UTARC

Soza: Habrá sentencia en dos o tres meses

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Actualización con edicion del texto anterior e incorporacion de preguntas y respuestas frente a un espejo.

El fiscal Marcelo Soza aseguró esta noche al país que “en dos o tres meses” habrá una sentencia sobre el “caso terrorismo”,  reiteró que “malos bolivianos” intentaron dividir Bolivia y que el trabajo que llevó a cabo demostrará que el general retirado Gary Prado Salmón estuvo comprometido en el intento secesionista que atribuye a Eduardo Rózsa Flores.

En una entrevista televisiva conducida por la periodista Ximena Antelo el fiscal mostró dubitación e inseguridad cuando tuvo que hablar sobre sus finanzas personales: No consiguió conciliar el patrimonio  de “unos 400.000 bolivianos” que declaró en ese momento en el programa No Mentirás, de la red PAT, con el de 1.064.400 bolivianos que había bajo juramento señalado en su declaración oficial de patrimonio el año pasado. La pregunta vino a propósito de versiones que desde hace tiempo circulan en la red sobre los bienes del fiscal. El fiscal dijo que negaba terminantemente esas versiones.

“Trabajé más de 20 años de mi vida …unos 400.000 bolivianos” dijo. “La declaración de bienes habla de 1.064.400 bolivianos,” lo interrumpió la periodista. Esa observación pareció dejar perplejo a quien es considerado como uno de los fiscales más poderosos de Bolivia. “Debe haber un error…no recuerdo…lo hice el año pasado…Sin embargo es el trabajo de toda una vida, no solo mío sino de mi esposa”. Sus palabras fueron pausadas y su expresión facial exhibía confusión con el tema que debía abordar.

La entrevistadora le preguntó cuántos hijos tenia, pero “por razones de seguridad”, el público se quedó sin conocer una respuesta.

“Dicen que el caso ha sido montado. ¿Cómo las cámaras de seguridad del hotel se apagaron precisamente esa noche…?”, preguntó la presentadora.

Las respuestas del fiscal parecían reflejar cierta inseguridad. “Hubo un informe del dueño del hotel”, dijo vagamente, sin explicar si el informe explicaba el porqué del apagón de las cámaras en la madrugada del 16 de abril de 2009. Trajo una explicación reptida a lo largo de los casi cuatro años desde que ocurrió el episodio:  “Ningún fiscal podría acusar sin pruebas. Tenemos pruebas contundentes: Malos bolivianos trataron de dividirnos…La sentencia va a reflejar todo lo que se ha investigado”.

En ese momento declaró que la información que tiene la fiscalía asegura que “frente a una agresión del grupo armado incursiona la policía”. Es decir, el trío que murió en ese episodio y que estaba en paños menores, disparó sobre la policía. El fiscal agregó que la policia había sido “agredida de manera injusta e ilegal”. Desde que fue presentada esa versión, poco después del episodio, abogados de los acusados y críticos de la actuación de la policía han preguntado si lo ocurrido tuvo esa secuencia, cómo se explicaba que todos los policías hubiesen resultado ilesos.

El fiscal intentó garantizar credibilidad a sus palabras, pero al no estar aparejadas de elementos de convicción persistieron las dudas que existen desde el estallido del caso hace casi cuatro años, entre ellas por qué fueron muertos y no capturados vivos. “Todos (los enjuiciados) son culpables”, aseguró. “Nosotros tenemos la responsabilidad de probar; serán los jueces los que deberán decidir” (por la sentencia o absolución).

No hubo  mención al juicio en curso en Santa Cruz, en el que las múltiples irregularidades contenidos en el expediente (borrones, palabras sobrepuestas, papeles desordenados, ausencia y falta de continuidad en la numeración de las páginas que a los observadores dan la impresión de que todo el proceso ha sido colocado al borde de un abismo.

Tampoco abordó la denuncia del abogado Otto Ritter, quien el martes dijo que las armas que mostraban Rózsa y sus compañeros Michael Dwyer y Arpad Magyarosi eran pertrechos robados de la disuelta unidad de élite UTARC, a la que pertenecía el Cap. Walter Andrade, especialista en infiltración que había conseguido ingresar al grupo de Rózsa.

Andrade logró la amistad de Rózsa y una fotografía difundida ampliamente por todo el país muestra a ambos en un churrasco. Ritter dijo que eso probaba que el caso había sido montado por el gobierno para perseguir a líderes cruceños.

La periodista le preguntó  por qué no se había imputado al cap. Andrade. La respuesta de Soza no fue contundente. “Se habló mucho de ese tema. Desde un principio manejaron ese tema…los que mencionaron el tema nunca pusieron elemento de prueba para investigar a este ciudadano”, explicó y dijo que le tomaron una declaración y que se concluyó que no había elementos que demostrasen que Andrade estuviese involucrado. Por eso no había sido imputado.

-¿Esa fotografía, no es elemento?

El fiscal titubeó y tras unos instantes dijo. “(La foto) oficialmente no la tenemos”.

La periodista insistió en preguntar si esas armas eran las que habían sido sustraidas de la UTARC. “Sinceramente, desconozco”, dijo. Agregó que el armamento que la fiscalía secuestró era el que supuestamente se encontraba en el almacén de COTAS, en la Feria Exposición y también parte de las pruebas acumuladas contra los acusados.

Vino otra pregunta: Por qué tampoco se había investigado a Carlos Nuñez del Prado, supuestamente involucrado en un acto de soborno a “El Viejo” en enero de 2011. “No encontramos ningún elemento de convicción para involucrarlo”, respondió.

Frente al espejo

Parte del formato de las entrevistas lleva a los invitados a detenerse frente a un espejo que muestra a los entrevistados de cuerpo entero mientras responden a las preguntas de la conductora del programa. Las preguntas y respuestas están resumidas.

– Mírese con calma y dígale al país, ¿qué ve?

Veo a un hombre comprometido con Bolivia. Lamentablemente me tocó vivir esta situación y como hombre de derecho, debo responder y aclarar esta situación para que el país sepa qué es  lo que se va a juzgar…Vamos a probar todo. El país sabrá que en Bolivia hubo un intento de dividir al país. Se iba a generar una guerra interna en el país.

–¿Ve a un hombre orgulloso por su trabajo?

Lógicamente que sí. (Promete continuar hasta lograr una sentencia para “los malos bolivianos que tentaron dividirnos”.

-¿Ve a un hombre que suele mentir?

(Habla que “como todo el mundo” suele decir mentiras piadosas, pero subraya de inmediato:  la verdad es la que ha de surgir al final del camino. Una mentira nunca lleva a nada.”

-¿Ve a un hombre feliz?

Si. Estoy feliz con mi familia y con todas las cosas de mi vida.

-¿Ve a un simpatizante el MAS?

No. No simpatizo con ningún partido político.

-Ve a un hombre con un pasado movimientista o mirista?

Pertenecí al MNR cuando era estudiante.

-¿Ve a un hombre con la conciencia tranquila?

Efectivamente, sí.

-¿Ve a un hombre con las manos limpias?

-Efectivamente, sí.

Los fantasmas de ayer

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Las revelaciones del abogado Otto Ritter sobre el origen policial de las armas mostradas por el gobierno como una evidencia de la conspiración que atribuía a Eduardo Rózsa Flores han precipitado una avalancha que hoy luce incontenible. El caso que se inició el 16 de abril de 2009 parecía recubierto por una coraza irrompible, pero ahora ha aparecido una luz al final del túnel del episodio sangriento del Hotel Las Américas.
En la explicación que Ritter hizo el martes ante jueces, fiscales y público en el Palacio de Justicia, aparece la UTARC como origen de aquellas armas, que causaron asombro por su sofisticación. En la ecuación juega el papel de ariete el capitán Walter Andrade. El capitán era miembro prominente de la UTARC, de donde venían las armas.
No es lo más relevante, por el momento, determinar si hubo alguna transacción comercial para esta transferencia ilegal de armas. Una posibilidad es que Rózsa hubiese pagado por las armas y en ese caso habría que saber el origen del dinero y quién recibió el valor de la transacción; otra posibilidad es que hubiesen sido cedidas (poco probable) al grupo que supuestamente empezaba a formar el boliviano-húngaro-croata para desencadenar una campaña que se volvería más siniestra con la participación de una unidad de la policía boliviana o de alguno (s) de sus miembros. El hecho principal parece ser que armas de la policía estaban en manos de un grupo supuestamente irregular cuyos miembros se hacían fotografiar con ellas. Y la misión atribuida al grupo era nada menos que dividir Bolivia!
Una pieza esencial de todo este razonamiento es que la UTARC, disuelta poco después del episodio, o algunos de sus miembros, estuvieron envueltos en una operación que degeneró en el muerte violenta de tres personas y en persecuciones políticas y judiciales como nunca en la historia de Santa Cruz. Es aquí donde radica uno de los ángulos más graves de la denuncia formulada el martes por el abogado Ritter. Y es por esa gravedad que urge conocer todo el expediente misteriosamente desaparecido que revelaba detalles del enredo. El abogado dijo que hay copias de esa documentación y que está listo a hacerlas conocer en la medida en que avance el juicio instalado en Santa Cruz al comenzar la semana.
El enredo se vuelve más pantanoso al indagar sobre la “cadena de mando” para este caso. El presidente Morales dijo que él mismo había dado la orden de ejecutar la operación. Pero creo que la cuestión no se agota en quién dio la orden final, sino que se extiende hacia quienes conocían los pormenores de lo que ocurría.
Lo sucedido estos dos días en el Palacio de Justicia parece explicar el porqué de la insistencia de algunas autoridades en celebrar las audiencias en cualquier otro lugar, menos en Santa Cruz, donde comenzó el caso y donde ahora parece cerca del final. Pronto deberán ocurrir las presentaciones del general Prado Salmón y de “El Viejo”, que ha prometido decir todo cuanto sabe en cuanto le llegue el turno de hablar.