Dwyer

La persistencia irlandesa

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El décimo aniversario del ataque al hotel Las Américas y la muerte brutal del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores y dos de sus compañeros en un grupo al que el gobierno le atribuía fines subversivos, pasó sin mucha bulla en Santa Cruz, salvo crónicas especiales de los medios escritos. Pero Irlanda destacó la fecha y un editorial del Irish Times, el diario irlandés más influyente, reflejó lo que puede aguardar a los responsables del violento episodio.

Nada hace pensar que la familia de Michael Dwayer, rematado en el suelo con un balazo al pecho que le partió el corazón, vaya a desistir en su empeño declarado de colocar en el banquillo de un tribunal internacional a los que resultaren culpables.

¨Aunque han pasado 10 años desde que Michael Dwyer fue muerto por la policía boliviana, las circunstancias que rodearon su muerte aún permanecen en el misterio¨, dijo el martes  el editorial del diario que cubrió con mayor amplitud y rigor los incidentes relacionados con el episodio.

Dice el comentario: Gracias a los esfuerzos persistentes de la familia del joven, por entonces con menos de 30 años, ¨una cosa puede darse por cierta: la versión oficial de lo ocurrido en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, como originalmente dijeron el presidente boliviano Evo Morales y su poderoso Vicepresidente Álvaro García Linera, ha resultado ser demostradamente falsa¨.

El diario dice que la familia ha reunido un material impresionante, tanto forense como de testigos oculares, que han destruido la credibilidad de las autoridades bolivianas respecto a la incursión policial que resultó en la muerte de Michael Dwyer bajo ejecución sumaria,  y los hechos que condujeron a ese final.

Además de Rózsa y Dwayer, también murió el  rumano Arpad Magyarosi, tan joven como el irlandés. Salvaron la vida Mario Tádic, boliviano-croata, y Elöd Toaso, húngaro. Tras estar presos por seis años, salieron en libertad condicional pero en cuanto se les presentó la oportunidad fugaron de Bolivia. Toasó está escribiendo un relato de sus años preso, incluso sobre la justicia boliviana, en la que ha dicho no creer en absoluto.  Tádic, cochabambino pero con nacionalidad croata,  bajo cuyas banderas luchó en la Guerra de los Balcanes y fue condecorado, vive entre Croacia y Chile.

La publicación agrega: La ejecución sumaria de Dwyer  ha sido ensombrecida por el debate sobre qué hacía en Bolivia y  las compañías con  las que anduvo. Pero estas son consideraciones secundarias de cara a la evidencia de que las fuerzas de seguridad tuvieron muchas oportunidades de arrestarlo en vez de dispararle a quemarropa directo al corazón para luego ocultar el hecho con la versión de que había muerto en un tiroteo.

Los Dwyers entregaron sus evidencias al funcionario oficial de las Naciones Unidas que investiga ejecuciones extra judiciales sumarias. Después de un examen de los hechos,  concluyó que había evidencias suficientes para sostener que se había tratado de una ejecución extrajudicial. El funcionario emitió denuncias ante las autoridades bolivianos, el nivel más alto de denuncia disponible. La Comisión Interamericna de Derechos Humanos también revisó las evidencias recogidas por los Dwyers y dictaminó que el estado boliviano tenía que responder. El gobierno de Morales, recalca la nota,  respondió criticando la integridad de la comisión.

La Paz, dice el comentario, continua escondiéndose detrás de un proceso derivado del asalto policial. Sostiene que no puede abrir las puertas a una comisión internacional investigadora, un compromiso hecho por Morales durante su visita oficial a Irlanda en 2015, mientras el proceso en curso no llegue al final.

El comentario subraya que el llamado ¨caso terrorismo No. 1¨ ha derivado en una farsa y no muestra signos de estar próximo  al final. Ahora luce  como una farsa  que durante una década ha neutralizado  a la que una vez fue una robusta oposición a Morales en Santa Cruz.

El avispero

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En gira por Europa, el presidente Evo Morales fue a Irlanda en busca de una relación más sólida entre Bolivia y el país con el que el vínculo más notorio es un acto cruel y mortal resultado de una operación que el mandatario autorizó hace más de seis años. Las áreas sobre las que esa relación podría crecer son las inversiones irlandesas en Bolivia, que en los últimos tiempos mostraron potencial con el ramo de las bebidas.
En una reunión privada durante su estadía en Dublín la semana pasada, el presidente anunció que la COCABLUE, un licor en base a hoja de coca producido por Babco Europe Limited, nuevo nombre entre las inversiones en Bolivia, será la bebida oficial del Palacio de Gobierno. La noticia la dio la propia compañía en su sitio de internet. Los que asistan a reuniones en el palacio ya conocen por anticipado parte del menú.
El presidente dejó bases para la cooperación irlandesa hacia Bolivia en educación y lechería. Fuera de esas áreas, quedó en la bruma una explicación sobre razones más trascendentes para llegar hasta esas remotas latitudes en gestiones para las que sería discutible la presencia de la máxima autoridad boliviana.
De inmediato saltó una: intentar rutas para resolver la cuestión que condiciona las relaciones bilaterales y que es una piedra afilada en el zapato boliviano para sus relaciones con toda la Unión Europea: la muerte del irlandés Michael Dwyer en los hechos aún oscuros de la invasión policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz. Sin un esclarecimiento convincente del caso, es difícil vaticinar relaciones normales con el bloque europeo.
El Ministro de Relaciones Exteriores Charles Flanagan se reunió con el presidente Morales. El funcionario había dicho que plantearía en el encuentro la cuestión que irrita a los irlandeses. No estaba claro si ese planteamiento directo ocurrió, pero el canciller David Choquehuanca dijo después que Bolivia era la más interesada en esclarecer el caso y concordó con una investigación internacional imparcial. En su despacho yace desde hace años el informe de la forense oficial irlandesa, Marie Cassidy, sobre la muerte del joven Dwyer: un disparo al pecho que le partió el corazón. ¨Sigue ahí¨, dijo el abogado defensor Gary Prado Araúz, al hablar de ese documento.
El informe irlandés contradice la versión oficial de los forenses bolivianos, que dictaminaron que Dwyer había muerto de un ¨shock hipovolémico¨ causado por los balazos que recibió durante la incursión policial. La versión irlandesa dice que lo mató aquel balazo desde corta distancia, cuando se encontraba sentado o yacía recostado en su cama del hotel Las Américas. Un libro que publiqué en 2011, bajo auspicios de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), menciona éste y otros episodios.
La visita presidencial a Irlanda ha reavivado el caso y sus implicaciones. El anuncio de una eventual investigación internacional surge como un tropiezo más para el Juicio del Siglo que se suma a los temas que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández tendría al reanudarse las audiencias a partir de este lunes. No lo ha repetido en Bolivia, pero no es cosa menor que el canciller hubiera dado a entender a la madre y la hermana de Michael Dwyer que el gobierno está de acuerdo con una investigación internacional. El juicio recibiría un golpe mayúsculo si un elemento esencial es investigado pues renovaría las dudas sobre la versión oficial del suceso del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, que sostiene que la policía fue atacada y que ésta se defendió.
El reclamo por una investigación internacional sobre la muerte del irlandés no es nuevo. Irlanda y Hungría la pidieron en 2009 y el canciller Choquehuanca la mencionó. Pero la posibilidad quedó cerrada cuando el presidente Morales se irritó ante el planteamiento europeo y dijo que era capaz de procesar a esos países por la venida a Bolivia de ciudadanos a los que el gobierno atribuía intenciones criminales.
Las señoras Dwyer estuvieron en Bolivia el año pasado sin lograr mayores esclarecimientos. En la visita a Irlanda, el canciller les entregó las declaraciones de dos inculpados sobrevivientes del suceso que admitieron culpa y recibieron sentencia en juicios abreviados tras más de cinco años de prisión. Al llegar a Hungría, su tierra natal, uno de ellos negó la acusación que lo condenó.
El segmento irlandés de la gira presidencial ha agitado un avispero cuya magnitud pareció desdeñada. Los fantasmas del Hotel Las Américas despertaron azuzados por el viaje a Irlanda y contener la presión por una investigación internacional luce más difícil.

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

Había otros en el Hotel Las Américas

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Hasta ahora, las tesis sobre el asalto al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, no habían tenido más testigos directos que los dos sobrevivientes del grupo cuya jefatura era atribuida a Eduardo Rózsa Flores y los que contaban la historia oficial. Publicado hace pocos días (15-06), un reportaje del Irish Times, el periódico irlandés que mayor cobertura ha dado al caso, trajo testimonios de dos ingenieros brasileños que estuvieron en el hotel aquellas horas que pueden llevar al gobierno a revisar la versión mantenida durante más de seis años. Al decir de las nuevas versiones, no hubo fuego cruzado y la mayoría de los disparos fueron de fogueo. Eso explicaría por qué no hubo cartuchos equivalentes a la intensidad de los disparos ni mayores daños al edificio. Firma la nota Tom Hennigan, el periodista extranjero que más de cerca ha seguido la trama violenta que empezó a correr esa madrugada.

Parte de la nota:

Un  ingeniero brasileño que estaba en el mismo piso del hotel de Santa Cruz cuando Michael Dwyer recibió un disparo mortal de la policía en 2009 ha surgido contradiciendo la versión de las autoridades bolivianas sobre los  sucesos que rodearon la muerte del hombre de Tipperary (el pueblo natal del irlandés).

Marcos Brandt dijo a The Irish Times que no hubo tiroteo, como afirma la policía, y corrobora evidencias sobre la posibilidad de que las autoridades bolivianas manipularon el escenario para sostener la tesis de que Dwyer y dos de sus compañeros murieron en un tiroteo.

El gobierno boliviano insiste que las tres personas murieron tras abrir fuego sobre  la policía que iba a detenerlos. Sostiene también que Dwyer era parte de un grupo encabezado Eduardo Rózsa Flores, un aventurero que planeaba una violencia separatista en los llanos orientales. Dwyer, Rózsa y el húngaro Arpad Magyarosi murieron durante la incursión en la que otras dos personas fueron arrestadas.

La familia Dwyer afirma que tiene evidencias de que éste fue ejecutado sumariamente por fuerzas del estado boliviano y exige una investigación internacional. El vicepresidente boliviano aseguró que el grupo con el que estaba Dwyer fue seguido hasta el hotel donde ocurrió el tiroteo. Pero el ingeniero brasileño sostiene que había calma en el hotel donde, en días de trabajo, compartía una habitación con un colega. Ambos han hablado por primera vez en público  sobre lo que escucharon aquella noche desde el mismo cuarto del mismo piso del hotel la noche en que Dwyer fue muerto.  Nunca fueron entrevistados por el fiscal que debía establecer los hechos sobre lo que pasó con Dwyer y los otros dos que murieron esa noche. Ambos hablaron con The IrishTimes sobre el incidente, así como la persona que estaba aquella noche a cargo de hotel.

Brandt estaba iba a darse una ducha para tomar un vuelo temprano a La Paz  cuando el edificio fue sacudido por una fuerte explosión. “Primero pensé que el calentador había explotado. Miré por la ventana del baño que da a un atrio central y me vi ante un soldado que me apuntaba con su rifle. Me ordenó abrir la puerta del dormitorio”.

Nuevas interrogantes

El uniformado, probablemente de la unidad policial especializada UTARC, ordenó a él y a su colega tenderse al piso manos en la cabeza. Brandt dice que tras la explosión siguieron varios minutos de calma en el piso del hotel. En esos instantes escuchó varias voces. “Era normal (lo que escuchaba), no gritos, solo voces hablando. Solo entonces empezó el tiroteo.”

Calcula que entre la explosión y el tiroteo pasaron de dos a cinco minutos, lo que trae nuevas preguntas sobre el intercambio que tuvo la policía con el grupo de Dwyer inmediatamente antes de matar a tres de ellos. Describe el tiroteo como intenso y continuo pero inconsistente con un fuego cruzado. “No sonaba como un tiroteo. No se escuchaban disparos provenientes de diferentes posiciones de tiro”. También describe  gran parte del fuego como tiros de fogueo. “Tenía ese sonido propio de los disparos con balas de fogueo. Era como si dispararan seguido para asustar.”

Considerando el número de disparos que había escuchado, Brandt quedó sorprendido al salir de la habitación cuando la policía se fue del piso. “Lo que era extraño era que había pocas signos de daños del tiroteo, pese a la cantidad de disparos que escuché. Fue ahí que estuve seguro que se trataba de municiones de fogueo.”

El informe balístico boliviano reportó pocos impactos de bala pese a que el personal del hotel  también informó sobre un intenso y prolongado tiroteo como el descrito por Brandt. Su creencia de haber escuchado “disparos de tipos diferentes de armas de fuego” parcialmente disimulados por disparos prolongados de subametralladoras podría ser relevante en vista del informe de la autopsia sobre el cadáver de Dwyer emitido por la patologista del estado irlandés. Éste sugiere que fue ejecutado sumariamente con un disparo al corazón por alguien que estaba sobre él.

Brandt dice que al dejar su habitación se dio cuenta que la explosión que había escuchado fue una serie de estallidos simultáneos en las puertas de los cuartos donde estaban Dwyer y sus compañeros. Dijo que no vio daños en el corredor donde estaban Dwyer y su grupo, corroborando lo que el gerente del hotel, Hernán Rossell, dijo a The Irish Times inmediatamente después de la acción policial.

Este testimonio contradice el informe balístico boliviano que listaba impactos de bala en la pared del corredor afuera del cuarto de Dwyer. Un video filtrado que filmó la UTARC tras la incursión muestra claramente que no hay daños en la pared, lo que fortalece las sospechas de que las autoridades manipularon la escena para apoyar su tesis sobre lo ocurrido.

The Irish Times habló también con el colega de Brandt, un mecánico brasileño que le ayudaba a instalar una maquinaria para un cliente boliviano. Su recuerdo coincide en general con el de Brandt, aunque señala que no podría afirmar si hubo intercambio de fuego.

Los testimonios de los dos hombres coliden en un punto crucial. Brandt asegura que su colega le dijo que escuchó a alguien implorar por su vida y luego nuevos disparos. “Me dijo que había escuchado “por favor, no me maten” y luego más disparos y ningún otro ruego”. Hablando la semana pasada desde Bolivia, Rossell, el gerente, dijo a The Irish Times que Brandt le dijo lo mismo, citando a su colega. Pero en una entrevista en su casa en Brasil, el segundo hombre negó haber escuchado a alguien implorar por su vida o que lo hubiera dicho a Brandt. Dijo que no podía explicar los recuerdos de su colega respecto a lo ocurrido. Esfuerzos posteriores para volver a entrevistar al hombre fueron infructíferos.

Pese a los años, Brandt pudo dibujar un sketch del piso del hotel e identificar los cuartos donde Dwyer y los otros dos murieron. Dijo que le parecía que la policía estaba en control total desde el comienzo. “No vinieron a arrestarlos; querían matar”.

En los días que siguieron a la incursión, funcionarios del hotel dijeron que el grupo de Dwyer estaba solo en el hotel. El gerente Rossell dijo que el que los dos brasileños hubieran estado en el cuarto al otro lado del atrio probablemente los hizo pasar inadvertidos. The Irish Times pudo ver una copia del registro del hotel en la que figuran los dos huéspedes. Brandt y su colega tenían que dejar sus nombres, contactos, copias de sus pasaportes y planes de viaje antes de salir del hotel. Ambos dicen que ninguna autoridad intentó contactarlos después.

“La policía nunca me informó sobre estos hombres”, dijo Marcelo Soza, al ser entrevistado en su exilio en Brasilia. El ex fiscal, que presidió las investigaciones dijo: “Este es otro ejemplo de cómo retuvieron información para mi investigación. ¿Por qué lo harían si no estuvieran tratando de encubrir lo que hicieron?”  Soza procura asilo en Brasil, donde fugó. Ahora sostiene que Dwyer fue asesinado.

Analogías

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Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

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Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Otra vez los fantasmas

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Las declaraciones del húngaro-rumano Elöd Tóásó ante el tribunal del Juicio del Siglo el pasado viernes han traído un elemento inesperado que desafía el escenario de la tesis del gobierno desde que estalló el episodio hace 52 meses: por lo menos una persona, el irlandés Michael Dwyer, no murió en el Hotel Las Américas. Fue ejecutado en el aeropuerto en un área de aviones militares mientras él era subido a uno de ellos, dijo el acusado y uno de los dos sobrevivientes del episodio cuyas secuelas son para Santa Cruz todavía una pesadilla.

El acusado, que en Santa Cruz habló por primera vez en medio de las dificultades ocasionadas por una traducción deficiente de sus palabras, ha alimentado de nuevo las sospechas de participación de extranjeros en la operación que liquidó al boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, al húngaro Arpad Magyarosi y a Dwyer.

Las sospechas las levantó inicialmente Mario Tádic Astorga, el otro sobreviviente, cuando en marzo escribió en la internet que en la tarde anterior a la madrugada del 16 de abril había bajado a la recepción del hotel para comprar cigarrillos. No encontró Marlboro entre las vendedoras de la calzada y acabó comprando Camel. Tádic también escribió que fumaba en la recepción cuando vio que ingresaban militares de Venezuela, al parecer tripulantes de un avión de ese país. La cajetilla de Camel era visible sobre una de las mesas del área. “Nadie más pasó por el lugar” y él volvió a su habitación. En la madrugada, cuando ya estaba rendido a la unidad que había ingresado a hotel, hincado y contra la pared del pasillo, enmanillado y la cabeza envuelta con una sábana, una de las personas que entró a la habitación le dijo a otra: “Éste es el que fuma Camel”.

La afirmación sobre el aeropuerto y la versión de supuestos extranjeros deberían ser investigadas a fondo.  No se conoce una explicación que elimine las dudas sobre los protagonistas del episodio. Tádic sostiene que no eran sólo bolivianos los soldados que tomaron el hotel, pues, según escribió, utilizaban formas de expresión que no son corrientes en Bolivia. Sospechas similares también han acompañado otros incidentes, como el de Porvenir (2008) y el de Chaparina (2011).

Dwyer estaba con vida, aseguró Tóásó, porque pudo reconocerlo cuando estaba arrodillado, a su derecha, calzoncillos rojos y un tatuaje característico que le cubría parte del brazo. Si estaba en esas condiciones, gana fuerza la declaración que ofreció la forense oficial del estado de Irlanda, Marie Cassidy, en su informe sobre la necropsia del cadáver de Dwyer. Su compatriota, dijo, fue ejecutado con un solo disparo que le reventó el corazón. El porqué de las discrepancias entre el informe de la máxima autoridad forense de Irlanda y el de los médicos bolivianos no ha tenido respuesta.

Tádic dijo que tras el ataque repentino al hotel y el ingreso de la tropa policial escuchó quejidos. “Los muertos no se quejan”, dijo.

Tóásó trajo un nuevo elemento que entra en juego: una de las primeras personas en interrogarlo fue Juan Carlos Nuñez del Prado, por entonces funcionario del Ministerio de Gobierno, quien ha negado esa alegada participación pero no ha sido convocado para testimoniar ante el tribunal. El acusado dijo que lo había reconocido por la voz registrada en el –tampoco aclarado- video-soborno revelado a principios de 2011. En esa filmación, una persona le entrega a Ignacio Villa Vargas fajos de dólares (más de $30.000, según ese video). Villa Vargas, mejor conocido como “El Viejo”, dijo que ese dinero (ignora el total) sólo apareció para la filmación del video, al que le ha atribuido un propósito de desinformar para restarle credibilidad a partir del momento en que dejó de ser “testigo clave” del ex Fiscal Soza para convertirse en acusado y en uno de los enjuiciados.

Sólo una investigación creíble podrá despejar las dudas sobre lo que realmente ocurrió y que apuntaló la tesis del gobierno de que en Santa Cruz se conspiraba para asesinar al presidente Morales, desatar acciones terroristas que iban a iniciarse con un atentado en la residencia del Cardenal Terrazas y otros extrañamente anticipados en un memorial presentado por el Ministerio Público antes de que ocurriese cualquier incidente que provocase una investigación.

Tádic: “Había extranjeros…y quejidos”

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En la madrugada del 16 de abril, el comando que tomó el Hotel las Américas incluía a por lo menos tres extranjeros de algún país hispanoamericano. Fueron los que ingresaron a la habitación en la que estaba Mario Tádic, el boliviano-croata y sobreviviente, junto al rumano Élod Tóásó, probablemente con la orden de exterminarlos, pero algo resultó equivocado. Tádic, en una breve entrevista en el Palacio de Justicia este lunes, me dijo que no  ha logrado determinar cuál fue la falla,  pero que ese supuesto error lo tiene con vida y estos días en el banquillo de los acusados en “juicio del siglo” que, a tropezones, se lleva a cabo en Santa Cruz.

Tádic trae revelaciones en el sitio Wikileaks Bolivia sobre aquella madrugada, en la que fue bruscamente despertado, dice, por una explosión. Fue la que derribó la puerta de la habitación de Rózsa y afectó la suya.

Las afirmaciones de Tádic están escritas sobre un bloque de anotaciones color amarillo, con rayas azules, y contrafirmadas en el margen de la izquierda, donde aparecen también sus huellas digitales. “Así testimonio que son mis declaraciones, que no hay suplantación”, me dijo en la sala donde se procesa el caso que tiene al cochabambino y a otros 38 acusados como centro.

De lo ocurrido en esa madrugada, Tádic recuerda que en el pasillo del cuarto piso, donde se encontraba, pudo ver a tres personas con uniforme negro, probablemente policías. Tádic concluye que posiblemente eran venezolanos que estaban también alojados en el hotel.  Su conclusión proviene de un momento en el hall de ingreso del hotel, a donde había ido “entre las tres y cuatro de la tarde para comprar cigarrillos”. Al no encontrar su línea preferida –Marlboro- compró Camel. Estaba fumando en uno de los sofás y la cajetilla recién comprada era visible. En esos instantes, mientras fumaba en el hall, sólo entraron los venezolanos (al parecer la tripulación de un avión).

“Nadie más pasó por el lugar. Yo retorné a mi habitación. En la madrugada, cuando estaba rendido, hincado y contra la pared del pasillo, enmanillado y la cabeza envuelta con una sábana, una de las personas que entraron a la habitación le dijo a otra: “Éste es el que fuma Camel”.

La declaración puede abrir un nuevo canal de investigaciones en el caso, que se arrastra por casi cuatro años.

No se conocen muchos cuerpos policiales que utilicen uniformes negros acorde con la descripción de Tádic. Entre los que lo utilizan se encuentra la DISIP de Venezuela, el equivalente al FBI, que suele inscribir las iniciales en la espalda de las chaquetas.

El gobierno ha negado que en el asalto al hotel hubiese  habido extranjeros.

Tádic dijo que algunas expresiones de los incursores de su habitación no eran bolivianas, como la orden “al suelo, perro”, que le impartió uno de ellos. “En Bolivia lo habrían dicho de otra manera”, me dijo el lunes en el Palacio de la Justicia. “Al suelo, m…o al suelo c…o hdp”.

Otro elemento que aparece en la declaración (seis hojillas, manuscritas y firmadas) del detenido es que es que dice haber escuchado “quejidos” que corresponderían a sus compañeros en el hotel. “Los muertos no se quejan”.

En la declaración manuscrita especula que el irlandés Michael Dwyer sobrevivió una media hora antes de que le hicieran el disparo al pecho que lo liquidó.

Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa

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Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.

Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó.  Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel  trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que  el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.

Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.

“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.

Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.

Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio.   Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.

El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba  Rózsa.   El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.

Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.

El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.

También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era  historia,  Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.

Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.

Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.

La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.