terrorismo

El ¨Yo acuso¨del general

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El Juicio del Siglo, en curso en Santa Cruz desde hace tres años, está desde el martes en un terreno más quebradizo y pantanoso de lo habitual, y parece próximo a definiciones importantes desde que el general (r) Gary Prado Salmón acusó al tribunal de haberlo sentenciado a muerte ¨a corto plazo¨. En respuesta, el tribunal ignoró su condición convaleciente y desencadenó el desenlace anunciado: las escaras que soporta desde hace años se abrieron en la propia sala de audiencias y quedó patente la amenaza de una septicemia capaz de volver ese plazo dramáticamente más corto.
El viernes, las audiencias fueron suspendidas hasta la semana subsiguiente, en un nuevo aplazamiento del proceso que tuvo sus orígenes cuando fuerzas de la policía atacaron un hotel y mataron a tres personas, apresaron a dos sobrevivientes y desencadenaron una amplia persecución sobre dirigentes de Santa Cruz. Entre los 39 acusados está el general Prado Salmón, quien desde 2013 se defiende en el juicio oral acusado de tramar una campaña terrorista con miras a dividir al país en cuyo ejército ganó máximos honores.
El juez Sixto Fernández y la acusación, que sostiene que el general declarado Héroe Nacional por el Congreso, conspiró para despedazar Bolivia, no vieron otra salida el viernes que aplazar la audiencia, que se había reinstalado tras semanas de repetidas interrupciones originadas en la salud del militar.
En la semana que pasó los acusadores perdieron una batalla fundamental: la de la opinión pública. Que sobre una camilla desgastada y sucia oficiales del Cuerpo de Bomberos colocasen sin el debido cuidado al soldado vencedor de una campaña decisiva para Bolivia, fue demasiado crudo y cruel para que cualquier miembro del gobierno, por más fervor oficialista que tuviere, condonase las imágenes que registraron los medios.
Nadie salió a defender la causa oficialista. Dos prominentes figuras del partido de gobierno, el ex embajador en Brasil Jerjes Justiniano y Osvaldo Peredo, líder de la guerrilla igualmente efímera que sucedió a la que derrotó el general Prado Salmón, enviaron una carta al presidente Morales pidiendo una amnistía para los procesados.
Al principio, el presidente decía que los supuestos terroristas habían querido matarlo, pero la acusación de magnicidio fue suprimida de la acusación y quedaron solo las de ¨terrorismo y alzamiento armado¨ que desde hace más de tres años los acusadores tratan de probar. Una de las mayores acusaciones durante el juicio ha involucrado a funcionarios del gobierno de haber colocado un explosivo en la puerta de la casa del Cardenal Julio Terrazas.
En el alegato que presentó al reiniciarse las audiencias el martes, el militar destacó que, pese a ser considerado ¨la pieza más importante¨ del proceso, ninguna de las declaraciones de unos 40 testigos de cargo presentados por la acusación lo involucra en terrorismo o alzamiento armado. Aún más, dijo al tribunal, en sus declaraciones bajo juramento esos testigos dijeron que no tuvieron ningún contacto con él. Declaró que solo dos oficiales de la policía, no presentes en los actos investigados para el proceso, llegaron a decir, citando otras declaraciones que descartó como comprobadamente falsas, que él había estado en el stand de Cotas donde se afirma que operaban los supuestos sediciosos. El militar está en silla de ruedas desde hace 35 años.
¨Usted, señor Juez¨, le dijo al juez Fernández, ¨ha demostrado desde el primer día de su participación en este juicio una manifiesta parcialidad con el gobierno en contra mía, claramente por instrucciones superiores. Yo, personalmente atribuyo también una parte de esa animosidad a su militancia en el PCB y sus simpatías hacia Ernesto Guevara¨.
En un frase que pareció también dirigida a sus colegas militares, registró: ¨Quiero dejar constancia de que me siento satisfecho y orgulloso del deber cumplido en la campaña de Ñancahuazú en 1967 como militar profesional…de haber conducido adecuadamente a mis hombres al combate contra una fuerza extranjera invasora, de haber derrotado militarmente al Ché, de haberlo entregado vivo a mis superiores, mientras los miembros del Partido Comunista que lo habían hecho venir lo abandonaban¨.
En otra declaración polémica dijo que no dudaba que en el proceso ¨se mueven intereses políticos¨ y que en dos ocasiones el jefe del Estado ofreció públicamente al Fiscal General ¨la candidatura a la presidencia en el futuro a cambio de una sentencia condenatoria a ´esos terroristas que me querían asesinar´¨. Agregó más filo a sus palabras al referir que altas autoridades del gobierno habían estado detenidas acusadas de terrorismo. ¨Y ahora resulta que los terroristas somos los que nada hemos hecho¨.
Reclamó que ya en agosto pasado había señalado al tribunal que su salud requiere de cuidados especiales por las úlceras. Por eso su familia había decidido traer a las audiencias una camilla que, sin embargo, no ayudó a curar sus cicatrices en la baja espalda pues cada subida y descenso al vehículo que lo transportaba desde su casa implicaba presión sobre la parte afectada de su cuerpo.
Este fin de semana era difícil apostar por la reinstalación de audiencias el 18 de julio o por el futuro del propio proceso. Su continuidad ha quedado ligada a la salud del general y, por extensión, también a la de otros acusados que han desfallecido durante las audiencias.

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

Las últimas horas de un jurado

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Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior,  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum  y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.

Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan  sobre  el ex poderoso fiscal  y su fuga a Brasil,  como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.

Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno.  El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y  parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria que atribuía a una hija de Anastasia Callisaya Katari.

Después de consultas entre los miembros del  tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como  había requerido la defensa.  La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesión había sido labrada desde los niveles  más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó  una  inusual alteración de turnos a fin de  exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo” Guido Colque le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también  debía ser fundamentada.

Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez  dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud  y que había tomado una decisión. “Me cansé”,  dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”.  La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres  jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.

El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.

No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la  demora sería mayor.

El  colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del Fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial  brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.

No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del Fiscal Sergio Céspedes durante toda la  jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.

En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación que está en  Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.

“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”.  Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.

“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967.

“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.

Tádic sigue disparando

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El juicio del Siglo llegó este martes a uno de sus momentos de mayor suspenso cuando el boliviano-croata Mario Francisco Tádic reasumió su defensa y reclamó la anulación de todas sus declaraciones en los últimos cuatro años pues fueron emitidas, dijo, bajo presión de las torturas que le aplicaban funcionarios del gobierno.
Por el curso de todo el proceso, el caso podría encaminarse hacia una corte internacional en cuyo banquillo de los acusados eventualmente estarían otras personas y no solamente aquellas ahora sindicadas por el gobierno.
En el trasfondo yacen las demandas de los gobiernos de Irlanda y de Hungría, sumados a los de Croacia, que exigen una investigación internacional en torno al caso que ha provocado la mayor atención sobre Bolivia desde los juicios contra Regis Debray, en 1967, y de Luis García Meza, en la década de 1990.
Tádic y el rumano Elöd Tóásó son los dos sobrevivientes de la incursión de una fuerza especial de la policía el 16 de abril de 2009 al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, de la que resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el Irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi, en condiciones que Tádic describió este martes como una masacre. La acusación restó mérito a las afirmaciones de Tádic.
El boliviano-croata hizo una afirmación ante los jurados que está sin respuesta oficial convincente desde la madrugada del episodio: “No era necesario matar a nadie. Podían haber nos detenido (en cualquier momento) sin utilizar fuerza letal”, exclamó Tádic.
La pregunta de Tádic no tiene aún respuesta contundente sinotentativas. No ha aiso demostrada la afirmación de que el grupo disparó sobre la policía y que ésta reaccionó en defensa propia. Y en la ronda sobre quienes cuelga la pregunta aparecen autoridades del primer círculo del gobierno que en algún momento podrían ser interrogadas.
El ex fiscal del caso Marcelo Soza, que aparece en ese estrecho círculo, ha sido mencionado como testigo de la acusación, por “El Viejo”, el ex testigo fundamental de Soza convertido en acusado a las pocas semanas de abrirse la investigación. Soza dijo también este martes que está dispuesto a ser testigo de la acusación o de la defensa.
Tádic también disparó otra interrogante ante la que la acusación no ha tenido una respuesta convincente: “Qué terrorista se registra en un hotel con su nombre legal! Qué terrorista se aloja en un hotel con una sola salida!”
La verdad, dijo Tádic, probablemente nunca se sabrá a menos que hablen el muerto (que no podrá hacerlo) o quien dio la orden de ataque sobre el hotel. El presidente Morales ha dicho que antes de partir aquella madrugada hacia Venezuela dejó órdenes expresas al vicepresidente García Linera para reducir al grupo, pero en la orden no aparece la palabra “matar”.

A pedido de la acusación -y las objeciones de la defensa, que no veía en el punto algo relevante para el caso en ese momento- relató su experiencia en Croata y contó  brevemente la historia de ese país.
Tádic declaró su orgullo por haber combatido en Croacia y subrayó que su frente de batalla estaba a 400 kilómetros de aquel donde se encontraba Eduardo Rózsa Flores.

El caso está ingresando a un terreno cada vez más minado. Las jornadas que vienen prometen ser dignas de seguimiento.

Un exocet sobre el «juicio del siglo»

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El ministerio público quedó boquiabierto cuando la defensa leyó una resolución del Tribunal Constitucional emitida este viernes anulando la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija. La decisión, que el tribunal rehusó darle aplicación inmediata hasta no contar con una notificación oficial, de hecho inhabilitó a parte del tribunal, que ahora tendría que constituirse en Santa Cruz, la sede natural del caso reclamada persistentemente por los acusados y la defensa.

La decisión del Tribunal fue el equivalente al lanzamiento de un misil exocet sobre la estructura de la acusación en el «juicio del siglo», con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.  Las pruebas de la acusación aún no han sido presentadas.

A raíz del caso hay una docena de personas presas de un total de 39 acusados y decenas de exiliados. Las audiencias se reanudarán el 22 de abril, cuando el tribunal deberá admitir oficialmente la notificación y tomar una decisión. Si es llevada a cabo rigurosamente, la decisión implicaría retornar a la fase abierta en Tarija, y consiguientemente el apartamiento de las juezas ciudadanas y eventualmente del propio juez Sixto Fernández que, por pasar el caso a depender de su “jurisdicción natural”, tendría que entregarlo a un juez de Santa Cruz.

Es decir, se formaría un nuevo tribunal, con elección de jueces ciudadanos del padrón electoral de Santa Cuz. «El caso tendrá que pasar a su juez natural. Eso nadie lo puede cambiar. Lo aseguro», dijo el abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, quien celebraba la decisión dle TC calificándola como «un gol de chanfle», por encima de la cabeza de arquero. La decisión asumida contra su defendido «fue una arbitrariedad».

El retroceder a la instancia de Tarija movería otras piezas pues la declaratoria en rebeldía del general Prado Salmón y la jurisdicción natural para el caso son sólo dos temas de los muchos que encierra el  juicio en el que está en juego la palabra de las máximas autoridades del gobierno, que desde el 16 de abril de 2009 han asegurado que en Bolivia estaba en curso un complot gigante que pretendía acabar con la vida de autoridades y desencadenar una guerra de secesión. Todo semeja un desmantelamiento del caso.

Eran conspicuas en la sesión de este viernes la presencia de «El Viejo» Ignacio Villa Vargas, luego de estar bajo terapia intensiva en Cochabamba, por causa de una diabetes descontrolada, y la ausencia del fiscal cabeza de a investigación, Marcelo Soza, quien goza de una vacación de sesenta días.

Las primeras audiencias del juicio se realizaron en Cochabamba, hace dos años. Ante las dificultades que presentaba la altitud de la ciudad para algunos de los acusados, se las llevó a Yacuiba y luego a Tarija. Al igual que a Cochabamba (2.520 metros de altitud), el general Prado Salmón declinó de asistir a Tarija (1.850) por prescripción de sus médicos. En Tarija, el juez aceptó una moción del ministerio público declarándolo en «rebeldía», de modo que podía ser arrestado y llevado a prisión en cualquier momento. La rebeldía fue de hecho suspendida cuando las audiencias se instalaron en Santa Cruz y el ex general de división, recluido en silla de ruedas desde hace más de 30 años, pudo estar presente en las sesiones. Entretanto, la declaratoria de rebeldía lanzada en Tarija estaba bajo consideración del Tribunal Constitucional, que decidió sobre ella este viernes.

La decisión de TC estaba disponible en la página web de la institución, pero el juez Fernández dictaminó que eldocumento debía llegar físicamente a sus manos.

Reaparición del fiscal y la suspensión de la audiencia

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Este lunes después de Pascua, el fiscal Marcelo Soza resurgió de entre los desaparecidos sano y entero y declaró ante un juez de La Paz. Previsiblemente, el fiscal reiteró su apreciación de que el audio con el que se lo quiere incriminar es un montaje. Su abogado, Moisés Ponce de León, complementó: el supuesto y laborioso montaje fue realizado por el propio especialista brasileño, Ricardo Molina de Figueiredo, quien condujo el peritaje del audio más famoso de Bolivia en los últimos meses.
La reaparición del fiscal en el Día de la Mentira (1 de abril en muchos países, no así en Bolivia, donde el día equivalente es el de Inocentes, el 28 de diciembre) precedió al diferimiento de la audiencia del llamado “caso terrorismo” debido a la gravedad de la salud de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”).

La del lunes debía haber sido la audiencia reveladora del inventario actualizado de las pruebas sobre las que se sostiene “el juicio del siglo”, que se arrastra desde hace casi cuatro años (16 de abril de 2009). La audiencia deberá realizarse el 11 de abril.
Había suspenso por la audiencia de este lunes, pues el inventario permitiría saber, entre otras cosas, qué armas de las que supuestamente tenía el grupo encabezado por Eduardo Rózsa Flores, están aún bajo custodia y cuáles faltarían. Abogados de la defensa dicen que el número de bultos en Santa Cruz es de tres frente a una docena que había en Cochabamba, en 2011.
Uno de los que reclama las pruebas es el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno, quien ha dicho que vendió a Rózsa una pistola ametralladora “mugrienta” de 1944, pero que la que le mostraron en Cochabamba era una pistola flamante de 9 milímetros. Que el combatiente de los Balcanes hubiese pagado mil dólares por una pieza sin cacerinas ni refrigeración hizo dudar a Guedes sobre la calidad militar de Rózsa y el arma inútil es uno de sus argumentos para derribar la tesis secesionista del fiscal. Sólo mostrarla quebraría el argumento, afirma. No mostrarla sería aún más grave: la prueba habría desaparecido. El juez Sixto Fernández, que preside las audiencias, ha dicho que sin pruebas no hay juicio.
Entre los acusados había frustración porque el juez de La Paz, Genaro Quenta, recibió la declaración del fiscal Soza sin tomar medidas preventivas como las ordenadas contra casi todos los investigados.
El abogado Gary Prado Arauz subrayó la que le pareció una irregularidad de partida: el fiscal ingresó a declarar en la sala del juez a las 07:45, cuando el horario de trabajo empieza a las 08:30. De esa manera, Soza eludió a la prensa, que lo daba por desaparecido desde hacía más de dos semanas.
“Debían haberlo detenido”, dijo Guedes Bruno. Otto Ritter, el abogado del general retirado Gary Prado Salmón, agregó a otro grupo de reporteros: “En la lista de los que el gobierno no quiere vivos están “El Viejo” y el fiscal Soza”. Y anunció lo que se viene: «Lo interrogaremos nosotros, no sus colegas fiscales. El fiscal es nuestro testigo estrella». «Le preguntaremos por qué no convocó a declarar al Vicepresidente; a quienes excluyó; serán nuestras preguntas». Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del 16 de abril de 2009, dijo que el ir a declarar ante el juez Quenta equivalía a  «darle al ratón el queso». Y el general Prado dijo que en el anunciado nuevo video , de 45 miutos (el debatido estos días tiene la mitad de duración) «hay revelaciones y veremos cómo las niega».
La salud de “El Viejo” consumió gran parte de los 55 minutos de sesión. «El Viejo» está en preso desde que el fiscal Soza determinó que era un  «acusado clave» en vez de la condición de «testigo clave» que le habia asignado al principio de las investigaciones.

Para evitar mayores dilaciones en el proceso, el detenido Juan Alberto Kudelka sugirió al juez que Villa Vargas fuese trasladado a Santa Cruz de manera permanente. El juez sólo dijo que la sugerencia sería considerada. El paciente está en una clínica de Cochabamba, que informó que el examen de glucosa que se le practicó la semana pasada marcó un nivel superior a 500. La escala de seguridad es 70-110 en ayunas. A los especialistas se les debe haber parado el pelo.

Defensa: «Terroristas son los del gobierno», que el juicio siga

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El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.

La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.

La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).

La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.

La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.

Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.

En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar  al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe,  le ordenó continuar con el caso.

Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana.  Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.

Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.

Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.

Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,

Azúcar: 310

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Es el nivel de glicemia que registró la tarde de este miércoles el lector de glucosa One Touch (Taiwan) del detenido Ignacio Villa Vargas, conocido como “el Viejo”. Ese nivel es demasiado alto y demanda una inmediata aplicación de insulina para bajarlo y evitar riesgos más graves, inclusive cardiacos. La descompensación, sufrida cuando suben los niveles de azúcar en la sangre, obligó al juez Sixto Fernández, a suspender la sesión vespertina de la audiencia del Juicio del Siglo, que reúne acusaciones de alzamiento armado, terrorismo, separatismo y magnicidio, contra 39 personas.

“El Viejo” fue llevado a una clínica  tras haber aguardado, junto con los demás acusados, durante 30 minutos la llegada del fiscal Marcelo Soza. “Hice el esfuerzo por permanecer en sala, para evitar una nueva dilación del proceso”, declaró el acusado. “Pero, vean ustedes, cómo se demora la sesión”. El proceso está cerca de cumplir cuatro años, desde que el caso tuvo su inicio con el asalto armado al Hotel Las Américas y la muerte acribillados a balazos de Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi.

El registro de glicemia de “El Viejo” aconseja la aplicación inmediata de unos 15 miligramos de insulina de efecto rápido, según informaron médicos clínicos. A partir de esa dosis, se aplica otro tipo de insulinas de efecto más lento que permiten estabilizar al paciente. Vargas había tenido ayer una lectura de 300, igualmente alta, que requirió tratamiento urgente.

La afección de “El Viejo” exhibe las deficiencias del sistema penal boliviano, cuyos juzgados carecen de especialistas que vigilen la salud de los detenidos.

El general Gary Prado Salmón debe asistir a las audiencias dotado de un equipo que le permita  una terapia cada tres o cuatro horas, el máximo que puede permanecer sentado en la silla de ruedas. El general tiene parálisis desde a cintura a consecuencia de una bala que recibió hace más de 30 años, cuando trabajaba para reimplantar el orden en una zona rural de Santa Cruz.  Esa fue una de las razones por las cuales el militar, ahora retirado, resistió la orden de la fiscalía para asistir a las audiencias en La Paz, Cochabamba y Tarija. El fiscal Soza lo había declarado en rebeldía y podía ser arrestado en cualquier momento, pero la orden nunca se cumplió y fue suspendida en la primera audiencia llevada a cabo en Santa Cruz.

Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, está afectado por dolencias cardiacas. Ante la negativa de los fiscales de juzgarlo en Santa Cruz, fue a las audiencias de Tarija, pero en diciembre tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica cruceña cuando empezó a perder sangre a causa de la presión originada en la altura y el stress que implica una audiencia con las acusaciones de terrorismo, magnicidio, separatismo y alzamiento armado. Los médicos le han recomendado evitar la tensión nerviosa y llevar una dieta apropiada. Hace tres años la policía mantuvo un sitio de cuatro semanas alrededor de su casa en Santa Cruz con la intención de llevarlo preso a La Paz por órdenes de la fiscalía.

En las pocas horas de audiencia de la jornada del miércoles continuó el debate entre la acusación y la defensa en torno a las pruebas que deben sustentar todo el caso. La defensa insistió en la presentación de las evidencias, que debe incluir armas. Pero elementos esenciales de la acusación no fueron presentados o no estaban disponibles. 

Juicio del Siglo: ¿Dónde están las pruebas?

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En segundo párrafo aclara significado de palabra «bermutato»

El juez y los jurados que presiden “el juicio del siglo” se enfrentaron el martes a preguntas inquisidoras de los acusados en torno a las pruebas de los que depende una sentencia de condena o de libertad en el juicio que desde el mes pasado tiene por sede a Santa Cruz.
El general Gary Prado Salmón reclamó la presentación material de un documento con un nombre extraño que habría preparado y enviado a Eduardo Rózsa Flores para desencadenar una guerra separatista en Bolivia, o que, alternativamente, habría sido misteriosamente elaborado por el “combatiente de los Balcanes” bajo el nombre de “Bermutato” cuando estaba ya muerto.El documento es mencionado en la acusación del fiscal Marcelo Soza, pero Prado asegura que nunca lo vio, pese a haberlo reclamado cuando las audiencias pasaron de Cochabamba a Yacuiba y sus condiciones de salud le permitieron asistir a las sesiones en la ciudad tarijeña. El martes volvió a reclamarlo: “Quiero que me lo muestren”, exclamó. El documento continúa siendo un misterio pero es fundamental en la acusación contra el general retirado, ex embajador en Inglaterra y México y vencedor de la guerrilla que dirigía Ernesto “Ché” Guevara en las selvas del sudeste boliviano. El miércoles, el rumano Elod Tóásó aclaró parte del misterio: En húngaro, la palabra significa «Presentación». Prado Salmón se mostró sorprendido, pues nunca tuvo, dijo, el más elemental conocimiento de la lengua magyar, menos aún para titular un documento.

Para Juan Carlos Guedes Bruno, la fuente de preocupación es menos misteriosa y más material pero parece igualmente intrigante: ¿Cuál es la pistola ametralladora de nueve milímetros que la acusación le atribuye haber tenido y que serviría para llevar a cabo el alzamiento armado, una de las sindicaciones de las que debe defenderse, junto a las de terrorismo, magnicidio y separatismo? El arma que le presentaron era, en sus palabras, “una pieza mugrienta” que supuestamente había vendido a Eduardo Rózsa Flores sin caserinas, y cuyo registro no corresponde al que menciona el expediente, un arma completa y moderna.
Gelaffio Santisteban, joven militar que era parte de las compañías bolivianas empleadas por la ONU en misiones de paz, tiene un reclamo diferente: en el expediente figura una declaración sin su firma, pero sí con la del fiscal que atendía el caso en sus etapas iniciales, hace casi cuatro años. Ese documento puede sellar su destino en el juicio.
Las fallas fueron inicialmente listadas por la abogada Verónica Suárez, al solicitar la nulidad del juicio por defectos absolutos en la compilación, organización, secuencia y autenticidad del expediente.
El fiscal Soza dijo el martes que esas fallas eran “subsanables”. La abogada, en una consulta que le hice en el Palacio Judicial, concordó pero agregó: “Subsanables en parte”, pues según su apreciación “más de la mitad del expediente es defectuoso”. “Se puede corregir la numeración pero ¿cómo explicar la desaparición de páginas, o la ausencia de notas de citación originales a los acusados?”
El juez Sixto Fernández declaró que “las pruebas son la base del juicio” y dispuso un inventario de todas las evidencias presentadas por la acusación y los descargos de los acusados. Los abogados de la defensa, que teme que los elementos puedan haberse dañado con el traslado de sede del juicio de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Yacuiba y Tarija para, finalmente, aterrizar en Santa Cruz, recalcaron que todas las pruebas debían haber sido individualizadas y luego colocadas bajo resguardo.
El abogado Sergio Céspedes, del Ministerio de Gobierno, dijo que el reclamo de la defensa era una muestra de cómo el proceso sufría interferencias que lo habían dilatado. En abril serán cuatro años del caso, que partió de la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz.

Tádic: «Había extranjeros…y quejidos»

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En la madrugada del 16 de abril, el comando que tomó el Hotel las Américas incluía a por lo menos tres extranjeros de algún país hispanoamericano. Fueron los que ingresaron a la habitación en la que estaba Mario Tádic, el boliviano-croata y sobreviviente, junto al rumano Élod Tóásó, probablemente con la orden de exterminarlos, pero algo resultó equivocado. Tádic, en una breve entrevista en el Palacio de Justicia este lunes, me dijo que no  ha logrado determinar cuál fue la falla,  pero que ese supuesto error lo tiene con vida y estos días en el banquillo de los acusados en “juicio del siglo” que, a tropezones, se lleva a cabo en Santa Cruz.

Tádic trae revelaciones en el sitio Wikileaks Bolivia sobre aquella madrugada, en la que fue bruscamente despertado, dice, por una explosión. Fue la que derribó la puerta de la habitación de Rózsa y afectó la suya.

Las afirmaciones de Tádic están escritas sobre un bloque de anotaciones color amarillo, con rayas azules, y contrafirmadas en el margen de la izquierda, donde aparecen también sus huellas digitales. “Así testimonio que son mis declaraciones, que no hay suplantación”, me dijo en la sala donde se procesa el caso que tiene al cochabambino y a otros 38 acusados como centro.

De lo ocurrido en esa madrugada, Tádic recuerda que en el pasillo del cuarto piso, donde se encontraba, pudo ver a tres personas con uniforme negro, probablemente policías. Tádic concluye que posiblemente eran venezolanos que estaban también alojados en el hotel.  Su conclusión proviene de un momento en el hall de ingreso del hotel, a donde había ido “entre las tres y cuatro de la tarde para comprar cigarrillos”. Al no encontrar su línea preferida –Marlboro- compró Camel. Estaba fumando en uno de los sofás y la cajetilla recién comprada era visible. En esos instantes, mientras fumaba en el hall, sólo entraron los venezolanos (al parecer la tripulación de un avión).

“Nadie más pasó por el lugar. Yo retorné a mi habitación. En la madrugada, cuando estaba rendido, hincado y contra la pared del pasillo, enmanillado y la cabeza envuelta con una sábana, una de las personas que entraron a la habitación le dijo a otra: “Éste es el que fuma Camel”.

La declaración puede abrir un nuevo canal de investigaciones en el caso, que se arrastra por casi cuatro años.

No se conocen muchos cuerpos policiales que utilicen uniformes negros acorde con la descripción de Tádic. Entre los que lo utilizan se encuentra la DISIP de Venezuela, el equivalente al FBI, que suele inscribir las iniciales en la espalda de las chaquetas.

El gobierno ha negado que en el asalto al hotel hubiese  habido extranjeros.

Tádic dijo que algunas expresiones de los incursores de su habitación no eran bolivianas, como la orden “al suelo, perro”, que le impartió uno de ellos. “En Bolivia lo habrían dicho de otra manera”, me dijo el lunes en el Palacio de la Justicia. “Al suelo, m…o al suelo c…o hdp”.

Otro elemento que aparece en la declaración (seis hojillas, manuscritas y firmadas) del detenido es que es que dice haber escuchado “quejidos” que corresponderían a sus compañeros en el hotel. “Los muertos no se quejan”.

En la declaración manuscrita especula que el irlandés Michael Dwyer sobrevivió una media hora antes de que le hicieran el disparo al pecho que lo liquidó.