Rózsa

Surrealismo sin fin

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Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad bajo la que ha vivido durante ocho años de encierro en el penal. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó las acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años.  Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.

Matkovic era uno de los tres acusados aún presos en Palmasola por el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía hipótesis de alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Este última acusación fue quitada del pliego acusatorio pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.

En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.

Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (¨Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero¨) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.

Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glicosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glicosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba ¨en prenda¨ y el encargado de custodiarlo también.  El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.

En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.

Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Son aún desconocidos los detalles de la incursion, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana.  En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.

Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que ¨todos fueron golpeados¨ por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de ¨mal trato¨, pero el cojear acentuado que tenia en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.

Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.

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Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

Había otros en el Hotel Las Américas

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Hasta ahora, las tesis sobre el asalto al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, no habían tenido más testigos directos que los dos sobrevivientes del grupo cuya jefatura era atribuida a Eduardo Rózsa Flores y los que contaban la historia oficial. Publicado hace pocos días (15-06), un reportaje del Irish Times, el periódico irlandés que mayor cobertura ha dado al caso, trajo testimonios de dos ingenieros brasileños que estuvieron en el hotel aquellas horas que pueden llevar al gobierno a revisar la versión mantenida durante más de seis años. Al decir de las nuevas versiones, no hubo fuego cruzado y la mayoría de los disparos fueron de fogueo. Eso explicaría por qué no hubo cartuchos equivalentes a la intensidad de los disparos ni mayores daños al edificio. Firma la nota Tom Hennigan, el periodista extranjero que más de cerca ha seguido la trama violenta que empezó a correr esa madrugada.

Parte de la nota:

Un  ingeniero brasileño que estaba en el mismo piso del hotel de Santa Cruz cuando Michael Dwyer recibió un disparo mortal de la policía en 2009 ha surgido contradiciendo la versión de las autoridades bolivianas sobre los  sucesos que rodearon la muerte del hombre de Tipperary (el pueblo natal del irlandés).

Marcos Brandt dijo a The Irish Times que no hubo tiroteo, como afirma la policía, y corrobora evidencias sobre la posibilidad de que las autoridades bolivianas manipularon el escenario para sostener la tesis de que Dwyer y dos de sus compañeros murieron en un tiroteo.

El gobierno boliviano insiste que las tres personas murieron tras abrir fuego sobre  la policía que iba a detenerlos. Sostiene también que Dwyer era parte de un grupo encabezado Eduardo Rózsa Flores, un aventurero que planeaba una violencia separatista en los llanos orientales. Dwyer, Rózsa y el húngaro Arpad Magyarosi murieron durante la incursión en la que otras dos personas fueron arrestadas.

La familia Dwyer afirma que tiene evidencias de que éste fue ejecutado sumariamente por fuerzas del estado boliviano y exige una investigación internacional. El vicepresidente boliviano aseguró que el grupo con el que estaba Dwyer fue seguido hasta el hotel donde ocurrió el tiroteo. Pero el ingeniero brasileño sostiene que había calma en el hotel donde, en días de trabajo, compartía una habitación con un colega. Ambos han hablado por primera vez en público  sobre lo que escucharon aquella noche desde el mismo cuarto del mismo piso del hotel la noche en que Dwyer fue muerto.  Nunca fueron entrevistados por el fiscal que debía establecer los hechos sobre lo que pasó con Dwyer y los otros dos que murieron esa noche. Ambos hablaron con The IrishTimes sobre el incidente, así como la persona que estaba aquella noche a cargo de hotel.

Brandt estaba iba a darse una ducha para tomar un vuelo temprano a La Paz  cuando el edificio fue sacudido por una fuerte explosión. “Primero pensé que el calentador había explotado. Miré por la ventana del baño que da a un atrio central y me vi ante un soldado que me apuntaba con su rifle. Me ordenó abrir la puerta del dormitorio”.

Nuevas interrogantes

El uniformado, probablemente de la unidad policial especializada UTARC, ordenó a él y a su colega tenderse al piso manos en la cabeza. Brandt dice que tras la explosión siguieron varios minutos de calma en el piso del hotel. En esos instantes escuchó varias voces. “Era normal (lo que escuchaba), no gritos, solo voces hablando. Solo entonces empezó el tiroteo.”

Calcula que entre la explosión y el tiroteo pasaron de dos a cinco minutos, lo que trae nuevas preguntas sobre el intercambio que tuvo la policía con el grupo de Dwyer inmediatamente antes de matar a tres de ellos. Describe el tiroteo como intenso y continuo pero inconsistente con un fuego cruzado. “No sonaba como un tiroteo. No se escuchaban disparos provenientes de diferentes posiciones de tiro”. También describe  gran parte del fuego como tiros de fogueo. “Tenía ese sonido propio de los disparos con balas de fogueo. Era como si dispararan seguido para asustar.”

Considerando el número de disparos que había escuchado, Brandt quedó sorprendido al salir de la habitación cuando la policía se fue del piso. “Lo que era extraño era que había pocas signos de daños del tiroteo, pese a la cantidad de disparos que escuché. Fue ahí que estuve seguro que se trataba de municiones de fogueo.”

El informe balístico boliviano reportó pocos impactos de bala pese a que el personal del hotel  también informó sobre un intenso y prolongado tiroteo como el descrito por Brandt. Su creencia de haber escuchado “disparos de tipos diferentes de armas de fuego” parcialmente disimulados por disparos prolongados de subametralladoras podría ser relevante en vista del informe de la autopsia sobre el cadáver de Dwyer emitido por la patologista del estado irlandés. Éste sugiere que fue ejecutado sumariamente con un disparo al corazón por alguien que estaba sobre él.

Brandt dice que al dejar su habitación se dio cuenta que la explosión que había escuchado fue una serie de estallidos simultáneos en las puertas de los cuartos donde estaban Dwyer y sus compañeros. Dijo que no vio daños en el corredor donde estaban Dwyer y su grupo, corroborando lo que el gerente del hotel, Hernán Rossell, dijo a The Irish Times inmediatamente después de la acción policial.

Este testimonio contradice el informe balístico boliviano que listaba impactos de bala en la pared del corredor afuera del cuarto de Dwyer. Un video filtrado que filmó la UTARC tras la incursión muestra claramente que no hay daños en la pared, lo que fortalece las sospechas de que las autoridades manipularon la escena para apoyar su tesis sobre lo ocurrido.

The Irish Times habló también con el colega de Brandt, un mecánico brasileño que le ayudaba a instalar una maquinaria para un cliente boliviano. Su recuerdo coincide en general con el de Brandt, aunque señala que no podría afirmar si hubo intercambio de fuego.

Los testimonios de los dos hombres coliden en un punto crucial. Brandt asegura que su colega le dijo que escuchó a alguien implorar por su vida y luego nuevos disparos. “Me dijo que había escuchado “por favor, no me maten” y luego más disparos y ningún otro ruego”. Hablando la semana pasada desde Bolivia, Rossell, el gerente, dijo a The Irish Times que Brandt le dijo lo mismo, citando a su colega. Pero en una entrevista en su casa en Brasil, el segundo hombre negó haber escuchado a alguien implorar por su vida o que lo hubiera dicho a Brandt. Dijo que no podía explicar los recuerdos de su colega respecto a lo ocurrido. Esfuerzos posteriores para volver a entrevistar al hombre fueron infructíferos.

Pese a los años, Brandt pudo dibujar un sketch del piso del hotel e identificar los cuartos donde Dwyer y los otros dos murieron. Dijo que le parecía que la policía estaba en control total desde el comienzo. “No vinieron a arrestarlos; querían matar”.

En los días que siguieron a la incursión, funcionarios del hotel dijeron que el grupo de Dwyer estaba solo en el hotel. El gerente Rossell dijo que el que los dos brasileños hubieran estado en el cuarto al otro lado del atrio probablemente los hizo pasar inadvertidos. The Irish Times pudo ver una copia del registro del hotel en la que figuran los dos huéspedes. Brandt y su colega tenían que dejar sus nombres, contactos, copias de sus pasaportes y planes de viaje antes de salir del hotel. Ambos dicen que ninguna autoridad intentó contactarlos después.

“La policía nunca me informó sobre estos hombres”, dijo Marcelo Soza, al ser entrevistado en su exilio en Brasilia. El ex fiscal, que presidió las investigaciones dijo: “Este es otro ejemplo de cómo retuvieron información para mi investigación. ¿Por qué lo harían si no estuvieran tratando de encubrir lo que hicieron?”  Soza procura asilo en Brasil, donde fugó. Ahora sostiene que Dwyer fue asesinado.

Huésped de excepción

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Vino a Bolivia hace  unas dos décadas para completar una extensa biografía que iba a convertirse en una de las más leídas de los últimos años. Bajo iniciativa de El Deber, está prevista para la noche de este lunes una presentación de Jon L. Anderson, cuya obra “Ché”, una vida revolucionaria” (Grove Press, 1997) lo encumbró en el Olimpo de los biógrafos de uno de los personajes más controvertidos del siglo pasado.

La obra fue presentada al conmemorarse 30 años de la guerrilla en el sudeste boliviano y cuando Anderson acababa de lanzar una primicia en The New York Times, del que era corresponsal.  Tras años de conjeturas sobre dónde estaba enterrado el guerrillero latinoamericano más famoso, recibió la noticia de que el lugar era la pista de Vallegrande, donde efectivamente fueron encontrados e identificados los restos del combatiente y de algunos de sus compañeros.

En Bolivia, la primicia la dio Ted Córdova-Claure, (1932-2011) uno de los más acuciosos periodistas bolivianos, con huellas profesionales en gran parte del continente.  Donde quiera que uno fuere,  los comentarios sobre Ted eran elogiosos, de Santiago a Buenos Aires, a Caracas y México, Lima, Montevideo y Nueva York. Anderson y Córdova-Claure recibieron la noticia probablemente de la misma fuente militar boliviana.

Para sorpresa de muchos, tal vez para el propio periodista, actualmente una de las estrellas de The New Yorker,  la sombra del personaje argentino-cubano sigue densa en Bolivia, esta vez con el Juicio del Siglo originado en el ataque violento de una unidad policial sobre un hotel de Santa Cruz. Confinado a su silla de ruedas y a menudo sobre una camilla, el miliar ante quien  el “Ché” capituló ahora está acusado de conspirar para desencadenar una campaña terrorista que supuestamente iba a desembocar en un alzamiento  contra el ejército que el guerrillero argentino-cubano pretendía derrotar. El epílogo debía ser la separación de Santa Cruz y la formación de  una nueva nación en el mero centro de América del Sur.

El general (r) Gary Prado Salmón, declarado Héroe Nacional, cuya victoria sobre el “Ché” fue la única definitiva del ejército boliviano el siglo pasado, también arrasó la idea de “crear uno dos, tres, muchos Vietnam”. Está bajo prisión domiciliaria desde hace cinco años. Al rayar el 16 de abril de 2009, ocurrió el episodio central de la trama por la que el general está preso. La policía invadió un hotel y en el ataque mató a tres alojados, entre ellos un combatiente de la guerra de los Balcanes, Eduardo Rózsa Flores, admirado por “El Chacal” quien, a su vez, admiraba al fallecido comandante Hugo Chávez, un alter ego de los actuales dirigentes de Bolivia. ¿Se entiende?

N.A. Precisa la fecha en el primer párrafo: la noche de este lunes.

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

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Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.