Gary Prado Salmón

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Semillas de la historia reciente

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Una reunión sigilosa hace 40 años en la casa de un historiador, muy cerca del Ministerio de Gobierno, selló la base de un compromiso que diseñaba un nuevo curso politico en Bolivia. Un partido joven, todavía clandestino, le dijo al general Juan Pereda Asbún que aceptaba el reto de medirse en elecciones bajo una sola condición. El gobierno, urgido de legitimarse de alguna manera en las urnas, debía dictar una amnistia general e irrestricta que abarcase al centenar de dirigentes a los que régimen denominaba ¨delincuentes políticos¨, entre ellos Juan Lechín Oquendo y Marcelo Quiroga Santa Cruz, estrellas básicas del firmamento boliviano, y algunos de sus propios dirigentes. Vinieron la amnistía y las elecciones generales y empezó el eclipse acelerado y a tropezones del régimen militar que tenia al país a su cargo hacía una casi una década.
¨Apuntes para una historia – La hazaña de la esperanza¨ (La Hoguera, 240 páginas), de reciente presentación en Santa Cruz, es un paso hacia una narración mayor de la historia del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), el partido que emergió a la vida política en la segunda mitad del siglo pasado y se convirtió en gobierno en 1982.
No es común en Bolivia escribir la historia contemporánea con cierto detalle. Susana Seleme Antelo y Francisco Aróstegui Quiroga asumieron el empeño de narrar aspectos sobresalientes del recorrido de su partido ensamblándolos en un registro de la construcción de una organización política, cuyos fundadores fueron agarrados en medio de dos corrientes históricas colosales. La que emanaba de la revolución cubana y la que en Bolivia era la referencia imprescindible, la revolución de 1952 y sus oleajes, manifiestos con vigor aún 60 años después.
Aróstegui, del puñado de jóvenes que fundó ese partido en 1971 y permaneció clandestino hasta el encuentro furtivo con el general Pereda seis años más tarde, y Seleme, nutrida ideológicamente por la eclosión cubana y horrorizada, como muchos de su generación, con el despotismo soviético, primero, y el cubano, después, abrazaron una ¨izquierda viable¨ para Bolivia.
¨Abandoné la lucha armada ¨para que la vida no fuera asesinada en primavera…¨, dijo en la presentación de la obra, citando al ex guerrillero colombiano Antonio Navarro Wolf, del M-19, cuando renunciaba a las armas para plegarse a las corrientes democráticas.

Ambos fueron actores destacados en el gobierno del MIR, presidido por Jaime Paz Zamora (1989-93). El primero, también nutrido ideológicamente en Cuba, fue prefecto de Santa Cruz en tanto que Seleme estuvo a cargo de la Secretaría Privada de Paz Zamora.
El libro refiere fugazmente algunas anécdotas notables, como la fuga de dirigentes miristas mientras disputaban un partido de fútbol con sus carceleros en un campo de concentración, o la conclusión a la que llegó un diplomático de que el MIR apoyaría la elección del candidato del MNR en 1989 pues no votaría por Hugo Bánzer. La conclusion resultó errónea, pues si bien el MIR no votó por Bánzer sí recibió sus votos parlamentarios y Paz Zamora fue electo presidente. Ese malabarismo ético es discutido aún hoy.
En las palabras de Aróstegui al presentar el libro, ese capítulo marcó el momento en que los bolivianos se dieron la mano y suprimieron distancias para vivir en democracia.
Es impresionante, aún casi 40 años después de ocurrido, el relato de Paz Zamora, sobre el incendio y caída del avión en que viajaba en la campaña electoral de 1979 junto a otros líderes de su partido (Hernán Siles Zuazo no viajó por otros compromisos). No lo es menos la rememoración de la masacre de la calle Harrington de La Paz, donde fueron acribillados ocho militantes del MIR y de la que se salvó escondida debajo de una cama Gloria Ardaya. Ahora en Ecuador, Ardaya también presenta un testimonio anexo al libro.
Un cimiento del MIR y de su ascenso hasta el gobierno fueron militares, jóvenes entonces, que endosaron su causa. También forjados al influjo de la revolución de 1952, un grupo de oficiales convergió en el objetivo de restablecer la democracia. En el testimonio escrito para el libro, el ahora general retirado Gary Prado Salmón, dice que esos oficiales coincidieron con el MIR en cuanto verificaron que el nuevo partido había abandonado las armas y estaba en el sendero democrático.
El trabajo trae un abordaje muy breve a la ¨desdolarización¨, bajo la UDP de la que el MIR fue parte esencial. La medida devastó los pequeños ahorros pero también, subrayan los autores, fue palanca determinante para el desarrollo agroindustrial de Santa Cruz.
También un registro de la oposición en actual curso contra el intento de re-re-reelección del presidente Morales (¨quieren impunidad para toda la vida¨), el libro es de una lectura forzosa para todo intento de conocer capítulos importantes de la historia contemporánea de Bolivia.

Un exocet sobre el “juicio del siglo”

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El ministerio público quedó boquiabierto cuando la defensa leyó una resolución del Tribunal Constitucional emitida este viernes anulando la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija. La decisión, que el tribunal rehusó darle aplicación inmediata hasta no contar con una notificación oficial, de hecho inhabilitó a parte del tribunal, que ahora tendría que constituirse en Santa Cruz, la sede natural del caso reclamada persistentemente por los acusados y la defensa.

La decisión del Tribunal fue el equivalente al lanzamiento de un misil exocet sobre la estructura de la acusación en el “juicio del siglo”, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.  Las pruebas de la acusación aún no han sido presentadas.

A raíz del caso hay una docena de personas presas de un total de 39 acusados y decenas de exiliados. Las audiencias se reanudarán el 22 de abril, cuando el tribunal deberá admitir oficialmente la notificación y tomar una decisión. Si es llevada a cabo rigurosamente, la decisión implicaría retornar a la fase abierta en Tarija, y consiguientemente el apartamiento de las juezas ciudadanas y eventualmente del propio juez Sixto Fernández que, por pasar el caso a depender de su “jurisdicción natural”, tendría que entregarlo a un juez de Santa Cruz.

Es decir, se formaría un nuevo tribunal, con elección de jueces ciudadanos del padrón electoral de Santa Cuz. “El caso tendrá que pasar a su juez natural. Eso nadie lo puede cambiar. Lo aseguro”, dijo el abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, quien celebraba la decisión dle TC calificándola como “un gol de chanfle”, por encima de la cabeza de arquero. La decisión asumida contra su defendido “fue una arbitrariedad”.

El retroceder a la instancia de Tarija movería otras piezas pues la declaratoria en rebeldía del general Prado Salmón y la jurisdicción natural para el caso son sólo dos temas de los muchos que encierra el  juicio en el que está en juego la palabra de las máximas autoridades del gobierno, que desde el 16 de abril de 2009 han asegurado que en Bolivia estaba en curso un complot gigante que pretendía acabar con la vida de autoridades y desencadenar una guerra de secesión. Todo semeja un desmantelamiento del caso.

Eran conspicuas en la sesión de este viernes la presencia de “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, luego de estar bajo terapia intensiva en Cochabamba, por causa de una diabetes descontrolada, y la ausencia del fiscal cabeza de a investigación, Marcelo Soza, quien goza de una vacación de sesenta días.

Las primeras audiencias del juicio se realizaron en Cochabamba, hace dos años. Ante las dificultades que presentaba la altitud de la ciudad para algunos de los acusados, se las llevó a Yacuiba y luego a Tarija. Al igual que a Cochabamba (2.520 metros de altitud), el general Prado Salmón declinó de asistir a Tarija (1.850) por prescripción de sus médicos. En Tarija, el juez aceptó una moción del ministerio público declarándolo en “rebeldía”, de modo que podía ser arrestado y llevado a prisión en cualquier momento. La rebeldía fue de hecho suspendida cuando las audiencias se instalaron en Santa Cruz y el ex general de división, recluido en silla de ruedas desde hace más de 30 años, pudo estar presente en las sesiones. Entretanto, la declaratoria de rebeldía lanzada en Tarija estaba bajo consideración del Tribunal Constitucional, que decidió sobre ella este viernes.

La decisión de TC estaba disponible en la página web de la institución, pero el juez Fernández dictaminó que eldocumento debía llegar físicamente a sus manos.

Flashes del Palacio de Justicia

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Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, jugaba con las nietas que le jalaban la barba, Juan Carlos Gueder se confundía en abrazos con su esposa Martha Landívar,  a quien no veía hacía casi cuatro un años; dos de sus hijos, todavía niños, estaban con ella. Juan Alberto Kudelka no se desprendía de su esposa Kathy Rabzuk, con quien contrajo nupcias en el panóptico de San Pedro hace poco más de un mes. El general Gary Prado Salmón, asistido por su esposa María del Carmen, y también por su hijo, el abogado Gary Prado Arauz; parecía para muchos un alegre encuentro familiar, no una sala en la que se llevaba a cabo un juicio por terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo. Elod Tóásó, uno de los dos sobrevivientes, esga sólo pero, al parecer, había superado las barreras linguísticas y con medio inglés y medio español conseguía comunicarse con sus interlocuores.

Vinieron del Beni (Mocovi), Cochabamba (El Abra), y La Paz (San Pedro).  El general que rindió a Ernesto “Ché”Guevara emergió del ascensor del Palacio de Justicia 15 minutos antes de fijada la hora de inicio de la audiencia (3:30 de la tarde). En silla de ruedas desde hace muchos años, el general retirado y ex embajador en México e Inglaterra, asistía por primera vez a las audiencias del proceso desde que en abril del año antepasado se inició en Cochabamba. Según la acusación, el general con la cintura y las piernas paralizadas, era un “comandante militar” del alzamiento que se proponía liderar Eduardo Rózsa Flores, y que en su campaña violenta se proponía también acabar con la vida del presidente Morales y de varias otras autoridades, incluso el entonces prefecto cruceño Rubén Costas.

Por su negativa a asistir a las sesiones de Cochabamba y Tarija, los fiscales lo declararon en rebeldía. Y pendía sobre él una orden de detención. Los fiscales del gobierno tuvieron ocasión de ver las precariedades de la salud del héroe de las guerrillas de Ñancahuazú cuando el general del ejército boliviano tuvo que exhibir, contra su voluntad, por qué no puede viajar a la altura  ni a cualquier lugar si no es acompañado de una logística especial: al cabo de una larga espera en la sala antes del inicio de la sesión, tuvo que recibir un tratamiento especial para su condición pues había estado inmóvil por más de tres horas. Su hijo Prado Araúz y la esposa del militar, lo asistieron de inmediato. El abogado Otto Ritter planteó entonces que se suspenda la rebeldía, pues el general ya estaba presente en la audiencia. La acusación no tuvo objeciones y el juez dispuso suspender la rebeldía sobre el general.