginas”.

El resurgimiento de la publicación parece llamado a probar hasta qué punto el régimen venezolano puede soportar una oposición con la calidad profesional y el calibre que representa Tal Cual.

Fechas claves

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Esta semana, el diplomático Ramiro Prudencio Lizón citó algunas fechas claves en las relaciones chileno-bolivianos. Con su autorización reproduzco el artículo que originalmente publicó La Razón, de La Paz.

Ramiro  Prudencio  Lizón

Posición chilena en La Haya

El lunes,  la delegación chilena  en la Corte de La Haya presentó sus alegatos orales con el fin de pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se declare incompetente ante la demanda nacional  de  que Chile se obligue a ingresar en una negociación  de buena fe para solucionar el problema marítimo boliviano.

Pues bien, todos los delegados chilenos que participaron ante la Corte, tuvieron un fin común:  demostrar que lo que Bolivia desea en el fondo de su demanda es la modificación del Tratado de Paz de 1904;  y si esto lo obtiene,  perturbaría la armonía internacional ya que muchos otros países pedirían también la revisión de los tratados que considerasen gravosos.   Además incidieron en que el único modo de que se concediese un territorio litoral a Bolivia con plena soberanía sería  modificando precisamente el Tratado de Paz.

Ha sido de lamentar que dichos delegados no conociesen la historia de nuestras relaciones bilaterales respecto al problema marítimo nacional.   Primeramente, cabe destacar que el suscriptor del Tratado de Paz, don Emilio Bello Codesido, vino a La Paz en 1919, con objeto de llegar a un acuerdo dando una salida al mar propia y soberana a Bolivia.  Esto demuestra que el propio firmante del Tratado de Paz lo consideraba muy oneroso.   De este modo se aprobó el Acta Protocolizada de 10 de enero de 1920, donde se estipula que se procurará un acuerdo “que permita a Bolivia satisfacer su aspiración de obtener una salida propia al Pacífico, independientemente de la situación definitiva creada por las estipulaciones del Tratado de Paz y Amistad de 20 de Octubre de 1904”.   El Acta señala que Chile está dispuesto a ceder a Bolivia “una parte importante de esa zona al norte de Arica y de la línea del ferrocarril que se halla dentro de los territorios sometidos al plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón.”

Años después, en 1950, se registró un intercambio de notas entre el embajador de Bolivia en Chile, don Alberto Ostria Gutiérrez, y el canciller chileno, don Horacio Walker Larraín.   La nota de este último, fechada el 20 de junio de 1950, decía que el gobierno chileno, “junto con resguardar la situación de derecho establecida en el Tratado de Paz de 1904, ha estado dispuesto a estudiar, en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones del Gobierno de VE y los intereses de Chile.”  Después continúa mencionando que su país “está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico”.

Luego, en 1961, el embajador chileno en La Paz, don Manuel Trucco, presentó un Memorándum el  10 de julio de 1961.  En ese documento se recuerda a las notas de 1950 y se reitera que su país “ha estado llano, junto con resguardar la situación de derecho establecida en el Tratado de Paz de 1904, a estudiar, en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta”.

Por último, en la Negociación de Charaña, el canciller chileno, almirante Patricio Carvajal, cursó una nota, al embajador de Bolivia en Santiago, de fecha 19 de diciembre, donde en sus partes salientes dice: “la respuesta chilena se funda en un arreglo de mutua conveniencia y contemplaría los intereses de ambos países y que no contendría  innovación alguna a las estipulaciones del Tratado de Paz de 1904”.   Y luego presenta su solución: cesión de un corredor al norte de Arica con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar, mediante un canje de territorios.

Como se puede observar, en todas las ocasiones señaladas, Chile ha manifestado estar dispuesto a negociar una salida al mar, al margen del Tratado de Paz.  Pero ahora, quizás por desconocimiento de estos documentos,  la delegación de Chile en la Corte de La Haya  ha cambiado de parecer e insiste absurdamente en la necesidad perentoria de tocar el Tratado de Paz para cualquier tratamiento del asunto marítimo nacional.

Reflexiones rápidas tras una elección

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El triunfo de Adrián Oliva sobre Pablo Canedo dibuja una realidad: los tres departamentos económicamente más fuertes están bajo control opositor. Independientemente del resultado final que  emerja de Beni, Tarija, La Paz y Santa Cruz posesionarán este mes a gobernadores de oposición. Tarija lleva una ventaja adicional: es la región que concentra casi toda la producción de gas natural, el producto rey de las exportaciones nacionales.

En el análisis de los resultados es imposible ignorar el empeño del presidente Morales para conseguir la victoria para su candidato en Tarija. La derrota ha sido de una magnitud tal (38% vs 62%, dijeron las encuestadoras) que ningún dulce compensará la amargura de haber perdido el Kuwait boliviano.  Hasta cerca de la medianoche,  Alex Ferrier colgaba de un peñasco en tanto que Carlos Dellien aseguraba que había ganado. El margen, sin embargo, era demasiado estrecho, menos del uno por ciento, un típico “too close to call”, en la terminología electoral anglófona.

El cuadro que ahora proyectaba el “factor Tarija” estaba lejos de ser halagador para el oficialismo. Dos hechos mostrarun mmaduez democrática: Canedo concedi’la victoria a Oliva temprano. El vencedor dijo que deseaba trabajarcon el presidente, in bloquear sus inciativas para Tarija.:

El presidente jugó toda su fuerza en los dos departamentos donde hubo el desquite. Su participación personal, (la oposición ha dicho que fue más allá  de las normas),  lo lleva a tener que asumir también la derrota. Este 3 de mayo ha confirmado que ningún líder traslada sus simpatías, así intervenga directamente a favor de sus ahijados.

La factura que le acaba de pasar Tarija puede ser demasiado alta para el precio que el  presidente habría estado dispuesto a pagar. Representa, también, una lección para el partido de gobierno. Tiene a su cargo el poder porque su  líder es Evo Morales, de indudable popularidad. El oficialismo no ha conseguido trascender hasta adquirir personalidad propia como “masismo” y no como “el partido del presidente”.    Lo mismo vale para funcionarios y legisladores que ocupan funciones sin fuerza autónoma. Tienen esas funciones solo en cuanto son seguidores del presidente o gozan de su simpatía.

El tema es vertebral y estará en el ojo de todos los análisis derivados de la elección que acaba de cumplirse.

Decisión dudosa

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En el Día del Trabajo el presidente Morales firmó un decreto que le concede el poder de decidir qué sindicatos podrán existir legalmente. Cuál ha sido el origen de la idea convertida en decreto era, hasta la noche del viernes, una pregunta aún no respondida, pero la medida afecta el derecho de asociación y es un mal augurio para la relación entre el gobierno y los trabajadores. Que hubiera sido anunciada en el día en que los trabajadores de todo el mundo conmemoran es sugestivo.
El viceministro Rada aclaró que lo dispuesto en ese decreto –los otros tres fueron ofuscados, inclusive el del aumento salarial- está regido por la CPE. La pregunta inmediata fue, entonces, ¿era necesario un decreto para una cuestión tan sensible? ¿Qué razones de fondo para sacudir el que ahora luce como un avispero?
Las primeras reacciones al anuncio han sido de perplejidad y molestia, como habría sido previsible. Hasta ahora han sido los trabajadores los que decidían por iniciativa propia y sin ninguna interferencia externa formar un sindicato. Al tomar la decisión, simplemente la comunicaban a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Desde ayer, la decisión que les avale la existencia legal deberá partir de una Resolución Suprema firmada por el Presidente del Estado Plurinacional. Citado por Página Siete, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Arce dijo que “las personerías jurídicas de las organizaciones sindicales y las centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, y las centrales obreras cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, podrán ser únicamente tramitadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y concluirán en el proceso administrativo con la emisión de una Resolución Suprema; la van a firmar el Presidente del estado Plurinacional para reconocer a cualquier institución sindical”. Dicho en menos palabras: Ahora será el gobierno el que apruebe la formación de un sindicato. Antes sólo refrendaba la decisión asumida por los trabajadores. Ahora emitirá una resolución para conferirle existencia legal. “Ni el Presidente ni el Ministerio (del Trabajo) deberán avalar nada. Hay elecciones en las bases y quienes acreditan (en las urnas) la decisión de los dirigentes son las bases. Lo único que tiene que hacer el presidente es poner su sello. Las bases son las que tienen que decidir si aprueban o no” (la nueva entidad). La frase vino de Vilma Plata, la dirigente del magisterio temida por los gobiernos de la década de 1990 y comienzos de siglo y fue citada por El Diario el sábado.
El nuevo entripado fue la joya de la corona de una disputa que ha dividido a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución mayor del sindicalismo nacional que este Primero de Mayo desfiló disgregada.
La decisión del gobierno, cuya necesidad es dudosa, agita el ambiente laboral cuando restan menos de 10 semanas para la visita al país de la cabeza de la institución que con coherencia indeclinable ha defendido las libertades sindicales y los derechos obreros a lo largo de siglos: el Papa Francisco.
Ignoro cuán ilustradas son las autoridades en doctrina social de la Iglesia Católica, pero al asumir decisiones como la adoptada este Primero de Mayo tendrían que haberlas consultado, si no quieren tener una espina en el zapato cuando ocurra aquella visita que en Bolivia despierta fe y entusiasmo.

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.