Irlanda

La tumba de Rózsa

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Casi nada cambió en diez años. En el cuarto nivel del bloque de nichos de la familia Antelo Landívar del Cementerio general de Santa Cruz reposaba un ramito de margaritas aún frescas, escondidas entre claveles  que, con hojitas verdes, se imponían en el modesto florero de metal a cuyo lado se destacaba, en letras negras bien diseñadas, el nombre del huésped en cuya memoria fue depositado: Eduardo Rózsa Flores. Diez años atrás, el nombre estaba garabateado sobre el estuco fresco, que ahora lucía pintado con firmeza, al parecer desde hacía pocos días .

Eso era toda la memoria del personaje de muchos mundos y muchas lenguas, que ahora tendría 60 años, al que se acusa de haber pretendido encender una conflagración para derrocar al gobierno de Evo Morales y dividir Bolivia. El arrojado combatiente de la Guerra de los Balcanes, recordado con aquel adjetivo por los pocos amigos que le quedaban en Bolivia, donde vivió toda su infancia hasta los diez años, y los que ganó en Chile durante algún tiempo antes de que sus padres se radicaran en Hungría, escapando de la dictadura militar del general Pinochet.

El carácter impulsivo de Rózsa parece retratarse en sus palabras cuando departía con algunos de sus amigos en Santa Cruz y le contaron que Morales se había reunido días antes con todo su gabinete en una lancha en el Lago Titicaca: ¨De haber sabido antes, ¡le enviaba un par de hombres rana y volaban todos…!¨

También parece sepultada en la bruma la versión, reforzada por el propio presidente Morales ante sus colegas en una reunión en Cumaná, a pocas horas del episodio, que estaba en marcha una conspiración para matarlo y que él había dejado la orden de detener la operación y a los conspiradores pues el espionaje de su gobierno  había detectado que ¨querían escapar¨. Uno de los pocos que no creyó en la versión fue Barack Obama, a cuyo país Morales incorporaba en la conspiración. Incrédulo, lo escuchó decir que Estados Unidos no participaba en conspiraciones. La frase de Morales es tenida por los opositores del gobierno como una confesión.

Pero a partir de ahí la acusación derivó en elementos nada creíbles: una balacera de media hora cuando las evidencias posteriores demostraron que habría haber durado cuando mucho un par de minutos. Lo que sí quedó impreso en la memoria fueron los gritos desesperados dentro del hotel y los pedidos de clemencia a toda voz que escucharon dos huéspedes brasileños que rápidamente salieron del hotel para tomar, aun de madrugada, el avión comercial que los llevaría rumbo a su país. Fue en esos instantes que se cree que Rózsa fue acribillado. Así moría la leyenda que él mismo había personificado en una película premiada en un festival cinematográfico, hasta ahora la versión más difundida sobre la vida del combatiente de los Balcanes. También a partir de ahí se volvió cada vez más difícil para el gobierno convencer de la veracidad plena de la versión conspirativa.

El canciller irlandés de entonces Michael Martin, fue invitado por el presidente Morales a venir a Bolivia para verificar la tesis defendida por el gobierno de que un grupo armado había atacado a la policía. La invitación duró pocas horas antes de ser anulada por el propio gobierno. Pero la versión del ataque sobre la policía fue poco a poco desvirtuada y con el tiempo la version invirtió papeles: quien atacó fue la policía. Los supuestos atacantes fueron sorprendidos mientras dormían, de acuerdo con dos sobrevivientes del grupo capitaneado por Rózsa, y algunos de ellos estaban desnudos, condición improbable para lanzar un ataque armado.

Diez años después del episodio, la parte jurídica no ha llegado al final. Algunos de los 39 acusados consiguieron la libertad tras declararse culpables de las acusaciones que les hacía el gobierno. Pero otros se resisten a aceptar las acusaciones y han dicho que mantendrán esa posición hasta final. Los abogados estiman que la fase de sentencia no ocurriría antes de un año ni antes de  las elecciones de  octubre, cuando los acusados esperan que el proceso contra ellos logre tomar otro rumbo.

La tumba de Rózsa  yace solitaria al centro del cementerio. Algunos pinos próximos le brindan algo de sombra al conjunto de nichos. Pero al atardecer de un sábado como el pasado, había muy pocas personas fuera del personal de mantenimiento.

¨No ha venido mucha  gente¨, dijo el guardia, al explicar la soledad que reinaba en el principal camposanto cruceño. ¨Pero la tumba de Rózsa está limpia y mantenida¨.

El avispero

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En gira por Europa, el presidente Evo Morales fue a Irlanda en busca de una relación más sólida entre Bolivia y el país con el que el vínculo más notorio es un acto cruel y mortal resultado de una operación que el mandatario autorizó hace más de seis años. Las áreas sobre las que esa relación podría crecer son las inversiones irlandesas en Bolivia, que en los últimos tiempos mostraron potencial con el ramo de las bebidas.
En una reunión privada durante su estadía en Dublín la semana pasada, el presidente anunció que la COCABLUE, un licor en base a hoja de coca producido por Babco Europe Limited, nuevo nombre entre las inversiones en Bolivia, será la bebida oficial del Palacio de Gobierno. La noticia la dio la propia compañía en su sitio de internet. Los que asistan a reuniones en el palacio ya conocen por anticipado parte del menú.
El presidente dejó bases para la cooperación irlandesa hacia Bolivia en educación y lechería. Fuera de esas áreas, quedó en la bruma una explicación sobre razones más trascendentes para llegar hasta esas remotas latitudes en gestiones para las que sería discutible la presencia de la máxima autoridad boliviana.
De inmediato saltó una: intentar rutas para resolver la cuestión que condiciona las relaciones bilaterales y que es una piedra afilada en el zapato boliviano para sus relaciones con toda la Unión Europea: la muerte del irlandés Michael Dwyer en los hechos aún oscuros de la invasión policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz. Sin un esclarecimiento convincente del caso, es difícil vaticinar relaciones normales con el bloque europeo.
El Ministro de Relaciones Exteriores Charles Flanagan se reunió con el presidente Morales. El funcionario había dicho que plantearía en el encuentro la cuestión que irrita a los irlandeses. No estaba claro si ese planteamiento directo ocurrió, pero el canciller David Choquehuanca dijo después que Bolivia era la más interesada en esclarecer el caso y concordó con una investigación internacional imparcial. En su despacho yace desde hace años el informe de la forense oficial irlandesa, Marie Cassidy, sobre la muerte del joven Dwyer: un disparo al pecho que le partió el corazón. ¨Sigue ahí¨, dijo el abogado defensor Gary Prado Araúz, al hablar de ese documento.
El informe irlandés contradice la versión oficial de los forenses bolivianos, que dictaminaron que Dwyer había muerto de un ¨shock hipovolémico¨ causado por los balazos que recibió durante la incursión policial. La versión irlandesa dice que lo mató aquel balazo desde corta distancia, cuando se encontraba sentado o yacía recostado en su cama del hotel Las Américas. Un libro que publiqué en 2011, bajo auspicios de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), menciona éste y otros episodios.
La visita presidencial a Irlanda ha reavivado el caso y sus implicaciones. El anuncio de una eventual investigación internacional surge como un tropiezo más para el Juicio del Siglo que se suma a los temas que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández tendría al reanudarse las audiencias a partir de este lunes. No lo ha repetido en Bolivia, pero no es cosa menor que el canciller hubiera dado a entender a la madre y la hermana de Michael Dwyer que el gobierno está de acuerdo con una investigación internacional. El juicio recibiría un golpe mayúsculo si un elemento esencial es investigado pues renovaría las dudas sobre la versión oficial del suceso del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, que sostiene que la policía fue atacada y que ésta se defendió.
El reclamo por una investigación internacional sobre la muerte del irlandés no es nuevo. Irlanda y Hungría la pidieron en 2009 y el canciller Choquehuanca la mencionó. Pero la posibilidad quedó cerrada cuando el presidente Morales se irritó ante el planteamiento europeo y dijo que era capaz de procesar a esos países por la venida a Bolivia de ciudadanos a los que el gobierno atribuía intenciones criminales.
Las señoras Dwyer estuvieron en Bolivia el año pasado sin lograr mayores esclarecimientos. En la visita a Irlanda, el canciller les entregó las declaraciones de dos inculpados sobrevivientes del suceso que admitieron culpa y recibieron sentencia en juicios abreviados tras más de cinco años de prisión. Al llegar a Hungría, su tierra natal, uno de ellos negó la acusación que lo condenó.
El segmento irlandés de la gira presidencial ha agitado un avispero cuya magnitud pareció desdeñada. Los fantasmas del Hotel Las Américas despertaron azuzados por el viaje a Irlanda y contener la presión por una investigación internacional luce más difícil.

Analogías

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Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.

Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa

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Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.

Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó.  Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel  trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que  el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.

Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.

“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.

Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.

Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio.   Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.

El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba  Rózsa.   El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.

Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.

El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.

También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era  historia,  Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.

Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.

Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.

La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.