Guedes

Tribulaciones del Juicio del Siglo

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En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval . El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tibunal de Sentencia de La Paz,  consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo,  tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.

El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada y conjura separatista. En principio tenia el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en ¨Labrado en la memoria¨, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.

El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños,  está estancado, aún en  la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo a las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.

Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo  cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la version. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo.  Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.

A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda  la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.

El tedio no tiene fin

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Las audiencias del Juicio del Siglo fueron reanudadas esta semana en Santa Cruz, con jueces y fiscales empeñados en alcanzar en pocos meses más la etapa de sentencias al cabo de casi una década de los sucesos sangrientos que le dieron origen.  Como en el título de la novela del novelista francés universal Marcel Proust, quienes lo conducen imprimieron al Juicio del Siglo un ritmo draconiano y ¨en busca del tiempo perdido¨ dedicaron toda la semana a la lectura de números correspondientes a llamadas telefónicas  de los acusados. Esta etapa deberá continuar todavía durante siquiera un par de meses, calculan abogados de la defensa. Entre bostezos y cabeceos somnolientos, el tedio es característica diaria del mayor juicio penal de la historia boliviana.
Los miles de páginas con números telefónicos son parte de las pruebas en las que el ex fiscal Marcelo Soza apoyó su acusación de que en Bolivia hubo una conjura separatista que, de consumarse, habría derrotado al Ejército Nacional.
Soza fugó del país y recibió asilo politico en Brasil luego de acusar a las autoridades de obligarlo a organizar la acusación de manera de incriminar a gran parte de la dirección cívica del departamento y de líderes opositores al gobierno.
Las audiencias se reanudaron el martes tras mejorar la salud del juez Sixto Fernández, quien estuvo de baja por complicaciones de su salud que lo tuvieron internado en un hospital de La Paz. El juez padece de diabetes y desde mediados de junio debió someterse a tratamientos rigurosos para restablecerse. Entre los cuatro jurados, era el único que no había sufrido problemas de salud desde que las audiencias se instalaron en Santa Cruz en enero de 2013.
La reanudación no fue tranquila. El abogado Defensor Gary Prado Araúz denunció que el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes, uno de los primeros en ser detenidos después del asalto policial armado al Hotel las Américas, había tenido saqueada su celda en el Penal de Palmasola. Guedes dijo que había sido desalojado de la celda que él había reparado para volverla habitable y que las autoridades del penal ignoraron sus denuncias. ¨Me haga un poco de justicia¨, le pidió al juez al reclamar que le restituyan su celda y le devuelvan los bienes que le robaron.
El asalto a la celda del detenido y el robo de sus enseres serán denunciados a fines de semana ante un comisionado de derechos humanos de la OEA que llegaría a La Paz, dijo el abogado Prado Araúz.
En la acusación preparada por Soza, Guedes era la persona encargada del aprovisionamiento de armas para el estallido que afirmaba que iba a ocurrir en Bolivia. La única prueba de la tesis de conjura es una vieja pistola italiana vendida a Rózsa, con la que éste capitanearía la hazaña.
El expediente de llamadas leídas durante la semana tiene más de 800 páginas y, de no ocurrir incidentes, la lectura acabaría la semana próxima. Pero acabar toda la lectura de pruebas estaría aún distante varios meses, pues hasta la semana que acabó se habían leído solo 10 de 42 pruebas documentales.
La lectura monótona de números telefónicos ha acentuado el tedio que predomina en las sesiones. ¨La lectura de los números se vuelve un murmullo dentro de una rutina que insulta¨, me dijo el jueves un abogado defensor.

Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Decisiones supersónicas

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El tribunal escuchó imperturbable al abogado que le reprochó la velocidad supersónica con la que, al corroborar la posición acusadora, resolvía puntos fundamentales del Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde 2013. La actitud estoica del tribunal no sería extraordinaria pues correspondía a su condición, que le ordena juzgar con ojos y oídos cubiertos.

El problema era que decisiones críticas tomadas en segundos no habían sido exclusivas del martes 26 de abril pasado. Los defensores dicen que la agilidad del tribunal para fallar acorde con los acusadores se manifiesta hace mucho tiempo, en una secuencia exasperante para los acusados, agobiados tras más de un septenio de los hechos violentos generadores del mayor juicio penal de la historia boliviana.

¨Apenas acabó (de exponer) el Ministerio de Gobierno, no pasó un minuto y Ud. estaba dictando su resolución. Tampoco observamos que hubiese existido alguna deliberación¨, dijo el abogado José Hoffman, cuando el juez Sixto Fernández resolvió una controversia sobre exhibición de pruebas. La defensa las quería disponibles para confrontarlas con el testigo que las acababa de aludir. Los fiscales y el Ministerio de Gobierno consideraban que no era el momento legal.

Fueron menos de 10 segundos los que el juez empleó en consulta casi imperceptible con las jueces antes de anunciar una resolución cuya sola lectura le llevó siete minutos. Muchos desconocen el ritual de las consultas entre jurados, pero la rapidez entre la sigilosa consulta y la decisión parecía de ping-pong olímpico.

Las dolencias que aquejan a algunos acusados volvieron a perturbar el caso, que incluye acusaciones de pretender derrotar al ejército y dividir Bolivia tras una vasta campaña terrorista. El general (r) Gary Prado Salmón, protagonista de una de las mayores victorias de las armas bolivianas, fue sometido el miércoles a una nueva cirugía de limpieza de las escaras resultantes de la parálisis causada por un balazo ¨fortuito¨ mientras restablecía el orden alterado cerca de Santa Cruz hace 35 años. Con la baja del general, las audiencias han sido irregulares.

Era también sombría la condición de Juan Carlos Guedes, ex activista de la Unión Juvenil Cruceñista. ¨Todo lo veo borroso, incluso a ustedes¨, le dijo al tribunal hace una semana, cuando habló de su glicemia disparada que había marcado ese día 390.

Su visión respondía a ese grado de azúcar en la sangre,  3 1/2 veces superior al máximo tolerable. Con ese nivel hay riesgo de un shock glicémico en cualquier momento. De remache, la salud de un pariente de una juez obligó a suspender las audiencias hasta el 23 de mayo.

 

 

 

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

El turno de las pruebas

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Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza  de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país.  Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis  magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará  una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández,  se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza.  El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal  acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación,  entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, cuando la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis.  Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar  a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo,  deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril.  Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Penurias del Juicio del Siglo

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Con las dolencias cardio-vesiculares y descontrol diabético que tienen a tres de los acusados en el hospital,  la sesión del Juicio del Siglo prevista para este martes acabó como era presumible: fue aplazada. El Juez Sixto Fernández restableció la audiencia durante un par de horas,  tras la imposibilidad de llegar ayer de La Paz a Santa Cruz. El tribunal que preside escuchó los alegatos de los fiscales que querían que  los tres enfermos se presentaran ya este miércoles en el Palacio de Justicia y las protestas de la defensa que consideraba temeraria esa propuesta en vista del estado precario de salud del trio de acusados.

En Brasil describirían la situación con seis palabras: Empujar la bola con la barriga. Después de una consulta entre los  cuatro jurados, la salida para el debate sobre traer o no traer a los acusados fue posponer la sesión hasta el jueves 5 de diciembre. La decisión no fue unánime. La juez técnica Julia Elena Gemio propuso que el tribunal volviese a reunirse el 16 de enero, con un intervalo  de más de un mes para facilitar el tratamiento de los enfermos en el Hospital Guaracachi.

“Fue una decisión de mayoría absoluta”, dijo la propia juez, al informar a la audiencia que sus colegas habían votado para que la sesión se reinstalase el jueves.

No había otra votación posible, salvo un empate, que habría inviabilizado la propuesta, que se suponía que había sido  iniciativa del juez presidente. Las jueces ciudadanas votan casi invariablemente al lado del juez Fernández en este juicio cuyo punto inicial fue la incursión armada de la policía en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas y detención de dos, ahora juzgadas junto con otros 37 ciudadanos.    A todos se los acusa de terrorismo, de haber intentado asesinar al presidente Evo Morales y de complotar para dividir a Bolivia.

El jueves, cuando la sesión sea reinstalada, deberá conocerse el informe de los médicos que tratan a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. Esos informes determinarán si los tres pacientes tienen condiciones de volver al juicio.  Vargas sufre de complicaciones derivadas de una diabetes mal tratada que se manifiesta en afecciones vasculares ahora complicadas con incontinencia urinaria y fecal; Mendoza y Guedes tienen cardiopatías coronarias y en el hospital los médicos los someten a exámenes para cateterismo y probable “bypass” coronario.

La juez Gemio estuvo este martes con los médicos y recibió de ellos información que la llevaron a pedir que la reanudación de sesiones ocurra dentro de mes y medio. Juan Carlos santisteban, uno de los médicos que ha seguido la condición de los tres y quien es también enjuiciado acusado de la misma conspiración, dijo que el trío se encuentra en condiciones “excepcionalmente graves” y que el tribunal sería responsable si se produjese una fatalidad.

El informe de los médicos tratantes deberá precisar el grado de bloqueo de las arterias coronarias de Guedes (afectado, además, por una piedra que se le ha incrustado en la vesícula) y de Mendoza, y de ahí determinar el riesgo que representa para sus vidas continuar en el juicio.

El tema es crucial,  pues suspenderles la prisión para que se defiendan en libertad equivaldría a quitar la columna vertebral del juicio en el que el gobierno es el acusador.

Los tropiezos del juicio coinciden con un aumento de la presión desde la Unión Europea para que a los euorpeos Elod Tóásó (húngaro) y Mario Tádic Astorga (croata-boliviano) se les respete los derechos humanos y se les aplique un proceso justo en base a un tribunal internacional que examinaría el caso.