Armas

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

“El Viejo”: Sólo he dicho el 10%

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Luis Ignacio Villa Vargas, quien la semana que acaba de concluir propinó un golpe pesado a la teoría oficial sobre el asalto policial al Hotel Las Américas y la supuesta conjura terrorista, magnicida y separatista,  dijo que las afirmaciones que ganaron titulares en todo el país representan “sólo el 10 por ciento” de lo que sabe. “Hay mucho más”, me dijo el viernes en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz donde se ventila el juicio más bullado de la historia de Bolivia este siglo.

Nacionalmente conocido como “El Viejo”, Villa Vargas es el próximo a defenderse de las acusaciones del gobierno, una vez concluya el húngaro Elöd Tóásó, quien hasta ahora ha logrado sortear relativamente la limitada traducción del húngaro al castellano que se ofrece para el jurado (y la audiencia).

Villa Vargas era el “testigo clave” de la acusación, pero el entonces fiscal principal del caso Marcelo Soza decidió enviarlo preso al penal de San Pedro y convertirlo en acusado.

En silla de ruedas y con achaques derivados de la diabetes que lo aqueja, “El Viejo” dijo que el jueves no había logrado salir del penal para asistir la audiencia en la que planteaba substitución de la prisión preventiva en la cárcel por prisión  domiciliaria porque  el gobernador de Palmasola le había exigido un peaje de cien dólares. 

Como no tenía con qué pagar la extorsión, dijo, tuvo que quedarse en la prisión. En sorprendente coincidencia, el día anterior “El Viejo” había reiterado una denuncia que hace trastabillar la teoría conspirativa que maneja el gobierno desde la madrugada del 16 de abril de 2009: Él mismo trasladó al stand de Cotas, en la Fexpo de Santa Cruz, una veintena de armas de diverso calibre que luego fueron identificadas por la policía como parte de un supuesto arsenal que serviría a la supuesta maquinación para dividir Bolivia.  La fiscalía dijo que  investigaría la denuncia de tentativa de extorsión. No estaba claro si habría una nueva audiencia para escuchar el reclamo del acusado.

La sesión de viernes reafirmó las denuncias de que el proceso ha dado lugar a extorsiones atribuidas al ex fiscal del caso Marcelo Soza. El  dirigente cívico beniano Alberto Melgar se sumó a las denuncias que hizo públicas el industrial Svonko Matkovic Fleig, quien ha dicho que pagó 90.000 dólares en tres entregas (una vez 50.000 y dos veces 10.000) en busca de la libertad de su hijo Svonko Matkovic Ribera, acusado porque en el celular atribuido a Eduardo Rózsa Flores están registradas dos llamadas breves.

Melgar, quien consiguió la libertad provisional a fines del año pasado, en el rastro de las denuncias sobre extorsión expuestas por el agroindustrial estadounidense Jacob Ostreicher, logró también libertad para trabajar desde hace un par de semanas.

“Mi hermana contactó en La Paz a un capitán que fungía como asistente de Soza, quien le dijo que podía gestionar  mi libertad a cambio de 20.000 dólares”, dijo el ex dirigente beniano, quien encabezó en 2010 manifestaciones cívicas que impidieron que el avión  del presidente Evo Morales aterrizase en Trinidad. “Cuando le dijo que no tenía ninguna capacidad para pagar esa suma, le ofreció dividirla en dos tandas” una primera, de $US 6.000; otra por igual suma, en cuanto avanzase el proceso, y una tercera por $8.000 cuando en cuanto fuese declarado en libertad, dijo en el Palacio de Justicia. 

Soza: Habrá sentencia en dos o tres meses

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Actualización con edicion del texto anterior e incorporacion de preguntas y respuestas frente a un espejo.

El fiscal Marcelo Soza aseguró esta noche al país que “en dos o tres meses” habrá una sentencia sobre el “caso terrorismo”,  reiteró que “malos bolivianos” intentaron dividir Bolivia y que el trabajo que llevó a cabo demostrará que el general retirado Gary Prado Salmón estuvo comprometido en el intento secesionista que atribuye a Eduardo Rózsa Flores.

En una entrevista televisiva conducida por la periodista Ximena Antelo el fiscal mostró dubitación e inseguridad cuando tuvo que hablar sobre sus finanzas personales: No consiguió conciliar el patrimonio  de “unos 400.000 bolivianos” que declaró en ese momento en el programa No Mentirás, de la red PAT, con el de 1.064.400 bolivianos que había bajo juramento señalado en su declaración oficial de patrimonio el año pasado. La pregunta vino a propósito de versiones que desde hace tiempo circulan en la red sobre los bienes del fiscal. El fiscal dijo que negaba terminantemente esas versiones.

“Trabajé más de 20 años de mi vida …unos 400.000 bolivianos” dijo. “La declaración de bienes habla de 1.064.400 bolivianos,” lo interrumpió la periodista. Esa observación pareció dejar perplejo a quien es considerado como uno de los fiscales más poderosos de Bolivia. “Debe haber un error…no recuerdo…lo hice el año pasado…Sin embargo es el trabajo de toda una vida, no solo mío sino de mi esposa”. Sus palabras fueron pausadas y su expresión facial exhibía confusión con el tema que debía abordar.

La entrevistadora le preguntó cuántos hijos tenia, pero “por razones de seguridad”, el público se quedó sin conocer una respuesta.

“Dicen que el caso ha sido montado. ¿Cómo las cámaras de seguridad del hotel se apagaron precisamente esa noche…?”, preguntó la presentadora.

Las respuestas del fiscal parecían reflejar cierta inseguridad. “Hubo un informe del dueño del hotel”, dijo vagamente, sin explicar si el informe explicaba el porqué del apagón de las cámaras en la madrugada del 16 de abril de 2009. Trajo una explicación reptida a lo largo de los casi cuatro años desde que ocurrió el episodio:  “Ningún fiscal podría acusar sin pruebas. Tenemos pruebas contundentes: Malos bolivianos trataron de dividirnos…La sentencia va a reflejar todo lo que se ha investigado”.

En ese momento declaró que la información que tiene la fiscalía asegura que “frente a una agresión del grupo armado incursiona la policía”. Es decir, el trío que murió en ese episodio y que estaba en paños menores, disparó sobre la policía. El fiscal agregó que la policia había sido “agredida de manera injusta e ilegal”. Desde que fue presentada esa versión, poco después del episodio, abogados de los acusados y críticos de la actuación de la policía han preguntado si lo ocurrido tuvo esa secuencia, cómo se explicaba que todos los policías hubiesen resultado ilesos.

El fiscal intentó garantizar credibilidad a sus palabras, pero al no estar aparejadas de elementos de convicción persistieron las dudas que existen desde el estallido del caso hace casi cuatro años, entre ellas por qué fueron muertos y no capturados vivos. “Todos (los enjuiciados) son culpables”, aseguró. “Nosotros tenemos la responsabilidad de probar; serán los jueces los que deberán decidir” (por la sentencia o absolución).

No hubo  mención al juicio en curso en Santa Cruz, en el que las múltiples irregularidades contenidos en el expediente (borrones, palabras sobrepuestas, papeles desordenados, ausencia y falta de continuidad en la numeración de las páginas que a los observadores dan la impresión de que todo el proceso ha sido colocado al borde de un abismo.

Tampoco abordó la denuncia del abogado Otto Ritter, quien el martes dijo que las armas que mostraban Rózsa y sus compañeros Michael Dwyer y Arpad Magyarosi eran pertrechos robados de la disuelta unidad de élite UTARC, a la que pertenecía el Cap. Walter Andrade, especialista en infiltración que había conseguido ingresar al grupo de Rózsa.

Andrade logró la amistad de Rózsa y una fotografía difundida ampliamente por todo el país muestra a ambos en un churrasco. Ritter dijo que eso probaba que el caso había sido montado por el gobierno para perseguir a líderes cruceños.

La periodista le preguntó  por qué no se había imputado al cap. Andrade. La respuesta de Soza no fue contundente. “Se habló mucho de ese tema. Desde un principio manejaron ese tema…los que mencionaron el tema nunca pusieron elemento de prueba para investigar a este ciudadano”, explicó y dijo que le tomaron una declaración y que se concluyó que no había elementos que demostrasen que Andrade estuviese involucrado. Por eso no había sido imputado.

-¿Esa fotografía, no es elemento?

El fiscal titubeó y tras unos instantes dijo. “(La foto) oficialmente no la tenemos”.

La periodista insistió en preguntar si esas armas eran las que habían sido sustraidas de la UTARC. “Sinceramente, desconozco”, dijo. Agregó que el armamento que la fiscalía secuestró era el que supuestamente se encontraba en el almacén de COTAS, en la Feria Exposición y también parte de las pruebas acumuladas contra los acusados.

Vino otra pregunta: Por qué tampoco se había investigado a Carlos Nuñez del Prado, supuestamente involucrado en un acto de soborno a “El Viejo” en enero de 2011. “No encontramos ningún elemento de convicción para involucrarlo”, respondió.

Frente al espejo

Parte del formato de las entrevistas lleva a los invitados a detenerse frente a un espejo que muestra a los entrevistados de cuerpo entero mientras responden a las preguntas de la conductora del programa. Las preguntas y respuestas están resumidas.

– Mírese con calma y dígale al país, ¿qué ve?

Veo a un hombre comprometido con Bolivia. Lamentablemente me tocó vivir esta situación y como hombre de derecho, debo responder y aclarar esta situación para que el país sepa qué es  lo que se va a juzgar…Vamos a probar todo. El país sabrá que en Bolivia hubo un intento de dividir al país. Se iba a generar una guerra interna en el país.

–¿Ve a un hombre orgulloso por su trabajo?

Lógicamente que sí. (Promete continuar hasta lograr una sentencia para “los malos bolivianos que tentaron dividirnos”.

-¿Ve a un hombre que suele mentir?

(Habla que “como todo el mundo” suele decir mentiras piadosas, pero subraya de inmediato:  la verdad es la que ha de surgir al final del camino. Una mentira nunca lleva a nada.”

-¿Ve a un hombre feliz?

Si. Estoy feliz con mi familia y con todas las cosas de mi vida.

-¿Ve a un simpatizante el MAS?

No. No simpatizo con ningún partido político.

-Ve a un hombre con un pasado movimientista o mirista?

Pertenecí al MNR cuando era estudiante.

-¿Ve a un hombre con la conciencia tranquila?

Efectivamente, sí.

-¿Ve a un hombre con las manos limpias?

-Efectivamente, sí.

Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa

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Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.

Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó.  Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel  trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que  el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.

Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.

“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.

Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.

Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio.   Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.

El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba  Rózsa.   El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.

Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.

El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.

También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era  historia,  Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.

Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.

Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.

La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.