Marcha

Jornada tensa

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La jornada de este martes en Venezuela se perfila como una de aquellas que hacen temblar. En pocas horas más deberá empezar a marchar hacia la sede del Ministerio del Interior en Caracas, Leopoldo López, el nuevo líder emergente que ha catalizado la atención en  un momento que luce decisivo para la historia del vecino país.

Con un título de economía en una universidad de Ohio y  una maestría en Harvard, su hoja de vida política impresiona.  Encabeza Voluntad Popular, un partido que fundó derivado de otro, Primero Justicia, bajo cuyas banderas llegó al municipio de Chacao (2000-2008), uno de los más grandes de Caracas. Su carrera fue interrumpida cuando, acusado de financiar su partido irregularmente, fue inhabilitado para concurrir  a cargos públicos por tres años hasta 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón y declaró que el gobierno venezolano  había violado su derecho a ser elegido. Cumplirá 43 años el 29 de abril.

López proyecta entregarse a las autoridades que ordenaron su detención el miércoles, tras los enfrentamientos del miércoles que dejaron a su paso tres muertos, decenas de heridos y más de cien detenidos.

Lo que ha ocurrido sigue a una estela de dificultades en las que se encuentra Venezuela y que Nicolás Maduro ni su partido, el socialista Unificado de Venezuela, han sido capaces de paliar. La falta de recursos en un país con torrentes de ingresos ha puesto en evidencia las graves deficiencias administrativas del régimen “chavista”. Quince años en el gobierno debían haber sido suficientes para mostrar resultados. Pero lo que  la mayoría de los venezolanos se ve es escasez de mucho y abundancia represiva para quienes protestan por la inseguridad, la inflación y la incompetencia administrativa.

El grito de combate de Maduro, acusando a una “derecha fascista” que nadie personifica, no parece  eficaz. Se ha perdido en el vacío y no suplanta laspreocupaciones básicas que aquejan a los venezolanos.

A la marcha de López deberá sumarse enrique Capriles, el joven que el  año antepasado enfrentó a Hugo Chavez y obtuvo cerca de la mitad de los votantes. Muchos aseguran –sin poder demostrarlo- que medió un fraude gigante, que meses  más tarde se manifestaría a favor de Nicolás Maduro. Todo esto es casi historia que, sin embargo, en algún momento puede reaparecer en el escenario.

Este martes en la tarde, López se entregó y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea  Legislativa y en  los hechos un copresidente tanto o más poderoso que el titular Maduro, lo trasladó personalmente en un vehículo negro hasta el Ministerio del Interior y Justicia. Antes de entregarse, López dijo que si su entrega y apresamiento era el precio para que la sociedad venezolana despertase, habría cumplido su misión.

Visto desde  la distancia, los presos  parecían Maduro y Cabello, en medio de una espiral de violencia y de protestas contra el régimen que empezaban a llegar a los centros de mayor apoyo al oficialismo: las zonas del oeste de Caracas, donde se anidan muchos de los  ranchos de pobreza, expresadas en cacerolazos y pitazos.

El país, con todo el pesar que podía conllevar estar visión, parecía encaminado a un epílogo violento y dejaba de ser descabellado pensar en una salida “pinochetiana”…en escala venezolana.

Ya están en La Paz

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Muchos cabizbajos pero con la determinación de no cejar en el propósito de defender su habitat, y con los aplausos y vítores de miles de paceños, unos 1.500 marchistas del TIPNIS ingresaron esta tarde al centro de La Paz para luego intentar avanzar metro a metro hacia la Plaza Murillo. (En la noche, la Plaza San Francisco, donde acamparon muchos de los varones, lucía como en sus mejores momentos  históricos, con multitudes aglomeradas en el lugar para saludar a los caminantes y y darles la bienvenida.)

Cuando entraban a la ciudad, un enorme letrero pintado en el frontis de un puente gritaba “El Tipnis no se toca”, y la muralla humana que cercaba porciones de la columna coreaba “TIPNIS si, coca No”. Los defensores de atravesar el TIPNIS y partidarios del gobierno les gritaron insultos de toda laya, pero los marchistas no se detuvieron.

El avance hacia el corazón político de Bolivia era frenado por la fuerza policial que la noche anterior logró suscribir un acuerdo con el gobierno que puso fin al mayor amotinamiento de la historia boliviana. Impedidos de avanzar y de llegar a la Plaza Murillo, los nativos enderezaron su rumbo y caminaron hacia la Plaza San Francisco donde una misa solemne y una congregación de miles de personas los recibió oficialmente como huéspedes de la ciudad. Horas antes también habían desviado su ruta, para evitar un encuentro frontal con las fuerzas afines al gobierno, y bordearon la ciudad.

El fervor con que fueron recibidos fue menor al visto el año pasado, con la VIII Marcha. Líderes de los marchistas dijeron que eso podía haber sido causado por los desvíos de ruta que tuvieron que realizar para evitar choques con fuerzas afines al gobierno que manifestaban apoyo al gobierno y al proyecto de abrir el corazón del TIPNIS.

Los marchistas reclamaron un diálogo directo con el presidente Evo Morales, pero el mandatario no estaba más en la capital pues, oficialmente, había emprendido viaje a Mendoza, Argentina, para reunirse con otros presidentes que se congregarán en esa ciudad dentro de dos días. Se trata de la reunión cumbre de MERCOSUR, que debe considerar la situación en Paraguay, donde Fernando Lugo fue destituido por el congreso acusado de “mala gestión” de su país.

A media tarde, la policía utilizó gas lacrimógeno y gas pimienta durante un forcejeo con los marchistas en las esquinas Ingavi y Yanacocha, a unos 300 metros del Palacio de Gobierno. El comandante departamental de policías, coronel Rosalío Alvarez, dijo que la tropa había utilizado “solo miligramos” de gas pimienta, según una rápida entrevista con Radio Erbol, que grabó sus palabras y las hizo públicas.

Fue el único incidente mayor durante la jornada, desde que los marchistas ingresaron a la capital de la república.

En horas previas, miles de partidarios del gobierno y de la carretera que partiría al TIPNIS en dos proclamaron respaldo al presidente Morales y repudiaron intentos de golpe de estado. Las denuncias de un golpe proliferaron en los últimos días mientras arreciaba el conflicto con los policías que reclamaban mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Este conflicto fue al parecer superado la noche del martes, tras un convenio entre autoridades y dirigentes de los huelguistas. La insistencia en torno a un clima golpista en Bolivia llevó al consejo permanente de la OEA a disponer que una misión que iría a Paraguay estos días viniese también al país.

Para evitar que la marcha fuese asociada a esas denuncias, los caminantes optaron por aplazar su ingreso a La Paz hasta este miércoles.

Como el movimiento policial había sido hasta ayer acusado de cobijar a golpistas, los forcejeos que se veían en el centro de La Paz eran de golpistas vs. golpistas.

Algunos vecinos que desde sus edificios en el centro de la ciudad acompañaban la marcha lanzaron monedas a los policías que impedían el avance de los caminantes que pretendían llegar hasta la Plaza Murillo. Fue una actitud burlesca por el acuerdo que habían suscrito los huelguistas con las autoridades.

“No retornaremos si no ocurre una plena abrogación de la ley 222 (que permitiría construir la carretera atravesando el TIPNIS)”, dijo el dirigente Pedro Nuni, escuchado a través de las emisoras que cubrían el avance de los marchistas. Eso significaría que los marchistas esperarán el retorno del presidente.

No estaba claro dónde pasarían la noche. Nuni dijo que niños y mujeres irían a alojamientos en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés. “La única comunicación que hemos recibido es del Ministro (Juan Manuel) Quintana, quien dijo que el presidente tenía la agenda llena”, dijo.

El atrio de la Plaza San Francisco, decía in locutor radial, parecía cubierto por banderas verdes ondeadas por quienes fueron hasta el lugar para recibir a la marcha y participar de la celebración por su llegada a La Paz tras 62 días de caminata. Con las bajas de la marcha del año pasado, los marchistas contabilizan cinco muertes, una paliza brutal de la policía y el desdén  que les mostraron los que quieren la cerretera a toda costa. La noche, para ellos, no queda atrás.

“…No había lugar para ellos…”

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Llegaron exhaustos hasta las puertas de San Ignacio de Mojos. Nadie les ofreció un vaso de agua y no tuvieron dónde reposar la cabeza. Ante gritos ruidosos de “viva la carretera” la columna de hombres, mujeres y niños cansados, mirada fija en el horizonte, continuó silenciosa bordeando el pueblo para, más adelante, retomar su camino. Insultos y amenazas no lograron distraer la atención de la marcha que, estoicamente, avanzó unos kilómetros hasta llegar a un lugar hospitalario en donde sus integrantes pudieron descansar los pies, beber agua, calmar el sudor y comer una merienda. Momentáneamente se habían alejado de la hostilidad de los vecinos.
La historia se repite de generación en generación, con ligeras variantes. Los del TIPNIS no llegaron a San Ignacio para empadronarse, sino movidos por la convicción de que caminan a favor de la tierra prometida y de que otros la quieren descuartizar.
La policía decía que había llegado al lugar donde estaban los bloqueadores ignacianos para proteger a los marchistas. Pero éstos recordaban que lo mismo se les había dicho en septiembre de 2011, en Chaparina. “No nos convence la palabra que dice el gobierno. El hecho que diga que estaba la policía garantizando la novena marcha, no es cierto; no se cree en la policía; tampoco se cree en el gobierno”, dijo Bertha Bejarano, la líder de la marcha, citada por la agencia Erbol, la red rural de emisoras.
Una autoridad que había ido hasta el lugar también con la misión de garantizar el pasaje de la marcha, Jorge Pérez, Viceministro de Régimen Interior, cargó verbalmente contra la columna cuando se reunía con los vecinos bloqueadores: “Ellos (los marchistas) no necesitan, tienen muchísima plata los marchistas como para necesitar que se les lleve uso cuantos víveres; están con mucha plata, hermanos. Entonces, no nos confundamos… Ustedes saben que los que están marchando…es gente que no lo está haciendo de corazón, que no lo está haciendo por convicción, sino porque está siendo pagada, de acuerdo a las denuncias que he recibido”, dijo, citado por Erbol.

La marcha está en curso

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Actualización: Incorpora detalles tomados de los medios esta mañana de sábado.

Partieron en blue jeans, abarcas y botas en los piés, apoyados en muletas y con sandalias, con la bandera tricolor en alto, whipalas, sombrero de saó y gorras beisboleras, todos se encaminaban rumbo a un nuevo encuentro con el destino. Cientos de pobladores del TIPNIS, mujeres con sus hijos en brazos, otras llevándolos de la mano al lado de sus maridos o compañeros, marcharon rumbo a La Paz con una sola meta: conseguir que el gobierno anule, esta vez definitivamente sin dejar viva una sola coma,  la ley 222 que abriría las puertas para una mayor devastación de su territorio pues garantiza la continuidad de la carretera que puede pasar por el medio del territorio que por un par de meses creyeron inexpugnable.
La marcha puede durar entre 45 y 60 días.
El gobierno, entretanto, decretó un feriado extra agregado al 1 de mayo, con motivo “turístico”, dijo el Ministro del Trabajo enla TV esta noche (“No Mentirás”) , para que los trabajadores bolivianos puedan gozar de las ciudades y centros urbanos visitando museos y lugares históricos  o divirtiéndose en reuniones familiares. El repentino feriado, como “reconocimiento al esfuerzode los trabajadores”,  fue visto con sospecha, en tanto que sectores privados protestaron por la medida. El Día del Trabajo será celebrado con más asueto. El feriado le cuesta al país unos 150 millones de dólares (mil millones de bolivianos, de acuerdo a un nota en El Deber). Se trata de extravagancia que pocos países podrían permitirse. Es como si echáramos al aire 3.000 escuelas ($50.000 por unidad). Ni Arabia Saudita se permitiría ese derroche!
Los TIPNIS partieron desde Trinidad a las 16:15, sin uno de sus dirigentes principales, Adolfo Chávez, quien se encontraba hospitalizado afectado por un fuerte resfrío. Los despidió el sacerdote Adán Bravo, quien ofició una Misa en la Catedral de la capital beniana. Tras impartirles la bendición, les dijo: “…vayan y griten su verdad. Vayan y sigan luchando, vayan en paz, que su causa es justa. Dios apoya a los justos…”, dijo citado por El Dia, en su edición del sábado.

Esta vez, como parte la columna de unos 700 marchistas, había más de un centenar de campesinos de la Confederación de Pueblos Indígenas de los Ayllus y Markas del Qollasuyo. Pero tan importante como una  incorporación de CONAMAQ de esa magnitud, puede ser también la presencia de pueblos que se habían comprometido con el gobierno a no asistir a la marcha.

ERBOL, la agencia informativa con más de 300 emisoras rurales asociadas. dijo que en el movimiento estarán presentes delegaciones de la Asamblea de los Pueblos Guaraní (APG), de la Central de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Central de Pueblos Indígenas de La paz (CPILAP) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia (COPOAP). Dirigentes de esosnpueblos habían firmado acuerdos con el gobierno para no sumarse a la marcha. La noticia está aquí.

Tras la primera jornada, los marchistas avanzaron hasta Puerto Vallarta, unos 16 kilómetros de Trinidad. El recorrido fue hecho en unas tres horas. Se detuvieron para cenar y reposar. Probablemente reanudarán la caminata el lunes.

La suerte está echada

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Al filo de comenzar la marcha de la confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) para proteger el TIPNIS e impedir la construcción de una carretera que el gobierno a toda costa quiere acometer por el medio de ese territorio, también sonaron las campanadas de un conteo regresivo nacional. Si la marcha empieza sólo mañana jueves, desde Trinidad o Chaparina, poco cambia el panorama conflictivo que ahora envuelve al país: médicos y todo el sistema de salud (huelgas de hambre en casi todas partes), COB (48 horas e inminencia de una huelga indefinida); mineros en La Paz abriendo su paso por las calles a dinamitazos que hicieron estallar vidrios de ventanas; transportistas, fabriles; maestros, estudiantes (enfrentados con la policía, que tiene varios heridos de dinamitazos mineros). A partir de este miércoles, el potencial de cambio en las directrices políticas del país es un tic tac estruendoso. Pocos discutirían estos días la noción de que la Bolivia de abril de 2012 está cada vez más parecida a la del 2003 que pavimentó el camino para la llegada al gobierno de las actuales autoridades.
La cuenta regresiva precursora de reajustes de dirección y de conducción ha sido común a lo largo del presente siglo. Pero en pocas ocasiones se llegó a las tensiones generalizadas por todo el país como las que se viven en estos días. Predice, como toda tensión y su cuenta regresiva, un crescendo progresivo. Comenzó en la mañana del martes, cuando Fabriles y Mineros iniciaron una huelga de 48 horas para torcer el brazo del gobierno y conseguir una mejora salarial superior al 7% ofrecido por las autoridades. El paro, auspiciado por la Central Obrera Boliviana (COB), marca una ruptura que ya se dio con los indígenas del oriente, con los médicos y el sector salud, transportes y los maestros. Al lado del gobierno sólo quedan, como fuerza de cierta lealtad, los cocaleros del Chapare, la última línea de resistencia del presidente Morales.
La imagen del día la ofrecieron estudiantes de medicina que querían ingresar a las oficinas del Ministerio de Salud en La Paz. El edificio estaba resguardado por un círculo de policías que cubrían todo el frontis del lugar. Con sus escudos antimotines, los policías formaban una fila al parecer inexpugnable. Los estudiantes formaron su propia fila a unos 10 metros de distancia. Y como en una batalla de otro tiempo, a un solo grito se abalanzaron sobre el cordón policial y piernas en alto trataron de derribar a los policías y sus escudos. No lo lograron, pero el gesto exhibió la determinación combativa de los grupos que ahora están al frente del gobierno. Han quedado atrás los días en que los gobernantes sólo recibían loas y flores.
El problema mayor –la madre de todos los problemas- estaba distante: en San Ignacio de Mojos, donde cientos de partidarios del gobierno y de la carretera tal cual la quiere el gobierno –atravesando el TIPNIS por el medio- tenían bloqueado el acceso que llevaría a los marchistas del TIPNIS a iniciar su peregrinaje hasta La Paz. El bloqueo en Bolivia no es solamente colocar obstáculos en la vía. Es también amenazar físicamente a quienes se atrevan a querer romperlo. En este caso, los bloqueadores de San Ignacio llevaban las de ganar. Pues, al estar en su propio lugar, sus recursos para mantener el bloqueo son mayores que los marchistas que podrían tener para romperlo.
Nadie ha explicado –si se lo hecho, la explicación ha sido insuficiente- que los marchistas SÍ quieren un carretera, como todo el mundo en Bolivia, pero no quieren que atraviese su lar por corazón, pues eso acabaría con gran parte de la riqueza natural del lugar y socavaría la vida de quienes lo habitan. El Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia ha mostrado tres rutas para contornar el TIPNIS sin causarle daño. No creo haya quien, razonablemente, pueda discutir esa posición.  Tampoco es cierto que no quieran la consulta a los pueblos indígenas. Rechazan ESTA consulta, por considerarla extemporánea y no previa, como dice la propaganda del gobierno.
El asunto que pocos quieren abordar es que la ruta, tal como está diseñada, favorecerá principalmente a los cocaleros del Chapare, ávidos de nuevas tierras y con la promesa bajo el brazo que les hizo el presidente en su primera campaña presidencial de construirla. Eso explica el pertinaz respaldo a la obra en su diseño original de los plantadores de coca, en su mayoría pobres como los del TIPNIS, en el que ven algo así como la tierra prometida de la que mana leche y miel. Eso explica también el dilema que ha calado en el presidente Morales. Desobedecer al reclamo de sus bases de la coca y el de su condición autoproclamada de defensor de la madre tierra y la naturaleza.

Vale todo para evitar la marcha

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El gobierno del presidente Morales está poniendo todo su empeño para convencer a los nativos del TIPNIS de que no participen de la caminata que deberá empezar el 25 de abril. Es decir, para que desistan de preservar el lugar de la devastación que creen que causará el Tramo II de la carretera desde San Ignacio. Por lo que se ve, las autoridades parecen poseídas por la paranoia, pues de sus actitudes podría deducirse que temen que con ese proyecto el gobierno se esté jugando todo, como si de la marcha dependiera su existencia.
No hay cómo evitar el pensamiento de abuso de poder sobre una población ya abusada abundantemente, y la utilización de recursos públicos con fines ética y legalmente discutibles. En muchas otras partes eso está prohibido y la violación a la prohibición conlleva castigos fijados por ley.
Es perceptible el desasosiego de las autoridades con esta marcha. Para ellas, el TIPNIS parece representar el peligro de una capitulación. Es el peligro que se corre cuando las apuestas se vuelven demasiado altas, tanto que no es posible pagarlas, en caso de perder.
La prensa viene densa estos días sobre denuncias que apuntalan las afirmaciones de los indígenas sobre presiones del gobierno para conjurar la marcha. Todo vale. El fin justifica los medios, denuncian.
Erbol, por ejemplo, trae el testimonio de María Plácida, de la comunidad Totora, del TIPNIS, y dirigente de la Subcentral Sécure, quien dice que los motores fuera de borda que el presidente entregó a los nativos, con amplia publicidad, sirven solamente a los que prometan que no se sumarán a la marcha. “Nos dicen que si marchamos no podemos usar los motores, pero aquellos que respaldan la carretera sí los usan (…) tenemos que asegurar que no iremos a la marcha”, dijo la dirigente a Erbol. Lean aquí toda la entrega de Erbol, que congrega a unas 300 emisoras rurales.
Lo más reciente en la cadena de sucesos alrededor de la que parece una via crucis reminiscente de Semana Santa para los habitantes originales del TIPNIS, es una declaración del dirigente Mario Castillo, de la Federación de Cocaleros del Trópico, quien ha anunciado que la organización a la que pertenece no dejará que nadie se movilice hacia la marcha. Si quieren ir, pues que vayan en canoa, pero no por estos caminos, a los que se oponen, ha sido su amenaza.
Tal vez suene a música a los oídos del gobierno, o tal vez alerte aún más sobre las dificultades que rodearán a la nueva marcha. La noticia se la encuentra también en Erbol y fue reproducida por varios medios nacionales.
Un ángulo importante para mirar los acontecimientos recientes en torno al controvertido proyecto es el conflicto existencial que enfrenta el gobierno. El 25 de septiembre los marchistas se sobrepusieron a la brutalidad policial y sin amedrentarse continuaron estoicamente hasta La Paz, a donde llegaron ungidos de gloria el 19 de octubre. Fue un knock-out para una política del garrote. Pero disconforme con lo que había firmado, el presidente instó a sus seguidores a que ellos presionen para revertir la medida que había revertido otra anterior. La re-reversión ocurrió el 9 de febrero, cuando se aprobó la ley 222 que abrió la posibilidad para una consulta a posteriori con el nombre de “previa”. Es un intrígulis que pocos podrán entender y menos encontrar en él alguna congruencia. Pero luce como si el gobierno creyera que una nueva derrota sería insoportable.
La atmósfera en torno a este vaivén de cosas se volvió un poco más inquieta esta semana cuando el representante de las Naciones Unidas Dennis Racicot subrayó que el proceso en curso deberá estar libre de coerción. Es decir, el proceso que substituye al que debió ser proceso previo debería estar exento de presiones como la que denunció la dirigente Plácida.

Chaparina, 25 de abril

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Dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano decidieron este lunes lanzar el 25 de abril la IX Marcha en defensa de su territorio y de la ley que lo protegía. La marcha deberá partir desde Chaparina, el lugar donde hace seis meses la policía propinó una paliza a los indígenas que marchaban hacia La Paz para exigir una ley que blindase el territorio Indígena Parque Nacional isiboro Sécure (TIPNIS). El lugar será declarado un “memorial” por los indígenas, que erigirán, de acuerdo fuentes de la CIDOB, una cruz gigante de madera en recuerdo de la represión policial y en homenaje a quienes la sufrieron.
En el movimiento participarán representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyo y sus promotores anuncian que estará respaldado por la Central Obrera Boliviana (COB). Por las características anunciadas, puede tratarse del mayor movimiento indígena y campesino de Bolivia en mucho tiempo.
El anuncio de la nueva marcha coincidió con una impaciencia creciente por la falta de progreso en las investigaciones sobre aquel suceso violento. No existe ningún informe sobre la tarea investigativa, menos aún sobre quiénes dieron la orden de reprimir a los marchistas. El Ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti, estuvo recientemente en Ecuador en una reunión internacional sobre derechos humanos en representación de Bolivia.

El Presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, afirmó que, de la documentación que aseguró tener disponible, se deduce que la orden la impartió el jefe del Estado Plurnacional.

Vargas se refirió a un registro grabado de declaraciones del presidente Morales en el que se le escucharía decir “rechazo esta acción” (la represión”. “Después – agregó Vargas- utiliza un término que compromete al propio Presidente donde (cuando) dice “han exagerado esta acción”; cuando dice han exagerado da a entender claramente que el propio presidente fue quien autorizó esta acción y los que la hicieron…se les pasó la mano”, de acuerdo a Erbol, que entrevistó al dirigente. No hubo comentarios oficiales inmediatos sobre la declaración del dirigente.

En la misma entrevista, Vargas lamentó que los fiscales que investigan el caso no hubiesen identificado hasta la fecha a la autoridad que dio la orden para lanzar la represión. El nombre del responsable o de los responsables es un secreto oficial. En su momento, la dirigente indígena Justa Cabrera apuntó al presidente Morales. El Vicepresidente García Linera dijo que los organismos de seguridad sabían de dónde había partido la orden y pidió no impacientarse a los periodistas que lo entrevistaban días después del episodio de Chaparina. Oficialmente, hasta ahora no hay nombres.

La incógnita contrasta con la investigación sobre lo ocurrido el día anterior a la represión, cuando un grupo de mujeres se puso frente a la policía en Yucumo, cerca de Chaparina, y rompió el cerco que durante días impedía al grupo aproximarse a un arroyo para beber agua y asearse. La fiscalía acusó a las mujeres de secuestro e intento de homicidio, porque retuvieron al canciller David Choquehuanca e hicieron que caminara con ellas hacia el pelotón policial que les impedía el paso. El canciller ha dicho que no se trató de un secuestro, pero el proceso contra las mujeres continúa. (El abogado de las mujeres y ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín ha rechazado la acusación. Hace  unos días recordó que el canciller estaba custodiado por policías.)  “La justicia en Bolivia está totalmente manipulada y es manejada por el Poder Ejecutivo”, dijo Vargas. Sus declaraciones pueden ser leídas y escuchadas aquí.

Si uno creía que como principio de semana la dosis informativa era más que suficiente, corrió la versión de que la empresa constructora brasileña OEAS, a cargo de la controvertida carretera por el TIPNIS, habría dado señales de que puede levantar las manos y dejar la obra inconclusa. La noticia también estaba en Erbol. En un sobretítulo, el origen de la información era atribuido a “agencias de noticias” que no identificaba.

Inconsecuencias

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El partido de gobierno se propone estudiar (perdón, simplemente cambiar) la ley que aprobó y que el presidente Morales sancionó sin ganas el 24 de octubre. Eso fue poco después de que el pueblo paceño en casi su totalidad, y tras similares demostraciones de afecto en Caranavi, El Alto y los lugares por donde pasó la caravana de originarios del lugar que venía desde hacía más de dos meses, paliza policial de por medio, fuera recibida con una simpatía que fue más que un plebiscito sobre cómo el pueblo boliviano percibía la marcha para impedir que el TIPNIS sea cortado en dos por una carretera.
Es imposible no ver la mano oficial tras esta contramarcha que ahora busca que los legisladores y el gobierno se arrepientan y desfirmen lo que firmaron. El propio presidente Morales estimuló la “contra” y los legisladores oficialistas se curvaron. Alguien del entorno gubernamental más estrecho escribió que lo que es válido hoy puede no serlo mañana, una teoría relativista que hay tomar en cuenta seriamente, incluso los del Conisur que ahora están marchando. De esa ecuación puede resultar que lo que pretenden hoy no sea más válido mañana.
Sin embargo, las simpatías que esta contra-marcha ha recibido dejan un sabor a oficialismo. Lamentablemente, porque los que marchan son también necesitados, aunque en sus filas haya cocaleros contumaces. Los que pregonan que se debe apoyar esta marcha son rivales de temer de la consecuencia de los actos y las palabras. No se les puede creer.
Escuchaba esta mañana a un vocero oficialista diciendo que había que buscar “equilibrio” entre los marchistas originales y los de ahora. Perdón, ¿no lo hicieron antes?
La delegada de Naciones Unidas Yoriko Yasuawa, quien siguió de cerca la primera marcha y vio las transmisiones de la TV que mostraron la brutalidad represiva de la policía, manifestó su esperanza de que el gobierno y los legisladores sean capaces de construir un diálogo. (Partiendo de la premisa de que lo que se apruebe hoy puede ser reprobado mañana, diría yo, evocando los actos frecuentes de las autoridades). Las palabras de la delegada muestran que el nuevo conflicto –artificial o real- que se vive en las llanuras bolivianas es también seguido con preocupación por observadores extranjeros.

Comparaciones absurdas

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La ministro de Justicia Nilda Copa estrenó esta semana una argumentación que dejó boquiabiertos a muchos. En el afán de minimizar la acción policial y de exculpar a quienes intervinieron en la represión de la marcha de nativos del TIPNIS el 25 de septiembre, afirmó que la tarea de la policía fue exagerada por los medios de comunicación. Es decir, los palazos, los amordazamientos y el arrastre de nativos como bultos con las cabezas colgando, inertes y sometidos al músculo policial, fueron exagerados. ¿Cómo? No lo explicó. Su argumento mayor fue que hubo en el pasado otras acciones represivas peores, con el cual parecía exorcizar la represión policial. “Yo tengo ahí cerca los videos, cómo se perseguía a la compañera Silvia Lazarte, por ejemplo. Entonces, para mí no es nada (la represión del TIPNIS) comparada a estas grandes desventajas de humillación, cuando, en el pasado, ningún hombre, ninguna mujer podía defenderse”, dijo, citada por La Prensa. Las declaraciones las hizo en La Paz.
Cualquiera en otras latitudes le habría replicado: También nosotros tenemos videos de la represión de Hitler. Y de la del general Pinochet. Eso no exime a nadie de responsabilidad en la conculcación de los derechos humanos. Pues bajo esa argumentación, toda atrocidad inferior a la que practicaron Nerón o Atila “no es nada”. E inclusive podría servir de argumento a quienes atentaron contra los derechos de la señora Lazarte. Pues, en la novísima doctrina sobre la violencia, antes hubo casos peores y la (o las) que ella sufrió habrían sido “nada”.
Al intentar hacer comparaciones, la ministro ha intentado establecer un “represómetro”. Los cristianos devorados por las fieras podrían representar la máxima intensidad represiva. Toda acción inferior a ésa sería exculpada. Por favor. Menos mal que no todos razonan en el mundo con la lógica (¿?) de la ministro. ¿Qué tal, entonces, trasladar la misma lógica de la ministro a las guerras? Diríamos que guerra fue la que libraron los Estados Unidos y Japón con lanzamiento de bombas atómicas. Todas las otras guerras habrían sido “guerritas”. No habrían sido nada.

Una pregunta

El ex Ministro del Interior Sacha Llorenti ha dicho que cree que la fiscalía que investiga la represión policial lo liberará de toda responsabilidad pues “es obvio” que habría habido una ruptura en la cadena de mando (el presidente al ministro, el ministro a sus subordinados, entre ellos el jefe policial, etc.) ¿Dónde se rompió? ¿Quién representa al eslabón de la ruptura? Parece que no lo dijo. Pero, en todo caso, sería interesante determinar si es cierta la afirmación de uno de los subordinados del ex ministro en sentido de que en el campo de la represión recibía frecuentes llamadas del superior pidiendo que se lo actualizase sobre el curso de la operación. En esta versión, hast ese momento la cadena continua intacta. Y esas llamadas deberían ser fácilmente identificables, pues los teléfonos celulares las guardan. Recuerdan las llamadas telefónicas en el teléfono de Eduardo Rózsa Flores? Estaban allí. El fiscal las encontró y han sido parte fundamentalísima de su argumentación acusatoria.

En el laberinto

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LO ULTIMO: Al anochecer, llegaban noticias desalentadoras desde la zona de negociación. El canciller Choquehuanca sólo repitió lo que habían dicho a los indígenas y simpatizantes del Tipnis otros ministros del presidente Morales. “El trazado ya está definido, y no se lo puede cambiar”. La única persona que podría reformular lo sería el propio presidente Morales. Aunque esperada, la reiteración del impasse enredaba más el complejo problema. Los nativos dijeron que no aceptan ese trazado.

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El gobierno se juega hoy una de sus últimas cartas para resolver pacíficamente, mediante la negociación, el complicado conflicto del Tipis. El canciller David Choquehuanca es ahora cabeza de la representación gubernamental.  Sólo que no tiene alguna salida que excluya ceder, si quiere una solución pacífica. ¿Y ceder cómo?  Abriendo una ruta que bordee el Tipnis. Tanto el presidente como el vicepresidente han dicho que no hay alternativa fuera de entrar poor el Tipnis. O dejando que la obra siga el curso previsto

Para la ingeniería moderna no hay impedimentos que vuelvan umposible una obra. El hombre nunca habría llegado a la Luna, para citar un ejemplo extremo, y Brasil tampoco habría construido Itaipú. ¿Por qué se ha insistido en ese camino y dejado de lado, por ejemplo, el que debe partir de Riberalta y pasar por Rurrenabaque hasta La Paz? Para esa obra había 615 millones de dólares no reembolsables (aporte gratuito) de Estados Unidos para ayudar a Bolivia a alcanzar las metas de milenio (2015). El proyecto fue malogrado por el colapso de las relaciones con Estados Unidos.

Nada indica que los nativos se opongan a la obra en sí sino a su trazado. Y todo indica que la obra traería torrentes de “colonos” (o, más propiamente, cocaleros), a quienes el presidente les prometió la carretera. El reciente informe de las Naciones Unidas nos dice que las plantaciones han aumentado: sólo un centenar de hectáreas, pero todas en parques nacionales.

Sería interesante oír una explicación: Si se han destruido miles de hectáreas de coca en los últimos años, ¿por qué no disminuye el total plantado? Uno sospecha que han sido incorporadas nuevas tierras en una continua devastación de las áreas donde se cultiva la hoja, en un continuo juego de destrucción e incorporación de nuevas areas en reemplazo de las destruidas.   Una nota de Erbol toma al toro por las astas y dice que Bolivia tiene 19.000 hectáreas de coca excedentarias. Matemáticamente, es así. La ley autoriza cultivos sobre 12.000 hectáreas. El resto es excedente. Pero este exceso no es reciente. Viene de años.

Pero, a estas alturas, ceder es un drama para el gobierno.  Si lo hace, sus debilidades ante sectores que lo apoyaban quedan al desnudo. Y la debilidad en un gobierno puede resultar en un virus que, si no lo neutraliza rápidamente, se extiende.

El canciller Choquehuanca deberá colocar toda su habilidad para convencer a los Tipnis… ¿de qué? ¿De que dejen nomás pasar la carretera por el corazón de la reserva?

Y, luego, ¿qué decirle a Brasil, el financiador de la obra, si la resolución final es un no al diseño original de la obra?

Los llamados para evitar violencia han proliferado,  mientras colonos y pobladores partidarios de la obra y del gobierno se concentran en Yucumo,  a pocos kilómetros del lugar hasta donde han llegado los marchistas. Incluso la policía reforzada en la zona admite que su misión es detener la marcha.  He leído que ya hay zanjas (trincheras) de los colonos para evitar el paso de los Tipnis.

Esta jornada es la apertura de, quizá, la última tentativa de diálogo.