Mes: agosto 2008

Itaipú entra en escena

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En la década de 1970, en plena guerra fría y en el auge de la rivalidad geopolítica argentino-brasileña, por las cancillerías latinoamericanas corría una afirmación: la presa hidroeléctrica de Itaipú no sería posible si alguno de los competidores tuviese la bomba atómica. No fue casual que en mayo de 1974 el general Ernesto Geisel, cuarto presidente de la dictadura militar brasileña, anunciara en Cochabamba, durante una reunión regional, que su país había suscrito un acuerdo nuclear con Alemania que, si quisiese, le permitiría producir la bomba atómica. El continente tembló. Brasil se adelantaba a su rival financiera y tecnológicamente. El acuerdo le confería ventaja en la carrera geopolítica precisamente cuando los precios crecientes del petróleo hacían crujir su maquinaria industrial. Al final, Itaipú fue posible y Argentina construyó una presa menor (Yaciretá). La tranquilidad se restableció cuando los rivales decidieron entrar en concordia, y en paz y amor se juntaron para fundar Mercosur, al lado de Paraguay y Uruguay. La de Itaipú fue una de las grandes maravillas contemporáneas. Produjo una revolución en la matriz energética brasileña. Entre el 20% y 25% de la energía que consume sale de sus turbinas que generan 14 millones de megawatios. Será la presa más poderosa del mundo hasta que empiece a operar plenamente las Tres Gargantas, en China, que generará 18 millones de megawatios.

Estas cifras miden los esfuerzos de nuestro vecino por su independencia energética. Pero la hidroenergía no es tan confiable. Depende del humor de San Pedro. Y hace algunos años hubo una sequía que redujo gravemente las aguas de las presas brasileñas. Ocurrieron apagones y racionamientos que alteraron la vida ciudadana y llevaron a nuestro vecino a apretar el acelerador del viejo proyecto de gasoducto Bolivia-Brasil. Entró en juego el gas boliviano con el que se esperaba disminuir la dependencia de la hidroelectricidad (90%!). El idilio con el gas boliviano duró pocos años. Vino Evo Morales e intervino los campos que operaba Petrobras. Con el gas boliviano no se podía contar como se esperaba.

Los brasileños dicen que Dios es brasileño y, como para darles razón, vino la apertura del negocio petrolero a los capitales externos capaces de desplazar dinero en volúmenes de los que que Petrobras carecía. Y entre otros descubrimientos, ocurrió el de ricos yacimientos en subsuelo marino, a 6.000-7.000 metros de profundidad. Un negocio capaz de extraer petróleo por un valor de cientos de miles de millones de dólares, muchas veces más las fortunas que habrá que invertir entre 2008 y 2012. Y puede haber un valor igual o mayor en otra capa petrolífera más profunda.

Pero ahora entra en escena Fernando Lugo, el presidente que puso fin a la dinastía Stroessner, frecuentemente despótica y corrupta. Y se viene una batalla de precios. Lugo quiere que a Paraguay le paguen mejor por el 50% de la electricidad que le toca de Itaipú, que ahora vende a Brasil. Los astros le son menos favorables, pues Brasil puede pronto comenzar a producir petróleo submarino que le daría cierta fuerza negociadora. Brasil seguirá contando con Itaipú, que, al fin y al cabo, es binacional. Pero es muy probable que tenga que pagar más. Una cosa es cierta: Paraguay y Brasil no romperán. Ambos se necesitan y saben aplicar el concepto de la buena dependencia.

A concluir el contrato con Bolivia en 2019, a Brasil le tocará repartir las cartas. Evo Morales probablemente no esté en el escenario, pero su recuerdo estará indeleble en la diplomacia brasileña. Especialmente su frase: Quiero consultar a mi hermano mayor en las grandes decisiones de mi gobierno.

Las tropas bolivianas ocuparon Petrobras el 1 de mayo de 2006 y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue de los últimos en enterarse.

(*) Premio Nacional de Periodismo 2007. https://haroldolmos.wordpress.com

 

Batahola de la semana

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Pues resulta que el viernes, el día en que me ausenté de Santa Cruz, fue una jornada violenta en esta ciudad. Hay varios heridos, cuantiosas pérdidas materiales y una sensación general de que se acerca el momento en que de los palazos se pasará a los balazos. Y ahí no se sabe a dónde irá a parar el país (si es que tiene a dónde ir a parar). No creo que la suerte de Tupac Catari se reproduzca en Bolivia, pues este país, por su posición geográfica y los juegos geopolíticos de poder regional y global, es conveniente para todos. Pero, infelizmente, nada muestra que estemos yendo en dirección diferente.

Todo indica que los disturbios del viernes empezaron cuando un grupo del MAS intentó marchar por el centro de la ciudad rumbo a la Plaza 24 de Septiembre y sentar presencia allí, como en Iwo Jima, de su partido, y de paso festejar los decretos fujimorizantes lanzados por el gobierno en la víspera. Encabezados por su dirigente Lucio Vedia, los masistas sumaban más de medio millar de personas que gritaban vivas a su partido y a Evo Morales. En el proceso atacaron el vehículo del Secretario de Autonomía de la Prefectura, Carlos Dabdoud, quien logró escapar de una paliza segura. Pero les salió al encuentro una centena (el número es de El Deber) de militantes de la unión Juvenil Cruceñista, quienes con violencia la emprendieron contra el grupo oficialista. En la batahola que resultó hubo vendedoras de pollera que fueron atacadas. (Este es el resultado de la intolerancia sembrada por el gobierno: a quienes visten pollera se les hace ver que no son bienvenidos en estas tierras, y viceversa en La Paz: cuidado con atreverse a hablar con acento camba).

La actitud de Vedia y su grupo, que acabó dispersado por el centenar de unionistas, dicen los diarios, fue cuando menos una provocación. A nadie se le ocurrió ir hasta el Plan 3.000 a celebrar el triunfo de los autonomistas el 4 de mayo. Habría sido una provocación, como conmemorar la muerte de Oscar Unzaga de la Vega en Villa Victoria, en La Paz. Nadie tendría la insensatez de celebrar el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón el 6 y 9 de agosto de 1945.

La jornada estuvo plagada de cohetazos, chicotazos y palazos.

Pero el hecho más bochornoso ocurrió horas antes con el analista cruceño Alfonso Román –uno de cuyos libros, «Cambas y Collas», tuvo una acogida exitosa en la Feria del Libro 2007, aquí en Santa Cruz. El escritor fue agredido e insultado, dice El Deber, por «algunos falangistas y autonomistas», y por la señora Amelia Dimitri, quien lo abofeteó cuando una persona lo tenía con las manos agarradas por la espalda. Todo esto se vio en imágenes transmitidas por la TV.

Atentar contra una persona a causa de su derecho de emitir sus opiniones es violar la Declaración de los Derechos Humanos. Román puede emitir opiniones que no gusten a muchos, pero al hacerlo ejercita un derecho que nadie puede quitárselo. Dice esa declaración universal, de la cual este año se celebran 60 años:

Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

En el remolino

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Sólo horas antes de viajar a Libia e Irán en visita oficial, el presidente Evo Morales decidió prescindir del Congreso y convocar por decreto a un plebiscito para aprobar o reprobar el proyecto de constitución aprobado en Oruro y definir la vigencia de ese documento de 411 artículos. El plebiscito se llevará a cabo el 7 de diciembre.

El autobús de decretos incluye la elección de subprefectos, por primera vez en la historia de Bolivia y la elección de prefectos de Cochabamba y La Paz, que fueron revocados en el plebiscito del 10 de agosto, es decir que no alcanzaron a pasar la barrera porcentual que se les impuso cuando se llamó a esa votación. Todo de una sola vez. Tuvo valor cero «criterio técnico» del presidente de la Corte Nacional Electoral para que la revocatoria o reafirmación de los prefectos se base en el sistema universal de la mitad más uno. El prefecto de Oruro no consiguió ese mínimo. Es del partido de gobierno y sigue como primera autoridad orureña.

La decisión del gobierno ocurre cuando volvía a vislumbrarse, aunque débilmente, la posibilidad de un diálogo, con participación de observadores de la OEA y la Iglesia Católica.

Se anticipa que el ómnibus de decretos encontrará férrea oposición de cuando menos cinco de los nueve departamentos. Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Excepto Tarija, todos han dispuesto oponerse a esa constitución, porque no estableció la autonomía como fue originalmente diseñada y por la cual votaron. Un pesamiento generalizadoes que el gobierno trata de aplastar las autonimas  en esos departamentos y anularlas. Los días que se aproximan prometen ser aún más tensos que los ya vividos por Bolivia.

Las primeras reacciones se hicieron sentir cerca de esta medianoche en Santa Cruz: sonaron las campanas de algunas iglesias durante breves momentos y grupos de personas empezaron a reunirse en la plaza central, informó telefónicamente una líder cívica al programa Que No Me Pierda del Canal 13. La dirigente lanzó expresiones de rechazo a las medidas del gobierno. «Si La Paz y departamentos de occidente quieren hundirse, ni Santa Cruz ni Beni ni Pando ni Tarija ni Chuquisaca tienen que seguirlos», dijo la oradora.

Un grupo de jóvenes con un cartel que los identificaba como Cruzada Juvenil Cristiana se aproximó ante las cámaras de ese canal y dijo que el presidente Morales ya no los representaba.

Bolivia está en una nueva hora de su destino.

Actualización: Viernes, 29 de agosto.

Como era de esperarse, Santa Cruz amaneció agitada y se aguardaban determinaciones de los cinco departamentos cuyos prefectos son contrarios al gobierno. Las palabras más escuchadas eran «desobediencia civil» y no participación en el referéndum convocado por el gobierno, pero también había voces insistentes por no asistir bajo el actual padrón electoral que habría sido una fuente múltiple de irregularidades que acabaron dándole al presidente Morales un porcentaje de votos que nadie en la oposición honestamente esperaba: 67%, con cinco regiones en contra y varias a las cuales no puede llegar. 

Otro concepto que se discutia en estas horas era si Bolivia se había «fujimorizado», en referencia al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cerró el congreso y decidió gobernar por decreto, hasta que acabó enrredado en su propia trama, se le escurrió el gobierno y ahora esta bajo juicio en su país.

Los plebiscitos serán sobre:

-El proyecto constitucional del MAS

-La extensión de tierra (5.000 o 10.000 hectáreas)

-Elección de consejeros departamentales

-Elección de subprefectos

-Elección de prefectos de La Paz y Cochabamba

 

Bloqueador de ayer, desbloqueador de hoy

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El presidente Evo Morales, que hizo de los bloqueos de caminos la marca de su carera política e inviabilizó algunas industrias económicamente prometedoras en El Chapare, ha prohibido los bloqueos y cualquier tentativa de cerrar el flujo de gas para la exportación y anunciado severas multas para quienes los protagonicen. La decisión del gobierno ha dejado perplejos a muchos diplomáticos (en Bolivia casi se ha perdido la capacidad de sorprenderse), pues si se aplicasen las multas retroactivamente, el presidente y su partido estarían endeudados por generaciones.

Algunos de los bloqueos en curso fueron suspendidos. Por sindéresis, los que realizaban movimientos campesinos sobre Sucre quedaron indefinidamente en suspenso. Los bloqueos trataban de hacer la vida imposible para la prefecta Savina Cuéllar, que desplazó al Movimiento al Socialismo en la elección prefectural de ese departamento, e imponer subprefectos favorables al gobierno en el campo. La prefecta se mantuvo firme y no cedió. Y para el gobierno habría sido una inconsecuencia demasiado elocuente favorecer esos bloqueos y prohibir otros.

Pero la movilización de las prefecturas por recuperar los recursos confiscados de los impuestos sobre los hidrocarburos se mantenía y para este miércoles estaba prevista una reunión de autoridades cívicas y departamentales (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando) para definir nuevas medidas de presión.

El gobierno, entretanto, parecía dispuesto a apretar el acelerador y alcanzar sus metas. Se afirmaba que en las próximas horas aprobaría un conjunto de decretos para poder llamar a nuevos plebiscitos, especialmente uno que permita votar a la ciudadanía sobre el proyecto de constitución aprobado en Oruro en diciembre en medio de múltiples irregularidades. A la cabeza de todos los puntos del proyecto de constitución: la reelección de Morales y la posibilidad de una segunda reelección. En total, 10 años más. Y algo que podría ser una estocada sobre los departamentos autonomistas: redistribuir los recursos del IDH e incorporar en sus beneficios a los municipios y comunidades indígenas.

 

 

 

La omnipotente justicia comunitaria

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La llamada «justicia comunitaria» tuvo esta semana una nueva manifestación macabra: Daniel Moisés Quispe (25), Jorge Flores Velarde (22) y David Alanes Franciscano (16) fueron linchados el martes tras ser sorprendidos por vecinos de Sacabamba mientras robaban recipientes de bronce de la casa de un corregidor. Fueron llevados afuera de la vivienda, apedreados y golpeados con picotas hasta morir. O casi, pues los relatos que leo dicen que cuando parecían muertos, los propios asesinos excavaron una fosa y los enterraron. Uno de ellos aún respiraba, dice el cronista de Los Tiempos, de Cochabamba. Los padres han intentado reclamar los restos de sus hijos: sin ningún resultado. Los campesinos ajusticiadores les han cerrado el paso. Los policías tampoco han logrado ingresar al lugar. Los campesinos no los han dejado al grito de «no confiamos en la justicia que libera a ladrones».

La fiscal Nery Maldonado, de la fuerza Especial de lucha contra el Crimen, intentó ingresar a Sacabamba la cabeza de 25 efectivos de la policía. No logró llegar al lugar. Más bien, fue corrida del lugar, al igual que los policías y periodistas que la acompañaban.

Esta es la «justicia comunitaria» en plena acción, puesta en el altar del proyecto constitucional del MAS. Será interesante saber qué dicen los propiciadores de ese proyecto, firmemente rechazado por una gran porción de ciudadanos. Sobre todo, qué dicen las Organizaciones no Gubernamentales Europeas y Norteamericanas que lo apoyan.

Los padres de Flores Velarde se libraron de correr el destino de su hijo, pues consiguieron escapar del lugar, no sin antes ser salvajemente golpeados.  El padre Modesto flores Flores (60), y la madre  Severina Velarde (56), no podrán, sin embargo, retornar a la comunidad en la que estuvieron toda la vida y donde tienen su vivenda y algunos animales, además de su área de producción agricola.

El pozo cada vez más profundo

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Los cinco departamentos que conforman el Conalde (Consejo Nacional Democrático) se reunieron este viernes en Villamontes y aumentaron notablemente la apuesta en la quiebra de brazo que tienen con el gobierno. Al bloqueo departamental de carreteras cumplido ayer durante 24 horas, se sumó la resolución de no permitir la realización de ninguna otra consulta ciudadana en los meses siguientes, mientras no tenga lugar una efectiva auditoría del padrón electoral y la de convocar a un «paro cívico movilizado» para el lunes 25, toma de campos productores y cierre de válvulas de exportación. Los comités cívicos de los cinco departamentos (Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) también aprobaron el boicot a los envíos de carne vacuna a los departamentos altiplánicos de la Paz, Oruro y Potosí como parte de sus medidas de presión para que el gobierno les restituya los recursos del IDH, en parte confiscados para pagar el bono a los ciudadanos de la tercera edad (más de 60 años).

Entiendo que cuando se habla de «paro movilizado» significa hacerlo respetar rigurosamente. Lo que anuncia conflictos con brigadas contrarias a las instituciones regionales.

Una medida adicional de Villamontes: colocar los precios del gas natural en niveles internacionales, en más de 18 dólares el millón de unidas térmicas británicas. Ese es el precio que pagan los países vecinos por el gas que –actualmente- importan de ultramar en la forma de GSN (gas natural licuado), y es el triple del que le pagan Brasil y Argentina a Bolivia. El precio es resultado de la subida en espiral de los precios del petróleo y de la necesidad de esos países de asegurarse abastecimientos, ante la situación inestable de Bolivia como país suplidor.

La medida de rechazar cualquier nuevo plebiscito se orienta a trabar las tentativas del gobierno de llamar a un referéndum que apruebe su proyecto de constitución.

El conjunto de decisiones es un grito de batalla contra el régimen y por los recursos departamentales. El pozo en que el país se está precipitando se ha vuelto más profundo. Aguardemos días más difíciles __si puede haberlos después de los que hemos vivido.

Apuros verdaderos

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Las reservas bolivianas de gas natural han disminuido, por falta de inversiones, a niveles inferiores a los que requiere para cumplir sus compromisos internacionales. Hasta hace poco, los requerimientos mínimos eran de 43 millones a 44 millones de metros cúbicos diarios: 30 millones para Brasil, 4 a 6 millones para atender el consumo interno (9 millones en 2010), más de 2 millones para la planta termoeléctrica de Cuiabá, en la frontera con Brasil) y 7 millones para Argentina. Nada para El Mutún, que cuando ingrese a funcionar dentro de un año demandará unos 8 millones de metros cúbicos, ni para plantas termoeléctricas nacionales, que requerirían de otros 8 millones de metros cúbicos. Ahora han bajado a 34 millones de metros cúbicos. Es decir, apenas para cubrir el contrato con Brasil y una parte de la demanda interna. Cero para Argentina.

Lo dice la revista nacional Energy Press, en su número del 18 al 24 de agosto, citando una noticia de BNamericas, un servicio informativo multilingüe que periódicamente evalúa las reservas de energéticas en América Latina y el  Caribe.

Esto significa que Yacimientos no está perforando pozos para aumentar las reservas de gas como para cumplir mínimamente los compromisos del día. La perforación de cada pozo en campo descubierto representa unos 50 millones de dólares.  Consiguientemente, estamos consumiendo lo que ya teníamos: estamos comiendo de nuestra propia carne y, si el ritmo continúa sin inversiones eficientes, pronto llegaremos a los huesos. La historia de 1969 se repite: tras la nacionalizacion,  no hubo inversiones e el volumen necesario.En estos momentos y bajo el actual gobierno boliviano, Bolivia es un campo vedado para las inversiones extranjeras. Y tambien la de a nacionalizacion de las minas.

A menos que estenb ya en curso las inversiones prometidas por PDVSA, de Venezuela, o de la empresa petrolera estatal iraní. Pero se ignora si estas empresas están ya trabajando en Bolivia. A pesar de lo que afirma el gobierno y su ministro de Energía es improbable que empresas serias con alto capital de riesgo vengan a Bolivia.

Los contratos internacionales tienen cláusulas de castigo para el incumplidor. Cuánto estas multas representarían por la no venta a Cuiabá, así como los incumplimientos con Argentina, nadie se atreve a decirlo públicamente.  

 

La ofensiva de los periodistas

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El secretario General de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, ha empezado a enviar informes a los organismos legales y a los de la prensa internacional, denunciando las agresiones continuas que sufren los periodistas que cubren los acontecimientos noticiosos en Bolivia. El dirigente identifica como autores principales de esa violencia a elementos vinculados al MAS, es decir al partido del gobierno, y sugiere algunas líneas de acción:

  • Un paro de la prensa nacional, con el silenciamiento de todos los medios no gubernamentales.
  • Un boicot a todas las informaciones del gobierno y de su partido
  • Dejar de cubrir informaciones en el Plan Tres Mil

     

  • Personalmente, no me agrada ninguna de las tres, pero las entiendo dada la gravedad  peligrosa que ha asumido la función del periodista en Bolivia. En estos días, sólo mostrar una cámara fotográfica es como exponer la carne ante fieras cebadas en periodistas. Lo grave es que las fieras obedecen a algún mando, que ignora la función de la prensa y el mal que su ignorancia le causa a la sociedad.

Hace algunos meses, Cabrera había propuesto que los periodistas asistiesen a las conferencias de prensa de algunas autoridades dándoles las espaldas. La idea vino tras la amenaza de juicio que lanzó la Ministra de Agricultura, Susana Rivero. Al parecer, la idea no prosperó, aunque habría sido un mensaje claro al mundo sobre la condición indefensa en que se encuentran los periodistas en Bolivia.

Martes violento

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Bolivia vivió este martes un clima de guerra civil. Lo ocurrido en Santa Cruz no puede ser visto como un episodio más entre las jornadas de violencia que vive Bolivia con una intensidad creciente desde que el gobierno decidió redactar un proyecto de Constitución Política del Estado ignorando la fórmula de los dos tercios. De allí partió esta avalancha de acontecimientos que tiene al país con la piel erizada. Primero, una cadena de insensateces como cambiar los símbolos en el escudo (una hoja de coca en vez del cerro de Potosí) y establecer una nueva bandera nacional, para desembocar en la asignación de la calidad de Nación a cada una de las 36 tribus indígenas, identificadas quién sabe con qué criterios (no hay estudio antropológico serio y riguroso capaz de determinar la autenticidad de la clasificación que convierte en naciones a grupos de menos de una decena de personas, con capacidad para auto determinarse y, eventualmente, reclamar su independencia). El texto con más de 400 artículos es el que el partido de gobierno se propone presentar al país y, posiblemente, llevarlo a plebiscito.

Las imágenes mostradas por la televisión en el Plan 3.000 de Santa Cruz parecían extraídas de la Franja de Gaza por la violencia de las arremetidas. Palos, piedras y gases lacrimógenos fueron utilizados en abundancia en oleadas de violencia lo largo de unas cuatro horas. Tres supuestos miembros de la Juventud Crucenistas fueron aprehendidos en los alrededores, colocados en una ambulancia, al mejor estilo 17 de julio de 1980, y golpeados duramente. La policía intervino para restablecer un orden mínimo.  Pero igualmente grave para muchos observadores fue la violencia manifiesta contra los periodistas. Cuatro camarógrafos de Bolivisión fueron atacados y destruida la movilidad en que se desplazaban, en la continuación de una secuencia que ha convertido a los periodistas en las víctimas favoritas de los conflictos que conmueven al país. No había una información sobre el numero de posibles bajas causadas durante la jornada.

Concluía el paro, que involucró a cinco departamentos (Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), y ya se anunciaba, de inmediato, a partir de la medianoche de martes para el miércoles, de un bloqueo de carreteras en cuatro de los cinco departamentos (Chuquisaca no toma parte). La terminal bimodal de Santa Cruz, con sus oficinas de transporte y pasillos desiertos, era una trágica postal de la parálisis que durante 24 horas afectará a más de la mitad del país.

El bloqueo es una escalada de las presiones sobre el gobierno del presidente Morales para que restituya en su integridad los recursos del Impuesto directo sobre los Hidrocarburos (IDH) que por ley corresponden a los departamentos. Las prefecturas afirman que habrá otras medidas al concluir el bloqueo del miércoles.

En San Julián, zona de colonos, en su mayoría del altiplano y los valles, un cabildo de los pobladores repudió el paro del martes y decidió dar un plazo de cinco días para que los prefectos dialoguen con el gobierno. (Los prefectos no se han opuesto al diálogo, pero consideran que la forma en que se lleva a cabo es un camino ya trillado que no conducirá a destino feliz.)

La jornada remató con una decisión de la Asociación de Ganaderos de Santa Cruz, a la que se sumó Beni: No enviar carne a La Paz, Oruro, Potosi y Cochabamba mientras persistan los recortes al IDH de los departamentos. Y la Federacion de Trbajadores de la Prensa de Santa Cruz, segun su Secretrio General Hernan Cabrera, sugirio un paro nacional de periodistas o un boicot a las informaciones emanadas del gobierno y su partido, responsabilizados por la violencia ejercitada contra los periodistas.

Una nueva pelea en curso

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Actualización

3PM, 19/08

Salvo incidentes aislados, el paro se cumplía normalmente en la mayoría de las ciudades de los cinco departamentos en paro. Las oficinas públicas, especialmente las de YPFB, no funcionaron sino en sus áreas esenciales. Las áreas de administración no trabajaron. Hubo algunos amagos de disturbios en la mañana en Santa Cruz y Montero, pero sin mayores consecuencias.

Al mediodía, grupos supuestamente de la Juventud Cruceñista se desplazaron a lo largo de la Av. Che Guevara, en el Plan 3000 de Santa Cruz. En la principal rotonda del populoso barrio, habitado mayormente por personas de medianos y bajos ingresos, estaban apostadas brigadas de la Unión Popular Juvenil. Hubo disturbios y una batalla campal por espacio de una hora, hasta que la policía intervino para dispersar por igual a los dos bandos. Las escenas mostradas por la televisión parecían extraídas de algún campo de la Franja de Gaza, en el medio oriente. Decenas de jóvenes que se movían lanzando piedras hacia el bando contrario en medio de la humareda provocada por el gas lacrimógeno disparado profusamente por la policía.

La tensión entre los vecinos, muchos de los cuales se resistían a acatar la orden de paro, creció con la profusión de disparos de gases lacrimógenos y piedras que llovían por doquier. Pasado el mediodía, cuando una calma tensa volvía a imperar en la zona. No había informes seguros sobre heridos o lastimados.

 El líder cívico Branco Marincovick hizo al mediodía un balance de la mitad de la jornada y dijo que el movimiento cívico había sido un éxito. «Hubo un acatamiento rotundo de la población», afirmó. Lamentó que, como ya es rutina, se hubiese registrado violencia contra camarógrafos de la TV y al responsabilizar al partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que quienes atacaron a los camarógrafos habian recibido 250 bolivianos para cumplir esa misión. Una movilidad de una red privada de televisión fue atacada a palazos y sus vidrios fueron destrozados.

 La Delegada Presidencial para el departamento se preguntó después, al hacer su propio balance sobre la jornada, «qué ha ganado Santa Cruz con este paro» y criticó a sus organizadores.

Los desórdenes estuvieron limitados al Plan 3000. Para algunos sectores de otras zonas de la ciudad el paro fue una oportunidad para desplazarse en bicicleta en sus barrios y áreas vecinas, como en cualquier día feriado.

No había datos disponibles de inmediato sobre la huelga en los otros cuatro departamentos: Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

El paro es el mayor desafío regional al régimen del presidente Evo Morales, que esta semana cumple 31 meses de los 60 para los que fue electo.

La violencia manifiesta contra camarógrafos y fotógrafos vista hoy otra vez llevó al Presidente de la Federación de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, a denunciar por TV (Canal 11, local) el carácter “perverso,  antiperiodístico” que habían asumido las agresiones, especialmente por parte de las llamadas “organizaciones sociales” que apoyan al gobierno. Cabrera dijo, en un programa de entrevistas de las 06PM, que había denunciado las agresiones contra los periodistas ante representantes de Reporteros sin Fronteras, una organización internacional de periodistas.

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Comienza este martes 19 de agosto una nueva vuelta en la pelea entre el gobierno del presidente Evo Morales y los cinco departamentos que componen CONALDE, el Consejo Nacional Democrático. Todos son territorialmente más de la mitad de Bolivia. Y aunque en ellos hubiera el presidente logrado un importante respaldo (en el controvertido plebiscito del día 10), los ganadores fueron sus opositores políticos. El gobierno se mantiene en sus cuatro: aquí gané yo, el país es mío y mando yo. Los prefectos prometen un paro efectivo, y otras medidas de mayor magnitud si ésta no hace reflexionar al gobierno.

En Santa Cruz se instalaron en las últimas horas unidades militares y de la policía con la misión de resguardar entidades del estado. Se habló de un control militar de la ciudad, pero a comienzos de la noche nada evidenciaba tal control. No había detalles de la situación en Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, convertidos en los flancos débiles del gobierno, pero todo el mundo aguarda una jornada sin violencias.

El paro fue convocado por CONALDE como una medida de presión para obligar al gobierno que devuelva a los departamentos los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que les confiscó desde principios de este año. Los prefectos alegan que esa confiscación les ata las manos para realizar obras a favor de sus departamentos. En el caso de Pando, el decomiso, según el prefecto Leopoldo Fernández, representa el 95% de los recursos del departamento.