Fiscal Soza

Surrealismo sin fin

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Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad bajo la que ha vivido durante ocho años de encierro en el penal. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó las acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años.  Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.

Matkovic era uno de los tres acusados aún presos en Palmasola por el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía hipótesis de alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Este última acusación fue quitada del pliego acusatorio pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.

En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.

Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (¨Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero¨) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.

Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glicosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glicosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba ¨en prenda¨ y el encargado de custodiarlo también.  El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.

En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.

Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Son aún desconocidos los detalles de la incursion, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana.  En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.

Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que ¨todos fueron golpeados¨ por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de ¨mal trato¨, pero el cojear acentuado que tenia en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.

Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.

Reaparición del fiscal y la suspensión de la audiencia

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Este lunes después de Pascua, el fiscal Marcelo Soza resurgió de entre los desaparecidos sano y entero y declaró ante un juez de La Paz. Previsiblemente, el fiscal reiteró su apreciación de que el audio con el que se lo quiere incriminar es un montaje. Su abogado, Moisés Ponce de León, complementó: el supuesto y laborioso montaje fue realizado por el propio especialista brasileño, Ricardo Molina de Figueiredo, quien condujo el peritaje del audio más famoso de Bolivia en los últimos meses.
La reaparición del fiscal en el Día de la Mentira (1 de abril en muchos países, no así en Bolivia, donde el día equivalente es el de Inocentes, el 28 de diciembre) precedió al diferimiento de la audiencia del llamado “caso terrorismo” debido a la gravedad de la salud de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”).

La del lunes debía haber sido la audiencia reveladora del inventario actualizado de las pruebas sobre las que se sostiene “el juicio del siglo”, que se arrastra desde hace casi cuatro años (16 de abril de 2009). La audiencia deberá realizarse el 11 de abril.
Había suspenso por la audiencia de este lunes, pues el inventario permitiría saber, entre otras cosas, qué armas de las que supuestamente tenía el grupo encabezado por Eduardo Rózsa Flores, están aún bajo custodia y cuáles faltarían. Abogados de la defensa dicen que el número de bultos en Santa Cruz es de tres frente a una docena que había en Cochabamba, en 2011.
Uno de los que reclama las pruebas es el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno, quien ha dicho que vendió a Rózsa una pistola ametralladora “mugrienta” de 1944, pero que la que le mostraron en Cochabamba era una pistola flamante de 9 milímetros. Que el combatiente de los Balcanes hubiese pagado mil dólares por una pieza sin cacerinas ni refrigeración hizo dudar a Guedes sobre la calidad militar de Rózsa y el arma inútil es uno de sus argumentos para derribar la tesis secesionista del fiscal. Sólo mostrarla quebraría el argumento, afirma. No mostrarla sería aún más grave: la prueba habría desaparecido. El juez Sixto Fernández, que preside las audiencias, ha dicho que sin pruebas no hay juicio.
Entre los acusados había frustración porque el juez de La Paz, Genaro Quenta, recibió la declaración del fiscal Soza sin tomar medidas preventivas como las ordenadas contra casi todos los investigados.
El abogado Gary Prado Arauz subrayó la que le pareció una irregularidad de partida: el fiscal ingresó a declarar en la sala del juez a las 07:45, cuando el horario de trabajo empieza a las 08:30. De esa manera, Soza eludió a la prensa, que lo daba por desaparecido desde hacía más de dos semanas.
“Debían haberlo detenido”, dijo Guedes Bruno. Otto Ritter, el abogado del general retirado Gary Prado Salmón, agregó a otro grupo de reporteros: “En la lista de los que el gobierno no quiere vivos están “El Viejo” y el fiscal Soza”. Y anunció lo que se viene: “Lo interrogaremos nosotros, no sus colegas fiscales. El fiscal es nuestro testigo estrella”. “Le preguntaremos por qué no convocó a declarar al Vicepresidente; a quienes excluyó; serán nuestras preguntas”. Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del 16 de abril de 2009, dijo que el ir a declarar ante el juez Quenta equivalía a  “darle al ratón el queso”. Y el general Prado dijo que en el anunciado nuevo video , de 45 miutos (el debatido estos días tiene la mitad de duración) “hay revelaciones y veremos cómo las niega”.
La salud de “El Viejo” consumió gran parte de los 55 minutos de sesión. “El Viejo” está en preso desde que el fiscal Soza determinó que era un  “acusado clave” en vez de la condición de “testigo clave” que le habia asignado al principio de las investigaciones.

Para evitar mayores dilaciones en el proceso, el detenido Juan Alberto Kudelka sugirió al juez que Villa Vargas fuese trasladado a Santa Cruz de manera permanente. El juez sólo dijo que la sugerencia sería considerada. El paciente está en una clínica de Cochabamba, que informó que el examen de glucosa que se le practicó la semana pasada marcó un nivel superior a 500. La escala de seguridad es 70-110 en ayunas. A los especialistas se les debe haber parado el pelo.

Crónica de un derrumbe

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La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.

En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.

Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.

Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.

Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país;  un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el  supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.

¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.

La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.

Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.

En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos  un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.

La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas”  para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las  instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.

El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.

¿Todo se derrumbó?

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El Dr. Marcelo Soza, el fiscal más temido de Bolivia, está desaparecido desde el sábado y en la tarde de este martes se supo que ha renunciado irrevocablemente a presidir la acusación del Juicio del Siglo, con  acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo sobre 39 personas.

La noticia causó conmoción entre los involucrados en el proceso y entre quienes, directa o indirectamente, resultaron sospechosos en el caso desencadenado a partir del asalto policial sobre el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.

En el episodio murieron acribillados a balazos (la palabra “ejecución” empieza a ser dicha con más frecuencia en medios radiales) el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer,  y el húngaro Arpad Magyarosi. Se salvaron el boliviano Mario Tádic y el rumano Elöd Tóásó.

Aunque un fiscal no puede renunciar si el caso que se le ha asignado no ha concluido, el carácter irrevocable de la decisión asumida por Sóza fue de hecho aceptado por el Fiscal General, Ramiro Guerrero, quien subrayó que el investigador del Ministerio Público debe hacer entrega oficial de la función que se le encomendó e informar de la estrategia seguida y por seguir a quienes ocupen la responsabilidad cesante.

La salida de Soza del escenario principal del caso puede representar la remoción de la piedra angular de una pirámide que haría que todas las piezas de la construcción se derrumben. En el caso está involucrada una gran parte de las más altas autoridades del gobierno.

En la más reciente estocada sobre la labor del fiscal, desde hace tres semanas circula profusamente la grabación de conversaciones atribuidas a Soza con distintos interlocutores, a uno de los cuales habría dicho que “se cae el caso terrorismo y cae Evo”. Fue incómoda por demás su presencia alegre y afectuosa en fotografías al lado de los fiscales del gobierno presos ahora presos por sospechas de  involucramiento en casos de extorsión . “Su credibilidad y honorabilidad quedaron en tela de juicio”, dijo el abogado GaryPrado Araúz, que también defiende a su padre, el general Gary Prado Salmón.

En la noche de este martes, se desconocía el paradero del fiscal. “No sé si él renunció o lo renunciaron”, dijo el abogado al hablar en una entrevista con Cadena A. El abogado subrayó que hace una semana, en Caracas, al tomar conocimiento de la cinta con una voz que se atribuye al fiscal renunciante, el presidente Morales había instruido que fuese investigado el nuevo elemento que surgía en la trama. Dijo, sin embargo, que creía que el audio era falso. “Una contradicción”, dijo el abogado. “No se puede investigar algo que de entrada se cree que es falso”.

La salida de Soza aparta del juicio a su protagonista más notorio. Soza fue quien ordenó encarcelamientos, totales y parciales, y allanamientos,  pero no estuvo presente en el hecho mismo que le tocó investigar: la incursión armada al Hotel Las Américas. Sólo ingresó al escenario del acontecimiento horas después, “cuando estaban muertas las evidencias”, dijo el general Prado Salmón al referirse al caso.

El general, quien rindió a Ché Guevara en las selvas del oriente de Bolivia en 1967 y retirado de las armas hace más de 20 años tras culminar su carrera militar, ha sido acusado por el fiscal renunciante de ser el “cerebro” de los planes que atribuyó a Rózsa. Los planes no han sido comprobados y están en debate estos días, cuando se lleva a cabo en Santa Cruz la fase oral del proceso.

La senadora Carmen Eva Gonzáles, quien recibió (anónimamente, sostiene) la cinta con la supuesta voz de Soza, dijo que la renuncia del fiscal equivalía a admitir la validez del audio y a su contenido. Agregó, entrevistada también por el programa informativo de Cadena A, que “el fiscal Soza y el presidente Morales tienen el deber de hacer conocer la verdad a los bolivianos”.

En el audio, la supuesta voz de Soza dice que un funcionario llamado Nolberto Clavijo colocó una pistola sobre la almohada donde había dormido Eduardo Rózsa Flores   y que fue una de las “evidencias”  de que el grupo del boliviano-croata había atacado a la compañía policial determinando que los policías irrumpiesen en el hotel.

Sobre todo el caso pende ahora, con más peso que nunca, un signo gigante de interrogación. Alrededor de ese signo están decenas de pesonas y familias y autoridades del primer círculo del poder en Bolivia. Y la afirmación escuchada en la grabación de que “se cae el caso terrorismo y cae Evo” está a prueba.

Defensa: “Terroristas son los del gobierno”, que el juicio siga

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El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.

La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.

La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).

La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.

La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.

Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.

En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar  al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe,  le ordenó continuar con el caso.

Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana.  Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.

Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.

Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.

Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,

La grabación

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La grabación presentada a principios de esta semana que expone la voz de un supuesto Fiscal Marcelo Soza admitiendo ante un interlocutor una complicidad inaceptable  de funcionarios oficiales en escándalos que  han conmovido al país, incluso en el denominado “caso terrorismo” (siembra de “pruebas”), es demasiado grave para atajarla con un juicio contra la senadora Carmen Eva Gonzáles. Es saludable la iniciativa del fiscal General Ramiro Guerrero  de ordenar una amplia investigación a cargo de una comisión de fiscales.

De resultar cierta la grabación, el país estaría ante un escándalo merecedor de todas las sanciones que prescribe la ley. De resultar una armazón, la sociedad exigirá el mismo castigo, aún más al tratarse de un delito contra el buen nombre de las personas. La honra y la reputación son tan frecuentemente ignoradas en nuestro medio que un delito de esa naturaleza recibiría el repudio inmediato de todo el país.

Para muchos de los que han escuchado al Dr. Soza, el tono de la voz que viene en la grabación tiene mucha similitud con la del magistrado. Pero no hace falta ser un perito para decir que es difícil y complejo simular la voz de cualquier persona, para no hablar de la coherencia y sentido de las frases. Las que se escuchan en la grabación son pobres en sintaxis, repletas de vulgaridades. Quienes conocen al fiscal podrían ayudar a dilucidar este punto diciendo si el tipo de lenguaje de la grabación corresponde al de las conversaciones coloquiales de la autoridad judicial.

Las afirmaciones de que se trata de una “montadura” con el afán de desprestigiar al gobierno pueden ser demasiado livianas frente a la magnitud del supuesto contenido de la grabación. Creo que el país exige una aclaración.

Soza: Habrá sentencia en dos o tres meses

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Actualización con edicion del texto anterior e incorporacion de preguntas y respuestas frente a un espejo.

El fiscal Marcelo Soza aseguró esta noche al país que “en dos o tres meses” habrá una sentencia sobre el “caso terrorismo”,  reiteró que “malos bolivianos” intentaron dividir Bolivia y que el trabajo que llevó a cabo demostrará que el general retirado Gary Prado Salmón estuvo comprometido en el intento secesionista que atribuye a Eduardo Rózsa Flores.

En una entrevista televisiva conducida por la periodista Ximena Antelo el fiscal mostró dubitación e inseguridad cuando tuvo que hablar sobre sus finanzas personales: No consiguió conciliar el patrimonio  de “unos 400.000 bolivianos” que declaró en ese momento en el programa No Mentirás, de la red PAT, con el de 1.064.400 bolivianos que había bajo juramento señalado en su declaración oficial de patrimonio el año pasado. La pregunta vino a propósito de versiones que desde hace tiempo circulan en la red sobre los bienes del fiscal. El fiscal dijo que negaba terminantemente esas versiones.

“Trabajé más de 20 años de mi vida …unos 400.000 bolivianos” dijo. “La declaración de bienes habla de 1.064.400 bolivianos,” lo interrumpió la periodista. Esa observación pareció dejar perplejo a quien es considerado como uno de los fiscales más poderosos de Bolivia. “Debe haber un error…no recuerdo…lo hice el año pasado…Sin embargo es el trabajo de toda una vida, no solo mío sino de mi esposa”. Sus palabras fueron pausadas y su expresión facial exhibía confusión con el tema que debía abordar.

La entrevistadora le preguntó cuántos hijos tenia, pero “por razones de seguridad”, el público se quedó sin conocer una respuesta.

“Dicen que el caso ha sido montado. ¿Cómo las cámaras de seguridad del hotel se apagaron precisamente esa noche…?”, preguntó la presentadora.

Las respuestas del fiscal parecían reflejar cierta inseguridad. “Hubo un informe del dueño del hotel”, dijo vagamente, sin explicar si el informe explicaba el porqué del apagón de las cámaras en la madrugada del 16 de abril de 2009. Trajo una explicación reptida a lo largo de los casi cuatro años desde que ocurrió el episodio:  “Ningún fiscal podría acusar sin pruebas. Tenemos pruebas contundentes: Malos bolivianos trataron de dividirnos…La sentencia va a reflejar todo lo que se ha investigado”.

En ese momento declaró que la información que tiene la fiscalía asegura que “frente a una agresión del grupo armado incursiona la policía”. Es decir, el trío que murió en ese episodio y que estaba en paños menores, disparó sobre la policía. El fiscal agregó que la policia había sido “agredida de manera injusta e ilegal”. Desde que fue presentada esa versión, poco después del episodio, abogados de los acusados y críticos de la actuación de la policía han preguntado si lo ocurrido tuvo esa secuencia, cómo se explicaba que todos los policías hubiesen resultado ilesos.

El fiscal intentó garantizar credibilidad a sus palabras, pero al no estar aparejadas de elementos de convicción persistieron las dudas que existen desde el estallido del caso hace casi cuatro años, entre ellas por qué fueron muertos y no capturados vivos. “Todos (los enjuiciados) son culpables”, aseguró. “Nosotros tenemos la responsabilidad de probar; serán los jueces los que deberán decidir” (por la sentencia o absolución).

No hubo  mención al juicio en curso en Santa Cruz, en el que las múltiples irregularidades contenidos en el expediente (borrones, palabras sobrepuestas, papeles desordenados, ausencia y falta de continuidad en la numeración de las páginas que a los observadores dan la impresión de que todo el proceso ha sido colocado al borde de un abismo.

Tampoco abordó la denuncia del abogado Otto Ritter, quien el martes dijo que las armas que mostraban Rózsa y sus compañeros Michael Dwyer y Arpad Magyarosi eran pertrechos robados de la disuelta unidad de élite UTARC, a la que pertenecía el Cap. Walter Andrade, especialista en infiltración que había conseguido ingresar al grupo de Rózsa.

Andrade logró la amistad de Rózsa y una fotografía difundida ampliamente por todo el país muestra a ambos en un churrasco. Ritter dijo que eso probaba que el caso había sido montado por el gobierno para perseguir a líderes cruceños.

La periodista le preguntó  por qué no se había imputado al cap. Andrade. La respuesta de Soza no fue contundente. “Se habló mucho de ese tema. Desde un principio manejaron ese tema…los que mencionaron el tema nunca pusieron elemento de prueba para investigar a este ciudadano”, explicó y dijo que le tomaron una declaración y que se concluyó que no había elementos que demostrasen que Andrade estuviese involucrado. Por eso no había sido imputado.

-¿Esa fotografía, no es elemento?

El fiscal titubeó y tras unos instantes dijo. “(La foto) oficialmente no la tenemos”.

La periodista insistió en preguntar si esas armas eran las que habían sido sustraidas de la UTARC. “Sinceramente, desconozco”, dijo. Agregó que el armamento que la fiscalía secuestró era el que supuestamente se encontraba en el almacén de COTAS, en la Feria Exposición y también parte de las pruebas acumuladas contra los acusados.

Vino otra pregunta: Por qué tampoco se había investigado a Carlos Nuñez del Prado, supuestamente involucrado en un acto de soborno a “El Viejo” en enero de 2011. “No encontramos ningún elemento de convicción para involucrarlo”, respondió.

Frente al espejo

Parte del formato de las entrevistas lleva a los invitados a detenerse frente a un espejo que muestra a los entrevistados de cuerpo entero mientras responden a las preguntas de la conductora del programa. Las preguntas y respuestas están resumidas.

– Mírese con calma y dígale al país, ¿qué ve?

Veo a un hombre comprometido con Bolivia. Lamentablemente me tocó vivir esta situación y como hombre de derecho, debo responder y aclarar esta situación para que el país sepa qué es  lo que se va a juzgar…Vamos a probar todo. El país sabrá que en Bolivia hubo un intento de dividir al país. Se iba a generar una guerra interna en el país.

–¿Ve a un hombre orgulloso por su trabajo?

Lógicamente que sí. (Promete continuar hasta lograr una sentencia para “los malos bolivianos que tentaron dividirnos”.

-¿Ve a un hombre que suele mentir?

(Habla que “como todo el mundo” suele decir mentiras piadosas, pero subraya de inmediato:  la verdad es la que ha de surgir al final del camino. Una mentira nunca lleva a nada.”

-¿Ve a un hombre feliz?

Si. Estoy feliz con mi familia y con todas las cosas de mi vida.

-¿Ve a un simpatizante el MAS?

No. No simpatizo con ningún partido político.

-Ve a un hombre con un pasado movimientista o mirista?

Pertenecí al MNR cuando era estudiante.

-¿Ve a un hombre con la conciencia tranquila?

Efectivamente, sí.

-¿Ve a un hombre con las manos limpias?

-Efectivamente, sí.