Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa

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Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.

Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó.  Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel  trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que  el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.

Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.

“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.

Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.

Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio.   Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.

El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba  Rózsa.   El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.

Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.

El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.

También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era  historia,  Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.

Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.

Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.

La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.

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