juicio

La persistencia irlandesa

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El décimo aniversario del ataque al hotel Las Américas y la muerte brutal del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores y dos de sus compañeros en un grupo al que el gobierno le atribuía fines subversivos, pasó sin mucha bulla en Santa Cruz, salvo crónicas especiales de los medios escritos. Pero Irlanda destacó la fecha y un editorial del Irish Times, el diario irlandés más influyente, reflejó lo que puede aguardar a los responsables del violento episodio.

Nada hace pensar que la familia de Michael Dwayer, rematado en el suelo con un balazo al pecho que le partió el corazón, vaya a desistir en su empeño declarado de colocar en el banquillo de un tribunal internacional a los que resultaren culpables.

¨Aunque han pasado 10 años desde que Michael Dwyer fue muerto por la policía boliviana, las circunstancias que rodearon su muerte aún permanecen en el misterio¨, dijo el martes  el editorial del diario que cubrió con mayor amplitud y rigor los incidentes relacionados con el episodio.

Dice el comentario: Gracias a los esfuerzos persistentes de la familia del joven, por entonces con menos de 30 años, ¨una cosa puede darse por cierta: la versión oficial de lo ocurrido en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, como originalmente dijeron el presidente boliviano Evo Morales y su poderoso Vicepresidente Álvaro García Linera, ha resultado ser demostradamente falsa¨.

El diario dice que la familia ha reunido un material impresionante, tanto forense como de testigos oculares, que han destruido la credibilidad de las autoridades bolivianas respecto a la incursión policial que resultó en la muerte de Michael Dwyer bajo ejecución sumaria,  y los hechos que condujeron a ese final.

Además de Rózsa y Dwayer, también murió el  rumano Arpad Magyarosi, tan joven como el irlandés. Salvaron la vida Mario Tádic, boliviano-croata, y Elöd Toaso, húngaro. Tras estar presos por seis años, salieron en libertad condicional pero en cuanto se les presentó la oportunidad fugaron de Bolivia. Toasó está escribiendo un relato de sus años preso, incluso sobre la justicia boliviana, en la que ha dicho no creer en absoluto.  Tádic, cochabambino pero con nacionalidad croata,  bajo cuyas banderas luchó en la Guerra de los Balcanes y fue condecorado, vive entre Croacia y Chile.

La publicación agrega: La ejecución sumaria de Dwyer  ha sido ensombrecida por el debate sobre qué hacía en Bolivia y  las compañías con  las que anduvo. Pero estas son consideraciones secundarias de cara a la evidencia de que las fuerzas de seguridad tuvieron muchas oportunidades de arrestarlo en vez de dispararle a quemarropa directo al corazón para luego ocultar el hecho con la versión de que había muerto en un tiroteo.

Los Dwyers entregaron sus evidencias al funcionario oficial de las Naciones Unidas que investiga ejecuciones extra judiciales sumarias. Después de un examen de los hechos,  concluyó que había evidencias suficientes para sostener que se había tratado de una ejecución extrajudicial. El funcionario emitió denuncias ante las autoridades bolivianos, el nivel más alto de denuncia disponible. La Comisión Interamericna de Derechos Humanos también revisó las evidencias recogidas por los Dwyers y dictaminó que el estado boliviano tenía que responder. El gobierno de Morales, recalca la nota,  respondió criticando la integridad de la comisión.

La Paz, dice el comentario, continua escondiéndose detrás de un proceso derivado del asalto policial. Sostiene que no puede abrir las puertas a una comisión internacional investigadora, un compromiso hecho por Morales durante su visita oficial a Irlanda en 2015, mientras el proceso en curso no llegue al final.

El comentario subraya que el llamado ¨caso terrorismo No. 1¨ ha derivado en una farsa y no muestra signos de estar próximo  al final. Ahora luce  como una farsa  que durante una década ha neutralizado  a la que una vez fue una robusta oposición a Morales en Santa Cruz.

Paralelos

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Franklin Nieves y Marcelo Soza viven en dos países distantes uno de otro pero sus destinos recorren caminos similares. Los dos están exiliados luego de escapar de sus países temerosos del sistema del que fueron un tiempo fieles representantes de una justicia en la que ahora declaran en público que no creen.
Una diferencia entre los dos personajes es el tiempo que les tomó una decisión que afectaría el resto de sus vidas. Nieves, el fiscal que organizó las acusaciones con las que se basó la juez que hace unas semanas condenó al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, necesitó poco más de un año para concluir que no podía sobrellevar la que denunció como una mentira. ¨No conseguía dormir¨, dijo en una declaración que difundieron las redes sociales tras haber escapado de su país hace pocos días. Marcelo Soza requirió de casi cuatro.
Ambos sostuvieron que hubo intervención gubernamental para conseguir fines políticos y someter al adversario considerado como enemigo. Franklin Nieves dijo a un periódico norteamericano: “Leopoldo López es inocente, este fue un juicio totalmente político y debería ser anulado (…) Todos los derechos humanos de Leopoldo López fueron violados porque nunca se le permitió presentar ningún testigo, ni evidencia.¨
Sus palabras eran un eco de las que había dicho Marcelo Soza. En su ¨Carta al pueblo de Bolivia¨ el 11 de marzo del año pasado escribió: ¨Esas autoridades de gobierno que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación…¨
Al comenzar 2014, Soza estuvo desaparecido. Intentó renunciar, su renuncia fue rechazada y por fin, tras un ostracismo insoportable, fue apartado del caso. No pasaron muchos días antes de que apareciera en la capital brasileña declarándose perseguido político. El gobierno, a partir del presidente Evo Morales, dijo que el ex fiscal era un ¨delincuente confeso¨. La acusación que había elaborado y de la que decía que una buena parte fue producto de presiones del gobierno para inculpar a líderes de Santa Cruz, fue mantenida a ultranza por quienes lo substituyeron.
Nieves estuvo desaparecido por algunos días hasta que el fin de semana antepasado emergió en Miami, donde se encuentra tras haber fugado su familia. Allí dijo que los testigos que presentó la acusación habían sido preparados por los fiscales y ¨fueron obligados a declarar como nosotros queríamos.¨ La fiscal general ¨estaba perfectamente enterada de lo que ocurría¨, pues incluso la computadora de Nieves estaba intervenida, dijo, y convocó a sus colegas en el caso a que ¨escuchen y vean la verdad…Leopoldo es inocente¨ y está preso porque las autoridades venezolanas ¨temen a su liderazgo¨.
Como en Bolivia tras la divulgación de la carta de Soza y su confesión ante el Conare de Brasil, los reclamos de la defensa para anular las bases de la acusación y revertir la condena a López son constantes. También allí la reacción del gobierno ha sido descalificadora. Las autoridades argumentan que el ahora ex fiscal Nieves debía haber hecho la denuncia en Venezuela y dejar constancia escrita. Tarek William Saab, con el cargo de Defensor del Pueblo, ha mostrado una postura similar a la de los fiscales acusadores del Juicio del Siglo en Bolivia: por no estar registrada de manera legal, la denuncia de Nieves no afecta al caso de Leopoldo López. ¨Lo que no está dentro del expediente, simple y llanamente no existe¨, dijo.
En Bolivia, corresponde al juez y a su tribunal decidir si un elemento nuevo es incorporado al proceso.
El argumento de la autoridad venezolana es parecido al círculo vicioso que surgió en Bolivia cuando los defensores de los acusados en el Juicio del Siglo no lograron que la Embajada en Brasilia autenticara la carta del ex fiscal Soza porque la legación boliviana exigía que la legalización fuese hecha por Soza y en las oficinas de la Embajada, territorio boliviano donde el ex fiscal perdía su condición de asilado. La carta y la confesión más leídas de Bolivia fueron declaradas inexistentes por el tribunal que juzga el caso.

Evocaciones de aquella noche

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Camisa blanca y pantalón oscuro, los veteranos del ejército que la mañana del 8 de octubre asistieron a una misa en la catedral de Santa Cruz observaron gran devoción. El acto era un rito de victoria, pero sin la algarabía ni festejos de otros años. Tras saludarse e intercambiar algunas palabras en el atrio, cada uno retornó a su domicilio de un modo tan discreto como llegó. El gran ausente de esa ceremonia fue quien 48 años atrás había comandado a gran parte de ellos para lograr la mayor victoria del ejército boliviano en el siglo 20 y la segunda de su vida independiente. Gary Prado Salmón, ex embajador en México e Inglaterra, ahora general retirado y declarado Héroe Nacional por el Congreso, asistía esa mañana al Juicio del Siglo, donde se lo acusa de conspirar para desmembrar Bolivia.

No se supo de otras ceremonias. Las conmemoraciones de esa victoria han sido avasalladas por la onda que sostiene que la guerrilla de 1967 no fue una victoria del ejército boliviano sino de la CIA y la Misión Militar de Estados Unidos y que los héroes a los que se debe rendir honores son los que perdieron.

¨Yo no vi ni un solo agente extranjero en la selva ni por las quebradas¨, recordó con ironía Prado Salmón. ¨Quienes invadieron el país fueron engullidos por la naturaleza de los parajes selváticos y montañosos que escogieron, que fue un factor importante en su derrota. Para nosotros, el problema no era tanto combatir como encontrarlos¨.

Nadie precisó si entre los asistentes a la misa estuvo el personaje más silencioso de las decenas que ese día conmemoraban la jornada final: el hombre que ejecutó a Ernesto Ché Guevara. Era probable que no hubiera estado, en virtud de la decisión que Mario Terán tomó tras cumplir esa misión y que lo ha mantenido hasta hoy en la oscuridad. Todas las versiones conocidas coinciden en que vive en Santa Cruz, pero que se sepa de manera irrefutable, nadie ha conseguido un contacto periodístico personal con él, salvo una fotografía casual que le tomó una periodista francesa hace muchos años.

Las noticias esporádicas que aparecen en los medios pueden ser solo referencias pero ninguna basada en un encuentro directo, dicen algunos que lo conocen. ¨Le aconsejé evitar a la prensa y apartarse de la publicidad si quería tranquilidad para sus días. Me hizo caso¨, dijo Prado Salmón al evocar la vez que hace casi cinco décadas ambos hablaron con cierto detalle sobre lo que había pasado en La Higuera y la misión para la que se ofreció como voluntario.

La conmemoración fue instituida a partir del 8 de octubre de 1968 por el general René Barrientos Ortuño, y una plaza de Santa Cruz fue designada para recordar la fecha y evocar la campaña militar y a los soldados que actuaron. Pero hace algunos años, bajo el gobierno actual, se le cambió el nombre alusivo a los combatientes de la campaña de Ñancahuazú por otro genérico, y con fecha diferente en septiembre, de modo que los ex luchadores optaron por la misa en la Catedral.

¨Ahí nos sentimos más unidos y mejor representados¨, dijo el general (r) Mario Oxa, cuya compañía fue parte de las operaciones finales que liquidaron la tentativa de proyectar a Bolivia como foco guerrillero continental.

También estuvieron presentes parientes y amigos de los deudos de los 51 luchadores bolivianos que cayeron durante la campaña. (¨Ellos perdieron un poco menos, pero la proporción nos favorece, pues debía ser 10 bajas para nosotros para cada una de ellos¨, subrayó Prado Salmón). Casi todos los presentes en la misa eran de Santa Cruz y de localidades próximas.

Los excombatientes con los que fue posible hablar de manera abierta exhibieron orgullo por la victoria. ¨No ha habido ninguna otra en nuestra historia¨, dijo Oxa, y citó otras marcas históricas, incluso la de Ingavi, para atribuirles brillo menor que la registrada en Ñancahuzú.

Prado Salmón cree que no se ha abordado con la amplitud necesaria el sentimiento de victoria que prevalecía en la tropa y sus oficiales tras vencer a la fuerza guerrillera de 1967.¨El sentimiento de victoria y de euforia que nos entró a todos la noche del 8 de octubre era total.¨ Había hecho venir a todos los hombres de su compañía (160) y a los que estaban próximos de otras. ¨Esa noche, los oficiales y los soldados venían y nos abrazábamos todos con la alegría de haber llevado un triunfo al ejército nacional, de haber derrotado a esa guerrilla. Era el fin, estaba clarísimo, con el Ché ahí (prisionero), no había más, se acababa la historia.¨

El general retirado dijo que el júbilo con el triunfo era mayor porque tenía dos características: era político y militar. ¨Un ejército muy pequeño, con poco entrenamiento, con muchos soldados que antes de combatir sembraban caña, había  conseguido revertir una situación  muy peligrosa. Y en solo ocho meses acabamos el problema.¨

El entrenamiento a la unidad de Prado Salmón comenzó en mayo de 1967, bajo un programa suscrito nueve años antes con Estados Unidos, que equipaba a los participantes con armas de la Segunda Guerra Mundial (¨modernísimo, pues nuestros equipos correspondían a la guerra del Chaco¨). Con el ingreso de tropas entrenadas al área de combate, el eclipse de la guerrilla fue irreversible. Herido y con su grupo en retirada, el comandante guerrillero capituló ante el capitán Prado Salmón que comandaba la compañía que decretó el final de la insurgencia.

A los críticos de la victoria sobre esa guerrilla, Prado Salmón, en silla de ruedas desde hace 34 años, reiteró que la conciencia de victoria ¨está viva¨ entre todos los que lucharon contra la insurgencia de 1967. ¨Eso no se va a disipar¨.

Los combatientes fueron declarados Beneméritos de la Patria, sin pensión, poco antes que el presidente Morales llegara al gobierno.  La orientación del mandatario ha sido clara en gestos y palabras. Ha homenajeado a Ché Guevara y afirmado que los que combatieron al movimiento guerrillero que dirigió estaban equivocados.

¨Eso –dijo- lastima el honor, el orgullo¨ (de los soldados) por las jornadas de 1967.)

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

La orden judicial, por favor

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El juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, con acusaciones de terrorismo y separatismo, previa capitulación del ejército, dio curso este lunes a una sugerencia de los abogados del Ministerio Público y del gobierno, para incorporar por internet al general (r) Gary Prado Salmón a las audiencias. Pero no tomó en cuenta  un detalle importante: Que los técnicos que fuesen al domicilio del militar para la instalación correspondiente debían estar munidos de una orden juidicial pues iban a ingresar a un domicilio privado.

Cuando la esposa del militar, María del Carmen de Prado, se asomó al portón de ingreso a su domicilio para verificar la orden judicial para ingresar al domicilio, los técnicos dijeron que no la tenían. Sin otra cosa que hacer,  volvieron a las oficinas de Entel de donde los habían enviado. La cuestión deberà ser tratada este martes..

La venia que dio el juez a la iniciativa del Ministerio de Gobierno en la sesión de la mañana del lunes dio lugar a un intenso debate, como ocurre en casi todo cuanto ocurre en el juicio oral que tiene a Santa Cruz como escenario desde hace más de dos años y medio. (Son seis años y cuatro meses desde el asalto al Hotel Las Américas).  Pero cuando tocó decidir al tribunal en conjunto, al que se suman Elena Gemio (juez técnica) y  las jueces ciudadanas Anastasia Callisaya y Sonia Mamani, el dictado del juez Fernández para ¨internetizar¨ la audiencia tuvo aval pleno.

El uso de internet con protocolos de voz e imagen por parte del Poder Judicial en Bolivia bastante incomún.  Los abogados del ministerio de gobierno dieron al ¨Skype¨ como el protocolo único o más adecuado. No es así. Todos los grandes proveedores incluyen su protocolo de voz (yahoo, hotmail, gmail, por ejemplo). Por lo general su instalación no requiere de otras personas además del propio usuario.

El motivo para buscar auxilio de la internet se debe a que el general boliviano, que venció a Ernesto Ché Guevara y dio al ejército boliviano una de las dos victorias decisivas de su historia, convalece se una cirugía que le practicaron los médicos a causa de la parálisis que sufrió hace 35 años cuando estaba en misión para reimplantar el orden en una zona convulsionada de Santa Cruz. La más reciente audiencia ocurrió hace casi 20 días y una prolongación por otras dos semanas conspiraría contra el juicio. Si la ausencia del militar tuviera que prolongarse, la opción sería separarlo del juicio, una opción ya mencionada por la defensa y resistida por la acusación. Pero sin Gary Prado Salmón el juicio, ya debilitado gravemente desde los juicios abreviados de principios de año y por graves dificultades probatorias, perdería sentido. Eso explica la actitud de los fiscales y del tribunal para buscar todas las posibilidades para que el juicio no se extinga…de manera natural.

P.S. A propósito, no hubo orden judicial para la intervenciòn policial al Hotel Las Américas ni estuvo fiscal alguno presente. Ese detalle no ha sido subsanado hasta ahora.  En la intervención murieron tres personas, acribilladas a balazos por quienes invadieron el local.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

La traducción

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El juicio por el caso Hotel las Américas tiene las ruedas atravesadas por una estaca: la traducción de las palabras de uno de los acusados que no habla castellano. No parece que con los medios de que dispone el tribunal haya una manera de probar que lo que la traducción dice que dice el acusado corresponde a la verdad o a la integridad de sus palabras. El idioma natal del acusado Elöd Tóásó es el húngaro. Que se exprese en su idioma es como si lo hiciera en mandarín medieval. Nadie en las audiencias del bullado proceso lo entiende. El traductor oficial hace lo posible con el húngaro que aprendió hace 30 años, cuando estudiaba telecomunicaciones en Budapest, pero no puede ir más allá de lo que iría un médico sirviendo de intérprete a un pescador, o viceversa.
El tribunal y la acusación han decidido mantener la traducción trepidante y con frecuencia incompleta que ofrece –probablemente a pesar suyo- el boliviano Martín Santos, experto en telecomunicaciones. Quienes trabajan con idiomas saben de las sutilezas de toda lengua y que intentar traducir literalmente es suicida. Un traductor al inglés de las obras del Nobel Mario Vargas Llosa contaba en una entrevista sus dificultades para traducir y recomendaba a los aspirantes un contacto permanente con las lenguas en las que trabajan, pues se vuelven esquivas si no están bajo uso intenso. El esfuerzo es mayor cuando la traducción es verbal.
En otros lugares la traducción es una profesión valorada. Ejercitarla requiere de un diploma y certificación oficial que autoriza a trabajar en traducciones desde o hacia idiomas específicamente determinados. Los actos públicos no refrendados legal y profesionalmente no tienen valor legal.
Tóásó ha afirmado que las primeras declaraciones que se le atribuyen ocurrieron sin traductor y que desconoce qué firmó; otras fueron con ayuda del inglés, que entonces, hace cuatro años, sólo balbuceaba (aprendió un inglés elemental con un canadiense compañero de prisión, me dijo), y otra con apoyo de un funcionario honorario de un consulado húngaro. Sólo hace dos años, dijo, tuvo una breve traducción eficiente. Fue suspendida porque la traductora era una extranjera que requería de visa y contrato de trabajo. El tribunal no asume costos; así, la versión del sobreviviente del asalto al hotel oída estos días es extremadamente incipiente.
Los riesgos de una causa llevada así son grandes, más si conllevan cargos que van de magnicidio a separatismo.

Prado Salmón puede ir preso a Palmasola

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El juez Sixto Fernández decidió convocar para el jueves a una audiencia extraordinaria para decidir si envía a la cárcel al general retirado Gary Prado Salmon, vencedor de las guerrillas que comandaba Ernesto “Ché” Guevara en 1967. El militar, vencedor de la única campaña decisiva del ejército boliviano después de la batalla de Ingavi, en 1841, iría a la cárcel de Palmasola, de Santa Cruz, si el juez acepta la demanda de los abogados del gobierno, en desacuerdo con la actitud del ex comandante militar y ex embajador que abandonó el viernes la audiencia en la que 39 personas son juzgadas por magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. Prado Salmón tomó temporalmente esa decisión (el lunes volvió a las audiencias) en protesta porque consideró que el juez cumplía sólo parcialmente una resolución del Tribunal Constitucional, que anuló una decisión que lo declaraba en rebeldía y que había permitido instalar las sesiones en Tarija. De allí vinieron a Santa Cruz pues uno de los acusados, el ex gerente de COTAS Ronald Castedo, sufrió un infarto causado por la altura de la ciudad sureña.
La audiencia del jueves deviene de un pedido de la acusación para castigar a Prado Salmón, confinado a una silla de ruedas desde 1981,  por su inusual protesta y para modificar su actual estatus de arraigo domiciliario con permiso de trabajo, por el de detención preventiva. “Es parte de una estrategia para amadrentarme. No tendrán éxito”, dijo el militar tras el aplazamiento de la audiencia hasta horas de la tarde.

Jornada tensa del juicio del siglo

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Versión ampliada

El juez Sixto Fernández multó este martes con el equivalente a 1.500 dólares al abogado Otto Ritter, de la defensa del general Gary Prado Salmón, y estuvo cerca de dejar sin defensa propia al vencedor de las guerrillas de “Ché” Guevara al final de una jornada tensa del Juicio del Siglo.

El juez lució contradictorio al disponer la multa y al mismo tiempo apartar al abogado de su función defensora del general retirado y anunciar la designación de un defensor de oficio, sin percibir que otro abogado también estaba a cargo de la defensa del militar.

A instancias del defensor, Fernández precisó que Ritter podría retomar su labor en la defensa este mismo miércoles, una vez pagada la multa de 9.900 bolivianos, el equivalente al sueldo mensual de un juez técnico.

La jornada fue tensa desde la mañana, cuando gran parte del tiempo disponible fue ocupada por la lectura del poder de cuatro nuevos abogados del gobierno, que se suman a la batería ofensiva oficial en el proceso que conlleva acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. A la sesión matutina siguió en la tarde otra  ronda de lectura de documentos: el inventario de las pruebas del gobierno contra los 39 acusados. Parte de la jornada vespertina fue también ocupada por la lectura de números telefónicos de diversos extractos relacionados con el caso.

La actitud severa del juez sobrevino un día después que el Vicepresidente y Presidente encargado Álvaro García calificase como “vergonzosa” la demora del proceso, que se arrastra por más de cuatro años, y asegurase que el supuesto plan separatista cuya dirección es atribuida al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en la incursión armada al Hotel Las Américas en 2009, era el más peligroso que había enfrentado Bolivia.

Casi al final de la jornada, el tribunal dio curso a la demanda de los abogados del gobierno en contra de Ritter y del general retirado. Ritter fue acusado de abandonar maliciosamente la sesión el viernes pasado y reclamar que los jurados, incluso su presidente, cediesen sus funciones a un juez de Santa Cruz porque, en la interpretación que hizo el abogado de una decisión del Tribunal Constitucional, todo cuanto dispuso el tribunal desde las audiencias en Tarija, el año pasado, careció de base legal.

El juez dijo que tomaba nota de la protesta de la acusación por el abandono temporal de la audiencia por parte de Prado Salmón y de su pedido para que se le decrete prisión.  El abandono fue temporal, pues tanto el general como su defensor estaban de vuelta en la sala de audiencias el lunes.

“Explíqueme”,   pidió Ritter al juez al decirle que no entendía por qué se lo apartaba de la labor defensiva y a la vez se lo multaba.  Planteó que se decidiese una cosa o la otra. El juez pareció percibir la contradicción y le dijo que debía pagar la multa. Luego, a instancias del abogado, precisó el valor.

El juez dijo que al Tribunal Constitucional le correspondería aclarar si la decisión, que anuló la declaratoria en rebeldía de Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija, tenía efecto dominó a partir de las audiencias en esa ciudad, desde octubre pasado.

El mismo planteamiento para anular todo lo hecho desde entonces había venido del abogado José Hoffman, del ex presidente de COTAS Ronald Castedo, quien acusa al tribunal de atentar contra su vida al haberlo obligado a ir a Tarija contra la recomendación de sus médicos. Un infarto sufrido por Castedo fines del año pasado obligó a suspender las audiencias en aquella ciudad.

El juez dijo que el tribunal había cuidado de la salud de Castedo al traer las audiencias a Santa Cruz, anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso cambiar de sede.

El problema, causante de un acentuado debate, era que la decisión del TC fue emitida en noviembre, antes que el tribunal del caso dispusiese traer las audiencias a Santa Cruz, y conocida hace sólo unos días.

Tádic: “Había extranjeros…y quejidos”

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En la madrugada del 16 de abril, el comando que tomó el Hotel las Américas incluía a por lo menos tres extranjeros de algún país hispanoamericano. Fueron los que ingresaron a la habitación en la que estaba Mario Tádic, el boliviano-croata y sobreviviente, junto al rumano Élod Tóásó, probablemente con la orden de exterminarlos, pero algo resultó equivocado. Tádic, en una breve entrevista en el Palacio de Justicia este lunes, me dijo que no  ha logrado determinar cuál fue la falla,  pero que ese supuesto error lo tiene con vida y estos días en el banquillo de los acusados en “juicio del siglo” que, a tropezones, se lleva a cabo en Santa Cruz.

Tádic trae revelaciones en el sitio Wikileaks Bolivia sobre aquella madrugada, en la que fue bruscamente despertado, dice, por una explosión. Fue la que derribó la puerta de la habitación de Rózsa y afectó la suya.

Las afirmaciones de Tádic están escritas sobre un bloque de anotaciones color amarillo, con rayas azules, y contrafirmadas en el margen de la izquierda, donde aparecen también sus huellas digitales. “Así testimonio que son mis declaraciones, que no hay suplantación”, me dijo en la sala donde se procesa el caso que tiene al cochabambino y a otros 38 acusados como centro.

De lo ocurrido en esa madrugada, Tádic recuerda que en el pasillo del cuarto piso, donde se encontraba, pudo ver a tres personas con uniforme negro, probablemente policías. Tádic concluye que posiblemente eran venezolanos que estaban también alojados en el hotel.  Su conclusión proviene de un momento en el hall de ingreso del hotel, a donde había ido “entre las tres y cuatro de la tarde para comprar cigarrillos”. Al no encontrar su línea preferida –Marlboro- compró Camel. Estaba fumando en uno de los sofás y la cajetilla recién comprada era visible. En esos instantes, mientras fumaba en el hall, sólo entraron los venezolanos (al parecer la tripulación de un avión).

“Nadie más pasó por el lugar. Yo retorné a mi habitación. En la madrugada, cuando estaba rendido, hincado y contra la pared del pasillo, enmanillado y la cabeza envuelta con una sábana, una de las personas que entraron a la habitación le dijo a otra: “Éste es el que fuma Camel”.

La declaración puede abrir un nuevo canal de investigaciones en el caso, que se arrastra por casi cuatro años.

No se conocen muchos cuerpos policiales que utilicen uniformes negros acorde con la descripción de Tádic. Entre los que lo utilizan se encuentra la DISIP de Venezuela, el equivalente al FBI, que suele inscribir las iniciales en la espalda de las chaquetas.

El gobierno ha negado que en el asalto al hotel hubiese  habido extranjeros.

Tádic dijo que algunas expresiones de los incursores de su habitación no eran bolivianas, como la orden “al suelo, perro”, que le impartió uno de ellos. “En Bolivia lo habrían dicho de otra manera”, me dijo el lunes en el Palacio de la Justicia. “Al suelo, m…o al suelo c…o hdp”.

Otro elemento que aparece en la declaración (seis hojillas, manuscritas y firmadas) del detenido es que es que dice haber escuchado “quejidos” que corresponderían a sus compañeros en el hotel. “Los muertos no se quejan”.

En la declaración manuscrita especula que el irlandés Michael Dwyer sobrevivió una media hora antes de que le hicieran el disparo al pecho que lo liquidó.