Caso Terrorismo

Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

Cuarto aniversario

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El “caso terrorismo” cumplió cuatro años este martes 16 de abril en medio de un acelerado descrédito. Con el fiscal jefe de la investigación Marcelo Soza de vacaciones por 60 días y con las expectativas nacionales insatisfechas sobre las pruebas para sostener la acusación, son cada vez menos los que creen en la tesis del gobierno de que en Santa Cruz se forjó una conspiración magnicida, terrorista, alzamiento armado y separatista. Las pruebas son la esencia de toda acusación.

La estructura construida por el fiscal  ha sufrido vendavales sucesivos en los últimos dos meses, a partir de la instalación de las audiencias en Santa Cruz, el 18 de febrero.

Uno de los más recientes, que la mantiene todavía postrada, son los audios en los que una voz atribuida al fiscal admite la siembra de pruebas para apuntalar el caso del Ministerio Público; la voz también admite la ausencia de pruebas contra los acusados. El fiscal les niega autenticidad y dice que la voz en esas grabaciones no es la suya, aunque dos estudios especializados, de Brasil y de España,  dictaminaron lo contrario.

Pero el golpe mayor que ha echado a la lona la tesis gubernamental y la tiene bajo conteo de protección ocurrió el viernes pasado, 12 de abril, cuando el Tribunal Constitucional quitó soporte legal a la declaración de rebeldía que pesaba sobre el general retirado Gary Prado Salmón por no haber asistido a las audiencias de Tarija (y de Cochabamba). El militar retirado, en silla de ruedas desde hace décadas, certificó sus condiciones de salud que le impedían desplazarse a zonas altas. Con la decisión del TC, todo el caso retrocedería hasta la etapa que comenzó en Cochabamba, en 2011, y las audiencias se afincarían definitivamente en Santa Cruz.

La conmemoración central del cuarto aniversario del episodio del Hotel Las Américas estuvo en la Plaza 24 de Septiembre, donde fue puesto a la venta al público el libro-testimonio “Desde adentro” del ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes Bruno, uno de los primeros en ser llevado al penal de San Pedro, de La Paz. Curiosamente, no ha sido presentada la prueba con la que sería incriminado: una pistola de 1944 sin cacerinas y enmugrecida que había vendido a Eduardo Rózsa Flores. Esa era el arma que portaría el supuesto comandante a quien se le atribuye un plan para dividir a Bolivia.

En el acto austero que ocurrió antes del mediodía, la esposa del general Prado, Maria del Carmen de Prado, leyó un discurso emotivo en el que dijo que “la verdad ha comenzado a desvelarse. Estamos muy cerca de conocerla entera y aunque la quieran negar u ocultar una vez más, los delitos que se han cometido en contra de nuestro pueblo y en contra de nuestras familias no van  a quedar impunes”.

A cargo del cuidado de su esposo, especialmente en las diligencias judiciales, dijo que el caso no ha sido  sino “un burdo y tenebroso plan que pretendía descabezar a Santa Cruz y aniquilar nuestro proyecto autonómico”.

El presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, Fernando Castedo, propuso la disolución del caso y una comisión supervisada por la Organización de las Naciones Unidas para investigarlo. La diputada Jessica Echeverría dijo que en Santa Cruz “nunca hubo un caso terrorismo”.

El gobernador Rubén Costas, en declaraciones separadas, dijo que  “hay desesperación en el gobierno” porque “el caso se le cae”. Y una de las figuras de todo el caso, Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, dijo que “los terroristas están en el gobierno”. En otra declaración, el fiscal Soza, citado por un canal de TV, afirmó que Villa Vargas tomaría Viagra para provocarse estados de presión alta y glucosa elevada en la sangre. Hice una breve y rápida búsqueda en la internet y encontré alguna referencia, pero no de las características conclusivas que sugirió el fiscal.  La incidencia del viagra en pesonas con diabetes como “ElViejo”” es  menor al dos por ciento.

Así transcurrió parte de la jornada 1.461 desde el estallido del caso.

Y qué pasa con el juez Tapia Pachi?

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Ahora que el Tribunal Constitucional ha reconocido la prioridad del ámbito natural para llevar a cabo el llamado “caso terrorismo”, las autoridades deberían otorgar también garantías para el retorno a Bolivia del juez Luis Tapia Pachi, quien defendía la misma causa ratificada por el TC. Tapia Pachi pretendía que el juicio se instalara en Santa Cruz, el lugar de los acontecimientos del 16 de abril de 2009. La actitud del juez determinó su salida del país y está asilado en Brasil desde 2010, cuando sus colegas del Ministerio Público ordenaron su detención. Creo que el público, especialmente el cruceño, querría saber qué ocurre con él, y cuál es su situación juridica, pues este juez es uno de los elementos importantes del caso en curso desde hace cuatro años.

Una cuestión de opinión pública

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El diario paceño Página Siete me pidió razonar sobre por qué existe tanto interés en los bolivianos por el “caso Rózsa”. Escribí el siguiente artículo, publicado hoy:
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Una cuestión de opinión pública

Los audios divulgados por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzáles son tema obligado de conversación y debate porque ponen en entredicho una versión oficial sostenida a lo largo de cuatro años; vienen en dirección contraria a la que en su momento el gobierno proclamó como la única verdad que los bolivianos debían creer.
Con su contenido, los audios han generado un fenómeno de opinión pública que explica la actitud crispada de muchos cuando se los aborda. Nadie se siente aislado y todos endosan la importancia de aplicar justicia para aquel que las informaciones nos muestran diariamente como un hecho violento de características raras veces vistas en Bolivia. La crispación crece con grabaciones en las que una voz atribuida al fiscal principal del caso admite que hubo “siembra de pruebas” para apuntalar la versión del gobierno, inclusive que hubo disparos a paredes del lugar donde estaba el grupo de Eduardo Rózsa Flores para simular intercambio de fuego. Las afirmaciones del fiscal de que se trata de un montaje no han logrado neutralizarlos.
Los especialistas dicen que un movimiento de opinión pública surge ante algún acontecimiento fuertemente emotivo que primero concita unanimidad; luego se manifiesta en juicios que gran parte de la ciudadanía comparte y que, finalmente, convocan a la acción. Esto concurre en el “caso terrorismo” que surge con violencia (en el cadáver de Rózsa los forenses certificaron un balazo en cada hombro, otro que le destrozó el cerebro, tres más al lado derecho del tórax y un séptimo en la base del pulgar derecho) y mensajes impactantes para la sociedad boliviana. No fue menos brutal la muerte de sus dos compañeros acribillados la madrugada del 16 de abril. A todo eso se suman dudas sobre si alguno de ellos, o los tres, podían ser auxiliados oportunamente (hay una clínica a 200 metros). Y luego están los procesados y afectados en el “juicio del siglo”.
“Terrorismo” no era un término frecuente, al menos en Santa Cruz. Si se le agregan “magnicidio” y “alzamiento armado” para culminar en “separatismo” surge un conjunto fuertemente emocional que, por su magnitud, en muchos generó un escepticismo que en estos días, con las revelaciones atribuidas a los audios, empieza a hacerse sentir. La importancia de aclarar el episodio plenamente se ha convertido en unanimidad. Y la convocatoria a la acción, la fase cumbre de un movimiento de opinión pública, se manifiesta en la presión ciudadana para que toda la verdad sea descubierta. Estamos solamente al comienzo de este proceso.

Un exocet sobre el “juicio del siglo”

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El ministerio público quedó boquiabierto cuando la defensa leyó una resolución del Tribunal Constitucional emitida este viernes anulando la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija. La decisión, que el tribunal rehusó darle aplicación inmediata hasta no contar con una notificación oficial, de hecho inhabilitó a parte del tribunal, que ahora tendría que constituirse en Santa Cruz, la sede natural del caso reclamada persistentemente por los acusados y la defensa.

La decisión del Tribunal fue el equivalente al lanzamiento de un misil exocet sobre la estructura de la acusación en el “juicio del siglo”, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.  Las pruebas de la acusación aún no han sido presentadas.

A raíz del caso hay una docena de personas presas de un total de 39 acusados y decenas de exiliados. Las audiencias se reanudarán el 22 de abril, cuando el tribunal deberá admitir oficialmente la notificación y tomar una decisión. Si es llevada a cabo rigurosamente, la decisión implicaría retornar a la fase abierta en Tarija, y consiguientemente el apartamiento de las juezas ciudadanas y eventualmente del propio juez Sixto Fernández que, por pasar el caso a depender de su “jurisdicción natural”, tendría que entregarlo a un juez de Santa Cruz.

Es decir, se formaría un nuevo tribunal, con elección de jueces ciudadanos del padrón electoral de Santa Cuz. “El caso tendrá que pasar a su juez natural. Eso nadie lo puede cambiar. Lo aseguro”, dijo el abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, quien celebraba la decisión dle TC calificándola como “un gol de chanfle”, por encima de la cabeza de arquero. La decisión asumida contra su defendido “fue una arbitrariedad”.

El retroceder a la instancia de Tarija movería otras piezas pues la declaratoria en rebeldía del general Prado Salmón y la jurisdicción natural para el caso son sólo dos temas de los muchos que encierra el  juicio en el que está en juego la palabra de las máximas autoridades del gobierno, que desde el 16 de abril de 2009 han asegurado que en Bolivia estaba en curso un complot gigante que pretendía acabar con la vida de autoridades y desencadenar una guerra de secesión. Todo semeja un desmantelamiento del caso.

Eran conspicuas en la sesión de este viernes la presencia de “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, luego de estar bajo terapia intensiva en Cochabamba, por causa de una diabetes descontrolada, y la ausencia del fiscal cabeza de a investigación, Marcelo Soza, quien goza de una vacación de sesenta días.

Las primeras audiencias del juicio se realizaron en Cochabamba, hace dos años. Ante las dificultades que presentaba la altitud de la ciudad para algunos de los acusados, se las llevó a Yacuiba y luego a Tarija. Al igual que a Cochabamba (2.520 metros de altitud), el general Prado Salmón declinó de asistir a Tarija (1.850) por prescripción de sus médicos. En Tarija, el juez aceptó una moción del ministerio público declarándolo en “rebeldía”, de modo que podía ser arrestado y llevado a prisión en cualquier momento. La rebeldía fue de hecho suspendida cuando las audiencias se instalaron en Santa Cruz y el ex general de división, recluido en silla de ruedas desde hace más de 30 años, pudo estar presente en las sesiones. Entretanto, la declaratoria de rebeldía lanzada en Tarija estaba bajo consideración del Tribunal Constitucional, que decidió sobre ella este viernes.

La decisión de TC estaba disponible en la página web de la institución, pero el juez Fernández dictaminó que eldocumento debía llegar físicamente a sus manos.

Caso terrorismo pierde a otro acusador

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La abogada Paola Barriga se apartó de la dirección jurídica del Ministerio de Gobierno en una decisión “netamente particular” para retornar a ejercer privadamente su profesión, anunció la página web de Radio Fides este viernes. La renuncia remeció el llamado “caso terrorismo”, a sólo horas de vencer el plazo para que el fiscal Marcelo Soza entregue las pruebas del proceso boliviano más bullado en lo que va del siglo. La renuncia tenía efecto  inmediato.

Actualización al amanecer del sábado, 6 de abril. Versiones que escuché  dicen que la abogada tuvo un altercado con miembros del tribunal en torno a una resolución que debería dictarse la semana proxima, cuando está prevista la reanudacion de las audiencias. La discrepancia subió de tono y la abogada abandonó el lugar (el Palacio Judicial).  

El alejamiento de la abogada priva al gobierno de uno de los pilares más fuertes de la acusación contra 39 personas con cargos de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. La fase actual del proceso se lleva a cabo en Santa Cruz desde el 18 de febrero, tras haber peregrinado por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. La raíces del caso vienen del 16 de abril de 2009, cuando un comando de la policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió a balazos al boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, al húngaro Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer.  Sobrevivieron el boliviano Mario Tádic y el rumano Elöd Tóásó, ambos presos junto media docena de bolivianos, además de otros que se encuentran con prisión domiciliaria. Hay también exiliados y refugiados.

La decisión de la abogada puede resultar incómoda para el círculo más estrecho del gobierno, porque ocurre  cuando la causa del Ministerio Público el “juicio del siglo” luce trepidante y debilitada, con la desaparición y reaparición del fiscal Marcelo Soza y los audios en los que una supuesta voz del magistrado informa sobre la “siembra de pruebas” para respaldar la acusación del gobierno. Dos informes técnicos privados, uno en Brasil y otro en España, aseguran que los audios son auténticos. Soza dice que son un “montaje”.

El debilitamiento del caso (que la abogada renunciante niega y sostiene, más bien, que es “sólido”) también pone en aprietos al presidente Morales, quien el mismo día del sangriento episodio declaró que sabía del grupo y había ordenado su “arresto”, con “instrucciones precisas” al vicepresidente Álvaro García, y al subcomandante de la policía. Al mismo tiempo, aplaudió la actuación de la policía.

La abogada, citada por Radio Fides, dijo que los constantes viajes a Santa Cruz habían trastornado su vida familiar. Ingresó al caso como una de las acusadoras del gobierno tras el descalabro causado por las denuncias de extorsión que llevaron a la cárcel al titular Fernando Rivera Tardío y sus asistentes, a fines del año pasado.

La nota informativa de Radio Fides cita su declaración: “La renuncia es por un tema netamente particular y personal, pero el proceso (por el caso terrorismo) es un proceso totalmente consolidado; se tienen pruebas que van a permitir llegar a una sentencia condenatoria y ya se tiene una acusación particular y una acusación fiscal que es la base de todo proceso”.

“La jurista estuvo cuatro eses en el cargo y tuvo que asumir toda la documentación legal que dej[o Fernando Rivera,quien había asumido la representación legal desde el inicio de este caso”, agrega la información de Fides.

La renunciante cree que la caso que sustenta el gobierno es “sólido” y que los acusados serán sentenciados.

Una anécdota personal: Al cierre de la última sesión del caso en el Palacio Judicial de Santa Cruz me acerqué a su escritorio, cuando recogía sus papeles. Me presenté y le pedí que me dijera la explicación del gobierno y la fiscalía para algunas de las contradicciones que parecían rodear al caso y específicamente cómo era posible que, según el fiscal Soza, el comando policial hubiese sido “atacado injustamente” por Rósza y su grupo, cuando, por todo lo visto, todos dormían y estaban casi completamente desnudos. Rehusó getilmente responder. “Hablemos, mejor, la próxima semana, cuando se reanude la audiencia”, me dijo. “Tendremos más tiempo…”

Las diez dudas de Guedes

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Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, fue uno de los primeros en ser enviado a la prisión de La Paz a pocos días del estallido del “caso terrorismo”. En un libro escrito desde el penal de San Pedro (“Desde Dentro”, aún sin presentación oficial),  el acusado de “magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo” figuran algunas de las dudas que más relevantes en torno a este episodio sangriento a punto de cumplir cuatro años. Ahora que está en debate la autenticidad y contenido de hasta dos grabaciones en las que habla una voz supuestamente la misma del fiscal, quien dice que el audio es un  “montaje”, vale la pena reiterarlas. Con el Dr. Soza de vuelta al escenario público, tras estar desaparecido durante más de dos semanas,  es importante responder a esas dudas (páginas 121,  122 y 123), listadas aquí con una edición mínima y el mismo orden:

1)      No sólo fueron apagadas las cámaras de seguridad del Hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009. También fueron borrados los registros a partir del ingreso de “los ejecutados junto al húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic”.

2)      Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) dijo que había recibido una llamada de Eduardo Rózsa Flores en la madrugada del 15 de abril contándole que había “encendido la mecha” de la carga que estalló a las puertas de la residencia del cardenal Julio Terrazas. Contradictoriamente, el policía que investigó lo ocurrido dijo que  el explosivo fue accionado por un detonante eléctrico que no requiere de fuego. Entonces, ¿fue mecha o fue detonante eléctrico? Además, el informe policial sostiene que el explosivo utilizado no es para matar sino para alarmar.  ¿Se puede hablar de atentado?

3)      El vehículo que transportó al supuesto grupo atacante a la residencia del Cardenal Terrazas era un Toyota blanco, embarrado, según la descripción de un guardia. El taxista que llamó a Radio Patrullas dijo que el vehículo era de color gris. ¿Cuál fue el vehículo?

4)      Nadie ha demostrado que la tapa de un basurero  encontrada en las casetas de COTAS en la FEXPO corresponde  a aquel donde fue depositado el explosivo frente a la residencia cardenalicia.

5)      El video de la operación en el hotel Las Américas muestra una pistola atribuida a Eduardo Rózsa Flores debajo de la almohada, pero el informe oficial posterior dice que el arma estaba en el suelo. (¿Modificación de escenario?)

6)      Las armas halladas en las habitaciones de Magyarosi y Dwyer estaban envueltas en bolsas o guardadas en gavetas, lo que vuelve improbable la idea de la confrontación que señala un peritaje realizado después, de acuerdo a la diputada Marisol Abán.

7)      La mochila rojo y blanco, según el video de la operación, fue llevada aparentemente desde la pieza de Rózsa a la de Tóásó, quien ha dicho que nunca manejó armas. En un disco compacto  (distribuido tiempo después de la incursión al hotel) se escucha decir a un policía que las únicas habitaciones sin armas eran las de los sobrevivientes; sin embargo, el fiscal dijo que la mochila con un arma estaba en el cuarto de Tóásó.

8)      El fiscal Soza no supervisó la operación policial, pero sí participó en el levantamiento de los cadáveres y en las primeras diligencias cumplidas por otras unidades policiales.

9)      La legisladora Abán, integrante de una comisión legislativa investigadora del episodio, afirma que en su presencia el Ministerio Público (no identifica a nadie en particular)  declaró que su presencia en el lugar era innecesaria pues el grupo fue descubierto en flagrancia, aunque en el momento de la acción policial los presuntos terroristas dormían desnudos o semidesnudos en sus piezas. El ministro de gobierno de entonces, Alfredo Rada, dijo que hubo flagrancia y por eso ocurrió el tiroteo. Sin embargo, en la audiencia de Cochabamba el fiscal Soza reconoció que no hubo flagrancia.

10)   ¿Qué hacía en el hotel el Director de Inteligencia Nolberto Clavijo, quien se había hospedado a las 23:00 (no antes, como afirmó)?

¿Kaput?

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Para este lunes está prevista la lectura del inventario de pruebas en el hasta ahora llamado “caso terrorismo”, en Santa Cruz, y la comparecencia en La Paz del fiscal hasta hoy desaparecido Marcelo Soza Álvarez para declarar sobre el audio que se le atribuye en el que supuestamente formula revelaciones peligrosas para la cúpula del gobierno en torno a aquel y otros episodios. Por casualidad, los dos eventos ocurrirán en una jornada que en muchos países es el día de la mentira (en el nuestro es el 28 de diciembre).
Dos pericias técnicas respetables (una brasileña y otra española) aseguran que la voz que se escucha en el audio corresponde al Dr. Soza, el fiscal más poderoso de Bolivia hasta el 16 de marzo, el día en que públicamente no se supo más de él. Han pasado dos semanas y está anunciada por la senadora Carmen Eva Gonzáles un segundo audio, “más grave” que el ya conocido por un gran número de bolivianos. Entrevistada por John Arandia, de Cadena A, la senadora dijo que esperaría unos días para dar a conocer el nuevo video, aunque a estas alturas cada día son menos los que aún dudan de la autenticidad del ya conocido.

El margen de maniobra del fiscal luce muy escaso este final de marzo.
La tesis sostenida por el fiscal es cada hora que pasa más endeble. Su desaparición del escenario público le ha propinado el que puede ser el golpe de gracia final. No quería que las audiencias de caso que presidía se desarrollasen en Santa Cruz alegando que su vida y la de los fiscales del gobierno corrían peligro. La normalidad de las audiencias lo ha desmentido.

Su comparecencia y las declaraciones que pudiere formular mantendrán la atención de gran parte del país. Lo mismo ocurrirá con la lectura del informe sobre las pruebas en las que se ha basado todo el caso que empezó hace cuatro años.
La ronda sólo será el comienzo de otra que deberá determinar cuán ciertas son las afirmaciones que se escuchan en la grabación.

Abogado defensor: El gobierno no quiere a Soza vivo

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El defensor de general Gary Prado Salmón, el abogado Otto Ritter, afirmó esta miércoles por la noche que el gobierno del presidente Morales no quiere vivo al desaparecido fiscal Marcelo Soza, del llamado “caso terrorismo”, que procesa acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El fiscal está desaparecido desde hace dos semanas y ha sido convocado para declarar en La Paz el lunes 1 de abril sobre el proceso que dirigía desde 2009 y sobre la grabación en la que supuestamente habla con un interlocutor desconocido sobre cuestiones que ponen en entredicho honestidad del gobierno y su papel en el caso.
“No vendrá (a prestar su declaración) porque es peligroso para el gobierno”, dijo el abogado. Sin embargo, contradictoriamente dijo también que el gobernó debería proteger al magistrado. Es la primera vez que públicamente se afirma que el fiscal sería un peligro para el gobierno por su conocimiento del caso y sus vinculaciones. Sería un archivo viviente de toda  la controvertida trama.

La autenticidad de la grabación ha sido negada por el fiscal y el propio presidente Morales dijo que no la creía veraz. La senadora pandina Carmen Eva González aseguró este miércoles que la autenticidad habia sido comprobada por expertos de Brasil. El abogado Ritter dijo que en Bolivia también existen laboratorios y expertos para realizar esa verificación. Sin embargo, palabra del experto Ricardo Molina de Figueiredo, perito en fonética de la Universidad de Campinas (200 kms de Sao Paulo) trae de vuelta los fantasmas que han ensombrecido el caso y que le asignan una carácter siniestro.

Si la comprobación resultase inconrovertible, habrá muchos que tendrán que responder, inclusive quienes, basados en a trama que defendía el fiscal Soza, afirman a diestra y siniestra que en Santa Cruz se gestaba un movimiento para crear un estado separado de Bolivia.

Los acusados en el proceso al que Soza renunció creen que desvirtuarán todas las acusaciones que les ha formulado el Ministerio Público en la fase que se viene del juicio, cuando les tocará exponer su defensa y someterse a preguntas y responderlas. Una exposición aguardada como en novela de suspenso es la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien sostiene que los terroristas están en el gobierno. Estos días sufrió una grave recaída la salud del acusado, a quien el fiscal desaparecido consideraba como testigo estrella por su vinculación con el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto durante la incursión policial en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009. “El Viejo” está en terapia intensiva a causa de una diabetes mal controlada.
En aquel episodio también murieron el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los forenses de esos países contradicen la versión oficial boliviana y aseguran que se trató de una ejecución sumaria. Una de las muchas preguntas a las que ni el fiscal ni otros investigadores del gobierno han respondido es por qué los miembros del grupo que se alojaba en el Hotel Las Américas supuestamente estaban desnudos o apenas en calzoncillos y cómo, en esas condiciones, habrían atacado a la policía que tomaba el hotel. Soza, quien llegó al lugar del episodio varias horas después de lo ocurrido, dijo que la policía había sido “injustamente atacada”.

En la grabación sobre la que se quiere interrogar al fiscal se habla de siembra de pruebas para respaldar la acusación. De resultar cierta la supuesta siembra,  el caso levantado por el fiscal se vendría abajo, en una avalancha cuyas consecuencias serían imprevisibles.

Crónica de un derrumbe

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La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.

En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.

Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.

Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.

Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país;  un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el  supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.

¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.

La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.

Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.

En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos  un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.

La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas”  para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las  instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.

El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.