Tobogán petrolero

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La estabilidad relativa que gobernaba los precios del petróleo tras encogerse a la mitad de los niveles de hace un ano ha sido de nuevo alterada y ahora está en curso probable una nueva picada. ¿Qué productores aguantan?

Venezuela necesitaba un precio promedio de 120 dólares el barril para equilibrar su presupuesto, (su PIB se encogerá un 7% este año, de acuerdo a la mayoría de las previsiones), Irán requería de $US 130  y Rusia precisaba que le pagaran  US$ 90 mientras su PIB estaba rumbo a achicarse en 5%. Esto era antes de que los precios volvieran a ingresar al tobogán y perforasen la base de 50 dólares el barril en la que parecían asentados desde hacía un trimestre.

Bolivia había calculado que sus ingresos por ventas de gas natural, ligados a los precios del crudo, bajarían unos 30 o 40 millones de dólares. La autoridad que dio la cifra hace pocos meses evitó precisar en cuánto tiempo, seguro que para evitar alarmas. Pero si decía que esa diferencia sería semanal, no habría estado lejos de la verdad, aunque ella misma entonces no  lo habría creído.

El nuevo descenso, que desmiente la idea de que un repunte firme estaba en curso, ha venido tras el acuerdo alcanzado por seis potencias del mundo desarrollado (Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia y Rusia) con Irán, que compromete al régimen de los ayatolás a someter sus planes nucleares a controles y verificaciones creíbles.

Para todo el mundo, ha sido el anuncio de que uno de los países con mayores reservas petrolíferas del mundo pronto estará bombeando a toda máquina, libre de embargos. Con el mercado ya repleto, eso solo puede significar precios más bajos.  Las cotizaciones descendieron con prisa ante la perspectiva de que los oleoductos iraníes dupliquen sus entregas al mercado para llegar en pocos meses a 2.3 millones de barriles por día. El telón de fondo, sin embargo, son los bitúmenes que han cubiertos las necesidades de Estados Unidos y han ingresado al mercado con una fuerza que luce imparable.

Es bajo ese trasfondo que han ocurrido dos movimientos tectónicos en el último medio año: el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el acuerdo con Irán. Nada asegura que serán los únicos.

Este panorama debería estar en la mente de los dirigentes nacionales a diario para promover un ambiente de concordia que permita sortear apreturas que pronto pueden mostrar dientes tan afilados como que los que aparecen con las demandas de Potosí para que se cumpla en su integridad un pliego de demandas suscrito hace cinco años.

Magistrada se inscribe en la historia

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La presidente de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional hizo historia este viernes al sugerir que el gobierno dicte estado de sitio en Potosí. Citada por la Agencia oficial Boliviana de Noticias (ABI) la magistrada Mirtha Camacho dijo, en la mañana de este viernes: “Tengo entendido que los ministros intentaron dialogar, si no quieren, pues tenemos nomás que que hacer uso de lo que establece la Constitución Política del Estado y establecer un estado de sitio en el departamento de Potosí, donde se está convulsionado”.
La autoridad, por definición llamada a representar el rostro justo e imparcial de la justicia, tomó partido por decisiones radicales para el movimiento que tiene paralizado a Potosí desde hace 20 días. Es el mayor en la capital minera boliviana desde hace cinco anos y el juicio de la magistrada surgió en una jornada de endurecimiento contra líderes del movimiento detenidos el miércoles, el día de mayor tumulto en La Paz. Tres de los detenidos ese día fueron enviados a la cárcel de San Pedro acusados de promover violencias aquel día.
“Yo solicito que la parte ejecutiva del país tome ya las decisiones pertinentes, cuando no manda la razón, no manda la lógica tenemos que hacer uso el estado de sitio”, expresó la magistrada, de acuerdo al texto difundido por la agencia gubernamental.

El estado de sitio supone la suspensión de las garantías constitucionales. Fueron  muy efímeros los resutados de la encuesta que asegraba que un 57% de bolivianos creía que la visita del Papa Francisco iba a reconciiar a los bolivianos! En tres semanas ha ocurrido una mutación muy grande de sentimientos. Lo ocurrido estos días es diferente a lo que los resutados de la encuesta suguieren. Nadie puede alegar que la sugerencia de la Magistrada va hacia los brazos de los que quieren agravar el conflicto. Pedir, desde su alta investidura, reclamar estado de sitio es condenar la búsqueda de soluciones y de una reconciliación.

Potosí de pie – Otra vez

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Nota: La jornada de hoy miércoles en La Paz fue violenta y balances preliminares decian que hubo decenas de detenidos (entre 40 y 50, de acuerdo a las cuentas de los dirigentes cívicos potosinos, e incluso un policía por cuya libertad se exigía la de todos los que fueron aprehendidos hoy), y las perspectivas inmediatas eran de agravamiento. Con la violencia y la profusión de gases lacrimógenos, dinamitazos y pedradas resultó en llamas una esquina de las oficinas de la embajada de Alemania, destruidos algunos ventanales del Ministerio de Gobierno, Una conferencia de prensa convocada por ese ministerio acabó en pánico de periodistas y funcionarios, que abandonaron la sala con nerviosa precipitación, incluso el Ministro Carlos Romero, pues se afirmaba que un grupo de mineros dinamita en mano había ingresado al edificio. Los incidentes fueron un epílogo de un  intento fracasado de diálogo, que se atascó en la misma grieta de días pasados:  los líderes cívicos reclaman que el presidente Evo Morales al menos rubrique los acuerdos a los que se pudiere llegar, pues no creen en sus ministros, con quienes ya firmaron compromisos anteriores cuyo cumplimiento reclaman. En esos momentos la situación de toda esa zona céntrica de La Paz era de tumulto y evocaba momentos que en el pasado tuvieron graves consecuencias politicas y sociales.

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La de Potosí es una historia repetida de tensiones y frustraciones. El departamento lleva 16 días de huelga, cerca de tres meses de conflicto y de momento solo hay esperanzas de solución. El encuentro que debía ocurrir este martes 21 no se realizó, mientras en el departamento de Potosí, y en particular en su capital, crecía a sensación de ser menospreciado por el gobierno por el que su población, de una manera reiterada y mayoritaria, votó a lo largo de una década. Gran parte de las demandas actuales reitera las que el departamento, y su organismo cívico, reclamaban hace cinco años.

El aeropuerto internacional,  uno de los reclamos que el departamento hace con mayor vigor, fue promesa del gobierno en las elecciones presidenciales del año pasado.  El que todavía continúe la discusión es frustrante para los potosinos y explica por qué están movilizados y realizan vigilias en otras ciudades. La Paz, la caja de resonancia de los conflictos nacionales, estuvo tomada estos días por ciudadanos potosinos y mineros de las cooperativas seguidores activos del gobierno y que ahora marcharon cientos de kilómetros hasta llegar a la capital, con medidas muy similares a las que hicieron que el actual presidente adquiriese notoriedad y construyese su propia vía para llegar a la Primera Magistratura.  Una sensación de olvido prevalece en el departamento que durante tres siglos mantuvo a España y uno y medio adicional a la nación cuyo forjamiento arropó.

Carece de sentido afirmar que el movimiento potosino es político. No se trata de ninguna novedad. Por definición, el potosino es un movimiento de reclamo de ejecución de políticas públicas, un hospital, una presa hidroeléctrica y otras necesidades infraestructurales, incluso, salvar al cerro histórico de Potosí del colapso como una vieja cartuja.  Es comprensible que los potosinos hubiesen exigido negociar solo con el presidente, pues a él podrían reclamarle el cumplimiento de promesas electorales y de compromisos que tienen al menos un quinquenio. No creen en los hombres del gobierno. Ya lo hicieron antes y ahora reclaman de nuevo lo que reclamaban antes Creo que el propio gobierno se siente incómodo con aquella afirmación, que equivale a decir que el departamento entero es opositor.  Los potosinos piden una mediación efectiva con participación de la Iglesia y de organizaciones periodísticas, que sean garantes del cumplimiento de eventuales acuerdos. Una entrada que este blog registro en agosto de 2010 decía:

El conflicto de Potosí ha estado agravándose cada vez más. Este 11  de agosto, residentes potosinos se ubicaron en la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz en el area de la brigada parlamentaria e iniciaron una huelga de hambre. Algo parecido ocurría en La Paz y otras ciudades. Lo que comenzó con un movimiento cívico de protesta por la desatención del departamento, el tercero de Bolivia en extensión después de Santa Cruz y Beni, se ha extendido por todas las fibras de la región, inclusive los ayllus. Uyuni, Uncía, Tupiza, también han suspendido labores y están en huelga indefinida.

Los dirigentes en ayuno en Santa Cruz gritaron por primera vez en la ciudad oriental el “Potosí Federal” que ahora resuena en todos los confines del departamentlo minero.

Eso era hace cinco años. El nuevo ciclo está en curso y su final es todavía impredecible.

Cuidados necesarios

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El buen sentido profesional aconseja verificar todas las informaciones no testimoniadas en persona (e incluso éstas), más aún si son polémicas. Ninguna reserva fue utilizada cuando hace un mes se anunciaba que el Santo Padre acullicaría coca al llegar a Bolivia. La fuente era el Ministro de Culturas, en una entrevista que traía la agencia oficial de noticias ABI. Reproducida sin contextualizaciones necesarias, la noticia dejó en muchos la impresión de que el Pontífice efectivamente masticaría coca y que de alguna manera conferiría universalidad a la costumbre, cuya legalidad está garantizada por las normas bolivianas, pero solo en territorio nacional. Tal masticación no ocurrió. En todo caso, el portavoz de la Santa Sede había declarado que el papa haría lo que juzgase correcto.
Para el oficio informativo, el episodio contiene lecciones que deben ser subrayadas. Con fecha 28 de junio, decía el primer párrafo de la noticia de la agencia oficial: “El papa Francisco pidió a las autoridades bolivianas hojas de coca para masticarlas apenas llegue al aeropuerto de El Alto, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el inicio de su visita a Bolivia, entre el 8 y 10 de julio, informó el domingo el ministro de Culturas, Marko Machicao.” El ministro había hablado en un programa estatal de radio y televisión, en el que agregó, a decir de la nota de ABI: “Se le había ofrecido mate de coca o algo para la altura. Él nos ha pedido específicamente que quiere hacer masticado de coca (…). Así que al Santo Padre se le estará esperado con la sagrada hoja de coca”.
La afirmación habría requerido de algunas precisiones. Frases como “…nos ha pedido específicamente”, o “se le (¿?) estará esperando con”, necesitaban de identificación, detalle y elaboración. Con todo, a partir de la nota informativa oficial los medios iniciaron la carrera por difundir la información, y algunos dieron por descontado el acullicado. Con la avalancha de otras noticias, la cuestión pasó a segundo plano. Al repasar ese día los medios impresos, noté que solo El Día, de Santa Cruz, colocaba la atribución correspondiente dentro de su titular principal: Según el gobierno, etc. Los Tiempos colocó la atribución en el subtítulo. Los otros medios que pude leer dijeron en el titular principal que el Santo Padre con certeza masticaría coca o que quería hacerlo, y reproducían la información oficial. Ninguno subrayó que la versión noticiosa provenía de la agencia gubernamental, que por definición no es neutral. Decirlo no habría sido una redundancia pues era necesario destacar con precisión al lector, al oyente y al espectador de dónde se originaba esa información. Aunque muchos en el país saben que ABI es la agencia del gobierno y controlada por éste, es posible que hay otros que no lo saben.
El legalizar la masticación es una cruzada en la que está empeñado el gobierno y esa campaña lo llevó a retirar a Bolivia de la Convención de Viena temporalmente. No obstante, si a alguien se le ocurriera abrir la bolsita con hojas y empezar a masticar públicamente en algún parque europeo o japonés, llamará la atención de la policía. Y los meseros de cualquier restaurant francés levantarán las cejas si se les pide un mate de coca pues no sabrán qué se les está pidiendo.
Los descuidos no son extraños a la tarea de los periodistas y sus editores. Por eso es necesario estar alertas contra formas de expresión tan frecuentes que parecen correctas. El verbo advertir es a menudo utilizado por medios escritos como sinónimo de amenazar (“mineros advierten que harán huelga” o “cívicos advierten que tomarán medidas”. El etcétera es largo.) En las más recientes elecciones no entendí por qué se habló tanto de disputa electoral “subnacional” cuando se hacía referencia a los comicios departamentales. La designación de alcaldes ¿sería entonces una elección subdepartamental o subprovincial? Sería más correcto hablar de elecciones locales o departamentales.
El tema me ha permitido apartarme de otros sobre los que espero volver.

Amnnistía: esperanza y escepticismo

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La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”

Aristas

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En días que el gobierno querría que fuesen tranquilos, han empezado a afirmarse focos de controversia destinados a crecer en momentos en que el Papa Francisco ya está en tierra sudamericana y se aproxima el momento de su llegada a Bolivia. Las aristas conflictivas afiladas a lo largo de años que se manifiestan estos días contrastan con los esfuerzos de las autoridades por rodear la presencia de Pontífice de un clima de concordia.

A unos cientos de metros de las vallas oficiales que saludan al Santo Padre desde un escenario conmovedor  por su sencillez y expresivo de la profunda cultura religiosa que plantaron los misioneros jesuitas de la colonia, se alzan otras que celebran la presencia del Papa Bergoglio y reclaman una amnistía como paso de reencuentro entre bolivianos. Flanqueado por banderas verde-blanco de Santa Cruz, y un diseño del perfil del Pontífice, estaba este fin de semana un pedido adherido a los vidrios de gran número de vehículos: “Papa Francisco: Intercede por nuestros familiares, refugiados, presos y perseguidos políticos”.

La oportunidad que ofrece la visita del Pontífice repercutió con fuerza el jueves en el Juicio del Siglo, donde un abogado defensor sugirió sorpresivamente una amnistía que decretaría el  Presidente Evo Morales bajo prerrogativas establecidas por la Constitución Política del Estados. Francisco Aróstegui, el ex prefecto de Santa Cruz, planteó esa mañana, apenas iniciada la audiencia, que la amnistía fuese solicitada al presidente en conjunto por la defensa y por los propios fiscales, ante la insólita extensión del proceso, con más de seis años desde sus orígenes, el 16 de abril de 2009 con el asalto al Hotel Las Américas.

“Fue como hablarle a mudos”, dijo después, al recalcar que los fiscales no respondieron de inmediato a la propuesta. Aróstegui dijo que veía esa posibilidad como una forma legal y expeditiva de resolver el proceso aletargado como pocos en la historia del país. Uno solo de 41 testigos lleva más de tres meses declarando y a ese ritmo “verán llegar a sus bisnietos y tataranietos sin que ocurra una solución”, dijo. De 39 acusados, cuatro siguen en prisión preventiva en San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz) y cinco recuperaron la libertad tras declararse culpables tras años en la prisión desde la que proclamaron inocencia. (Uno de ellos, acaba de afirmar ante el Parlamento Europeo que no hubo un enfrentamiento entre la policía y ocupantes del hotel, a diferencia de la tesis oficial que sostiene que la policía fue la atacada). Los demás están en el exilio.

Con una magnitud igual o mayor, se desplaza la controversia sobre el TIPNIS. La determinación del gobierno de abrir una carretera por el corazón de ese lugar entre el norte de Cochabamba y el sur del Beni marcó una ruptura con indígenas del oriente boliviano y definió prioridades oficiales superiores a los discursos para preservar la naturaleza. Los indígenas que se opusieron a la carretera y pagaron con una paliza brutal que indignó a ecologistas en todo el mundo, se proponen denunciar la persistencia de los planes para atravesar el lugar y buscan la manera de llegar con su mensaje hasta el Sumo Pontífice. Con cartas oficiales a la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y al Cardenal Julio Terrazas, han pedido ayuda para hablar ante el Papa Francisco sobre “los problemas de las nacionalidades indígenas” y denunciar que “se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El tema es particularmente sensible para el Papa, que hace solo pocas semanas  divulgó una carta encíclica para la preservación de la naturaleza.  “A los gobiernos se les vende un discurso que no corresponde a la realidad”, dijo Adolfo Chávez de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia). Con el tema que representan, opuestos al recorrido de la carretera, los indígenas amazónicos esperan llamar la atención sobre el problema y llevar al gobierno a reorientar su mayor proyecto carretero.

“Es una oportunidad de mostrar esta agresión contra nosotros y la naturaleza”, dijo Lázaro Tacoó,  también de la CIDOB. En el lugar se extiende por unos  9.000 kilómetros cuadrados donde viven más de 4.000 indígenas agrupados en unas 60 comunidades. La mayoría vive de la caza y la pesca y del comercio entre comunidades. En busca de frenar los planes del gobierno realizaron dos marchas con un recorrido de más 600 kilómetros desde el lugar hasta La Paz.

A la controversia se ha sumado la autorización  del gobierno para que empresas petroleras exploren en busca de hidrocarburos en una veintena de parques naturales. La apertura hacia una industria frecuentemente en conflicto con los ambientalistas ha traído a la discusión el estado del sector petrolero nacional, hoy responsable de la mayor tajada de ingresos de divisas y de impuestos que tiene el país. El tema merece ser tratado en otra oportunidad.