El caso de un Alcalde

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Un alcalde mexicano ha inaugurado una forma de control de empleados del estado que, de ponerse en vigor en otras partes, estaríamos ante una inciativa monumental. El burgomaestre Carlos Tema, de Cuahutemoc, en el estado de Chihuahua, se vistió como muchos indigentes de las ciudades para ver con sus propios ojos el comportamiento de los empleados municipales y cómo cumplían sus obligaciones. Dice la crónica (El Deber, 10-07, de la version producida por el gigante mexicano Televisa) que el alcalde sufrió una gran decepción que lo llenó de amargura, pues se encontró con un sin fin de malos tratos hacia el público que ahora pueden inclusive empañar o quizá promover su futuro politico.

No esperó mucho para reaccionar y las secretarias pasaron gran parte del día dirigiendo y entregando memorandums de despido, con anuncios de juicios para los casos más graves, pues él había sufrido en carne propia la desatención y descortesía de los funcionarios.

La crónica original debe haber sido rica en detalles, pero uno puede figurarse la fuerza del mensaje. Imagínense la sorpresa de un Secretario General, de un encargado de secciones, o de cualquiera que espera una promoción al saber que el propio jefe del municipio (170.000 habitantes) lo había visto respondiendo con despotismo a los reclamos de un empleado de rango humilde o de algún ciudadano portador de un reclamo. 

No se conoce si la iniciativa de indudables contornos éticos se ha mantenido o si ha sido llevada a otras áreas desde aquella  ciudad del oeste mexicano, pero uno sí puede pensar en cuán diferentes serían los resultados de las obras de cualquier estado, en este caso el boliviano, si las autoridades superiores tuviesen el celo del burgomaestre mexicano por el comportamiento de sus subordinados.

Con ese fervor ético incoporado a otros niveles posiblemente no habríamos tenido casos de enormes sobreprecios en obras del estado, compras millonarias sin licitación,  ni  los complejos industrialescon sobreprecios gigantescos,  los fraudes con precios hiperinflados para irradiar las coimas, el ¨caso Zapata¨ y los negocios chinos a los que fue vinculada, los juicios torcidos y manipulados.

En fin, todo esto para sugerir que Carlos Tema sea invitado a venir a Bolivia para narrar su experiencia. ¨Venda en los ojos que tapaba gran parte de su rostro, lentes negros, una chompa y un gorro grises y una mantilla¨ el día que sorprendió a los empleados, el alcalde Tema ha exhibido una forma de promover el buen trato, controlar la ineficiencia y evitar la corrupción.

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Hacia la Corte Penal

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El informe de la ex presidente Michelle Bachelet ha recorrido gran parte del mundo y ahora suman todavía más los que creeen que la dictadura de Nicolás Maduro, sustentada en el llamado ¨Socialismo del Siglo XXI¨, debe acabar. Quienes se acoplan a ese sistema y aún lo creen redentor de pobres  y  oprimidos, pongan las barbas en remojo, pues todo confluye en sostener que ese régimen dictatorial juega sus descuentos.  Si su final será cruento o se tratará de un abandono pactado del gobierno, cabeza de una tendencia seguida por poco más de media docena de países (Bolivia entre ellos), lo podríamos saber en poco tiempo. En semanas o pocos meses, dicen los optimistas; en más de un año, creen los escépticos. Por lo que se lee, en realidad todas las opciones que manejan los opositores comienzan con la salida de Maduro y el fin de su régimen. El final no está tan lejos, dicen todos.

Los desajustes producidos en la sociedad venezolana en 20 años de régimen chavo-madurista son tan grandes que los optimistas más radiantes hablan de cuando menos una década de tiempo forzado para enderezarlos antes de volver a fojas cero, es decir a comienzos de siglo. E inversiones alucinantes, de 100.000 millones de dólares el primer año, y tres veces más para los siguientes siete: 300.000 millones de dólares. Gran parte a fondo perdido.

El gobierno venezolano y sus más fervientes seguidores, inclusive fuera de Venezuela,  atribuyen la descomposición generalizada que vive Venezuela a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, especialmente a la industria petrolera. La excusa ignora que los malestares comenzaron a sentirse años antes de  las sanciones. Sus raíces se originaron casi un siglo  antes, cuando el petróleo comenzó a salir a raudales cerca del Lago Maracaibo y las arcas fiscales obtuvieron la mayor exhuberancia en toda la historia del país. Los gobiernos sucesivos gastaron y malversaron a manos llenas sin dedicar esfuerzos a la producción agrícola e industrial. Hubo iniciativas para la educación, pero nada equivalente en la diversificación productiva. (La ¨revolución de la inteligencia¨ fue   apenas un saludo a la bandera que duró mientras su progenitor fue Ministro de Educación bajo un gobierno socialcristiano.) La escalada de gastos continuó en ascenso vertical bajo Chávez. Armas rusas de modelos recientes, fragatas y lanza-cohetes ingresaron en masa al inventario militar venezolano. La presencia china, al igual que en muchos otros países, pasó de ser solo una delicadeza culinaria a dominar gran parte de  los estamentos comerciales venezolanos.

Apenas acabó el super-ciclo de alza de las materias primas, alrededor de 2014, Venezuela, cuyos ingresos de divisas dependen en siquiera un 96 por ciento de las exportaciones petroleras, empezó a sentirse mal. El agravamiento fue fulminante,  hasta llegar al colapso y al mayor éxodo en la historia del continente, con más de cuatro millones de venezolanos fuera de su país estos días. La cifra solo tiende a crecer.

Los detalles están en los más de 80 puntos del informe de la funcionaria, quien ahora espera la valoración del comité que preside, con sede en Ginebra. Una vez aprobado, sería incorporado a las denuncias ya en curso contra el régimen, principalmente las del Secretario General de la OEA Luis Almagro, quien hace un par de años presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe tan lapidario para  Maduro como el que acaba de presentar la ex presidente Bachelet. Con eso, el dossier gigante pasaría a la Corte Penal Internacional donde podría ocurrir un juicio como el de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El informe de la ex presidente causó malestar en todos los rincones de la izquierda radical, en especial entre las mujeres líderes del  Partido de gobierno, por la afirmación de que las detenidas eran abusadas por los verdugos del SEBIN y del DGCIM que las forzaban a prestar servicios sexuales a cambio de cualquier concesión o con frecuencia a cambio de nada. Pocos se atrevieron a objetar el  informe de una funcionaria cuya familia había sido víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se refirió oficiamente al caso para afirmar que el informe buscaba victimizar a las prostitutas.

Como quien pronuncia una sentencia, la magistrada Carmen Zuleta de Merchan declaró en un twitter reproducido por el diario El Nacional: ¨Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas¨. La magistrada quiso amortiguar semejante declaración, pero se hundió más al afirmar que solo defendía a las venezolanas genuinamente dedicadas a esa actividad.

Más de una semana después del  informe no se había registrado ninguna reacción del gobierno boliviano ni de sus líderes. Es probabloe que no digan nada y que no dejen de apoyar a Maduro en cuanto se les presente la ocasión.

El peligro de ignorar la gravedad del  informe es que el aislamiento en el que está Venezuela (solo México, Uruguay, Nicaragua, media docena de islas del Caribe y Bolivia) son aliados de Maduro, junto a Cuba, Rusia, China y Turquía, pueda extenderse a nuestro país a medida que la crisis se agrave aún más.

Más que barbas en remojo, estaría en juego la propia cabeza.

(jho) https://haroldolmos.wordpress.com

Perla informativa en defensa del voto

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El equipo de prensa de Radio San Miguel, del Vicariato Apostólico de Pando, exhibió para a su audiencia esta semana una señal de un fraude electoral en curso en la región nororiental: en un hotel y en casas privadas de Riberalta  había un registro computarizado de votos a favor del  Partido de gobierno. Todo esto a solo cuatro meses de las elecciones.

Ante las pruebas descubiertas, nada parece atenuar el delito: Multitud de papeletas de inscripción, equipos informáticos de identificación, escritorios  y miles de bolivianos que un supuesto funcionario distribuía desde la falsa oficina de registro en la que operaba.

El esquema aún require de investigaciones más detalladas, pero dirigentes cívicos del lugar, especialmente mujeres, intervinieron  uno de esos centros y, de acuerdo a videos que han circulado por  las redes sociales, decomisaron material impreso, y al menos 7.300 bolivianos que uno de los delincuentes electorales utilizaba para pagar, dijeron los denunciantes,  entre 100 y 300 bolivianos a cada individuo que se sometía a la ilegalidad. El dinero, según dijeron en uno de los videos, sería entregado a la Corte Electoral como  prueba de la irregularidad, que ahora muchos temen que esté diseminada por gran parte de los pueblos orientales.

El incidente ha ocurrido en un terreno fértil para las sospechas, que las autoridades tendrán que disipar cuanto antes para restablecer cualquier credibilidad que trataban de construir sobre el comicio previsto para el 20 de octubre. Incidentes como el ocurrido en Riberalta corroboran la suspicacia creciente por esa debatida elección.

Ante la competencia venidera, el trabajo reporteril de la emisora ha sido un alerta temprana. El alerta anuncia que hay tropelías a la vista para falsear el veredicto popular. El Partido de gobierno participa en la elección encabezado por sus dos principales candidatos, ambos vetados por ley pero impuestos por el Tribunal Nacional Electoral que optó por ignorar el referendum del 21 de febrero de 2016 que rechazó las candidaturas que excedían los tiempos legales. Tanto el Presidente como el Vicepresidente permanecen en el mando desde hace 14 años, con la aspiración declarada de convertirse en gobernantes vitalicios. El incidente de Riberalta puede entorpecerles el camino.

El golpe informativo de la emisora católica, considerada como la de mayor audiencia en el nororiente y una de las pocas con alcance internacional, ha generado inquietud entre sus periodistas, temerosos de represalias de las autoridades locales. La Jefe de Redacción Carmen Ruelas Pardos ha sido convocada por una fiscalía para declarar el lunes sobre la denuncia de una senadora (Maria Simone Cuéllar, del Partido de gobierno)  que la acusa de ¨acoso político¨. La acusación es anterior al incidente sobre los votantes clandestinos y se refiere a acusaciones laborales contra una empresa sin contrastarlas, sostiene la senadora, de acuerdo a la versión de los denunciados).  Pero el Director de la emisora, Carlos Arce Castedo, ha dicho que quien irá a declarar será él, como responsable periodístico de la emisora.

La intervención de la senadora ha creado un revuelo que rompió las fronteras del departamento y ha comenzado a interesar a los diarios nacionales y a ser señalado  como demostración de la senda estrecha y peligrosa por la que debe transitar el periodismo independiente en Bolivia. La dimensión que cobra el caso es algo que los que lo exhibieron no imaginaron. Arce Castedo y  la Jefe de Prensa Ruelas Pardos no sospecharon que la denuncia de un delito electoral infraganti se iba a convertir en una perla noticiosa causante de trastornos actuales.

Ambos son considerados periodistas de marca superior en la región y gozan de amplio respeto de su audiencia. De su  lado, en defensa de la  libre expresión, se han colocado las principales agremiaciones nacionales del ramo, que también estarán atentos a  lo que pueda ocurrir en la ciudad capital de la goma elástica y la castaña (la nuez del Pará), que a principios del siglo pasado, junto a Cachuela Esperanza, fueron el conducto comercial boliviano para llegar el Atlántico, y una fuente primordial de ingresos para el erario boliviano.

Una nueva doctrina de seguridad nacional

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Hace casi nueve meses quedaron cerradas las puertas para una solución ajustada al derecho internacional del litigio marítimo con Chile. Cuando la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia una solución al enclaustramiento en que la dejó la Guerra del Pacífico, el caso quedó cerrado. Por más que las autoridades busquen rendijas por las cuales volver a asomar el tema, lo cierto es que el caso se acabó. La creencia que el gobierno estimula de que hay todavía chances para negociar, es un engaño. Para comenzar, es natural pensar que cualquier hipotética gestión no ocurrirá con las actuales autoridades nacionales y, si la hubiere, el empeño corresponderá las  próximas generaciones de diplomáticos. El tema está todavia candente y parece propicio para ingresar a los debates en momentos en que empiezan los primeros escarceos de la campaña para las elecciones de octubre.

Apoyado en la victoria de su país, el mandatario vecino ni siquiera ha respondido a la nota que le envió el presidente boliviano proponiendo reabrir las negociaciones respecto  al que hasta el 1 de octubre del año pasado fue el tema magno de la política exterior boliviana. Ese argumento se apoya en el ultimo párrafo de la declaración de la CIJ. 

Hasta ahora no se conocen los detalles que condujeron a ese fracaso histórico, pese a que a una porción importante de la población se le quiere hacer creer que todavía hay opciones válidas. Más bien, la ciudadanía siente la ausencia de un ¨Libro Blanco¨ que detalle los permenores del fracaso. Esta es una obligación pendiente que los responsables hastaq ahora han esquivado , bajo la creencia de que es possible esconder para siempre la basura bajo la alfombra.

Es proverbial el aserto de que las victorias tienen muchos progenitores y que las derrotas son huérfanas. Como dije en un comentario anterior, ahora el gobierno actual tendrá que buscar cómo hablar con el vecino a través de la estrecha rendija que cree que dejó el fallo del 1 de octubre. Pero a contrapelo de ese propósito, el presidente Morales  ni siquiera llegó a concretar el anuncio de escribir una carta al al Secretario General de la ONU reclamando que el fallo de la Corte había ignorado algunas premisas del planteamiento boliviano. (Tarde piaste pajarito, habrían dicho diplomáticos de otros tiempos.)

El concepto al que ahora Bolivia se aferra, y que el gobierno cree que aún le da pie para reclamar, yace en las cinco líneas finales del dictamen, apenas como un punto seguido y ni siquiera como párrafo independiente. ¨El Tribunal añade que la conclusión (con la que fueron rechazados los argumentos bolivianos) no debe entenderse como un obstáculo para que las partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los problemas relacionados con los países sin litoral, situación de Bolivia, solución a la que ambos han reconocido como una cuestión de mutuo interés¨.

Pocos lo admiten en público, pero el desastre diplomático debería traer reformas profundas en nuestros preceptos de seguridad nacional. Para comenzar, el fallo de La Haya parece haber decretado el epitafio para la afirmación de que recuperar la heredad perdida es un derecho y un deber. ¿Cómo insistir oficialmente en eso? ¿Qué países nos apoyarían? Y los libros de historia, ¿cómo tratarán la cuestión, especialmente los textos escolares? Estas preguntas surgieron tras conocerse el fallo de La Haya, pero aún no se las ha abordado a fondo. Apenas se ha insistido en la importancia de  fortalecer el comercio boliviano con los puertos que llevan al Atlántico desde Perú. Esta fue una propuesta lanzada hace más de un siglo por un grupo de pensadores del oriente nacional y que apenas empieza a ganar vigor en medios académicos e institucionales del resto del país.

El planteamiento para reorientar nuestra brújula será costoso, y restañar nuestro propio desdén será lento, especialmente por el costo anímico incuantificable que ha representado en todo el país. En ese costo, las autoridades no parecen reparar.

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Tiempo electoral – Sin debate

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La temporada de elecciones ha empezado rauda está a las puertas y empiezan a aparecer objeciones a loa debates públicos, fruto de la mala costumbre y del desconocimiento de las normas que rigen una democracia  en la que el debate entre candidatos es una norma esencial.

Nadie puede negar que los debates ayudan a contrastar las opiniones de  los candidatos que pretendan ganar preferencias del electorado. En una Sociedad como  la nuestra, con limitaciones para un acceso amplio a la información y a las ideas primordiales que sustentan el pensamiento de quienes aspiran a ganar el apoyo popular, eludir el debate equivale no solo a menospreciar a los adversarios –  menosprecio extensivo a toda la Sociedad-, sino también  a esconder el temor ante una supuesta superioridad del rival siquiera en algunos temas fundamentals. Eso puede ser un disparo en el propio pie, pues a ningún elector le agradaría que su candidato rehuya competir con ideas ni que su candidato aparezca débil a los ojos de  los electores ni tampoco que se sienta temeroso  de perder ante los miradas del público, pues eso equivaldría  a perder los debates de antemano.

Al cabo de década y media en el poder, no es admisible que el presidente Evo Morales y su partido pretendan rehuir un debate franco para que el elector juzgue la calidad de quienes pretenden su voto. Al cabo de quince años en el poder, resulta incomprensible que el presidente Evo Morales y su Partido pretendan rehuir un debate franco para que el elector juzgue la calidad de quienes pretenden su voto. Esta premisa es válida para todos los candidatos a cargos electivos. En un juego auténticamente democrático, no hay excusas para rehuir la confrontación civilizada de  ideas.

La importancia de los debates presidenciales emergió como fórmula imprescindible para cotejar ideas y percepciones el debate que sostuvieron Richard Nixon y John F. Kennedy. Fue el primer debate televisivo nacional transmitido en Estados Unidos. Curiosamente, no fueron las ideas las que definieron el favor del público. Por todos los registros históricos, fue la apariencia de los  candidatos. En la televisión, el candidato republicano Nixon no tuvo mayor cuidado con su apariencia y lució mal afeitado, frente al cuidado impecable que lució el demócrata Kennedy. No fue solamente eso. Jugó un papel de primer orden la locuacidad del demócrata al articular sus ideas de manera convincente y directa para un público que por primera vez asistía a un debate de ese nivel.

Al presidente Morales no se lo ha visto debatir públicamente con sus rivales en las elecciones nacionales, salvo en 2002, cuando hace 17 años debatió con Gonzalo Sánchez de Lozada.  La teleaudiencia vio como ganador del debate  a Sánchez de Lozada, (El Diario, 5 de junio 2019).

En las demás ocasiones, rehusó el debate. El argumento más difundido ha sido que los candidatos opositores carecen de un ¨programa¨ de gobierno con miras  al bicentenario de la República, en 2025. El argumento es difícilmente sustentable pues no es necesaria una gran imaginación para identificar las necesidades más apremiantes, especialmente en educación, salud y obras de infraestructura. Si a estas alturas hay alguna razón para que alguna organización que aspire a conducir los destinos del  país las desconozca, de hecho estaría descalificada. A menos que pueda  comprometerse, bajo un escrutinio periódico, a avanzar resueltamene en campañas educativas y aspire a premios de prestigio internacional que pongan de relieve la calidad de la educación nacional.

Otros razonamientos a menudo repetidos son saludos a la arrogancia que, por ser tales, carecen de sustento.

Una historia aún fresca

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El cierre debía ser temporal pero hoy, 18 años después, nadie se atrevería a decir que lo fue. El 2 de junio de 2001 se cumplieron 18 años del cierre de ¨Presencia¨, la publicación que durante casi cinco décadas, primero como semanario y después como como diario, fue uno de los mayores faros informativos que tuvo la sociedad boliviana.

Está en circulación ¨Presencia, una escuela de ética y buen periodismo¨, (Plural, 319 páginas), producto de una veintena de periodistas que tuvieron la fortuna de trabajar en ese medio durante algunas de las épocas de la vida del periódico. Bajo visiones individuales de quienes estuvieron vinculados directamente al periódico, el libro cuenta la historia de la publicación católica que, en los hechos, con vicisitudes y alegrías, llegó a representar la voz más creíble de la sociedad boliviana en el tiempo que le tocó vivir.  La obra es una de las novedades de la Feria Internacional del libro abierta hace unos días en Santa Cruz.

El cierre debía ser temporal, según el anuncio de la Conferencia Episcopal. Pero se tornó permanente, y  es ahora un registro de una de una época trascendental de  la historia boliviana. En el medio siglo de la vida del periódico,  se nacionalizaron las minas, se implantó el voto universal y se otorgó ciudadanía a más de la mitad de la población boliviana; también ocurrió el auge y caída de dictaduras para desembocar en el cauce democrático más prolongado de la vida democratica nacional.

Además de  las victorias y percances del periódico, algunos contribuyentes relatan momentos poco difundidos de esta historia.  Mario Frías Infante, el último director que tuvo ¨Presencia¨, menciona, por ejemplo, intentos de utilizar al periódico para fines al menos cuestionables, cuando ya era cooperativa con participación prominente de una industria privada de Cochabamba. El capítulo deja vacíos importantes al no abordar este tema con cierto detalle, indispensable dada la magnitud del caso y por tratarse de una institución de la Iglesia Católica.

La contribución de ¨Redacción de Presencia¨, con capítulos que abarcan períodos amplios de los últimos años del periódico, son de lectura imprescindible para comprender parte de su agonía en años de dificultades.

El editor responsable de la obra, Juan Carlos Salazar, me dijo que se trata de capítulos escritos para ocasiones memorables anteriores, como la de las Bodas de Plata, a los 25 años, en 1977, O a los 40 (1992) bajo la gestión de Ana María Campero (+), con ¨Pasión, muerte y resurrección de la democracia¨.

Todo el que estuvo cerca del periódico, siente la falta de testimonios como el de Francisco Roque-Bacarreza,  el incansable Jefe de Informaciones, primero, y de Redacción, después,  durante lo peor de las dictaduras militares, en la década del ´80, o el de Carlos Arze Castedo que trabajaba a todo pulmón para lograr noticias primiciales, en especial del ámbito militar, lo mismo que Germán Cassasa, quien temprano se vino a Santa Cruz para dirigir otros medios. No menos notable fue el aporte de Norah Claros, ¨norita´¨para sus colegas, en las páginas de ¨Sociales¨ y en la recolección de noticias que solo su delicadeza y tacto femenino podían lograr. Las citas resultarían demasiado extensas para una nota que busca ser apenas una reseña.

El libro, forzoso para estudiantes de comunicación, no pretendió abarcar sino pinceladas de una obra construida a lo largo de medio siglo. Haber empezado desbrozar el camino ya es una hazaña. 

Dilemas de la reelección

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Shane Hunt (New York) y Harold Olmos (Santa Cruz de la Sierra)

Primero, el anuncio parecía tan bizarro que desafiaba  la lógica. El Secretario General de la OEA, un diplomático cuya figura pública estaba definida por su defensa férrea de los valores democráticos, que había expresado fuertes críticas al presidente Morales por  conculcar esos valores al desafiar el referendum del 21 de febrero, y enemigo jurado del régimen de Maduro, vendría a Bolivia en un contexto que brindaría asistencia máxima al presidente Morales en sus ambiciones reeleccionistas.

Era la pura verdad.

Analistas y ciudadanos de la calle en La Paz y Washington se rascaron la cabeza preguntándose qué pasaba. Las discusiones en ambas capitales parecen haber alcanzado la misma conclusión: Hubo un quid pro quo. El rédito inmediato del presidente Morales resultó obvio: beneficio de su imagen internacional, y popularidad  interna para su campaña por la reelección. Pero a cambio de ese quid, ¿cuál era el quo para Almagro?

La idea en ambas capitales oscilaba entre dos posibilidades: Una y la más obvia era que aseguraría el apoyo de Bolivia a su propia campaña para reelegirse en el cargo y que Bolivia invitaría a un equipo  de monitoreo para observar las elecciones del 20 de octubre.  ¿Era esta una gran concesión de Morales o una gran victoria para Almagro?

El día de la elección habrá sin duda observadores para comprobar la limpieza y honestidad del proceso. Si hubiere cualquier fraude, habría ocurrido de antemano, con la descalificación de algún candidato, para no mencionar la calificación de uno de los candidatos rechazado por un referendum nacional.

Estos antecedentes suelen, sin embargo, ser parte del informe del grupo observador, de modo que uno debería esperar o que el informe equipo sea negativo o que el gobierno  tenga que cambiar radicalmente su estrategia. Con el control absoluto del Poder Judicial y de las instituciones electorales, tendría que renunciar al uso del poder y abrirse a la posibilidad real de perder la elección.

Alternativamente, podría hacer lo que deba para ganar y prepararse para un informe negativo de los observadores. Después de todo, el informe vendría después de haber vencido la elección. ¿Cuán dañino sería eso?

Respuesta: Nada sería tan dañino como perder la elección.

Algunos objetarían que la lección de Venezuela es que una elección fraudulenta persigue a los perpetradores. Debería notarse, sin embargo,  que en Venezuela hubo escasas reacciones negativas de  la comunidad internacional al momento de la elección. El revés ocurrió solo en la posesión, cuando Maduro siguió la tradición de invitar a los presidentes vecinos como huéspedes de honor, sin percibir que al invitarlos los hacía cómplices de un fraude electoral. Eso no les gustó.

La lección nos lleva formular una nueva regla política: Si usted vence una elección con fraude, que su posesión sea modesta.

Pensar así llevó a varios observadores a concluir que Almagro hizo un mal acuerdo, o que pretende más de Morales. Y eso no podría ser otra cosa que el apoyo firme de Bolivia a su propia campaña para ser relecto para ser reelecto como Secretario General de la OEA.

Este  reproche, especialmente si involucra el voto de Bolivia,  representa un drástico cambio para ambos líderes. ¿Pueden convencer a su gente que hicieron lo correcto?

Para el presidente Morales no sería un problema. Hay pocos masistas tan enfocados en las relaciones internacionales como para resentirse por confraternizar con un enemigo de Maduro como Almagro. El rédito de la reelección es tan obvio como para aplacar cualquier aprehensión.

A primera vista, el problema  podría ser más grave para Almagro, pero comentaristas en Washington sugieren que no.

Los apoyos más firmes de Almagro  -Estados Unidos y el Grupo de Lima- resultan de su liderazgo contra el régimen de Maduro, y quieren que continúe como Secretario General. Si lograrlo require cierta elasticidad moral con Bolivia, pues que así sea.

El apoyo de Estados Unidos parece sólido, si bien las acciones de Almagro van directamente contra una resolución reciente del Senado que planteó a Morales no recandidatearse sino seguir el mandato de la constitución boliviana.

Empero, la resolución del Senado, aun con buenas intenciones, no está conectada con los engranajes del poder en la política exterior estadounidense. Esto es visible en la política exterior, ahora administrada por una Casa Blanca habituada a las ventajas de corto plazo, al parecer sin mayor guía de principios morales. Conclusión: Almagro no recibiría un revés de la derecha por aliarse con la izquierda en Bolivia.

Apoyado por Estados Unidos y otros países, Almagro debe haber hecho sus cálculos y entiende que el voto boliviano puede serle fundamental.

Cada uno de  los 34 estados de la OEA representa un voto y Almagro necesita de 18 para asegurarse la reelección. Los países del Caricom, casi todos pequeños y anglófonos, suman 15 y se los presume contrarios a Almagro, en parte como recipientes de la ayuda  petrolera de Venezuela, y en parte porque Almagro ha criticado las elecciones realizadas por algunos de ellos.

El Grupo de Lima suma14, de los cuales dos (Guyana y Santa Lucía) son también parte del Caricom y se presume que apoyarían a Almagro. Los demás no son de ningún grupo. Estados Unidos y Venezuela (representada por partidarios de Guaidó) votarían por Almagro. Uruguay y Nicaragua lo harían contra. Los tres restantes estarían sentados en el muro: Ecuador, el Salvador y Bolivia.

Así, el problema principal de Almagro, serían los países del Caricom. En tamaño, comparados con sus vecinos, son como  un ratón. Pero ahora los ratones rugen. Como resultado, Almagro ha ido al encuentro de Chapare con la sonrisa congelada en el rostro, pese al rechazo  indignado de líderes opositores a su presencia en Bolivia, y al repudio general a las piruetas de opinión del líder hemisférico que hasta poco antes denostaba la reelección de Morales.

Cualquier acuerdo entre los dos, explícito o implícito, se enmarcaría en todos estos antecedentes.

A estas alturas, nadie apostaría a que Morales vaya a alejarse de Maduro y acabe votando con Almagro.  Pues tras recibir de  la OEA fuerza para su candidatura, Morales puede decidir continuar al  lado de Maduro y acabar, al final, votando contra Almagro, cuya permanencia en el cargo solo estará decidida a mediados del próximo año, mucho después de las elecciones bolivianas.

Es probable que, entretanto, Almagro se inhiba de criticar a Morales. Si en el interim los activistas del MAS se descontrolan, estará ante un terrible dilema:  denunciar o guardar silencio.

Cualquiera que sea el curso de la cuestión, luce claro que, siquiera  por los próximos meses, la democracia boliviana será como el cordero destinado al sacrificio. El efecto del encuentro en Chapare, para citar un dicho entre políticos americanos, puede ser empujar a la democracia boliviana bajo las ruedas del camión.

Publicado en el diario Página Siete, de La Paz, 25-5-2019