“Juicio del siglo” ante un precipicio

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Suponga que Ud. es jefe del condominio de un edificio en el que se han producido cortos circuitos y debe investigar el plano eléctrico. Suponga que el plano que le traen tiene múltiples borrones, fallas en el diseño, correcciones sobrepuestas, segmentos inconexos con el resto del plano y, por último, hasta le faltan  páginas que pueden ser esenciales para entenderlo. No hay ninguna explicación ni justificación para todas esas fallas. Con un mapa así, ¿se atrevería usted a investigar qué pasó y emitir un veredicto? Y ¿qué diría a los que le presentaron ese mapa?

Ante una situación semejante se encontraron este lunes el juez Sixto Fernández y los jueces ciudadanos que presiden el “juicio del siglo” que involucra acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.

El proceso parecía encontrarse en horas de la tarde, antes de la suspensión de la audiencia, al borde de un precipicio tras una relación detallada de fallas aparentemente irreversibles en las decenas de cuerpos con miles de páginas que detallan el proceso que pone en juego la credibilidad del estado boliviano y sus máximas autoridades, que lo denunciaron internacionalmente como una peligrosa conspiración que llevaba  a la división de Bolivia.

El proceso ha mantenido en vilo en gran parte del país y, casi cuatro años después del episodio del que surgió, aún representa una pesadilla para Santa Cruz. Para el martes se espera escuchar al encargado principal de la acusación, el fiscal Marcelo Soza.

En el episodio del 16 de abril de 2009 fueron acribillados a balazos el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer, y el húngaro Arpad Magyarosi. Tanto Irlanda como Hungría, cuyas autoridades dudan de la veracidad de la versión boliviana de que hubo un enfrentamiento, presionan al gobierno boliviano para que aclare lo que pasó.

El juicio contra unas tres docenas de acusados se instaló en el segundo piso del Palacio de Justicia en la Plaza del Estudiante, de Santa Cruz, el lugar donde los acusados sostuvieron que debía haberse llevado a cabo desde sus inicios pues aquí tuvo lugar aquel sangriento episodio.  La fiscalía a cargo del caso consiguió evitar que el proceso viniese a Santa Cruz con diversas argumentaciones sobre la seguridad de los fiscales del gobierno.

Como ironía para esa ese argumento, la sesión inicial del lunes se llevó a cabo sin incidente alguno y en la sala de audiencias podía a ratos escucharse el volar de una mosca.

La abogada Verónica Suárez, a cargo de la defensa del ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar, durante cerca de 40 minutos fustigó al conjunto del expediente resultado de las investigaciones conducidas por la acusación presidida por el fiscal Soza. Melgar recibió libertad condicional a principios de diciembre pasado.

A ratos apoyando la mejilla derecha sobre la palma de la mano, el fiscal escuchó impasible la enumeración de defectos contenidos en el voluminoso expediente. La acumulación de observaciones era tal que los rostros del juez Sixto Fernández y las tres jueces ciudadanas se perdían detrás de los expedientes señalados como defectuosos y colocados sobre el escritorio desde el cual era presidida la sesión.

En la sala se sintió un murmullo cuando la abogada dijo que las mismas fallas habían sido señaladas en audiencias anteriores, pero que no habían sido corregidas. “Ninguno de los errores ha sido subsanado.  Esta falta es aún mayor ante un juicio de la magnitud del que nos congrega”, dijo al subrayar la recurrencia de “vicios de nulidad” del caso que llevarían a anular todo el proceso.

“Se está violando de manera flagrante el derecho a la seguridad jurídica”, dijo la abogada.

La sesión fue suspendida al cabo de hora y media. Teóricamente, debía durar tres horas y media, pero su instalación fue demorada por un detalle: la secretaria encargada no podía llegar al lugar debido la intensidad del tránsito en toda la ciudad en horas de la tarde.

Una iniciativa de los abogados del gobierno para trasladar las sesiones al penal de Palmasola fue rechazada por el juez ante la disconformidad unánime de los acusados. En ese lugar, dijeron, no habría ni el confort ni el acceso para los medios que se había dado en el Palacio de Justicia.

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