Secesión
De nuevo el ex fiscal Soza
Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.
En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.
Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.
La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.
El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo. Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-
En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.
¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨
El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.
El nuevo elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.
La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.
Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.
El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.
No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.
Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.
Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.
Las olas en el sexto aniversario
El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.
No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo
A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas, el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.
En las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.
Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión Europea, dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.
Hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.
La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo, 90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.
El ex prefecto ha dicho que los extorsionados son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.
Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez. El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.
Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.
El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo Valverde, no han sido contradichos. Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.
Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidiese traer el juicio a Santa Cruz.
La jurisdicción y competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó el caso nunca dictó un decreto asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso. El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.
Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.
Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal, José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.
La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril. El 14 del mismo mes, abogados del gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.
Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel. Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.
Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.
Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.
Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.
Mientras tanto, en Santa Cruz 