Juicio del siglo se instalará en Santa Cruz

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Incorpora frase en reclamo de diplomático irlandés a Bolivia

A partir del lunes 18 de este mes, el controvertido “caso terrorismo” volverá a Santa Cruz, donde se inició en la madrugada del 16 de abril de 2009 con la incursión policial que derivó en la muerte acribillados a balazos del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, del húngaro Arpad Magyarosi  y del irlandés Michael Dwyer.

El cambio de la sede en la etapa final del prolongado juicio fue dispuesto la tarde de este lunes de por el juez del caso, actualmente radicado en Tarija, Sixto Fernández. Será el mayor de lo que va del siglo XXI y uno de los que mayor interés internacional ha concitado en Bolivia a lo largo de su historia. Sólo otros dos juicios causaron interés de similar magnitud en los últimos 50 años:  los que involucraron  al intelectual francés Regis Debray y al general Luis García Meza.

Al cabo de 46 meses de la ocurrencia del traumático episodio del 16 de abril de 2009, la decisión del juez Sixto Fernández conocida esta noche ocurre cuando está en su más baja credibilidad la versión del gobierno, de que el grupo que encabezaba Rózsa se disponía a lanzar una campaña terrorista-separatista y magnicida que, entre otros actos de terror, buscaba asesinar al presidente Evo Morales e iniciar un movimiento separatista armado para conformar una nación independiente.

Del grupo sobrevivieron dos, el boliviano-húngaro Mario Francisco Tádic y el rumano Elod Tóásó, ambos presos en el penal San Pedro, de La Paz. El mismo día de la operación policial-militar, el presidente asumió la orden de ataque sobre el grupo, alojado en el Hotel Las Américas desde hacía sólo pocas horas.

Desde la apertura del juicio, en Cochabamba el 2011, los abogados del gobierno tratan de convencer a los jueces de que la versión magnicida-terrorista-separatista es consistente y veraz, pero la defensa la ha golpeado constantemente atribuyéndole un sinnúmero de fallas e incongruencias. Una de las preguntas que no han sido aclaradas, o que para la mayoría del público son parte de los misterios que rodean el episodio, es quién ordenó que los registros del hotel céntrico de Santa Cruz fuesen borrados.

La decisión del traslado a Santa Cruz ocurrió a pocos días de una protesta del titular de asuntos exteriores irladeses Eamon Gilmor a su colega boliviano, el vicecanciller Carlos Aldurralde, durante  la reunión de la semana pasada en Santiago por la demora de la justicia boliviana en aclarar la muerte de Dwyer, que el forense de su país dijo que había ocurrido con un disparo directo al corazón, de arriba hacia abajo y de corta distancia. La detención de los dos sobrevivientes ha sobrepasado con creces los tres años meses que prevé la justicia de Bolivia como límite para las prisiones preventivas.  La autoridad irlandesa dijo sin ambages que a su país le urgía saber “las circnstancias en que el señor Dwyer fue asesinado”. Es la primera vez, que se sepa, que una autoridad irlandesa le dice a una boliviana que Dwyer fue asesinado.

No se conoció de inmediato el comentario que habría merecido la decisión del juez por parte del fiscal que conduce el caso, Marcelo Soza, quien se ha opuesto a ese traslado y ha asegurado que habría riesgos para la seguridad del tribunal. Las principales organizaciones cruceñas lo han criticado por esa afirmación.

En la versión que ofreció a Radio Fides de su decisión, el juez Fernández dijo lacónicamente que “el tribunal, compuesto por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanos, ha determinado el cambio de sede a la ciudad de Santa Cruz para el lunes 18:30”.

Las condiciones de salud de algunos de los 39 procesados pesaro de manera determinante en la decisión del juez.

El juez dijo que el acusado Ronald Castedo, ex presidente de COTAS, no estába en condiciones de trasladarse a Tarija, al igual que los generales Gary Prado Salmón y Lucio Áñez Ribera, ambos de trayectoria democrática, a quienes el fiscal fiscal atribuye la condición de arietes estratégicos de la supuesta conjura secesionista. El primero está en silla de ruedas desde  hace décadas y el otro sufre de graves afecciones cardíacas. Castedo, quien también padece de dolencias cardíacas, sufrió un infarto poco antes de que tuviese inicio en Tarija la sesión prevista para comienzos de enero y convalece en Santa Cruz.

“Ese ha sido uno de los motivos por los que se  ha dispuesto el traslado de la sede a Santa Cruz”, dijo el juez, citado por Fides.

El traslado fue una constante reivindicación de los ciudadanos cruceños involucrados en el juicio, cuyas idas y venidas, y la detención prolongada de casi todos los acusados por mucho más tiempo que los 36 meses previstos por las leyes, han tenido a este departamento en vilo permanente. Para los dos generales, que insistieron en que el juicio tendría que llevarse en Santa Cruz y rehusaron viajar a Cochabamba y Tarija, el anuncio del traslado constituyó una victoria en esta parte del proceso. El fiscal había dicho hace pocos días que serían detenidos por la policía y llevados a Tarija. La amenaza no fue cumplida.

Llas sesiones finales podrán ser vistas por toda la ciudadanía cruceña si, como se espera, las estaciones de TV obtienen autorización para retransmitir las sesiones.

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