Presos

Precalentamiento

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Impulsado por el llamado a elecciones en octubre, empieza a tomar cuerpo un movimiento que luce destinado a agitar progresivamente al país: la demanda por una amnistía general que limpie el camino hacia las elecciones de octubre. La cuestión está planteada desde hace tiempo pero ha cobrado vigor al surgir en el horizonte la nueva cita con las urnas.

Al  presentarse a la vida política pública, un grupo de ciudadanos planteó hace poco más de un mes una convergencia de propósitos básicos y propuso un cambio de rumbo para ofrecer al país una alternativa diferente de las que emergieron en las décadas finales del siglo pasado.  La iniciativa ha dado lugar a un Frente Amplio, entre cuyos articuladores figura media centena de figuras nacionales, bajo la convocatoria a pasar “del despotismo que tenemos a la democracia que queremos”.

En una dirección similar favorable a una amplia amnistía se pronunció el fin de semana Acción Democrática Nacionalista, que en un escueto pronunciamiento planeó con urgencia una “declaratoria de amnistía amplia e irrestricta”, junto a un “cese de persecuciones a políticos y dirigentes cívicos, el retorno de los asilados y el desistimiento” de juicios instaurados  como “parte del acoso judicial” cuya práctica atribuye al gobierno.

Un planteamiento semejante ha surgido del Movimiento Democrático Social (MDS), fundado recientemente bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas.

El pronunciamiento de ADN subraya los giros de la historia boliviana desde la década de 1970, en cuyo epílogo una huelga de hambre precipitó el movimiento que desembocó en una amnistía general y en las elecciones de 1978.

El MIR, que postula una amnistía sin retaceos desde  hace tiempo, sostiene que, para ser democráticas, las elecciones deben conllevar una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral que le confiera credibilidad e independencia del gobierno.

Sin alborotos, ese partido parece prepararse para lo que sus dirigentes vislumbran como “el retorno” de Jaime Paz Zamora. Una proclamación del ex presidente (1989-93), dicen, equivaldría al ingreso de un pura-sangre de la política boliviana a la arena electoral que agitaría la contienda y dificultaría la marcha electoralista del presidente Morales. El reingreso de Paz Zamora obligaría a comparaciones necesarias entre las formas de gobierno de ambos líderes y, eventualmente, a un debate que ninguno de los dos podría eludir.

Si a eso se agrega un eventual retorno de exiliados (774, dice un organismo dependiente de la ONU) y libertad de presos, el año luce lleno de expectativas bajo un precalentamiento cada vez más intenso.

Es probable que el  gobierno  inicialmente  arguya que en Bolivia no hay presos políticos y que quienes están exiliados son “delincuentes políticos.” Lo mismo  decía el gobierno del general Banzer en 1977. No pudo resistir la presión de un proceso nacional que avanzaba a todo galope. (Ese movimiento fue una consecuencia del fracaso de la gestión  que habia lanzado en Charaña. El fracaso  lo dejó inerme ante el reclamo por un reencuentro y rconciliación que prevalecía en la nación. Pero esta es otra historia.)

Un viernes de horror

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Esta nota fue escrita en la tarde del 25 de agosto para Nueva Crónica y Buen Gobierno, que se edita en La Paz. La reproduzco para los lectores de este blog.
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Rompía el alba y árboles y calaminas crujían bajo la embestida del viento lluvioso de un surazo que arreciaba. Era la madrugada del 23 de agosto cuando al menos media docena de reos del temible “Chonchocorito” del segundo piso del penal de Palmasola avanzó sobre el sector donde estaban los detenidos con mayor tiempo en el penal. Iban a derribar puertas y rejas y asumir el control que les permitiría dominar el penal. Se ignora cuáles eran sus planes para después.

Llevaban machetes, cuchillos, palos y probablemente pistolas, pero el arma más temible que tenían eran garrafas de gas licuado que empezaron a rociar para facilitar el avance. Los gritos y el batir de rejas y puertas dominaron el penal y pronto los agresores decidieron estallar las garrafas. A partir de ahí la tragedia no tenía retorno. Sobrevino un pandemónium; el caos y la violencia, con disparos de armas de todo calibre, acompañados por un fuego incontrolable, cubrieron el lugar.

Cuando la policía, inicialmente pasiva y confundida, logró imponerse casi siete horas después, había víctimas por doquier. Pasado el mediodía había más de 30 muertos, unos 60 heridos. El escenario parecía el de un área bombardeada. Muchos de los cadáveres estaban calcinados e irreconocibles. Un sentimiento de horror recorrió el país. Los mensajes en las pantallas de los celulares para donar sangre eran incesantes. El arzobispado de Santa Cruz calificó el episodio como desgarrador y hasta desde el penal de San Pedro, de La Paz, llegaron expresiones de solidaridad con los presos de Palmasola. Bienvenidos a la revuelta carcelaria más mortífera y sangrienta de la historia de Bolivia, que desde viernes pasado tiene un lugar en la historia mundial de violencia carcelaria.

Pasará un tiempo antes de lograr reconstruir con detalle lo que ocurrió ese amanecer en la prisión más poblada del país. Pero la tragedia que ha ocurrido estaba cantada con sólo mencionar el hacinamiento espantoso de Palmasola, levantado para contener a unas 1.500 personas pero con una población real varias veces superior. El número es más agrave cuando se conoce que en el lugar hay aproximadamente 450 niños que viven con sus padres detenidos pues de otra manera se quedarían en la calle.

El fenómeno se repite en casi todas las prisiones bolivianas como un cuadro brutal revelador de las limitaciones (o incapacidad) del estado. La víctima infantil de Palmasola era un niño a quien el destino había forzado a compartir la prisión con su padre, en cuyos brazos murió. Un comentario del diario cruceño Estrella del Oriente mencionó estos días un detalle espeluznante. En una encuesta en la prisión de Cochabamba, le preguntaron a un niño cuál era su mayor deseo y respondió: “Tener una celda para mí solito”.

La falta de información organizada se agregó a las angustias de familiares de los que estaban dentro del penal pues no había fuentes seguras para averiguar sobre amigos o parientes presos. Hasta el domingo había cinco detenidos identificados como cabecillas del ataque, pero estaba en sus inicios la tarea mayor de señalar a los responsables de la negligencia que facilitó la carnicería. Entre las primeras averiguaciones oficialmente no listadas estaba la de saber por qué los detenidos no son sometidos a una clasificación rigurosa antes de su internación en los distintos pabellones del lugar. Algunos pertenecen a bandas rivales y colocarlos en un mismo ambiente resulta explosivo.

La tragedia dio lugar a un oportunismo nada elegante de opositores para criticar a las autoridades del gobierno, algunas de las cuales, a falta de otros recursos, dijeron que lo ocurrido era resultado de “la herencia del pasado” (visto y escuchado en un programa nocturno de TV). La audiencia podía preguntarse si era legítimo hablar de esa herencia al cabo de un septenio de gobierno, tiempo suficiente (dinero no ha faltado) para siquiera paliar una buena parte de las deficiencias del país.

Mejor lo hicieron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, quienes estuvieron en la primera línea de acción tras el desastre. El ministro, en una rara admisión, dijo que, efectivamente, hay casos en las prisiones bolivianas en las que las voces de mando vienen de los internos. Faltó una palabra a todo el país del presidente Morales, como se estila en otras sociedades cuando ocurren sucesos semejantes.

De inmediato, nadie se sintió particularmente aludido. Faltó quién o quiénes se declarasen culpables de negligencia u omisión. El Deber informó el domingo que pronto tendrá que declarar ante una comisión de fiscales el gobernador del penal, Guido Parada, en un acto que teóricamente echaría muchas luces sobre el episodio. Un desastre como el ocurrido suele tener responsables que renuncian o son apartados de sus funciones. Fue un contraste con la actitud del periodista Raúl Peñaranda, director de Página 7, quien renunció debido a la divulgación de una información incorrecta.

Lo sucedido el vienes confiere a Palmasola un ingreso holgado al registro de víctimas en disturbios carcelarios, en los que el número de muertos rara vez sobrepasa la decena. Está lejos, sin embargo, del récord hemisférico de mortandad, ostentado la penitenciaría de Carandirú, Sao Paulo, donde en octubre de 1992 murieron 111 detenidos ejecutados por la propia policía.

La justicia es lerda, pero inexorable, dice la creencia popular. Un grupo de 79 hombres que entonces lucían el uniforme policial ha empezado a ser juzgado y a principios de agosto 25 fueron individualmente condenados a 624 (correcto) años de presidio. En abril pasado, otra tanda recibió una pena más benevolente: 156 años para cada uno de los 23 sentenciados. Sin lograr convencer a los jueces, los acusados han sostenido que tuvieron que matar porque estaban siendo atacados. Todos los policías resultaron ilesos.