Precalentamiento

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Impulsado por el llamado a elecciones en octubre, empieza a tomar cuerpo un movimiento que luce destinado a agitar progresivamente al país: la demanda por una amnistía general que limpie el camino hacia las elecciones de octubre. La cuestión está planteada desde hace tiempo pero ha cobrado vigor al surgir en el horizonte la nueva cita con las urnas.

Al  presentarse a la vida política pública, un grupo de ciudadanos planteó hace poco más de un mes una convergencia de propósitos básicos y propuso un cambio de rumbo para ofrecer al país una alternativa diferente de las que emergieron en las décadas finales del siglo pasado.  La iniciativa ha dado lugar a un Frente Amplio, entre cuyos articuladores figura media centena de figuras nacionales, bajo la convocatoria a pasar “del despotismo que tenemos a la democracia que queremos”.

En una dirección similar favorable a una amplia amnistía se pronunció el fin de semana Acción Democrática Nacionalista, que en un escueto pronunciamiento planeó con urgencia una “declaratoria de amnistía amplia e irrestricta”, junto a un “cese de persecuciones a políticos y dirigentes cívicos, el retorno de los asilados y el desistimiento” de juicios instaurados  como “parte del acoso judicial” cuya práctica atribuye al gobierno.

Un planteamiento semejante ha surgido del Movimiento Democrático Social (MDS), fundado recientemente bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas.

El pronunciamiento de ADN subraya los giros de la historia boliviana desde la década de 1970, en cuyo epílogo una huelga de hambre precipitó el movimiento que desembocó en una amnistía general y en las elecciones de 1978.

El MIR, que postula una amnistía sin retaceos desde  hace tiempo, sostiene que, para ser democráticas, las elecciones deben conllevar una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral que le confiera credibilidad e independencia del gobierno.

Sin alborotos, ese partido parece prepararse para lo que sus dirigentes vislumbran como “el retorno” de Jaime Paz Zamora. Una proclamación del ex presidente (1989-93), dicen, equivaldría al ingreso de un pura-sangre de la política boliviana a la arena electoral que agitaría la contienda y dificultaría la marcha electoralista del presidente Morales. El reingreso de Paz Zamora obligaría a comparaciones necesarias entre las formas de gobierno de ambos líderes y, eventualmente, a un debate que ninguno de los dos podría eludir.

Si a eso se agrega un eventual retorno de exiliados (774, dice un organismo dependiente de la ONU) y libertad de presos, el año luce lleno de expectativas bajo un precalentamiento cada vez más intenso.

Es probable que el  gobierno  inicialmente  arguya que en Bolivia no hay presos políticos y que quienes están exiliados son “delincuentes políticos.” Lo mismo  decía el gobierno del general Banzer en 1977. No pudo resistir la presión de un proceso nacional que avanzaba a todo galope. (Ese movimiento fue una consecuencia del fracaso de la gestión  que habia lanzado en Charaña. El fracaso  lo dejó inerme ante el reclamo por un reencuentro y rconciliación que prevalecía en la nación. Pero esta es otra historia.)

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