Abogado

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

Tobogán petrolero

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La estabilidad relativa que gobernaba los precios del petróleo tras encogerse a la mitad de los niveles de hace un ano ha sido de nuevo alterada y ahora está en curso probable una nueva picada. ¿Qué productores aguantan?

Venezuela necesitaba un precio promedio de 120 dólares el barril para equilibrar su presupuesto, (su PIB se encogerá un 7% este año, de acuerdo a la mayoría de las previsiones), Irán requería de $US 130  y Rusia precisaba que le pagaran  US$ 90 mientras su PIB estaba rumbo a achicarse en 5%. Esto era antes de que los precios volvieran a ingresar al tobogán y perforasen la base de 50 dólares el barril en la que parecían asentados desde hacía un trimestre.

Bolivia había calculado que sus ingresos por ventas de gas natural, ligados a los precios del crudo, bajarían unos 30 o 40 millones de dólares. La autoridad que dio la cifra hace pocos meses evitó precisar en cuánto tiempo, seguro que para evitar alarmas. Pero si decía que esa diferencia sería semanal, no habría estado lejos de la verdad, aunque ella misma entonces no  lo habría creído.

El nuevo descenso, que desmiente la idea de que un repunte firme estaba en curso, ha venido tras el acuerdo alcanzado por seis potencias del mundo desarrollado (Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia y Rusia) con Irán, que compromete al régimen de los ayatolás a someter sus planes nucleares a controles y verificaciones creíbles.

Para todo el mundo, ha sido el anuncio de que uno de los países con mayores reservas petrolíferas del mundo pronto estará bombeando a toda máquina, libre de embargos. Con el mercado ya repleto, eso solo puede significar precios más bajos.  Las cotizaciones descendieron con prisa ante la perspectiva de que los oleoductos iraníes dupliquen sus entregas al mercado para llegar en pocos meses a 2.3 millones de barriles por día. El telón de fondo, sin embargo, son los bitúmenes que han cubiertos las necesidades de Estados Unidos y han ingresado al mercado con una fuerza que luce imparable.

Es bajo ese trasfondo que han ocurrido dos movimientos tectónicos en el último medio año: el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el acuerdo con Irán. Nada asegura que serán los únicos.

Este panorama debería estar en la mente de los dirigentes nacionales a diario para promover un ambiente de concordia que permita sortear apreturas que pronto pueden mostrar dientes tan afilados como que los que aparecen con las demandas de Potosí para que se cumpla en su integridad un pliego de demandas suscrito hace cinco años.

Frente a las heridas

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En medio de  incidentes provocados por descontentos con las tendencias de las circunscripciones electorales, continuaba este fin de semana el conteo de votos con una premisa aceptada claramente por todos: el  partido de gobierno perdió y sus autoridades deben trabajar inclusive con candidatos que no querían ver como vencedores. La incertidumbre que cubrió los resultados para la gobernación de Beni fue un coletazo de la decisión inédita de la Corte Electoral de anular de un plumazo al principal partido de oposición y a todos sus candidatos.

Todavía ruborizado por la magnitud de su decisión, el TDE beniano caminaba como sobre campo minado antes de contar cada voto del millar de las comunidades del Tipnis que aún faltaba.  El resultado anunciado al mediodía del viernes dejó una amplia sensación victoriosa, en especial para el candidato marginado Ernesto Suárez y el nuevo delfín de su partido Carlos Dellien. Ambos lograron la hazaña del desempate en una de las campañas electorales  más controvertidas y más exiguas de la historia: sólo en un par de días o “en cuatro horas efectivas”, según Suárez.   Al candidato gubernamental Alex Ferrier le faltó menos del 0,5% para una victoria plena que evite el desempate.

El mensaje venido de Chuquisaca no era claro este fin de semana, pues el resultado final deberá esperar hasta el domingo que viene, cuando el tribunal departamental habrá decidido sobre una excepción del MAS, renuente a aceptar la posibilidad de una segunda vuelta para  gobernar el departamento.

Aún espera la mano tendida de Soledad Chapetón al Primer Mandatario desde que su victoria se volvió inobjetable. El viernes, la alcaldesa electa deleitó a la audiencia de los principales canales televisivos exhibiendo modos sencillos e ideas claras y bien articuladas, en una lección nacional de lo que produce el empeño por una mejor educación, aun bajo las privaciones comunes a muchos hogares bolivianos.

Por lo general, las victorias tienen muchos padres mientras que las derrotas suelen ser huérfanas. El Alto era considerado por el MAS como su propia casa y la derrota en el mayor municipio de todo el altiplano encontró sólo dos explicaciones oficiales. La primera fue un error causante de gran confusión, pues partía de la creencia que la derrota habría resultado del machismo de los alteños. La explicación no reparaba que quien venció es mujer.  La segunda fue otro traspié, al responsabilizar de la derrota a la corrupción, sin ofrecer mayores especificaciones y sin aclarar por qué la admisión fue tan tardía.

En la pugna por la alcaldía de Cobija, el triunfo de Luis Gatty Ribeiro, por Pando Unido y Digno,  ha sido también un logro notable, en un departamento donde la presencia del gobierno ha sido indisputada todos estos años. De la otra esquina, Iván Canelas, del MAS, ganó la gobernación de Cochabamba con holgura. Pero el partido de gobierno perdió la lucha por alcaldía, que ganó  José Maria Ley, del Movimiento Democrático Social, el partido emergente fundado por Rubén Costas. Sólo en Potosí el partido de gobierno pudo ganar la gobernación y la alcaldía de la capital. En Oruro también tuvo que dividir honores.

Mientras son aguardados los resultados finales de estas elecciones toma vigor la pregunta sobre si el ciclo político que empezó a delinearse hace más de una década sobre la región latinoamericana ahora empieza a declinar.

Son visibles las manifestaciones de inconformidad  en países regidos por corrientes de signo político similar a la que rige en Bolivia. En el vecino Brasil las señales que ensombrecen al gobierno del PT son fuertes. La presidente Dilma Rousseff tiene el nivel de aprobación más escuálido bajo el PT: 12% de acuerdo a una de las más recientes encuestas, en línea con la debilidad de su economía. Los fenómenos económicos suelen expresarse como en dominó: el movimiento de una pieza condiciona a la siguiente.  En Argentina, la contracción del PIB puede llegar  este año del 1,3%, lejos del 7% que se asoma en Venezuela pero gigante para el vecindario de Bolivia.

A las nuevas autoridades les tocará administrar gobernaciones y municipios en una época de austeridad, un adjetivo repasado con poca frecuencia en los últimos tiempos.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Pinto sale de Brasilia y va a una hacienda

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El senador Roger Pinto salió este fin de semana de Brasilia y hoy se encontraba en una hacienda del estado central de Goias, informó la Agencia Brasil. La salida del legislador de la capital brasileña busca evitar la politización del caso, dijo la agencia, al citar como fuente al abogado defensor Fernando Tiburcio Peña. El abogado dijo que los esfuerzos de la defensa del legislador se concentrarán en mantener la discusión en un nivel jurídico y técnico. El  cambio ocurrió mientras en Bolivia se especulaba que Pinto estaría barajando la posibilidad de refugiarse en otros países. AB dice que el senador permanecerá en el interior de aquel estado hasta que el gobierno brasileño defina su situación. Algunos párrafos de la información de AB, en el artículo de su reportera Renata Giraldi:

–“El senador está bien de salud y confiado que en breve su situación de asilado político será definida por el gobierno brasileño. Él quiere que se garanticen sus derechos como asilado. Pero lo que nos preocupa ésla politización del caso que puede perturbar el debate técnico y jurídico”, dijo el  abogado.

–El abogado recordó que el art. 6 de la  convención sobre  asilo territorial de 1954, firmada r Brasil, se garantiza la libertad, incluso de expresión y de desplazarse. La convención considera al asilado como perseguido. Tuburcio dice que ese es el caso de Pinto Molina, que alega que sufre amenazas de las autoridades bolivianas.

–Tiburcio agregó que se espera que en los próximos días el gobierno de Brasil defina el estatus de refugiado y conceda oficialmente el asilo político a Pinto. De inmediato, dijo el abogado, el legislador pretender ir al estado de Acre, donde se encuentran su mujer y sus hijas.

–Entrevistado por AB, el senador boliviano negó que estuviese involucrado en delitos financieros y dijo que es “perseguido político” por defender el derecho de la oposición de tener voz en Bolivia. Para las autoridades bolivianas, la salida de Pinto hacia Brasil fue una fuga.

–El presidente Evo Morales pidió la “devolución” de Pinto. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó hoy (domingo) a la Agencia Brasil que no había recibido documento alguno del gobierno de Bolivia requiriendo el retorno del parlamentario. Hasta el viernes, el  senador había permanecido en casa de su abogado en Brasilia.

Juicio del siglo en limbo legal: Prado Salmón abandonó audiencia

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El general Gary Prado Salmón abandonó esta tarde el “juicio del siglo” en protesta por el que consideró un grave incumplimiento del juez respecto a la aplicación de una decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la anulación de una declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal en Tarja a fines de 2011. La aplicación plena de la decisión del TC habría llevado a la disolución del tribunal y al nombramiento de nuevos jueces.

“Uno no puede soportar tanto.  Esto es una pantomima”, dijo el general retirado, quien, como capitán del ejército, en 1967 rindió al jefe guerrillero cubano-argentino Ernesto “Ché” Guevara. La decisión del general conmocionó a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Los policías en la sala, a falta de órdenes directas, intentaron evitar que se fuera y cerraron la puerta principal del recinto. La mayoría de los presentes en la sala se puso de pie y, en medio de gritos –“déjenlo salir”, “abusivos”-, dejó perplejos a los policías durante unos instantes, hasta que el juez Sixto Fernández se acercó a la reja que divide el recinto y le dijo al general si era consciente de la medida que estaba tomando y sus consecuencias. El militar le dio que sí. Entonces, con un gesto, hizo que los soldados se apartaran y dejaran salir al general, en silla de ruedas desde 1981.

Minutos antes, el abogado Otto Ritter, había acusado al juez Fernández de incumplir la ley y de desobedecer al Tribunal Constitucional que, dijo, le ordenaba remitir el caso al tribunal de turno e instalar por completo en Santa Cruz el caso que cumplió cuatro años el pasado 16. “El juez desconoce la ley”, dijo y afirmó que el ministerio  público, presente a través de los abogados del gobierno en el caso, debía ordenar de inmediato la detención del magistrado.

Tras eso, dijo que su defendido abandonaba la sala de audiencias en protesta por la “inconsecuencia” que atribuyó al juez.

La decisión del general dejó al juicio en un limbo legal temporal, pues el proceso no puede continuar sin la presencia de todos los acusados.

La acusación, representada por el abogado del gobierno Sergio Céspedes, pidió que el juez de inmediato expidiera un mandamiento de aprehensión del general.

El juez decidió suspender la audiencia hasta el 6 de mayo, cuando haría conocer sus decisiones sobre el incidente.

El origen del incidente viene desde que, en el último trimestre de 2011,  fueron instaladas las audiencias en Tarija, para  año y medio después ser trasladadas a Santa Cruz, el pasado 18 de febrero. El general Prado Salmón no estaba presente en Tarija alegando problemas de salud, que esta semana fueron certificados por una forense oficial. La audiencia en Tarija no podía ser instalada sin la presencia de todos los acusados y el juez Fernández y un juez técnico declararon a Prado Salmón en rebeldía.

Con la ausencia del acusado legalmente resuelta, pasaron a juramentar a las jueces ciudadanas y las audiencias empezaron a desarrollarse.  Pero la semana antepasada  el Tribunal Constitucional anuló la declaratoria de rebeldía en vista de los argumentos de Prado Salmón sobre su salud, y ordenó una evaluación. La forense, venida desde Sucre, presentó su informe y concluyó que el general retirado no tenía condiciones de viajar a Tarija sin poner en grave riesgo su salud debido a problemas que le ocasionaría la altura.

Tras ese informe, la defensa esperaba que el juez ordenase retornar todo el proceso a sus inicios en Tarija, pero en Santa Cruz, y a entregar el caso al tribunal equivalente en esta ciudad, sede del juez natural, pues el caso tuvo origen en Santa Cruz, con la incursión policial armada al Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.

“Este juicio ya no tiene fuerza, ya no tiene fuerza moral”, dijo el abogado defensor Rolando Aróstegui. “Lo que hemos visto es una manifestación de su degradación”. Comentaba el hecho que el juez  Fernández no había logrado articular una reacción adecuada para el fallo del Tribunal Constitucional.

Personalmente, me pareció que el juez no sabía qué camino escoger. Enfrentarse al TC habría sido demasiado peligroso para su carrera. Aceptarlo y, como pedía la defensa, retrotraer el proceso a sus inicios en Tarija y desconocerse a sí mismo y a los jurados, era también peligroso. Estaba entre la espada y el precipicio y se dio un breve respiro hasta el 6 de mayo.

Abogado defensor: El gobierno no quiere a Soza vivo

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El defensor de general Gary Prado Salmón, el abogado Otto Ritter, afirmó esta miércoles por la noche que el gobierno del presidente Morales no quiere vivo al desaparecido fiscal Marcelo Soza, del llamado “caso terrorismo”, que procesa acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El fiscal está desaparecido desde hace dos semanas y ha sido convocado para declarar en La Paz el lunes 1 de abril sobre el proceso que dirigía desde 2009 y sobre la grabación en la que supuestamente habla con un interlocutor desconocido sobre cuestiones que ponen en entredicho honestidad del gobierno y su papel en el caso.
“No vendrá (a prestar su declaración) porque es peligroso para el gobierno”, dijo el abogado. Sin embargo, contradictoriamente dijo también que el gobernó debería proteger al magistrado. Es la primera vez que públicamente se afirma que el fiscal sería un peligro para el gobierno por su conocimiento del caso y sus vinculaciones. Sería un archivo viviente de toda  la controvertida trama.

La autenticidad de la grabación ha sido negada por el fiscal y el propio presidente Morales dijo que no la creía veraz. La senadora pandina Carmen Eva González aseguró este miércoles que la autenticidad habia sido comprobada por expertos de Brasil. El abogado Ritter dijo que en Bolivia también existen laboratorios y expertos para realizar esa verificación. Sin embargo, palabra del experto Ricardo Molina de Figueiredo, perito en fonética de la Universidad de Campinas (200 kms de Sao Paulo) trae de vuelta los fantasmas que han ensombrecido el caso y que le asignan una carácter siniestro.

Si la comprobación resultase inconrovertible, habrá muchos que tendrán que responder, inclusive quienes, basados en a trama que defendía el fiscal Soza, afirman a diestra y siniestra que en Santa Cruz se gestaba un movimiento para crear un estado separado de Bolivia.

Los acusados en el proceso al que Soza renunció creen que desvirtuarán todas las acusaciones que les ha formulado el Ministerio Público en la fase que se viene del juicio, cuando les tocará exponer su defensa y someterse a preguntas y responderlas. Una exposición aguardada como en novela de suspenso es la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien sostiene que los terroristas están en el gobierno. Estos días sufrió una grave recaída la salud del acusado, a quien el fiscal desaparecido consideraba como testigo estrella por su vinculación con el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto durante la incursión policial en el Hotel Las Américas en la madrugada del 16 de abril de 2009. “El Viejo” está en terapia intensiva a causa de una diabetes mal controlada.
En aquel episodio también murieron el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los forenses de esos países contradicen la versión oficial boliviana y aseguran que se trató de una ejecución sumaria. Una de las muchas preguntas a las que ni el fiscal ni otros investigadores del gobierno han respondido es por qué los miembros del grupo que se alojaba en el Hotel Las Américas supuestamente estaban desnudos o apenas en calzoncillos y cómo, en esas condiciones, habrían atacado a la policía que tomaba el hotel. Soza, quien llegó al lugar del episodio varias horas después de lo ocurrido, dijo que la policía había sido “injustamente atacada”.

En la grabación sobre la que se quiere interrogar al fiscal se habla de siembra de pruebas para respaldar la acusación. De resultar cierta la supuesta siembra,  el caso levantado por el fiscal se vendría abajo, en una avalancha cuyas consecuencias serían imprevisibles.

Los fantasmas de ayer

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Las revelaciones del abogado Otto Ritter sobre el origen policial de las armas mostradas por el gobierno como una evidencia de la conspiración que atribuía a Eduardo Rózsa Flores han precipitado una avalancha que hoy luce incontenible. El caso que se inició el 16 de abril de 2009 parecía recubierto por una coraza irrompible, pero ahora ha aparecido una luz al final del túnel del episodio sangriento del Hotel Las Américas.
En la explicación que Ritter hizo el martes ante jueces, fiscales y público en el Palacio de Justicia, aparece la UTARC como origen de aquellas armas, que causaron asombro por su sofisticación. En la ecuación juega el papel de ariete el capitán Walter Andrade. El capitán era miembro prominente de la UTARC, de donde venían las armas.
No es lo más relevante, por el momento, determinar si hubo alguna transacción comercial para esta transferencia ilegal de armas. Una posibilidad es que Rózsa hubiese pagado por las armas y en ese caso habría que saber el origen del dinero y quién recibió el valor de la transacción; otra posibilidad es que hubiesen sido cedidas (poco probable) al grupo que supuestamente empezaba a formar el boliviano-húngaro-croata para desencadenar una campaña que se volvería más siniestra con la participación de una unidad de la policía boliviana o de alguno (s) de sus miembros. El hecho principal parece ser que armas de la policía estaban en manos de un grupo supuestamente irregular cuyos miembros se hacían fotografiar con ellas. Y la misión atribuida al grupo era nada menos que dividir Bolivia!
Una pieza esencial de todo este razonamiento es que la UTARC, disuelta poco después del episodio, o algunos de sus miembros, estuvieron envueltos en una operación que degeneró en el muerte violenta de tres personas y en persecuciones políticas y judiciales como nunca en la historia de Santa Cruz. Es aquí donde radica uno de los ángulos más graves de la denuncia formulada el martes por el abogado Ritter. Y es por esa gravedad que urge conocer todo el expediente misteriosamente desaparecido que revelaba detalles del enredo. El abogado dijo que hay copias de esa documentación y que está listo a hacerlas conocer en la medida en que avance el juicio instalado en Santa Cruz al comenzar la semana.
El enredo se vuelve más pantanoso al indagar sobre la “cadena de mando” para este caso. El presidente Morales dijo que él mismo había dado la orden de ejecutar la operación. Pero creo que la cuestión no se agota en quién dio la orden final, sino que se extiende hacia quienes conocían los pormenores de lo que ocurría.
Lo sucedido estos dos días en el Palacio de Justicia parece explicar el porqué de la insistencia de algunas autoridades en celebrar las audiencias en cualquier otro lugar, menos en Santa Cruz, donde comenzó el caso y donde ahora parece cerca del final. Pronto deberán ocurrir las presentaciones del general Prado Salmón y de “El Viejo”, que ha prometido decir todo cuanto sabe en cuanto le llegue el turno de hablar.

Abogado: Eran de la policía las armas atribuidas al grupo Rózsa

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Muchos bolivianos han visto las fotografías de Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michel Dwyer y del húngaro Arpád Magyarosi mostrando armas de una manera casi morbosa. Las armas que supuestamente iban a apuntalar una campana de cuatro puntas (alzamiento armado, terrorismo, magnicidio y separatismo), habían sido robadas de la policía boliviana. EL robo fue denunciado y se inició una investigación. Pero todo el expediente de esa investigación desapareció y quienes perpetraron el robo habrían sido parte del grupo de élite que intervino el Hotel Las Americas el 16 de abril de 2009.

Hasta llegar a este punto el interés por la exposición del abogado Otto Ritter en el Palacio de Justicia venía creciendo este martes. A partir de ese momento y por los siguientes 20 minutos la fuerte atención que había concitado se consolidó.  Abogado principal del general Gary Prado Salmón, Ritter dijo que los autores del robo habían sido miembros del grupo especial conocido por sus siglas UTARC, que invadió el Hotel Las Américas en la madrugada de ese día y mató a aquel  trío de alojados, en la ocurrencia sangrienta que  el “Juicio del Siglo” intenta aclarar.

Las fotografías del trío posando con armas de alto calibre fueron divulgadas por el Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet. En poco tiempo se convirtieron en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.

“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes que el juez Sixto Fernández dispusiera el cierre de la segunda jornada de sesiones. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La afirmación de Ritter, defensor del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias y puede revolver el caso, uno de los que mayor interés internacional ha tenido en Bolivia desde los juzgamientos del filósofo francés Regis Debray, en la década de1960, y del general Luis García Mesa en la de 1990.

Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió en un enfrentamiento y sostienen que sus súbditos fueron ejecutados. Ritter dijo: “Fue una operación armada por el gobierno”, tras calificar como “escuadrón de la muerte” al grupo de efectivos que invadió el hotel y ejecutó la operación.

Casi cuatro años después del episodio, en Santa Cruz no han desaparecido las secuelas de ese episodio.   Decenas de personas acabaron en el exilio o refugiadas en países vecinos y otras están presas o bajo libertad restringida y juzgadas en el proceso cuyas audiencias se llevan a cabo en esta ciudad.

El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo que comandaba  Rózsa.   El abogado dijo que el capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración en el grupo y que por eso sus actuaciones fueron ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.

Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y para demandar la nulidad del proceso.

El abogado provocó hilaridad cuando refirió uno de los hecho más raros de todo el juicio: que semanas antes del estallido del episodio, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestabilización” y actos criminales en Bolivia y ordenado una investigación. La denuncia sobre hechos que no habían sucedido aún fue activada el 14 de abril siguiente, pocas horas antes de que el contingente policial tomase el hotel. La orden clarividente para promover la acción judicial estaba suscrita por abogados ahora presos acusados de haber formado una banda de extorsionadores, dijo el abogado.

También subrayó que el primer expediente del caso contenía la denuncia de que su cliente había preparado para Rózsa un plan militar pero que cuando, por defectos en la documentación, se ordenó a la fiscalía efectuar correcciones, en el nuevo conjunto era Rózsa quien enviaba por internet el supuesto plan al general Prado Salmón. Como el cambio ocurrió cuando todo el episodio era  historia,  Ritter preguntó si el plan había sido dictado al general Para Salmón en alguna sesión espiritista.

Antes que interviniera Ritter, Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del episodio, criticó que las autoridades no hubiesen dispuesto la detención del grupo sin llegar a la intervención policial. Si el gobierno disponía de informes sobre el grupo y sus propósitos, era su obligación detener a todo el grupo e iniciar una investigación, dijo. Reiteró también una de las mayores lagunas del caso: que semanas antes del estallido del episodio, sin que hubiese un hecho concreto que lo ameritase, autoridades del gobierno hubiesen presentado una denuncia de preparativos de “desestablización” en Bolivia y ordenado una investigación.

Salvo algunas objeciones de forma, no hubo réplica del fiscal Marcelo Soza, a cargo de la acusación desde el inicio del proceso.

La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde más de tres décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera como uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.