Fiscal

En busca del tiempo perdido

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Tras cruzar el sexto aniversario a partir del suceso sangriento que lo originó, el Juicio del Siglo empieza este lunes bajo un régimen draconiano. Las audiencias serán continuas, anunció el juez Sixto Fernández, de modo que se suprimirá la semana que mediaba entre un período de audiencias y otro. El régimen deberá continuar hasta sentenciar a todos los acusados, en el proceso penal más traumático de la historia boliviana reciente.

La decisión corre hacia una búsqueda del tiempo perdido, que nada tiene que ver con el título de la obra clásica de Marcel Proust sino con la intención de alcanzar  un desenlace total en lapso menor al que marca la tendencia de estos años.

El tribunal, compuesto por la juez técnica Elena Gemio y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, de La Paz, como el magistrado presidente, procura recuperar el tiempo perdido en vacaciones, salud, incidentes y feriados, trabajando a marcha forzada hasta sentenciar a todos los acusados. Cinco ya se acogieron al método abreviado y se declararon culpables después de años de alegar inocencia de la acusación, que los sindicaba de planear un alzamiento armado para dividir al país, previa capitulación del ejército.

Cuánto podrá durar todavía el proceso, en curso en Santa Cruz desde 2013, es pregunta abierta. El mayor de policías Rolando Ocampo Tarqui, testigo central de la acusación y primero de 41, declara desde el 23 de marzo y es interrogado por los fiscales del Ministerio Público y abogados del Ministerio de Gobierno.  Compañeros suyos figuran en la lista de testigos presentada originalmente por el ex fiscal ahora prófugo Marcelo Soza. La defensa se propone contra-interrogarlos.

En una medida vista por la defensa como un endurecimiento de la parte acusadora y del tribunal, el juez Fernández no objetó una demanda de la fiscalía para retirar dos termos de café de los que solían servirse acusados, defensores, visitantes y policías. El juez, inicialmente, titubeó ante el requerimiento del fiscal Sergio Céspedes, que reclamaba irritado que el café distraía la atención del testigo, al causar desplazamientos individuales esporádicos en la sala. “Que se saque el termo”, demandó. “Siendo evidente cuanto manifiesta…”, dijo el juez, al disponer un receso de cinco minutos que desembocaron en el retiro de los termos que solía llevar a las audiencias regulares Hugo Paz Lavadenz, uno de los 39 acusados.

A diferencia de otros de su género, el Palacio Judicial de Santa Cruz carece de cafetería.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Caso terrorismo pierde a otro acusador

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La abogada Paola Barriga se apartó de la dirección jurídica del Ministerio de Gobierno en una decisión “netamente particular” para retornar a ejercer privadamente su profesión, anunció la página web de Radio Fides este viernes. La renuncia remeció el llamado “caso terrorismo”, a sólo horas de vencer el plazo para que el fiscal Marcelo Soza entregue las pruebas del proceso boliviano más bullado en lo que va del siglo. La renuncia tenía efecto  inmediato.

Actualización al amanecer del sábado, 6 de abril. Versiones que escuché  dicen que la abogada tuvo un altercado con miembros del tribunal en torno a una resolución que debería dictarse la semana proxima, cuando está prevista la reanudacion de las audiencias. La discrepancia subió de tono y la abogada abandonó el lugar (el Palacio Judicial).  

El alejamiento de la abogada priva al gobierno de uno de los pilares más fuertes de la acusación contra 39 personas con cargos de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. La fase actual del proceso se lleva a cabo en Santa Cruz desde el 18 de febrero, tras haber peregrinado por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. La raíces del caso vienen del 16 de abril de 2009, cuando un comando de la policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió a balazos al boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, al húngaro Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer.  Sobrevivieron el boliviano Mario Tádic y el rumano Elöd Tóásó, ambos presos junto media docena de bolivianos, además de otros que se encuentran con prisión domiciliaria. Hay también exiliados y refugiados.

La decisión de la abogada puede resultar incómoda para el círculo más estrecho del gobierno, porque ocurre  cuando la causa del Ministerio Público el “juicio del siglo” luce trepidante y debilitada, con la desaparición y reaparición del fiscal Marcelo Soza y los audios en los que una supuesta voz del magistrado informa sobre la “siembra de pruebas” para respaldar la acusación del gobierno. Dos informes técnicos privados, uno en Brasil y otro en España, aseguran que los audios son auténticos. Soza dice que son un “montaje”.

El debilitamiento del caso (que la abogada renunciante niega y sostiene, más bien, que es “sólido”) también pone en aprietos al presidente Morales, quien el mismo día del sangriento episodio declaró que sabía del grupo y había ordenado su “arresto”, con “instrucciones precisas” al vicepresidente Álvaro García, y al subcomandante de la policía. Al mismo tiempo, aplaudió la actuación de la policía.

La abogada, citada por Radio Fides, dijo que los constantes viajes a Santa Cruz habían trastornado su vida familiar. Ingresó al caso como una de las acusadoras del gobierno tras el descalabro causado por las denuncias de extorsión que llevaron a la cárcel al titular Fernando Rivera Tardío y sus asistentes, a fines del año pasado.

La nota informativa de Radio Fides cita su declaración: “La renuncia es por un tema netamente particular y personal, pero el proceso (por el caso terrorismo) es un proceso totalmente consolidado; se tienen pruebas que van a permitir llegar a una sentencia condenatoria y ya se tiene una acusación particular y una acusación fiscal que es la base de todo proceso”.

“La jurista estuvo cuatro eses en el cargo y tuvo que asumir toda la documentación legal que dej[o Fernando Rivera,quien había asumido la representación legal desde el inicio de este caso”, agrega la información de Fides.

La renunciante cree que la caso que sustenta el gobierno es “sólido” y que los acusados serán sentenciados.

Una anécdota personal: Al cierre de la última sesión del caso en el Palacio Judicial de Santa Cruz me acerqué a su escritorio, cuando recogía sus papeles. Me presenté y le pedí que me dijera la explicación del gobierno y la fiscalía para algunas de las contradicciones que parecían rodear al caso y específicamente cómo era posible que, según el fiscal Soza, el comando policial hubiese sido “atacado injustamente” por Rósza y su grupo, cuando, por todo lo visto, todos dormían y estaban casi completamente desnudos. Rehusó getilmente responder. “Hablemos, mejor, la próxima semana, cuando se reanude la audiencia”, me dijo. “Tendremos más tiempo…”

¿Kaput?

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Para este lunes está prevista la lectura del inventario de pruebas en el hasta ahora llamado “caso terrorismo”, en Santa Cruz, y la comparecencia en La Paz del fiscal hasta hoy desaparecido Marcelo Soza Álvarez para declarar sobre el audio que se le atribuye en el que supuestamente formula revelaciones peligrosas para la cúpula del gobierno en torno a aquel y otros episodios. Por casualidad, los dos eventos ocurrirán en una jornada que en muchos países es el día de la mentira (en el nuestro es el 28 de diciembre).
Dos pericias técnicas respetables (una brasileña y otra española) aseguran que la voz que se escucha en el audio corresponde al Dr. Soza, el fiscal más poderoso de Bolivia hasta el 16 de marzo, el día en que públicamente no se supo más de él. Han pasado dos semanas y está anunciada por la senadora Carmen Eva Gonzáles un segundo audio, “más grave” que el ya conocido por un gran número de bolivianos. Entrevistada por John Arandia, de Cadena A, la senadora dijo que esperaría unos días para dar a conocer el nuevo video, aunque a estas alturas cada día son menos los que aún dudan de la autenticidad del ya conocido.

El margen de maniobra del fiscal luce muy escaso este final de marzo.
La tesis sostenida por el fiscal es cada hora que pasa más endeble. Su desaparición del escenario público le ha propinado el que puede ser el golpe de gracia final. No quería que las audiencias de caso que presidía se desarrollasen en Santa Cruz alegando que su vida y la de los fiscales del gobierno corrían peligro. La normalidad de las audiencias lo ha desmentido.

Su comparecencia y las declaraciones que pudiere formular mantendrán la atención de gran parte del país. Lo mismo ocurrirá con la lectura del informe sobre las pruebas en las que se ha basado todo el caso que empezó hace cuatro años.
La ronda sólo será el comienzo de otra que deberá determinar cuán ciertas son las afirmaciones que se escuchan en la grabación.

Abogado defensor: El gobierno no quiere a Soza vivo

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El defensor de general Gary Prado Salmón, el abogado Otto Ritter, afirmó esta miércoles por la noche que el gobierno del presidente Morales no quiere vivo al desaparecido fiscal Marcelo Soza, del llamado “caso terrorismo”, que procesa acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El fiscal está desaparecido desde hace dos semanas y ha sido convocado para declarar en La Paz el lunes 1 de abril sobre el proceso que dirigía desde 2009 y sobre la grabación en la que supuestamente habla con un interlocutor desconocido sobre cuestiones que ponen en entredicho honestidad del gobierno y su papel en el caso.
“No vendrá (a prestar su declaración) porque es peligroso para el gobierno”, dijo el abogado. Sin embargo, contradictoriamente dijo también que el gobernó debería proteger al magistrado. Es la primera vez que públicamente se afirma que el fiscal sería un peligro para el gobierno por su conocimiento del caso y sus vinculaciones. Sería un archivo viviente de toda  la controvertida trama.

La autenticidad de la grabación ha sido negada por el fiscal y el propio presidente Morales dijo que no la creía veraz. La senadora pandina Carmen Eva González aseguró este miércoles que la autenticidad habia sido comprobada por expertos de Brasil. El abogado Ritter dijo que en Bolivia también existen laboratorios y expertos para realizar esa verificación. Sin embargo, palabra del experto Ricardo Molina de Figueiredo, perito en fonética de la Universidad de Campinas (200 kms de Sao Paulo) trae de vuelta los fantasmas que han ensombrecido el caso y que le asignan una carácter siniestro.

Si la comprobación resultase inconrovertible, habrá muchos que tendrán que responder, inclusive quienes, basados en a trama que defendía el fiscal Soza, afirman a diestra y siniestra que en Santa Cruz se gestaba un movimiento para crear un estado separado de Bolivia.

Los acusados en el proceso al que Soza renunció creen que desvirtuarán todas las acusaciones que les ha formulado el Ministerio Público en la fase que se viene del juicio, cuando les tocará exponer su defensa y someterse a preguntas y responderlas. Una exposición aguardada como en novela de suspenso es la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien sostiene que los terroristas están en el gobierno. Estos días sufrió una grave recaída la salud del acusado, a quien el fiscal desaparecido consideraba como testigo estrella por su vinculación con el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto durante la incursión policial en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009. “El Viejo” está en terapia intensiva a causa de una diabetes mal controlada.
En aquel episodio también murieron el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los forenses de esos países contradicen la versión oficial boliviana y aseguran que se trató de una ejecución sumaria. Una de las muchas preguntas a las que ni el fiscal ni otros investigadores del gobierno han respondido es por qué los miembros del grupo que se alojaba en el Hotel Las Américas supuestamente estaban desnudos o apenas en calzoncillos y cómo, en esas condiciones, habrían atacado a la policía que tomaba el hotel. Soza, quien llegó al lugar del episodio varias horas después de lo ocurrido, dijo que la policía había sido “injustamente atacada”.

En la grabación sobre la que se quiere interrogar al fiscal se habla de siembra de pruebas para respaldar la acusación. De resultar cierta la supuesta siembra,  el caso levantado por el fiscal se vendría abajo, en una avalancha cuyas consecuencias serían imprevisibles.

El tronco y sus ramas

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Sobre el “Juicio del Siglo” (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) han confluido elementos que refuerzan la impresión de los críticos del gobierno de que el episodio del Hotel Las Américas ha sido el tronco esencial de algunos de los más importantes desplazamientos políticos desde entonces. Muchas de las preguntas que se hicieron en su momento están sin respuesta y las actitudes de algunas autoridades han contribuido a volverlas más apremiantes, pues de ellas depende el esclarecimiento oficial que los bolivianos aguardan desde hace casi cuatro años.

La semana pasada, antes del nuevo intervalo en el juicio que se desarrolla en Santa Cruz, el abogado Otto Ritter, defensor del general Gary Prado Salmón, afirmó que “a Eduardo Rózsa lo trajo a Bolivia un venezolano de apellido Osorio, que le pagó los pasajes desde Europa con la finalidad de hacer pisar el palito a algunos ingenuos”. El abogado también dijo que el caso había sido “montado” con la intención de una alta autoridad de derrocar al actual presidente. Por lo menos uno de los personajes acusados ha sostenido una tesis similar. Resulta imperativo, entonces, determinar quién, dónde y cuándo pagó esos pasajes, preguntas de cuya respuesta depende la libertad de muchas personas, la tranquilidad de parientes, familiares y amigos y el fin de la zozobra bajo la cual ha vivido Santa Cruz desde el asalto armado a aquel hotel.

La sospecha de envolvimiento directo de extranjeros hispanoparlantes ha sido también sugerida por Mario Tádic, el boliviano sobreviviente, junto al rumano Elöd Tóásó, quien ha declarado que fueron venezolanos los únicos alojados que lo vieron, en la tarde anterior al fatídico episodio, fumando cigarrillos Camel en la sala de espera de la recepción del hotel. Tádic dijo que después, cuando fue sometido por la UTARC y estaba semidesnudo y esposado en el pasillo fuera de su habitación, uno de los uniformados de negro que lo vigilaba le dijo a otro: “Este es el que fuma Camel”.

Quienes asisten a las audiencias en Santa Cruz han escuchado al fiscal Marcelo Soza reiterar que por la inexistencia de elementos suficientes decidió no imputar a un capitán de la policía, cuya fotografía al lado de Eduardo Rózsa Flores en la que parece una reunión de amigos ha circulado por casi todos los medios informativos nacionales. Abogados de los acusados han hecho notar que sólo el registro de números en la libreta de anotaciones de Rózsa Flores ha llevado a los investigadores del gobierno a ordenar detenciones preventivas. Comparativamente, una fotografía tendría un peso investigativo mucho mayor que números de teléfono en una libreta. No existe una descripción de la fiscalía para las funciones de este capitán, a quien no se puede calificar de “agente infiltrado” porque esa figura sólo se aplica legalmente para el narcotráfico. El capitán sería un “infiltrado no infiltrado”.

Hace tres semanas, en el programa televisivo No Mentirás, de PAT, Soza dijo que la fotografía no era un elemento para una imputación y admitió que “oficialmente” no la tenía. De remate, afirmó que la policía había sido “agredida de manera injusta e ilegal” por el quinteto alojado en el hotel y tuvo que responder a los atacantes, que inauguraban una manera morbosa de atacar y morir en cueros o apenas en calzoncillos.

En la grabación distribuida estos días, con diálogos que supuestamente corresponderían al fiscal con interlocutores no identificados, se asigna al caso Hotel Las Américas un papel fundamental en la estrategia política del gobierno. Sin tomar partido en torno a la veracidad o falsedad del contenido de la grabación, el tema es extremadamente grave y por eso ha sido vista como una medida saludable la decisión del Fiscal General de ordenar una investigación. Algo tan sensible no debe quedar flotando en sospechas y será bienvenido todo esfuerzo que contribuya a una aclaración más allá de toda duda. Cuando, como en la grabación, alguien asegura que el gobierno se derrumba si se cae el caso terrorismo se ingresa a un campo de graves implicaciones que debe ser esclarecido. Todos los bolivianos lo agradecerán.

Fiscal Soza: Acusados dilatan el “juicio del siglo”

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El fiscal Marcelo Soza denunció este lunes que los acusados en el “juicio del siglo”, con acusaciones de terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo, son los responsables de que el caso se hubiera dilatado allende los tres años prescritos por ley. Afirmó también que las irregularidades y objeciones al proceso por parte de la defensa conllevan la misma finalidad dilatoria.

Quienes han dilatado el caso, que estalló el 16 de abril de 2009 con la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, son los acusados, dijo, al sostener que algunas de las irregularidades, como la numeración errónea de los folios, “se puede subsanar”, pues, en sus palabras, se trataba de un “defecto relativo”.

Se espera para las próximas jornadas, en las que el fiscal continuará su exposición, quede claro cómo se procedería a aquella enmienda, una en la cadena de fallas denunciadas por la defensa. Tampoco hubo una explicación sobre porqué la defensa de los acusados, gran parte de ellos presos, con prisión domiciliaria o con arraigo, buscaría intencionalmente la dilación, que se traduce en la persistencia del cautiverio de sus defendidos. Algunos llevan casi 47 meses en el presidio.

Las fallas en el expediente, que hace dos semanas hizo notar la abogada Verónica Suarez, a cargo de la defensa de ex líder cívico Alberto Melgar, incluyen también borrones, líneas sobrepuestas, correcciones sin autenticación,  confusión en la numeración y uso de papel ya utilizado de fax.

El fiscal dijo que las pruebas que le corresponderían a la acusación fueron ya “presentadas, codificadas y protegidas”. En esa calidad podrían estar las armas y municiones encontrados en el stand de Cotas en la madrugada del asalto al hotel, en el que murieron el boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En las sesiones iniciales celebradas en Cochabamba, el fiscal dijo que los explosivos habían sido destruidos.

El Dr. Soza dominó toda la jornada en el Palacio de Justicia. En la parte del juicio que comenzó la tarde de este lunes corresponde a la acusación responder a las presentaciones de la defensa. La sesión tuvo un inicio tardío, debido a tecnicismos que empantanan el curso del proceso. Esta vez, hubo una demora superior a una hora porque uno de los acusados no podía moverse de su domicilio, donde guarda arresto domiciliario, porque los jueces no habían expedido la orden para que el guardia que lo vigila pudiese acompañarlo dejando el lugar donde cumple su deber.

La audiencia fue suspendida durante un cuarto de hora debido a una afección respiratoria que atacó al detenido Juan Alberto Kudelka. El detenido denunció que desde el año pasado aguarda el permiso del director del Penal de San Pedro, en La Paz, para someterse a exámenes médicos. Kudelka, ex hombre de confianza del ex líder cívico Branko Marinkovic, fue torturado por policías del penal quienes, en la mañana del 16 de junio, le sumergieron repetidas veces la cabeza en un balde de agua fría, según denunció entonces su esposa Kathy Rabzuc.

Este lunes, Kudelka comenzó a toser sin cesar y el juez Sixto Fernández, que preside la audienci,a abrió un intermedio de 15 minutos, mientras el acusado se recuperaba. “Sigo esperando el permiso del gobernador del penal”, dijo Kudelka, cuando pudo respirar otra vez con normalidad.

No es la primera vez que las audiencias son interrumpidas por malestares sufridos por alguno de los acusados. En Tarija, el año pasado, el ex presidente de COTAS Ronald Castedo empezó a sangrar durante una audiencia y, con síntomas de infarto, debió ser trasladado de emergencia Santa Cruz. Hace tres años, el ex ejecutivo tuvo su domicilio en Santa Cruz sitiado por órdenes de la fiscalía, que quería detenerlo para que declarase en La Paz. El acusado se oponía al traslado por prescripción e sus médicos, que desaconsejaban viajes a ciudades altas. En algunos momentos del sitio que la policía mantuvo durante cuatro semanas, su domicilio estaba rodeado por 120 policías, 20 vehículos y 16 motocicletas, recordó al hablar con periodistas este lunes.

La audiencia se volvió tensa en el momento en que un representante del Minisiterio Público, al hablar de los acusados, incluyó el adjetivo “terrorista” prescindiendo del filtro fundamental “presunto”o “supuesto” requerido cuando las personas no han sido sentenciados. Los abogados de la defensa protestaron airados por el término. El abogado Otto Ritter declaró que el Ministerio Público había agredido a los acusados e irrespetado sus derechos humanos.

Con derecho a hablar

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Actualización: Complementa con apreciaciones sobre el episodio del 16 de abril

El general Gary Prado Salmón reasumió esta noche su defensa pública frente a la afirmación del gobierno sostenida por el fiscal Marcelo Soza de que fue el cerebro militar y lugarteniente del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en el episodio del Hotel Las Américas de Santa Cruz.

Vencedor de Ñancahuzú cuando era capitán del ejército, general de división, embajador ante el Reino Unido y México, ministro y asesor de presidentes de la era democrática, y actualmente catedrático universitario para una variedad de materias, el militar retirado, 74 años, dijo un No seco pero sonriente cuando se le preguntó si asesoró a Rózsa Flores.

“¿Con mi trayectoria? Sería no respetarme a mí mismo”, dijo al subrayar que como general del ejército con múltiples condecoraciones no podría, desde el pedestal al que llegó, haber descendi a trabajar  al servicio “de un mercenario”.

En el programa “No Mentirás”, de PAT, donde dos noches antes había estado el fiscal que lo acusa, Prado Salmón inauguró la recuperación de su derecho a hablar en público sobre temas políticos del que fue privado durante treinta y tres meses. La entrevista se centró en las acusaciones del fiscal Soza y en la campaña guerrillera de 1967.

La recuperación de ese derecho fue uno de los resultados de haber traído a Santa Cruz el proceso abierto hace casi cuatro años, tras la operación armada del 16 de abril de 2009 en la que fueron acribillados Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi.

El fiscal Soza se oponía a trasladar el juicio, que tuvo escalas en Cochabamba,  Yacuiba y Tarija, y afirmaba que su seguridad y la del tribunal que preside el juicio estarían en riesgo.  El proceso se desarrolla desde el lunes sin inconvenientes en Santa Cruz.

“Se comentó que Ud. conocía la ubicación de los regimientos”, le dijo la entrevistadora, la periodista Ximena Antelo.

“Es gracioso”, dijo, que una de las acusaciones del fiscal Soza habla de un mapa cuando se trata de un croquis para ayudar a entender el despliegue de cuatro compañías del ejército en el área de la guerrilla,  hace 45 años. El croquis, por su naturaleza, es elemental y viene como anexo del libro “La guerrilla inmolada”, del que Prado Salmón es autor.

Recordó que ante una comisión legislativa que investigó el episodio del Hotel las Américas el fiscal había presentado una lista de documentos para respaldar la acusación contra el general. “En ninguno de esos documentos aparece mi nombre”, subrayó. Sólo después de la conclusión de tareas de esa comisión, el fiscal presentó el diseño al que le asignó el carácter de prueba para la acusación.

Prado Salmón dijo que desde su retiro en 1988 no volvió a tener contactos con las Fuerzas Armadas. Ese alejamiento fue mayor debido a su ingreso a la arena política dentro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.  Como militar de carrera, dijo,  y uno de los oficiales que impulsó el retorno de Bolivia a la vida democrática, su distancia de la institución armada fue absoluta.

A la acusación de que estaba vinculado al movimiento que el gobierno atribuye a Rózsa se sumó la orden, a pedido del fiscal, para no emitir declaraciones sobre la acusación de la que se defiende.  “Era una mordaza” que impedía “responder a las acusaciones que con tanta soltura el fiscal y otras personas del gobierno hablaban sobre el caso”.

Recalcó también que recién había conocido a muchos de los que, como él, están acusados. ¿“Cómo se puede ser parte de un movimiento sin conocer a los que lo dirigen”?, dijo.

-“¿Usted conspiró?”, le preguntó la entrevistadora. “Absolutamente no. Era crítico en mis declaraciones públicas, antes de que me acusaran. Veía que las Fuerzas Armadas estaban siendo convertidas en un instrumento político del gobierno.”

Risueño durante toda la entrevista, Prado Salmón  dijo que el episodio que lo dejó parapléjico no perturbó su vida. “Decidí que a partir de ese momento mi vida estaría sobre ruedas”, bromeó.

El haber rendido a la columna de Ernesto “Ché” Guevara lo volvió una referencia fundamental para historiadores, periodistas y analistas y Rózsa lo entrevistó para una revista húngara.  “He recibido a periodistas de todo el mundo. Innumerables veces he dado entrevistas. Soy parte de la h historia boliviana y de la latinoamericana”.

En su libreto de preguntas recurrentes figura la de qué sentía cuando estuvo frente al Ché. De ese libreto también surge la respuesta: “Pena. Era un hombre acabado, en muy malas condiciones físicas y anímicas”.  Reiteró que hubo un despliegue propagandístico muy grande de Cuba y el movimiento comunista internacional para forjar el mito de Ché Guevara y compensar la derrota que le infringió el ejército boliviano.

Otros puntos abordados en la entrevista me parecieron también importantes por haber sido dichos durante uno de los horarios más privilegiados de la televisión y con una audiencia probablemente selecta que pudo contrastar opiniones con las que había vertido 48 horas antes el fiscal Soza.

Tras la afirmación del general retirado de lo ocurrido correspondía a una trama  “totalmente montada” por el gobierno para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz. La entrevistadora le preguntó sobre las armas que supuestamente tenía el grupo del Hotel Las Américas.

“Ayer mismo apareció el informe de la policía que dice que las armas eran de la UTARC”, la unidad policial que ejecutó la operación. Pistas sobre el origen de ese armamento las habían sido dadas por el abogado de Prado Salmón, Otto Ritter,  en una de sus primeras intervenciones en las audiencias de esta semana cuando mencionó que el informe que revelaba que las armas pertenecían a la unidad y que habían sido robadas desapareció misteriosamente pero que había copias y que las mostraría.

“El gobierno ha hecho todo esto a su antojo”, dijo. Los informes de inteligencia señalaban que existía el grupo antes de la operación de 16 de abril y que la inteligencia policial seguía a sus integrantes. “¿Por qué no los toman presos en la piscina de hotel, en el restaurant? No, los matan para acallar la verdad”.

En el segmento Frente al Espejo, al final del programa, dijo que la imagen que observaba era la de “un hombre de edad con la conciencia tranquila que ha cumplido siempre su deber con el país”.