Extorsión

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

“El Viejo”: Sólo he dicho el 10%

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Luis Ignacio Villa Vargas, quien la semana que acaba de concluir propinó un golpe pesado a la teoría oficial sobre el asalto policial al Hotel Las Américas y la supuesta conjura terrorista, magnicida y separatista,  dijo que las afirmaciones que ganaron titulares en todo el país representan “sólo el 10 por ciento” de lo que sabe. “Hay mucho más”, me dijo el viernes en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz donde se ventila el juicio más bullado de la historia de Bolivia este siglo.

Nacionalmente conocido como “El Viejo”, Villa Vargas es el próximo a defenderse de las acusaciones del gobierno, una vez concluya el húngaro Elöd Tóásó, quien hasta ahora ha logrado sortear relativamente la limitada traducción del húngaro al castellano que se ofrece para el jurado (y la audiencia).

Villa Vargas era el “testigo clave” de la acusación, pero el entonces fiscal principal del caso Marcelo Soza decidió enviarlo preso al penal de San Pedro y convertirlo en acusado.

En silla de ruedas y con achaques derivados de la diabetes que lo aqueja, “El Viejo” dijo que el jueves no había logrado salir del penal para asistir la audiencia en la que planteaba substitución de la prisión preventiva en la cárcel por prisión  domiciliaria porque  el gobernador de Palmasola le había exigido un peaje de cien dólares. 

Como no tenía con qué pagar la extorsión, dijo, tuvo que quedarse en la prisión. En sorprendente coincidencia, el día anterior “El Viejo” había reiterado una denuncia que hace trastabillar la teoría conspirativa que maneja el gobierno desde la madrugada del 16 de abril de 2009: Él mismo trasladó al stand de Cotas, en la Fexpo de Santa Cruz, una veintena de armas de diverso calibre que luego fueron identificadas por la policía como parte de un supuesto arsenal que serviría a la supuesta maquinación para dividir Bolivia.  La fiscalía dijo que  investigaría la denuncia de tentativa de extorsión. No estaba claro si habría una nueva audiencia para escuchar el reclamo del acusado.

La sesión de viernes reafirmó las denuncias de que el proceso ha dado lugar a extorsiones atribuidas al ex fiscal del caso Marcelo Soza. El  dirigente cívico beniano Alberto Melgar se sumó a las denuncias que hizo públicas el industrial Svonko Matkovic Fleig, quien ha dicho que pagó 90.000 dólares en tres entregas (una vez 50.000 y dos veces 10.000) en busca de la libertad de su hijo Svonko Matkovic Ribera, acusado porque en el celular atribuido a Eduardo Rózsa Flores están registradas dos llamadas breves.

Melgar, quien consiguió la libertad provisional a fines del año pasado, en el rastro de las denuncias sobre extorsión expuestas por el agroindustrial estadounidense Jacob Ostreicher, logró también libertad para trabajar desde hace un par de semanas.

“Mi hermana contactó en La Paz a un capitán que fungía como asistente de Soza, quien le dijo que podía gestionar  mi libertad a cambio de 20.000 dólares”, dijo el ex dirigente beniano, quien encabezó en 2010 manifestaciones cívicas que impidieron que el avión  del presidente Evo Morales aterrizase en Trinidad. “Cuando le dijo que no tenía ninguna capacidad para pagar esa suma, le ofreció dividirla en dos tandas” una primera, de $US 6.000; otra por igual suma, en cuanto avanzase el proceso, y una tercera por $8.000 cuando en cuanto fuese declarado en libertad, dijo en el Palacio de Justicia. 

Juicio del Siglo: Recomienza el suspenso

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En medio de la marea levantada alrededor del ex fiscal Marcelo Soza por las aseveraciones de que él fue recipiente de sobornos y partícipe de extorsiones a algunos de  los acusados, para este lunes está prevista la reiniciación de las audiencias del juicio del siglo, suspendidas hace un mes en virtud de la vacación judicial.  Fueron  suspendidas a fines de junio cuando acababa la primera fase de la defensa de Elöd Tóásó, el húngaro sobreviviente del ataque policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz.

Una novedad inmediata que podrá traer la reiniciación de las sesiones: Siquiera un nuevo traductor para el húngaro, quien se siente inseguro –al  igual que  la defensa y la acusación- de la calidad de la traducción que realiza la persona a cargo de ese trabajo. En la sesión final de la serie a fines de junio fueron notorios los vacios e imperfecciones de la traducción. El asunto tiene algunas espinas que hoy podrían ser removidas.

El juez Sixto Fernández pidió a la defensa conseguir un traductor adicional, pero no está claro si el Estado sufragará los gastos de una efectiva labor de traducción técnica, tan perfecta como posible. El detenido dijo que el ahora ex fiscal Soza le había asegurado que sería él, el propio Tóásó quien tendría que hacerlo (no es lo que indica la legislación ni lo que prescriben las convenciones que defienden los derechos humanos).

El telón de fondo de la nueva serie de sesiones son las incriminaciones que ahora pesan sobre Soza. El ex prefecto de Santa Cruz Svonko Matkovic ha dicho con detalles (18 de julio) que pagó una voluminosa extorsión para que el fiscal liberase a su hijo, preso en La Paz. De acuerdo a la denuncia de la ex autoridad departamental, entre Soza y sus emisarios le pidieron 200.000 dólares. Pagó $US50.000 en un sobre que dejó a una persona que ahora está presa en Palmasola. Un emisario le pidió después la segunda suma. Con estas acusaciones, agregadas a la patética condición de Tóásó que no ha podido establecer una comunicación confiable con el tribunal, todo el proceso está sobre una cuerda floja. La serie que empieza este lunes es, como las demás, de suspenso.

La realidad y la ficción

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Se les ha aplicado un encarcelamiento en áreas restringidas “como si fueran los más despiadados criminales con sentencia ejecutoriada” y viven el peor calvario de sus vidas. Hasta hace sólo un par de meses eran príncipes de la legión de abogados encargados de dirigir las causas legales del gobierno y de someter a los adversarios. Los ex titulares de la brigada legal del gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, viven el drama indignante de muchos bolivianos atrapados por una política salvaje carente de fronteras éticas que parece rutina a lo largo de la vida institucional del país.

Registradas en El Deber del miércoles, las quejas de los abogados sobre las miserias en las que han sido inmersos evocan los reclamos cada vez menos audibles del comisario Nicolas Salmanovich Rubashov, el ex poderoso jefe policial bolchevique enfrentado a quienes fueron sus subordinados en “Oscuridad al Mediodía” (Darkness at Noon, Penguin Books) del genial Arthur Koestler (1905-1983). En la novela, el comisario vive el oprobio de un sistema político y judicial que ayudó a construir en pos de una nueva sociedad y sobre el cual reflexiona, tardíamente, pues ya carece de capacidad para desmontarlo y acaba condenado a muerte.

A los dos abogados encarcelados se los percibe como parte de un método de supuesta justicia orientada a favorecer las causas del gobierno y han dicho que todo cuanto hacían era conocido por los funcionarios superiores y ministros de los que dependían. (Éstos han dicho que esa afirmación no es cierta. Quieren decir que la responsabilidad no llega hasta ellos.) Al igual que otros de sus colegas encarcelados desde que empezó el desenrollar de la madeja de corrupción denunciada por el agro inversionista estadounidense Jacob Ostreicher, todos aseguran haber cumplido cabalmente la misión que se les encomendó. Puestas sus palabras en las del ex comisario Rubashov, equivaldría a decir con impotencia e incredulidad: “Todos nuestros principios eran correctos, pero nuestros resultados fueron erróneos…Les trajimos la verdad, pero en nuestras bocas sonaba como una mentira…”

Este escabroso episodio representa lecciones imposibles de ignorar. La más evidente e inmediata es que el poder es efímero; las reglas aplicadas a los adversarios también serán válidas cuando las piezas del gran tablero nacional cambien de horizonte y los juzgadores de hoy sean los juzgados mañana. Y como el ex comisario a punto de morir podrán preguntarse: ¿Valió la pena?

¿RebeCop Delgado?

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El turbión de denuncias y arrestos que esta vez arrincona a jueces y fiscales ha eclipsado parcialmente a una de  las protagonistas del capítulo en desarrollo. Rebeca Delgado, la Presidente de la Cámara de Diputados, se ha vuelto una navaja en el zapato de algunas autoridades y dirigentes de su partido. Tras haber ganado por puntos la pelea con el Ministro de Gobierno Carlos Romero en torno a  la  ley de extinción de dominio sobre bienes mal habidos (que supuestamente iba a contrarrestar la corrupción cuando la corrupción ya anegaba varios compartimientos del barco del gobierno)  la legisladora cochabambina lanzó de nuevo el sombrero al cuadrilátero. Dio un ultimátum para que hasta “mediados o fin de mes” las investigaciones abarquen niveles de mayor jerarquía y avancen al segundo y primer piso.  Es probable que  haya quienes no desean que el turbión se extienda más, pero sospecho que el ímpetu que lleva no tiene control y que pronto puede engullir a otras personalidades.

Coincidencia o no, las tareas policiales han arreciado estos días. Jacob Ostreicher ahora puede defenderse en libertad, lejos de Palmasola, ahora bautizado como uno de los penales más oprobiosos del mundo. Lo mismo ocurre con Dirk  Schmidt, el alemán que decía que se jugaba la vida en defensa del presidente Morales y que incomprensiblemente acabó preso acusado de alzamiento armado por causa de armas de caza con las que practicaba incluso al lado de algunos de los agentes que lo detuvieron.  Estas personas, como muchas otras, incluidas las de una insuficientemente investigada “masacre” en Porvenir hasta otras arbitrariamente involucradas en el gastado “caso terrorismo”, han tenido sus vidas desarticuladas. Lo que han perdido es incuantificable, gran parte por culpa de  moradores del primer y segundo piso del gobierno cuya identificación buscada por la legisladora Delgado puede resultar desagradable para  los malhechores.

Es probable que los abogados presos hayan sido parte de la legión contratada por el gobierno del MAS para forzar la corrección de entuertos (“Legalicen ustedes. Para eso han estudiado”). La cuestión es que los neo-presos pueden haber sido piezas esenciales de una arquitectura encargada de dar apariencias de legalidad a actos que el gobierno consideraba políticamente necesarios para su confort interno y externo (el fin justifica los medios). Las tareas que tenían a su cargo eran indispensables en el diseño del “Socialismo del siglo 21” que sus críticos dicen que se arropa de democracia con una justicia sumisa y dependiente que permite a los gobiernos que lo adoptan presentarse ante el mundo con un traje democrático falso.

No está claro si los que ahora están tras las rejas tendrán sustitutos ni cómo orientarán sus tareas los nuevos legionarios del singular sistema de justicia que habían instalado en Bolivia. En todo caso, tendrán ante sí una tremenda lección del tamaño de la eficiencia con la que manejen los asuntos a su cargo: pueden también acabar entre rejas.

RoboCop (1987) es un personaje de la ficción cibernética. Resurrección de un policía que en su versión humana tuvo una muerte cruel en manos de maleantes, se trata de un tenaz vigilante de la ley y terror de los delincuentes que no se interesa en medir consecuencias sino en cumplir su labor. Es plausible preguntarse si los afanes de la legisladora, cuyo nombre he alterado para simular el de la ficción, la llevarán a incluir en el ultimátum el esclarecimiento de la represión en Chaparina, Hotel Las Américas y otros casos sórdidos, o quiénes y dónde están los responsables de  las empresas fallidas, creadas o asumidas por el estado.

Apasionada confesa de la cocina (lapping y costillar de cordero, con sabor cochabambino, claro),  quién sabe si en su agenda  de limpieza y su ultimátum incorpora no sólo fiscales y jueces corruptos.

Ostreicher libre de Palmasola

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Las cartas del destino jugaron esta vez del lado de Jacob Ostreicher.

La juez Eneas Gentile, que en noviembre había negado la solicitud del agro-inversionista para defenderse en libertad de las acusaciones de fiscales del gobierno (ahora todos presos), volvió sobre sus pasos y este mediodía concedió libertad condicional al acusado. La juez dispuso una fianza de 100.000 bolivianos (US$15.000) y que el acusado continúe arraigado en Santa Cruz, prohibido de salir de su domicilio entre las 10 de la noche y las 05 de la mañana mientras la justicia decide su caso.

Ostreicher, con las manos temblorosas y la voz emocionada, abrazó a su esposa que había venido desde Nueva York para asistir a la audiencia, y agradeció a sus abogados y a los medios de Bolivia y de exterior que expusieron su caso a los ojos del mundo. Cuando era llevado a la ambulancia de INCOR que lo trasladaría de vuelta a la clínica, puso a un lado la frazada con la foto de sus nietos impresa que tenía sobre las rodillas, tomó fuerzas, se levantó, caminó unos pasos y con la gorra de fajina que no se quitó ni un instante, saludó a los bolivianos por medio de las cámaras de TV que lo enfocaban y llamó a las personas a no dejarse extorsionar. Tuvo cuidado en desvincular a los administradores de justicia extorsionadores del gobierno y del presidente Evo Morales. En una notable evidencia de la reversión de su suerte respeto a la de hace sólo pocos días, abogó por castigos ejemplares para los funcioncionarios (fiscales y jueces) que, subrayó, han desprestigiado al gobierno boliviano en todo el mundo.

El inversionista catapultó sobre sí una avalancha de simpatías mundiales cuando el actor Sean Penn, ganador de dos Oscar, hizo causa a su lado y abogó por su libertad. La situación de Ostreicher fue seguida de cerca por gran parte de los bolivianos que con la piel erizada escucharon sus denuncias por primera vez a fines del mes pasado.

Del estrecho juzgado donde estaban apiñadas unas 50 personas, casi todos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, fue trasladado de inmediato de vuelta a la clínica INCOR, donde se recupera agobiado por las penurias de una prisión de 18 meses y 15 días en el penal de Palmasola, considerado como una puerta “más allá del infierno”. Los nuevos alojados del tenebroso lugar se han quejado estos días de la inseguridad y del mal olor que prevalecen en el penal.

Hace una semana, dos vocales habían rehusado pronunciarse sobre el fondo del caso que lo llevó a la prisión pero refirieron la decisión a la juez Gentile, cuyo veredicto para mantener a Ostreicher en la cárcel a pesar de las evidencias que presentaba la defensa en favor de su  inocencia fue anulado. La juez debía volver a pronunciarse y esta vez decidió que Ostreicher podía defenderse en libertad. Fue la trigésima audiencia para el inversionista, que sólo en las ultimas tres consiguio hacerse oir. En casi todas las oportunidades anteriores, los fiscales y abogados ahora presos habían interferido para embargarle la voz.

Ostreicher y un grupo de socios de Suiza llevaban invertidos en Santa Cruz unos 27 millones de dólares en un negocio de arroz y ganado vacuno cuando, en 2011, la policía comenzó a investigarlo bajo sospechas de lavado de dinero y de vínculos con el narcotráfico. El inversionista dijo que había presentado cientos de documentos para demostrar el origen legítimo de las inversiones pero que los fiscales no los consideraron. Entretanto, una cosecha de 20.000 toneladas de arroz se malogró o fue negociada ilegalmente por funcionarios de gobierno. Lo mismo ocurrió con unas 5.000 cabezas de ganado.

El caso rompió las fronteras bolivianas y encontró a Sean Penn, quien, amigo de Hugo Chavez y  persuadido por el mandatario venezolano, se empeñó por su libertad.

La libertad condicional de Ostreicher fue dispuesta hace más de un año por un juez que anuló su propia decisión y optó por mantenerlo en Palmasola ante las amenzas, según su propia confesión, de “los hombres del presidente”  ahora presos como integrantes de una tenebrosa red de corrupción y extorsión dentro del gobierno. El juez Zenón Rodríguez decidió el año pasado que Ostreicher debía defenderse en libertad pero cambió repentinamente su decisión. Al cabo de una semana ordenó que fuese llevado a la cárcel. La razón: “Era su libertad o la mía”. El propio juez había sido extorsionado y habia cedido a la extorsión.

El caso continúa en desarrollo. Hay una docena de ex jueces y ex fiscales presos y presión pública creciente para llegar hasta las cabezas responsables de la red de extorsionadores.

Políticamente, para el gobierno puede haberse desinflado un globo. Siquiera parcialmente. Por las proporciones que  ha estado adquiriendo el caso, la sesión de este martes era una “cuestión de estado”. Persistir en el encierro de Ostreicher en Palmasola no solamente  habría puesto la salud del detenido al borde de un precipicio. También habría atizado el fuego que ve al del presidente Morales como un gobierno que tiene a dirigentes opositores exiliados, asilados y que, a quienes no aceptan sus designios, los reprime, como a los indígenas del Tipnis.