Separatismo

El desafío de Entel

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La jornada de este miércoles dejó en los participantes del Juicio del Siglo un sabor de frustración. Los intentos de conectar al acusado más notable a través de videoconferencia sucumbieron arrastrados por la inestabilidad de la señal. El mayor juicio penal de la historia boliviana quedó pendiente de la capacidad de la empresa de telecomunicaciones Entel de proporcionar un servicio adecuado y estable.

La opción propiciada por el juez Sixto Fernández es vista como caminar sobre una cuerda floja con una red de protección de fragilidad evidenciada en la primera jornada. Nadie podría garantizar una calidad aceptable de la conexión vía Skype, el programa de comunicación para enlaces entre usuarios sin el costo de una llamada telefónica.  El éxito de una conexión por algunos minutos no garantizaría su estabilidad a lo largo de un juicio y puede romperse en cualquier momento. Fue lo que ocurrió tras el inicio de la videoconferencia.

Otto Ritter, el abogado defensor general Gary Prado Salmón, no pasó de la cuarta pregunta al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui, cuando el servicio se derrumbó. El juez salvó el momento aplazando la audiencia hasta este jueves, pero hay dudas sobre si podrá mantener las sesiones bajo la incertidumbre de una conexión audiovisual precaria en un proceso que requiere traer a Santa Cruz a una docena de personas, entre jurados, fiscales y un detenido. La última sesión estable ocurrió hace más de un mes.

Todavía en fase de restablecimiento tras una cirugía, las imágenes del militar recostado y cubierto por una frazada hasta mitad del pecho difundidas por los principales medios informativos pueden haber sido embarazosas solo fuera de la sala de audiencias. El tribunal rehusó considerar un planteamiento para apartarlo del proceso.

Prado Salmón, declarado Héroe Nacional por el Congreso, logró una  de las mayores victorias del ejército boliviano cuando rindió a la columna guerrillera de Ernesto ¨Ché¨ Guevara en 1967.

¨He recibido muchas llamadas de solidaridad¨, dijo el general retirado por teléfono al asumir que la circunstancia que lo presiona era parte de su destino como militar. Ha atribuido la acusación de planear dividir Bolivia a una venganza de la izquierda mundial.

En busca de una milicia

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 La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000  provenientes  de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial  surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.

En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.

El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r)  Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.

El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.     

El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese.  Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.

Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía.  Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.  

La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”,  dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.

Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

Un exocet sobre el “juicio del siglo”

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El ministerio público quedó boquiabierto cuando la defensa leyó una resolución del Tribunal Constitucional emitida este viernes anulando la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija. La decisión, que el tribunal rehusó darle aplicación inmediata hasta no contar con una notificación oficial, de hecho inhabilitó a parte del tribunal, que ahora tendría que constituirse en Santa Cruz, la sede natural del caso reclamada persistentemente por los acusados y la defensa.

La decisión del Tribunal fue el equivalente al lanzamiento de un misil exocet sobre la estructura de la acusación en el “juicio del siglo”, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.  Las pruebas de la acusación aún no han sido presentadas.

A raíz del caso hay una docena de personas presas de un total de 39 acusados y decenas de exiliados. Las audiencias se reanudarán el 22 de abril, cuando el tribunal deberá admitir oficialmente la notificación y tomar una decisión. Si es llevada a cabo rigurosamente, la decisión implicaría retornar a la fase abierta en Tarija, y consiguientemente el apartamiento de las juezas ciudadanas y eventualmente del propio juez Sixto Fernández que, por pasar el caso a depender de su “jurisdicción natural”, tendría que entregarlo a un juez de Santa Cruz.

Es decir, se formaría un nuevo tribunal, con elección de jueces ciudadanos del padrón electoral de Santa Cuz. “El caso tendrá que pasar a su juez natural. Eso nadie lo puede cambiar. Lo aseguro”, dijo el abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, quien celebraba la decisión dle TC calificándola como “un gol de chanfle”, por encima de la cabeza de arquero. La decisión asumida contra su defendido “fue una arbitrariedad”.

El retroceder a la instancia de Tarija movería otras piezas pues la declaratoria en rebeldía del general Prado Salmón y la jurisdicción natural para el caso son sólo dos temas de los muchos que encierra el  juicio en el que está en juego la palabra de las máximas autoridades del gobierno, que desde el 16 de abril de 2009 han asegurado que en Bolivia estaba en curso un complot gigante que pretendía acabar con la vida de autoridades y desencadenar una guerra de secesión. Todo semeja un desmantelamiento del caso.

Eran conspicuas en la sesión de este viernes la presencia de “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, luego de estar bajo terapia intensiva en Cochabamba, por causa de una diabetes descontrolada, y la ausencia del fiscal cabeza de a investigación, Marcelo Soza, quien goza de una vacación de sesenta días.

Las primeras audiencias del juicio se realizaron en Cochabamba, hace dos años. Ante las dificultades que presentaba la altitud de la ciudad para algunos de los acusados, se las llevó a Yacuiba y luego a Tarija. Al igual que a Cochabamba (2.520 metros de altitud), el general Prado Salmón declinó de asistir a Tarija (1.850) por prescripción de sus médicos. En Tarija, el juez aceptó una moción del ministerio público declarándolo en “rebeldía”, de modo que podía ser arrestado y llevado a prisión en cualquier momento. La rebeldía fue de hecho suspendida cuando las audiencias se instalaron en Santa Cruz y el ex general de división, recluido en silla de ruedas desde hace más de 30 años, pudo estar presente en las sesiones. Entretanto, la declaratoria de rebeldía lanzada en Tarija estaba bajo consideración del Tribunal Constitucional, que decidió sobre ella este viernes.

La decisión de TC estaba disponible en la página web de la institución, pero el juez Fernández dictaminó que eldocumento debía llegar físicamente a sus manos.

Crónica de un derrumbe

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La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.

En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.

Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.

Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.

Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país;  un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el  supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.

¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.

La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.

Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.

En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos  un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.

La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas”  para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las  instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.

El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.

Defensa: “Terroristas son los del gobierno”, que el juicio siga

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El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.

La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.

La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).

La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.

La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.

Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.

En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar  al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe,  le ordenó continuar con el caso.

Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana.  Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.

Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.

Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.

Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,

Azúcar: 310

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Es el nivel de glicemia que registró la tarde de este miércoles el lector de glucosa One Touch (Taiwan) del detenido Ignacio Villa Vargas, conocido como “el Viejo”. Ese nivel es demasiado alto y demanda una inmediata aplicación de insulina para bajarlo y evitar riesgos más graves, inclusive cardiacos. La descompensación, sufrida cuando suben los niveles de azúcar en la sangre, obligó al juez Sixto Fernández, a suspender la sesión vespertina de la audiencia del Juicio del Siglo, que reúne acusaciones de alzamiento armado, terrorismo, separatismo y magnicidio, contra 39 personas.

“El Viejo” fue llevado a una clínica  tras haber aguardado, junto con los demás acusados, durante 30 minutos la llegada del fiscal Marcelo Soza. “Hice el esfuerzo por permanecer en sala, para evitar una nueva dilación del proceso”, declaró el acusado. “Pero, vean ustedes, cómo se demora la sesión”. El proceso está cerca de cumplir cuatro años, desde que el caso tuvo su inicio con el asalto armado al Hotel Las Américas y la muerte acribillados a balazos de Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi.

El registro de glicemia de “El Viejo” aconseja la aplicación inmediata de unos 15 miligramos de insulina de efecto rápido, según informaron médicos clínicos. A partir de esa dosis, se aplica otro tipo de insulinas de efecto más lento que permiten estabilizar al paciente. Vargas había tenido ayer una lectura de 300, igualmente alta, que requirió tratamiento urgente.

La afección de “El Viejo” exhibe las deficiencias del sistema penal boliviano, cuyos juzgados carecen de especialistas que vigilen la salud de los detenidos.

El general Gary Prado Salmón debe asistir a las audiencias dotado de un equipo que le permita  una terapia cada tres o cuatro horas, el máximo que puede permanecer sentado en la silla de ruedas. El general tiene parálisis desde a cintura a consecuencia de una bala que recibió hace más de 30 años, cuando trabajaba para reimplantar el orden en una zona rural de Santa Cruz.  Esa fue una de las razones por las cuales el militar, ahora retirado, resistió la orden de la fiscalía para asistir a las audiencias en La Paz, Cochabamba y Tarija. El fiscal Soza lo había declarado en rebeldía y podía ser arrestado en cualquier momento, pero la orden nunca se cumplió y fue suspendida en la primera audiencia llevada a cabo en Santa Cruz.

Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, está afectado por dolencias cardiacas. Ante la negativa de los fiscales de juzgarlo en Santa Cruz, fue a las audiencias de Tarija, pero en diciembre tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica cruceña cuando empezó a perder sangre a causa de la presión originada en la altura y el stress que implica una audiencia con las acusaciones de terrorismo, magnicidio, separatismo y alzamiento armado. Los médicos le han recomendado evitar la tensión nerviosa y llevar una dieta apropiada. Hace tres años la policía mantuvo un sitio de cuatro semanas alrededor de su casa en Santa Cruz con la intención de llevarlo preso a La Paz por órdenes de la fiscalía.

En las pocas horas de audiencia de la jornada del miércoles continuó el debate entre la acusación y la defensa en torno a las pruebas que deben sustentar todo el caso. La defensa insistió en la presentación de las evidencias, que debe incluir armas. Pero elementos esenciales de la acusación no fueron presentados o no estaban disponibles. 

Juicio del Siglo: ¿Dónde están las pruebas?

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En segundo párrafo aclara significado de palabra “bermutato”

El juez y los jurados que presiden “el juicio del siglo” se enfrentaron el martes a preguntas inquisidoras de los acusados en torno a las pruebas de los que depende una sentencia de condena o de libertad en el juicio que desde el mes pasado tiene por sede a Santa Cruz.
El general Gary Prado Salmón reclamó la presentación material de un documento con un nombre extraño que habría preparado y enviado a Eduardo Rózsa Flores para desencadenar una guerra separatista en Bolivia, o que, alternativamente, habría sido misteriosamente elaborado por el “combatiente de los Balcanes” bajo el nombre de “Bermutato” cuando estaba ya muerto.El documento es mencionado en la acusación del fiscal Marcelo Soza, pero Prado asegura que nunca lo vio, pese a haberlo reclamado cuando las audiencias pasaron de Cochabamba a Yacuiba y sus condiciones de salud le permitieron asistir a las sesiones en la ciudad tarijeña. El martes volvió a reclamarlo: “Quiero que me lo muestren”, exclamó. El documento continúa siendo un misterio pero es fundamental en la acusación contra el general retirado, ex embajador en Inglaterra y México y vencedor de la guerrilla que dirigía Ernesto “Ché” Guevara en las selvas del sudeste boliviano. El miércoles, el rumano Elod Tóásó aclaró parte del misterio: En húngaro, la palabra significa “Presentación”. Prado Salmón se mostró sorprendido, pues nunca tuvo, dijo, el más elemental conocimiento de la lengua magyar, menos aún para titular un documento.

Para Juan Carlos Guedes Bruno, la fuente de preocupación es menos misteriosa y más material pero parece igualmente intrigante: ¿Cuál es la pistola ametralladora de nueve milímetros que la acusación le atribuye haber tenido y que serviría para llevar a cabo el alzamiento armado, una de las sindicaciones de las que debe defenderse, junto a las de terrorismo, magnicidio y separatismo? El arma que le presentaron era, en sus palabras, “una pieza mugrienta” que supuestamente había vendido a Eduardo Rózsa Flores sin caserinas, y cuyo registro no corresponde al que menciona el expediente, un arma completa y moderna.
Gelaffio Santisteban, joven militar que era parte de las compañías bolivianas empleadas por la ONU en misiones de paz, tiene un reclamo diferente: en el expediente figura una declaración sin su firma, pero sí con la del fiscal que atendía el caso en sus etapas iniciales, hace casi cuatro años. Ese documento puede sellar su destino en el juicio.
Las fallas fueron inicialmente listadas por la abogada Verónica Suárez, al solicitar la nulidad del juicio por defectos absolutos en la compilación, organización, secuencia y autenticidad del expediente.
El fiscal Soza dijo el martes que esas fallas eran “subsanables”. La abogada, en una consulta que le hice en el Palacio Judicial, concordó pero agregó: “Subsanables en parte”, pues según su apreciación “más de la mitad del expediente es defectuoso”. “Se puede corregir la numeración pero ¿cómo explicar la desaparición de páginas, o la ausencia de notas de citación originales a los acusados?”
El juez Sixto Fernández declaró que “las pruebas son la base del juicio” y dispuso un inventario de todas las evidencias presentadas por la acusación y los descargos de los acusados. Los abogados de la defensa, que teme que los elementos puedan haberse dañado con el traslado de sede del juicio de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Yacuiba y Tarija para, finalmente, aterrizar en Santa Cruz, recalcaron que todas las pruebas debían haber sido individualizadas y luego colocadas bajo resguardo.
El abogado Sergio Céspedes, del Ministerio de Gobierno, dijo que el reclamo de la defensa era una muestra de cómo el proceso sufría interferencias que lo habían dilatado. En abril serán cuatro años del caso, que partió de la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz.

Fiscal Soza: Acusados dilatan el “juicio del siglo”

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El fiscal Marcelo Soza denunció este lunes que los acusados en el “juicio del siglo”, con acusaciones de terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo, son los responsables de que el caso se hubiera dilatado allende los tres años prescritos por ley. Afirmó también que las irregularidades y objeciones al proceso por parte de la defensa conllevan la misma finalidad dilatoria.

Quienes han dilatado el caso, que estalló el 16 de abril de 2009 con la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, son los acusados, dijo, al sostener que algunas de las irregularidades, como la numeración errónea de los folios, “se puede subsanar”, pues, en sus palabras, se trataba de un “defecto relativo”.

Se espera para las próximas jornadas, en las que el fiscal continuará su exposición, quede claro cómo se procedería a aquella enmienda, una en la cadena de fallas denunciadas por la defensa. Tampoco hubo una explicación sobre porqué la defensa de los acusados, gran parte de ellos presos, con prisión domiciliaria o con arraigo, buscaría intencionalmente la dilación, que se traduce en la persistencia del cautiverio de sus defendidos. Algunos llevan casi 47 meses en el presidio.

Las fallas en el expediente, que hace dos semanas hizo notar la abogada Verónica Suarez, a cargo de la defensa de ex líder cívico Alberto Melgar, incluyen también borrones, líneas sobrepuestas, correcciones sin autenticación,  confusión en la numeración y uso de papel ya utilizado de fax.

El fiscal dijo que las pruebas que le corresponderían a la acusación fueron ya “presentadas, codificadas y protegidas”. En esa calidad podrían estar las armas y municiones encontrados en el stand de Cotas en la madrugada del asalto al hotel, en el que murieron el boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En las sesiones iniciales celebradas en Cochabamba, el fiscal dijo que los explosivos habían sido destruidos.

El Dr. Soza dominó toda la jornada en el Palacio de Justicia. En la parte del juicio que comenzó la tarde de este lunes corresponde a la acusación responder a las presentaciones de la defensa. La sesión tuvo un inicio tardío, debido a tecnicismos que empantanan el curso del proceso. Esta vez, hubo una demora superior a una hora porque uno de los acusados no podía moverse de su domicilio, donde guarda arresto domiciliario, porque los jueces no habían expedido la orden para que el guardia que lo vigila pudiese acompañarlo dejando el lugar donde cumple su deber.

La audiencia fue suspendida durante un cuarto de hora debido a una afección respiratoria que atacó al detenido Juan Alberto Kudelka. El detenido denunció que desde el año pasado aguarda el permiso del director del Penal de San Pedro, en La Paz, para someterse a exámenes médicos. Kudelka, ex hombre de confianza del ex líder cívico Branko Marinkovic, fue torturado por policías del penal quienes, en la mañana del 16 de junio, le sumergieron repetidas veces la cabeza en un balde de agua fría, según denunció entonces su esposa Kathy Rabzuc.

Este lunes, Kudelka comenzó a toser sin cesar y el juez Sixto Fernández, que preside la audienci,a abrió un intermedio de 15 minutos, mientras el acusado se recuperaba. “Sigo esperando el permiso del gobernador del penal”, dijo Kudelka, cuando pudo respirar otra vez con normalidad.

No es la primera vez que las audiencias son interrumpidas por malestares sufridos por alguno de los acusados. En Tarija, el año pasado, el ex presidente de COTAS Ronald Castedo empezó a sangrar durante una audiencia y, con síntomas de infarto, debió ser trasladado de emergencia Santa Cruz. Hace tres años, el ex ejecutivo tuvo su domicilio en Santa Cruz sitiado por órdenes de la fiscalía, que quería detenerlo para que declarase en La Paz. El acusado se oponía al traslado por prescripción e sus médicos, que desaconsejaban viajes a ciudades altas. En algunos momentos del sitio que la policía mantuvo durante cuatro semanas, su domicilio estaba rodeado por 120 policías, 20 vehículos y 16 motocicletas, recordó al hablar con periodistas este lunes.

La audiencia se volvió tensa en el momento en que un representante del Minisiterio Público, al hablar de los acusados, incluyó el adjetivo “terrorista” prescindiendo del filtro fundamental “presunto”o “supuesto” requerido cuando las personas no han sido sentenciados. Los abogados de la defensa protestaron airados por el término. El abogado Otto Ritter declaró que el Ministerio Público había agredido a los acusados e irrespetado sus derechos humanos.

Con derecho a hablar

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Actualización: Complementa con apreciaciones sobre el episodio del 16 de abril

El general Gary Prado Salmón reasumió esta noche su defensa pública frente a la afirmación del gobierno sostenida por el fiscal Marcelo Soza de que fue el cerebro militar y lugarteniente del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en el episodio del Hotel Las Américas de Santa Cruz.

Vencedor de Ñancahuzú cuando era capitán del ejército, general de división, embajador ante el Reino Unido y México, ministro y asesor de presidentes de la era democrática, y actualmente catedrático universitario para una variedad de materias, el militar retirado, 74 años, dijo un No seco pero sonriente cuando se le preguntó si asesoró a Rózsa Flores.

“¿Con mi trayectoria? Sería no respetarme a mí mismo”, dijo al subrayar que como general del ejército con múltiples condecoraciones no podría, desde el pedestal al que llegó, haber descendi a trabajar  al servicio “de un mercenario”.

En el programa “No Mentirás”, de PAT, donde dos noches antes había estado el fiscal que lo acusa, Prado Salmón inauguró la recuperación de su derecho a hablar en público sobre temas políticos del que fue privado durante treinta y tres meses. La entrevista se centró en las acusaciones del fiscal Soza y en la campaña guerrillera de 1967.

La recuperación de ese derecho fue uno de los resultados de haber traído a Santa Cruz el proceso abierto hace casi cuatro años, tras la operación armada del 16 de abril de 2009 en la que fueron acribillados Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi.

El fiscal Soza se oponía a trasladar el juicio, que tuvo escalas en Cochabamba,  Yacuiba y Tarija, y afirmaba que su seguridad y la del tribunal que preside el juicio estarían en riesgo.  El proceso se desarrolla desde el lunes sin inconvenientes en Santa Cruz.

“Se comentó que Ud. conocía la ubicación de los regimientos”, le dijo la entrevistadora, la periodista Ximena Antelo.

“Es gracioso”, dijo, que una de las acusaciones del fiscal Soza habla de un mapa cuando se trata de un croquis para ayudar a entender el despliegue de cuatro compañías del ejército en el área de la guerrilla,  hace 45 años. El croquis, por su naturaleza, es elemental y viene como anexo del libro “La guerrilla inmolada”, del que Prado Salmón es autor.

Recordó que ante una comisión legislativa que investigó el episodio del Hotel las Américas el fiscal había presentado una lista de documentos para respaldar la acusación contra el general. “En ninguno de esos documentos aparece mi nombre”, subrayó. Sólo después de la conclusión de tareas de esa comisión, el fiscal presentó el diseño al que le asignó el carácter de prueba para la acusación.

Prado Salmón dijo que desde su retiro en 1988 no volvió a tener contactos con las Fuerzas Armadas. Ese alejamiento fue mayor debido a su ingreso a la arena política dentro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.  Como militar de carrera, dijo,  y uno de los oficiales que impulsó el retorno de Bolivia a la vida democrática, su distancia de la institución armada fue absoluta.

A la acusación de que estaba vinculado al movimiento que el gobierno atribuye a Rózsa se sumó la orden, a pedido del fiscal, para no emitir declaraciones sobre la acusación de la que se defiende.  “Era una mordaza” que impedía “responder a las acusaciones que con tanta soltura el fiscal y otras personas del gobierno hablaban sobre el caso”.

Recalcó también que recién había conocido a muchos de los que, como él, están acusados. ¿“Cómo se puede ser parte de un movimiento sin conocer a los que lo dirigen”?, dijo.

-“¿Usted conspiró?”, le preguntó la entrevistadora. “Absolutamente no. Era crítico en mis declaraciones públicas, antes de que me acusaran. Veía que las Fuerzas Armadas estaban siendo convertidas en un instrumento político del gobierno.”

Risueño durante toda la entrevista, Prado Salmón  dijo que el episodio que lo dejó parapléjico no perturbó su vida. “Decidí que a partir de ese momento mi vida estaría sobre ruedas”, bromeó.

El haber rendido a la columna de Ernesto “Ché” Guevara lo volvió una referencia fundamental para historiadores, periodistas y analistas y Rózsa lo entrevistó para una revista húngara.  “He recibido a periodistas de todo el mundo. Innumerables veces he dado entrevistas. Soy parte de la h historia boliviana y de la latinoamericana”.

En su libreto de preguntas recurrentes figura la de qué sentía cuando estuvo frente al Ché. De ese libreto también surge la respuesta: “Pena. Era un hombre acabado, en muy malas condiciones físicas y anímicas”.  Reiteró que hubo un despliegue propagandístico muy grande de Cuba y el movimiento comunista internacional para forjar el mito de Ché Guevara y compensar la derrota que le infringió el ejército boliviano.

Otros puntos abordados en la entrevista me parecieron también importantes por haber sido dichos durante uno de los horarios más privilegiados de la televisión y con una audiencia probablemente selecta que pudo contrastar opiniones con las que había vertido 48 horas antes el fiscal Soza.

Tras la afirmación del general retirado de lo ocurrido correspondía a una trama  “totalmente montada” por el gobierno para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz. La entrevistadora le preguntó sobre las armas que supuestamente tenía el grupo del Hotel Las Américas.

“Ayer mismo apareció el informe de la policía que dice que las armas eran de la UTARC”, la unidad policial que ejecutó la operación. Pistas sobre el origen de ese armamento las habían sido dadas por el abogado de Prado Salmón, Otto Ritter,  en una de sus primeras intervenciones en las audiencias de esta semana cuando mencionó que el informe que revelaba que las armas pertenecían a la unidad y que habían sido robadas desapareció misteriosamente pero que había copias y que las mostraría.

“El gobierno ha hecho todo esto a su antojo”, dijo. Los informes de inteligencia señalaban que existía el grupo antes de la operación de 16 de abril y que la inteligencia policial seguía a sus integrantes. “¿Por qué no los toman presos en la piscina de hotel, en el restaurant? No, los matan para acallar la verdad”.

En el segmento Frente al Espejo, al final del programa, dijo que la imagen que observaba era la de “un hombre de edad con la conciencia tranquila que ha cumplido siempre su deber con el país”.